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Nadal asegura que la inversión de España en la futura interconexión con Francia se amortizará en 2 ó 3 años

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que la inversión que le corresponderá a España en la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Vizcaya, «algo menos» de 1.800 millones de euros, se amortizará en 2 o 3 años. «Pocas inversiones tienen tanto rendimiento para el conjunto de la economía española como ésta», aseveró.

Nadal respondía así en el Senado a las críticas del senador socialista Ángel Manuel Mato sobre que España tenga que pagar el 50% de una infraestructura de la que sólo un 30% estará en territorio español y el 70% discurrirá por Francia. Álvaro Nadal, quien ha recordado que la negociación para financiar la futura interconexión la ha llevado a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española con su homóloga francesa la Comisión Regulatoria de la Energía (CRE) y no el Gobierno, ha manifestado que España pagará «como mucho» la mitad de la infraestructura, unos 800 y pico millones de euros, cifra que se podría reducir si se consigue financiación europea.

Teniendo en cuenta que el beneficio obtenido con la interconexión gracias a su efecto en los precios de la energía será de unos 350 millones de euros anuales, se produciría su amortización en 2 o 3 años, según apuntó Nadal. No obstante, insistió en que han sido los organismos reguladores francés y español los que han distribuido las cargas financieras que corresponden a cada país y recordó que todavía quedan por saber qué fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) aportará la Comisión Europea, que ha indicado que tiene la mejor disposición. Además, destacó que las interconexiones «son básicas» para mejorar el mercado energético y recordó que España solo ha alcanzado el 2,8% cuando el objetivo europeo es del 10%.

El ministro también ha respondido a las críticas del senador socialista por la planificación energética del Gobierno y el coste que están teniendo las reclamaciones de inversores por el cambio en el régimen de la retribución a las renovables que hizo el Gobierno del PP. Aseguró que la reforma energética evitó que la luz subiera un 42% a los españoles, lo que supone un ahorro anual de 5.000 millones de euros en su factura de la luz, frente a la suma de 2.000 millones a los que España podría hacer frente por los arbitrajes interpuestos contra el cambio de regulación. «Puede echar la cuenta, 5.000 millones por 25 años de ahorro frente a 2.000 millones de arbitrajes”, presumió el ministro.

Asimismo, Nadal ha recordado que el laudo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) que multó a España con 128 millones de euros por los perjuicios causados al fondo británico Eiser está recurrido. El ministro ha añadido que, además, 2 arbitrajes fueron 100% favorables a la reforma energética del Gobierno, sobre la que la Comisión Europea ha dicho que cumple con la normativa europea. Nadal ha negado que la política energética del Gobierno cause desconfianza a los inversores y ha dicho que prueba de ello es que en las dos últimas subastas para adjudicar potencia a instalaciones renovables se han asignado 8.000 megavatios (MW) en unos proyectos que cuentan con una «cantidad enorme» de inversores internacionales.

El Gobierno carga a los superávits del sistema eléctrico la devolución a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. De esta forma, Energía da cumplimiento a las distintas sentencias y autos que han dado la razón a las eléctricas sobre la forma en la que se ha financiado esta ayuda, cuyo coste ronda los 200 millones de euros anuales.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Secretaría de Estado de Energía dará traslado de esta orden a la CNMC para que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores. La CNMC deberá enviar al Ministerio de Energía la información sobre las liquidaciones que se realicen. Contra este acto, no cabe la interposición de recurso.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros, a los que habrá que sumar la cantidad correspondiente a 2016. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. Las indemnizaciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros. Así, en 2016, a Endesa le correspondió el 41%; a Iberdrola, el 37,9% y a Gas Natural, el 14,7%, mientras que en 2015 los porcentajes de reparto fueron similares.

En un reciente auto, el Tribunal Supremo ya había estimado que estas indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social debían realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o a las comercializadoras. En un auto de la Sala de lo Contencioso sección 3 del Supremo, el alto tribunal acordó la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

En octubre de 2016,el Tribunal Supremo anuló este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que debían pagarlo, estimando los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconociendo el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos para 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Por ello, la disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Además, todavía están pendientes de fallo judicial las cantidades abonadas en concepto de bono social de 2014, que fueron aplicadas por la orden IET7350/2014 y cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están pendientes de resolverse.

El bono social eléctrico supone un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de la factura y de él se benefician determinados colectivos vulnerables, como hogares con un potencia contratada inferior a 3 kilovatios, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados con la pensión mínima. Tras la sentencia del Supremo, el Ministerio de Energía ha venido trabajando en un nuevo modelo de bono social, con un nuevo sistema de financiación, que se va a aprobar, según ha anunciado el titular de este departamento, Álvaro Nadal, en una pocas semanas.

La factura de la luz se encarece un 4,33% en septiembre

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 65,32 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 4,33% respecto a los 62,61 euros de septiembre de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 2,71 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 65,32 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2017, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 36,47 euros obedecen al consumo, 2,63 euros al impuesto eléctrico y 11,34 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió apenas un 0,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,18 euros en septiembre respecto a los 2,17 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube ligeramente después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró en febrero y en marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y del final del año pasado.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 13,64% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 611,98 euros, 73,45 euros más frente a los 538,53 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 345,73 euros por el consumo, de 24,6 euros por el impuesto de electricidad y 106,21 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 19,96%.

Facua pide intervenir el sector

Según Facua, el precio medio del kWh en septiembre fue de 14,45 céntimos (11,36 más el 27,19% de impuestos indirectos), un 7,1% más caro que el mismo mes de 2016. La asociación de consumidores recuerda que el pasado enero llegó a situarse en 18,75 céntimos (14,74 más impuestos). Por ello, la asociación reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente «una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado español fomenta la especulación«.

Asimismo, denuncia que «la política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías que de los usuarios». Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, «impropio de un servicio esencial«. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por Europa.

El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social de la electricidad

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social eléctrico, que cuenta ya con informe del Consejo de Estado y la Comisión Europea y está pendiente únicamente del de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que estará dentro de «muy poquito«, según confirmó el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que recordó que el bono social salió adelante mediante un decreto ley hace meses, tras un desarrollo normativo posterior al diálogo con otras fuerzas políticas.

La iniciativa, cuya aprobación es competencia del Gobierno, precisa desarrollos normativos que, como explicó Nadal, en el ámbito energético son «muy largos», toda vez que requieren diferentes informes. En este caso, el bono social eléctrico dispone ya del informe del Consejo de Estado, de la Comisión Europea y está únicamente pendiente del que debe otorgar la CNMC, que estará «en muy poquito». Y cuando esté, según expuso el ministro, se iniciará la pertinente tramitación para su «inmediata» aprobación por el Consejo de Ministros. Así, aunque todo depende de la CNMC, Álvaro Nadal cree que el bono social eléctrico recibirá luz verde «en muy pocas semanas».

El 78% de los clientes de gas natural están en el mercado liberalizado

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Europa Press.- El número de clientes suministrados a precio libre en el mercado minorista español de gas natural asciende a 6,008 millones, lo que supone el 78% del total de clientes de gas, mientras que los suministrados a tarifa de último recurso eran en 2016 un total de 1,664 millones, lo que representa el 22% del total de clientes. Con respecto a 2015, el número de clientes en la tarifa de último recurso se vio reducido en 80.000, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El número total de clientes de gas natural en el mercado minorista creció un 1,15%, para situarse en 7,672 millones. En 2016, el principal comercializador, por número de clientes, era el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 55,73%, seguido de Endesa (19,76%), Iberdrola (12,12%), EDP (11,09%), Viesgo (0,75%). El resto de compañías suponen entre todas el 0,5% restante del mercado, con unos 42.000 clientes, frente a 20.000 clientes en 2015. El ranking de ventas lo encabeza Grupo Gas Natural Fenosa, con un 43,9% del total; seguido de Endesa, con un 16,8%; UFG Comercializadora (7,9%); Iberdrola (7,5%) y Cepsa (5,6%). El resto de grupos comercializadores suponen el 18,4% restante del mercado.

En lo que respecta a los precios, el coste del suministro de gas para un cliente tipo de 2.500 kilovatios hora (kWh) al año en la tarifa TUR-1 supuso 216 euros al año, un 4,2% menos que en 2015, lo que representa un ahorro de 9 euros con respecto al ejercicio anterior. Para un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR-2 el coste del suministro supuso 602 euros al año, un 5,5% menos con respecto a 2015, lo que representa un ahorro de 35 euros para ese cliente tipo, principalmente motivado por la bajada del término variable, señala el informe de la CNMC.

En el caso del mercado libre, si consideramos ofertas de gas sin servicios adicionales para los consumidores con derecho a TUR, con consumos inferiores o iguales a 50.000 kWh anuales, la mayor parte de las ofertas se encontraron por debajo de la TUR y en un nivel muy próximo a ésta. Durante 2016 se registraron varias bajadas coincidiendo con los cambios de la TUR, «observándose una fuerte correlación entre la variación de la TUR y de las ofertas en el mercado liberalizado», señala el informe.

Los reguladores de España y Francia acuerdan cómo financiar la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) de Francia han llegado a un acuerdo sobre la financiación de la interconexión eléctrica submarina a través del golfo de Vizcaya, que incluye solicitar una subvención europea por el 40% del coste. Las autoridades reguladoras de España y Francia han acordado un reparto de los costes en función de los beneficios obtenidos por cada país, según indicaron ambas entidades.

La interconexión, que unirá Gatica (España) con Cubnezais (Francia) y deberá estar en servicio en 2025, supondrá una inversión de 1.750 millones de euros. Los dos reguladores subrayan que la conexión submarina ha sido declarada proyecto de interés común por la Comisión Europea en 2013 y 2015 y que, por lo tanto, es susceptible de recibir financiación comunitaria. Por ello, y por las repercusiones positivas de esta infraestructura en el sistema eléctrico, la CNMC y la CRE han decidido postular este proyecto como candidato para obtener una subvención europea por importe de 700 millones de euros, lo que cubriría el 40% de la inversión necesaria.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.555,2 millones de euros hasta julio, 304,5 millones menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de las actividades reguladas son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.555,2 millones de euros en los siete primeros meses del año, 304,5 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación mensual del sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y del sector del gas natural, realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según Competencia, esta reducción en el déficit se debe a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos en 50,3 millones de euros y de la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 261 millones de euros. En concreto, el consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 122.825 gigavatios hora (GWh), un 2,1% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 7.124 millones de euros, un 0,7% superiores al valor promedio histórico, esos 50,3 millones de euros. En este sentido, los costes regulados fueron 231,5 millones de euros inferiores a los previstos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 81,62%, frente al 81,63% de la anterior, a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables y al sector de la cogeneración, en la liquidación de julio la CNMC gestionó la liquidación de 63.638 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en los 7 primeros meses del año, con cargo a las Liquidaciones de las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico, se elevó hasta los 4.146,2 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la cantidad a pagar a cuenta a los productores de renovables en la séptima liquidación asciende a 506,14 millones de euros, antes de IVA.

Por otro lado, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 39,875 millones de euros, antes de impuestos. La CNMC indicó que al cierre de la liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación séptima asciende a 5,860 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 249 millones de euros, frente al déficit de 240 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 85,1% de la retribución acreditada. Los ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.561 millones de euros, un 1,6% más que en el mismo periodo del 2016, con un descenso de ingresos por término de conducción y, en sentido contrario, con el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 28 millones de euros, un 30,7% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 1.533 millones de euros.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 1.649 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó en esta liquidación una retribución variable de 17 millones de euros. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 1.666 millones de euros, un 2,1% inferior a la del año anterior.

Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta el 31 de julio, ascendió a 168,9 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (6,2 TWh), lo que supone un descenso del 1%. El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras al cierre del pasado 31 de julio fue de a 7,76 millones, con un aumento interanual de 80.940 consumidores, un 1,1% más, de los que 1,63 millones se suministraron con tarifa de último recurso.

La factura de la luz se encarece un 5,42% en agosto

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 67,16 euros en su factura de la luz de agosto, por lo que esta factura se incrementó en un 5,42% respecto a los 63,71 euros de agosto de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,45 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 67,16 euros abonados en los 31 días de agosto del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de mayo, 37,42 euros obedecen al consumo, 2,7 euros al impuesto eléctrico y 11,66 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Idénticos precios respecto a julio

Sin embargo, la factura de la luz de agosto se mantuvo exactamente idéntica respecto al mes anterior, julio, mes marcado por la ola de calor, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,17 euros. Se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses, aunque en esta ocasión no resulta necesaria. Así, el recibo eléctrico se estabiliza tras la ligera caída de junio y después de tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró en febrero y en marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y del final de 2016.

Con esta subida interanual en agosto, el recibo de la luz cerró los primeros ocho meses del año con una subida del 14,74% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en agosto ha contribuido a que el recibo de los ocho primeros meses del año se haya situado en 546,52 euros, 70,19 euros más frente a los 476,33 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros siete meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 120,56 euros por el término fijo, de 309,14 euros por el consumo, de 21,97 euros por el impuesto de electricidad y 94,85 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 17,7%.

La Audiencia Nacional anula una multa de 22,6 millones impuesta a Repsol por Competencia por defecto de forma

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Europa Press / EFE.- La Audiencia Nacional anuló una multa de 22,59 millones de euros impuesta a Repsol por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015 por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de formación de precios o aplicación de descuentos, coordinando los precios de los carburantes.

En una sentencia dictada el pasado 28 de julio, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estima el recurso interpuesto por Repsol S.A. al existir un defecto de forma. En concreto, la petrolera recurrió la multa al considerar que la CNMC fundamentaba erróneamente la imputación de forma exclusiva de la autoría y responsabilidad de las conductas anticompetitivas contra Repsol S.A., al entender que ejerció influencia en la toma de decisiones de sus sociedades filiales, en este caso Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, sociedad de la que la matriz posee un 99,78% de su capital, y que fue en realidad la autora de las presuntas prácticas que fueron sancionadas.

En su escrito de recurso, Repsol señalaba que la responsabilidad e imputación del delito era contraria a los principios de responsabilidad personal y de culpabilidad de la legislación comunitaria. De esta manera, añadía que Repsol S.A. no realiza actividades en el mercado de distribución de combustibles de carburantes a través de estaciones de servicio, actividad que corresponde a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos. Para la multinacional, la sociedad matriz podría haber sido declarada responsable solidaria junto a la sociedad filial a la que previamente se le había declarado autora de la acción, pero no fue esto lo que hizo la CNMC, que declaró a Repsol SA autora y responsable de los actos de la filial.

Así, el fallo, del que ha sido ponente la jueza Berta Santillán Pedrosa, admite el recurso de Repsol al considerar que «se le ha sancionado aplicando la responsabilidad objetiva y se ha vulnerado el principio de personalidad de la pena cuando como sociedad matriz la CNMC le ha declarado autora y responsable de los acuerdos colusorios que se han realizado materialmente por la filial, lo que ha supuesto que la CNMC aplicara la responsabilidad objetiva».

En la sentencia, en la que no se entra a valorar si las conductas sancionadas eran o no anticompetitivas, se subraya que en el ámbito del derecho de la competencia «es clara» la distinción entre autor material y entre responsable de la actuación realizada por la filial. Esta sanción de 22,59 millones de euros fue impuesta en julio de 2015 por la CNMC a Repsol. El organismo presidido por José María Marín Quemada sancionaba además a 3 empresas de gasolineras abanderadas de Repsol: con 113.801 euros a Lence Torres y Complejo San Cristóbal; con 28.074 euros a Estación de Servicio Lorqui, y con 148.763 euros a Cerro de la Cabaña.

Una vez instruido el procedimiento, la CNMC consideró acreditado que las sociedades multadas infringieron la Ley de Defensa de la Competencia; concretamente, constataron que en 2013, Repsol llegó a un acuerdo con Lence Torres y Complejo San Cristóbal para coordinar sus precios de venta en el entorno de Lugo. Denunciaba además que la petrolera había llegado a un compromiso similar con la Estación de Servicio Lorqui, en Murcia, para no aplicar descuentos superiores a tres céntimos por litro. Acusaciones de las que se desmarcaba Repsol, que durante este proceso ha alegado una vulneración de sus derechos fundamentales como persona jurídica dada su «ausencia de actividad» en el mercado de distribución.

La resolución culminaba un expediente incoado en 2013, que se abrió en el marco de las actuaciones dirigidas contra los principales operadores petrolíferos de país a raíz de los informes publicados por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Tres consejeros de la CNMC, incluido su presidente Marín Quemada aprobaron la resolución, que contó con los votos en contra de los otros dos consejeros de la Sala. La Audiencia Nacional ya anuló otra sentencia de la CNMC por la que había sancionado con 61 millones de euros a la patronal eléctrica (Unesa).

Ciudadanos propone dar más competencias a los reguladores en su nueva ley para restar control político a las tarifas energéticas

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Europa Press.- Ciudadanos cree que la próxima reordenación de los organismos reguladores y supervisores que prepara el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es una oportunidad para dotarles de un mayor poder como, por ejemplo, que se le devuelva a la comisión oportuna la competencia de fijar las tarifas de la luz.

Así lo ha manifestado el portavoz económico de la formación naranja en el Congreso, Toni Roldán, que recuerda que la disgregación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que contempla el anteproyecto de ley en el que trabaja el Gobierno, ya se acordó en el acuerdo entre PP y Cs para la investidura de Mariano Rajoy. La potestad de fijar tarifas de electricidad y gas fue una de las competencias que el Gobierno pasó a asumir en la creación de la CNMC; precisamente por esta cuestión la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción del que podría derivarse una sanción.

Roldán reconoce que en el pacto no se incluyó la devolución de competencias pero cree que tendría sentido hacerlo con la creación de una autoridad independiente para supervisar y controlar los mercados regulados, como sí refleja el acuerdo. «Creo que está claro que tiene que ser un organismo independiente. Hasta ahora, el Ministerio de Energía ha tenido el control. No es parte del acuerdo, pero es parte de las funciones que debería tener un regulador independiente», manifiesta el diputado barcelonés.

En este sentido, Roldán reconoce las dificultades que encuentran en el PP para poner en marcha los acuerdos alcanzados. «Ya sabemos que les cuesta poner en marcha reformas», asevera Roldán, que también atribuye esta situación a las limitaciones que se encuentran en la aritmética parlamentaria. «Lo que falta básicamente para que el Gobierno apruebe su proyecto y lo remita a las Cortes es que el PSOE se sume», asegura, considerando que el partido que ahora dirige Pedro Sánchez «tiene mucho más interés en señalar que están en la izquierda que en llegar a acuerdos sensatos en reformas«. «Parece que no ha dado demasiado feedback«, apostilla.

Según el anteproyecto elaborado por el Gobierno, la reestructuración de los reguladores y supervisores dará como fruto dos organismos a raíz de la división de la CNMC, además de otros dos: uno dedicado a la supervisión de seguros y planes de pensiones, y otro para la protección de inversores y de usuarios de servicios financieros. Asimismo, también está previsto y acordado entre PP y Cs, el establecimiento de un nuevo sistema de nombramientos, con el fin de evitar una «politización» que, considera Roldán, «tiene un coste gigantesco para la economía».

«Lo importante es encontrar un sistema en el que en vez de elegir a dedo unos políticos, tengas un procedimiento de hearing (audiencia) en el que haya un grupo de personas que hagan una preselección y que después se aprueben con mayoría suficiente», explica. Roldán cree que una mayoría clara aseguraría «un filtro clarísimo y despolitización». «De esta manera no tienes a un amigo del ministro arreglando precios de un sector, o a uno poniendo unas multas muy bajas porque, en realidad, está capturado por las grandes empresas del país.

Sin embargo, desde el inicio del segundo Gobierno de Rajoy se han producido renovaciones de cargos e incluso nuevos nombramientos sin un procedimiento así. Concretamente, el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Santiago Albella, su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, y, recientemente, tres consejeros de la CNMC: María Ortiz, Pilar Canedo y Mariano Bacigalupo. Roldán escuda esos nombramientos, elegidos a la vieja usanza a través de pactos políticos, en la ausencia de la esperada norma y en la necesidad por cubrir tales plazas. «Eran plazas que tenían que llenarse desde hace meses, y está bien que se llenen y que funcionen con normalidad las instituciones», justifica.