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La Comisión Europea considera que la ampliación del Nord Stream no se ajusta a los objetivos de la Unión Energética

EFE.- La Comisión Europea considera que Nord Stream II, con el que Rusia quiere duplicar la capacidad de su gasoducto hacia Alemania, «no se ajusta a los objetivos generales» de la Unión Energética de diversificación de las rutas y de las fuentes energéticas, según el vicepresidente europeo, Maros Sefcovic, por lo que «analizaremos detalladamente el proyecto».

El político eslovaco explicó que existen varias preocupaciones con respecto al gasoducto ruso: la seguridad del suministro, lo que significaría para el balance general de gas en Europa y los problemas que Nord Stream crearía al no transitar a través de Ucrania, entre otras. Sefcovic se mostró no obstante «alentado» por la declaración de Alemania de que la preservación de la ruta de tránsito del gas a través de Ucrania es muy importante. También hay inquietudes relacionadas con el mercado, porque «en el futuro un papel muy importante en la definición del precio del gas lo desempeñarán los centros de distribución gasista en Europa», explicó Sefcovic, que vigilará que el gasoducto ruso «cumpla todos los elementos de la legislación comunitaria».

El vicepresidente europeo también se refirió a la propuesta que presentará previsiblemente la Comisión el próximo martes y que consiste, entre otras medidas, en obligar a los Estados miembros a consultar con Bruselas, antes de firmarlos, los contratos con compañías de terceros países como el consorcio estatal ruso Gazprom. Sefcovic explicó que la Comisión Europea no solo quiere cubrir los acuerdos intergubernamentales, sino también los acuerdos comerciales. «Propondremos la notificación automática de todos los contratos de importancia esencial. Después, por supuesto, teníamos que decidir qué significa eso y adoptamos el enfoque utilizado por Competencia», indicó.

Este enfoque significa que «si uno tiene un contrato de largo plazo para un periodo de más de un año y que representaría más del 40% del gas en el mercado local, ese sería un contrato a analizar y debería ser notificado automáticamente a la Comisión», explicó Sefcovic. El Ejecutivo comunitario tendrá en cuenta en su evaluación «el escenario de una no ejecución del contrato», por lo que necesita tener todos los detalles con el fin de poder planificar para una emergencia y que un país o región «no colapse».

Finalmente, Bruselas quiere agrupar a los países, sobre todo los centroeuropeos y del este, en «regiones» por su reducido tamaño y motivar a los países miembros a «preparar esos planes de contingencia a nivel regional». Ello quiere decir que si se interrumpe el suministro de gas en Eslovaquia por ejemplo, los demás países de la región deberían suministrarle el gas necesario para los clientes, hogares, pymes y servicios de emergencia.

Hullera Vasco-Leonesa tira la toalla tras 120 años y pide su liquidación mientras Izquierda Unida arremete contra Industria en Bruselas

Servimedia / EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, denuncia que el Ministerio de Industria «no ha peleado lo suficiente por el sector» en Europa en una jornada en la que la minería del carbón despide a Hullera Vasco-Leonesa, que decidió por unanimidad de su consejo de administración presentar la solicitud de liquidación de la compañía tras fracasar en su intento de convencer a los acreedores de la viabilidad futura de una empresa creada hace 120 años.

Además, según comunicó la compañía minera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), habilitó a su presidente para que adopte las medidas necesarias para su ejecución, entre ellas, la emisión de las oportunas certificaciones hasta completar los trámites de la extinción de la sociedad. Hullera Vasco-Leonesa asegura que con esta decisión persigue favorecer una salida lo menos perjudicial posible para los intereses de trabajadores y acreedores ante el deterioro de su situación económica.

Además, lamenta que «los principales agentes implicados, clientes, instituciones públicas, entidades financieras y aquellos acreedores que han sido emblemáticos en el devenir productivo de los más de 120 años de historia que avalan la trayectoria de la sociedad, no hayan podido encontrar fórmulas de superación de una situación económica que deviene como consecuencia de imposiciones legales cuando no de las políticas energéticas articuladas por las administraciones públicas y compañías eléctricas».

La entrada en concurso de la compañía se produjo básicamente por los efectos del plan de cierre de la minería del carbón impuesto por la Unión Europea y por su aplicación por parte de las autoridades españolas, lo que provocó una drástica reducción tanto de las ayudas como de la demanda de carbón, hasta alcanzar cuotas insostenibles en 2014. Por último, el consejo expresa su «frustración» por «no haber podido superar las rígidas barreras administrativas y financieras que le han sido infranqueables durante estas largas negociaciones, especialmente, en cuanto detentadores de un legado empresarial centenario».

Izquierda Unida protesta ante Europa

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, calificó de «decepcionante» la decisión de la Comisión Europea de considerar contraria al derecho de la Unión Europea la orden ministerial de ayudas al carbón autóctono para generar electricidad. Asimismo, exige que se implante «de forma urgente» una bonificación sobre el denominado céntimo verde para incentivar el consumo de carbón extraído en el Estado español frente al importado. A su juicio, estamos ante «última muestra de que el Ministerio de Industria no ha peleado suficiente por el sector, dejándolo sin oportunidades más allá de 2018».

Vallina señala que el pasado mes de enero mantuvo una reunión en Estrasburgo con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para tratar la situación del sector del carbón en el Estado español, en la que la representante comunitaria le trasladó que la transición energética era una «cuestión inminente» y defendió la importación de carbón del extranjero puesto que sus precios eran «imbatibles». Vallina reseña que le expuso a Vestager que la orden ministerial, que finalmente ha rechazado la Comisión Europea, «redundaría en una rentabilidad social en las zonas donde se produce carbón autóctono» y «serviría para generar empleo estable y duradero y frenar la despoblación».

Asimismo, advirtió que de no aplicarse sería «un desastre social», y denunció que el carbón importado «no cumple los mismos estándares laborales y medioambientales que el autóctono». La europarlamentaria insiste en la necesidad de implantar el llamado céntimo verde, que dé preferencia a que se queme carbón nacional para producir electricidad frente al importado, lo que considera «vital» y entiende que lo convertiría «también en competitivo a nivel de precios».

Explicaciones en Castilla y León

Mientras tanto, el PSOE reclamó en las Cortes de Castilla y León la comparecencia urgente de la consejera de Economía de la Junta, Pilar del Olmo, para que explique el rechazo de Bruselas al mecanismo para la compra de carbón autóctono. En este sentido, el procurador por León Tino Rodríguez considera que la reclamación está justificada ante el hecho de que el Gobierno, tal como ha reconocido ante la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), no haya enviado a Bruselas la orden ministerial que habría evitado la actual situación de quiebra en la que se encuentra el sector.A este respecto, Rodríguez se pregunta: «¿De qué rechazo hablaba la consejera Pilar del Olmo si no se había presentado ninguna petición formal?».

Por este motivo, ha acusado a la Junta de ser «los titiriteros de Mariano Rajoy y del ministro José Manuel Soria para encubrir su política de aniquilación de la minería».El parlamentario autonómico ha recordado que desde que el PP accedió al Gobierno a finales de 2011 «se han cerrado el 90% de las explotaciones mineras de la Comunidad de casi 10 grupos mineros que sustentaban el trabajo a más de un centenar de empresas auxiliares, sólo quedan 3 y con los mineros en ERE«. Rodríguez ha esgrimido que esta situación ha llevado a que se haya pasado de más de 6.000 empleos directos e indirectos de la minería del carbón, a los actuales 700.

Asturias y Aragón piden explicaciones sobre el mecanismo de ayudas al carbón

EFE / Europa Press.- Los gobiernos de Asturias y Aragón pedirán una reunión al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para que explique el rechazo de la Comisión Europea a la orden ministerial de Industria para incentivar el consumo de carbón nacional para producir electricidad al considerarla ayuda de Estado. La posición de Bruselas la anunció la Junta de Castilla y León tras comunicársela el propio Ministerio, una decisión que no fue trasladada al resto de comunidades afectadas, según el consejero de Empleo e Industria del Principado de Asturias, Francisco Blanco.

Blanco declaró que al gobierno asturiano «no le vale la excusa de que lo rechaza la Unión Europea», dado que el Ejecutivo central había asumido el compromiso en el Plan del Carbón de desarrollar dicho decreto para garantizar el consumo de hulla autóctona en las centrales térmicas ya que la anterior normativa perdió su vigencia a comienzos de 2015. Según los sindicatos la falta de un mecanismo de ayuda a la quema de carbón autóctono podría suponer el «hundimiento» del sector y la progresiva desaparición de los 2.000 empleos de la minería privada que hay en España, de los que 1.000 están en el Principado.

CCOO exige explicaciones al Ministerio

Por su parte, el sindicato CCOO de Industria reclamó que se convoque con urgencia la comisión de seguimiento del plan del carbón y que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado, Alberto Nadal, «den la cara». El sindicato exigió la convocatoria de la comisión «cuanto antes» para determinar las consecuencias que tendrá en el sector la decisión de la Comisión Europea. Así, CCOO denuncia que el PP «no ha movido ni un sólo hilo» para impedir que esta orden saliese adelante y afirma que desde que llegó al Gobierno «no hace otra cosa que articular políticas contra el carbón nacional».

Rechazo a comprar acciones mineras

Por otro lado, la Junta de Castilla y León consideró «sorprendente» que los sindicatos pidan su incorporación al accionariado de las empresas mineras porque «no es la fórmula» para dar una solución a compañías que tienen «problemas de viabilidad muy serios«. A su juicio, la propuesta «fue sorprendente para la patronal y también para la Administración, tenemos que ser serios y rigurosos», advirtió Valdeón, convencida de que el Gobierno autonómico tiene que «apostar por las empresas que tengan una viabilidad».

Preguntada por si esto significaba que la Junta de Castilla y León no ve viabilidad en las empresas mineras que operan en las cuencas mineras de León y Palencia, Valdeón defendió la viabilidad del sector y el uso del carbón autóctono. En su opinión, la propuesta de los sindicatos «fue un retroceso» porque la entrada en el accionariado «no es la solución» que puede aportar la Junta de Castilla y León, que apuesta por «dinamizar y favorecer a las empresas que se quieran instalar en las cuencas mineras», lo que consideró «una forma racional de invertir» el «dinero de todos».

Castilla y León confirma el rechazo de la Unión Europea a la orden de Industria de ayudas al carbón autóctono

Europa Press / EFE.- La Junta de Castilla y León confirmó que la orden que fijaba ayudas al carbón autóctono recibió el rechazo de la Unión Europea, por lo que buscará por su cuenta convencer a la Comisión de su necesidad y tratará de justificar que no son ayudas de Estado. Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras la reunión del Foro para el futuro del sector del carbón y de las cuencas mineras de Castilla y León.

Del Olmo recordó que la orden ministerial que contemplaba ayudas al consumo de carbón autóctono y para desnitrificación ya contó con el informe desfavorable de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y ahora «se ha caído«. Sin embargo, la consejera ha señalado que tratarán de convencer a la Comisión Europea de que las ayudas no se consideren «de Estado» y de la necesidad de las mismas para la existencia de carbón autóctono, como fuente energética natural que garantice el suministro eléctrico en España. Así, tratarán de explicar qué significa para la «seguridad del suministro» nacional y el motivo por el que no puede considerarse ayuda de Estado.

La consejera subrayó que actualmente «urge» conseguir las ayudas equivalentes al céntimo verde, que supondrían entre 10 y 15 euros por tonelada, que haría que el carbón autóctono fuera competitivo en relación al importado. Así, la Junta, que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal, acudirá a la Unión Europea para pedir también que no se consideren así las ayudas a la desnitrificación que contemplaba la orden ministerial, dado que es tan importante hacer competitivo el carbón como que las centrales lo compren y se adapten a la directiva de emisiones industriales.

La titular de Economía y Hacienda ha asegurado que el Ministerio de Industria, aunque su titular, José Manuel Soria, está en funciones, mantiene reuniones con la Unión Europea en este sentido, algo que también hará Castilla y León para buscar el «desbloqueo» de estas ayudas, que «se necesitan urgentemente». Paralelamente, la Junta indicó que también mantendrán reuniones con las compañías eléctricas para abordar esta situación.

Capital público en las empresas

Desde los sindicatos UGT y CCOO reclaman medidas para que a partir de 2019 continúen trabajando las explotaciones mineras del carbón, ya que la regulación europea establece que a partir de ese año no se podrán conceder ayudas a las minas de carbón y que aquellas empresas que las hayan recibido en el pasado tendrán que devolverlas o cerrar. También plantean los sindicatos medidas urgentes para garantizar que las eléctricas se comprometan con la compra del carbón autóctono al menos durante la vigencia del marco de actuación 2013-2018 y después del 2019 de forma permanente.

En este contexto, el representante del Sector Minero de UGT en Castilla y León, Jorge Díez, mostró su sorpresa ante el anuncio de que la orden se ha «caído» ya que esto les lleva el «abismo», ya que se puede aguantar «poco más» e incluso ha dudado de que si esto no se soluciona antes de verano el sector pueda sobrevivir más allá de este año. Díez aclaró que no se puede obligar a comprar el carbón autóctono a las eléctricas, que «juegan su baza», por lo que no ve «salida» y criticó que ahora se diga que el Gobierno está «en funciones» cuando en los últimos cuatro años «incumplió».

Por su parte, el secretario general de CCOO Industria en Castilla y León, Ángel Manuel Santos, exigió a la Junta un compromiso con el sector en un momento «dramático y urgente» si realmente hay intenciones de salvarlo después de que el Gobierno central lo haya «dilapilado» y haber «incumplido absolutamente todo». Por ello, los sindicatos UGT y CCOO propusieron que la Junta entre en el accionariado de las empresas, de manera que se inyecte liquidez y se fortalezca financieramente su capital. Con esta medida, que se incluye dentro de la propuesta elaborada por los sindicatos para impulsar las cuencas mineras, también se lograría «un mayor control de la gestión» de las empresas mineras, «racionalizándolas y dotándolas de una mayor transparencia».

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, no ve «razonable volver al pasado» ni cree que tenga sentido «meter dinero» sin que haya «cierta rentabilidad» por lo que considera que hay que ser «pacientes» y «esperar» para ver las determinaciones que se toman a lo largo del tiempo.  Desde la patronal recordaron que no es una cuestión que dependa de Castilla y León, sino del Ejecutivo central y de Europa, por lo que una vez que se trabajen «esos flecos» habrá que ver lo que pasa y analizar la situación.

Un proyecto participado por Enagás recibirá 16,5 millones de la Comisión Europea para impulsar el gas como combustible marítimo

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea seleccionó la iniciativa Core LNGas hive, en la que participa Enagás, como adjudicataria de la convocatoria de ayudas del mecanismo Conectar Europa (CEF) para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, por lo que recibirá fondos de la Comisión Europea por valor de 16,5 millones de euros. La inversión total en el proyecto, liderado por Puertos del Estado y coordinado por Enagás, será de 33 millones de euros y está previsto que su ejecución dure hasta 2020.

Este proyecto cuenta con 42 socios de España y Portugal, de los que 8 son socios institucionales, como la Dirección General de Marina Mercante, 13 son autoridades portuarias y 21 son socios industriales, operadores de GNL, constructoras navales, regasificadoras y otras empresas. El objetivo del proyecto es desarrollar una cadena logística integrada, segura y eficiente para el suministro del GNL como combustible en el sector transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica, y la presencia institucional en el mismo tiene por objeto apoyarse en sus desarrollos para proponer el Marco de Acción Nacional del GNL como combustible marítimo en España.

El proyecto contempla la realización de 20 estudios para la adaptación de las infraestructuras y el desarrollo logístico-comercial que permita la prestación de servicios small scale (abastecimiento a pequeña escala) y bunkering (suministro de GNL como combustible para barcos). Según explicaron, este proyecto contribuirá a la descarbonización de los corredores del Mediterráneo y del Atlántico ya que el GNL como combustible marítimo se basa en que es más respetuoso con el medioambiente, ya que genera alrededor de un 30% menos de emisiones de CO2. En total, se presentaron a esta convocatoria europea 681 proyectos, de los que 263 fueron seleccionados.

La Comisión Europea presentará la próxima semana su propuesta para revisar los contratos entre Gazprom y los países comunitarios

EFE.- La Comisión Europea presentará el próximo miércoles una serie de medidas para reducir la dependencia energética de la Unión Europea, que incluye una propuesta para obligar a los Estados miembros a consultar con Bruselas los contratos con compañías de terceros países, como Gazprom, antes de firmarlos. El Ejecutivo comunitario ya adelantó que presentaría medidas legislativas concretas para reducir la dependencia de las importaciones rusas y reforzar las interconexiones en países que, como España, están aislados del resto del mercado energético europeo.

El próximo miércoles el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, pondrá sobre la mesa 4 de esas propuestas: una decisión sobre los contratos intergubernamentales con terceros países, una revisión del reglamento sobre abastecimiento de gas, una estrategia para fomentar el uso del GNL y una comunicación sobre eficiencia en calefacción y refrigeración. La Comisión Europea es consciente de que exigir acceso a los contratos energéticos intergubernamentales, que suelen ser acuerdos bastante opacos, no gustará a muchos países comunitarios. Sin embargo, considera que «no es el momento de que cada país vaya por su cuenta», y defiende que los 3 principios que deben regir el sector energético son «solidaridad, diversificación y eficiencia«, señalaron fuentes comunitarias.

«Estas medidas lo que buscan es crear una verdadera Unión Energética, lo que requiere que haya cooperación entre los Estados miembros y la Comisión Europea», añaden. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea apoyaron esta idea con el fin de aumentar la transparencia de los contratos para que no haya incompatibilidades con la legislación comunitaria y para respetar los intereses comunitarios, pero evitaron hacer referencia a ese acceso a priori de la Comisión a los acuerdos.

El objetivo que persigue Bruselas con esta medida es evitar que se repitan casos como el del gasoducto South Stream, que Rusia canceló en diciembre de 2014 por las incompatibilidades con las reglas europeas. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación contra el consorcio gasístico ruso Gazprom, por supuesto abuso de posición dominante en los mercados de suministro de gas de Europa central y oriental. Bruselas sospecha que el gigante gasístico ruso intentó impedir la diversificación del mercado europeo, impuso precios demasiado elevados a sus clientes europeos, así como cláusulas abusivas que no les permitían por ejemplo revender el gas que compraban a la empresa.

Pedro Miró (Enerclub) asegura que España necesita un marco que ofrezca certezas para que el sector energético acometa las inversiones precisas»

Redacción / EFE.- El presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, indicó que España, «en un momento político especialmente complejo, donde el diálogo y el consenso serán claves», necesita una estrategia energética con un marco de actuación claro para el medio y largo plazo, en línea con los objetivos fijados por la Comisión Europea para 2030.

Miró ha insistido en un congreso en Barcelona que ésta es una de las peticiones que ha hecho el sector energético al mundo político en los últimos meses. De hecho recordó que el Club Español de la Energía presentó el documento La energía hoy en España. 15 temas clave para la próxima legislatura antes de las elecciones con el objetivo de influir en las políticas energéticas del futuro.

Los objetivos propuestos por la Comisión Europea para 2030 son la reducción en un 40% de las emisiones de gases efecto invernadero con respecto a los existentes en 1990, el aumento hasta el 27% del peso de la energía generada a partir de fuentes renovables en el consumo de energía primaria, así como un 27% no vinculante de mejora en eficiencia energética. Unos objetivos reforzados por el resultado de la Cumbre de París (COP21), a pesar de que suscita algunas incógnitas sobre la firmeza de los compromisos de los países, sobre lo que Miró opinó que plantear los retos a 15 años vista «es lo más adecuado».

Miró ha explicado que la industria energética de España ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años, soportando grandes inversiones que han hecho perder competitividad respecto a países con menos restricciones. En este sentido, ha apuntado que espera que el acuerdo alcanzado en la cumbre de París en 2015 reequilibre el mercado y sirva para aumentar la competitividad de las empresas españolas del sector. Al respecto, subrayó los esfuerzos realizados por la diplomacia europea para lograr el éxito en las negociaciones.

A nivel europeo, Miró ha tachado de relevante el año 2015 en el contexto del mercado interior europeo de la energía, en el que España ha realizado una nueva interconexión con Francia, «algo impensable hace pocos años», ha dicho. Aún así, ha indicado que el sector energético tiene muchas carencias en materias de comunicación, un ámbito «con mucho camino por recorrer» y ha apuntado que necesita conectar mucho mejor con el ciudadano para que esté bien informado.

Asimismo, Miró señaló como tareas pendientes del modelo energético europeo la «elevada dependencia» de recursos energéticos del exterior así como la existencia de unos precios «poco competitivos». Como solución, apuntó a la Unión Energética como la vía de ubicar la energía y el clima en un «marco realista» para conseguir los objetivos.

A nivel español, el presidente de Enerclub señaló al sector eléctrico como «clave» para la transición energética y apostó por alargar la vida útil de las centrales nucleares, por el gas natural como tecnología de respaldo de las renovables y llamó a resolver «incógnitas» en torno al carbón nacional. Todo en un contexto de hacer un «tratamiento adecuado» del exceso de potencia. También señaló como necesario un nuevo diseño del mercado mayorista eléctrico, que aporte «señales» para la inversión y contemple los mecanismos de capacidad «necesarios».

El consejero delegado de Cepsa también hizo referencia al descenso de los precios del petróleo, que «marca» la situación del sector energético de forma «muy acusada». En este sentido, recordó que el mercado aún tiene que hacer frente a las consecuencias de la entrada del crudo iraní y la ralentización de la economía china. Al respecto, indicó que el «principal» reto es el impacto que está teniendo sobre las cuentas de resultados de las compañías y abordar el exceso de capacidad de refino. Asimismo, en materia gasista, Miró confió en que el mercado iberico se convierta «en el hub europeo que esperamos».

Por su parte, el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, subrayó que la apuesta por un sector energético sostenible es una «gran oportunidad económica» y será «rentable» para toda la sociedad en su conjunto. En este sentido, apuntó a que supondrá «importantes inversiones» en renovables. «Avanzar hacia una energía sostenible es un desafío global y requiere de un marco regulatorio estable», señaló Ristori.

También subrayó la necesidad de una nueva visión para la Unión Energética que tenga en cuenta la seguridad de suministro, que contemple una reforma del mercado interno, además de propulsar la eficiencia energética, gestionar la descarbonización todo ello bajo el paraguas de la innovación tecnológica. Finalmente, Ristori ha avanzado la próxima publicación por parte de la Comisión de una comunicación sobre la seguridad de suministro en el mercado europeo del gas y otra que establecerá un nuevo diseño para el mercado interior de la electricidad.

Entre otros ponentes de la jornada, destacó la directora del Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI), Teresa Ribera, que aseveró que ha empezado una revolución «necesaria» en el ámbito energético. Ribera ha indicado que la variable que se añadió en las discusiones de la Cumbre de París fue el tiempo, por lo que ha dicho que el sector está viviendo «una carrera contrarreloj» en la que debe hacer muchos esfuerzos y ser muy exigente.

 

El PSOE alerta a la Comisión Europea de que la renovación de Garoña incumple la directiva Euratom

EFE.- La presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha alertado a la Comisión Europea de que la renovación para explotar la central nuclear de Garoña, en Burgos, para ampliar su actividad incumple la Directiva Euratom.

A través de un comunicado, García ha reclamado a la Comisión Europea que paralice cualquier decisión sobre el futuro de Garoña hasta contar con «un informe detallado de las consecuencias que conllevaría la apertura de la central hasta los 60 años, a pesar de que no existen en ningún lugar del mundo experiencias de operación de reactores nucleares que sobrepasen los 45 años».

El comunicado socialista detalla que la Comisión Europea ha contestado que «aún está evaluando la transposición de la Directiva» y que presentará un informe al respecto ante el Parlamento Europeo y el Consejo.

La portavoz socialista ha pedido que se cumpla el Plan General de Residuos Radiactivos que ha remitido el Gobierno de España a Bruselas se ajuste a la Directiva Euratom y también que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) español detenga el proceso de renovación para explotar Garoña hasta la formación de un nuevo gobierno.

«No es tolerable que el CSN prosiga con el proceso de renovación de explotación de Garoña a pesar de las dudas que existen y saltándose la directiva comunitaria», ha resumido Iratxe García.

España pide a la Comisión Europea ayudas para el sector de la minería del carbón

EFE.- España ha pedido a la Comisión Europea ayudas y compensaciones en favor de su sector de la minería del carbón, indicó el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que se reunió, junto al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con la comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager.

«Habíamos previsto fundamentalmente la reunión para plantearles un sistema de ayuda al carbón nacional, teniendo en cuenta que tenemos un problema derivado de la caída abrupta del precio internacional del carbón», dijo Soria. «Lo que le hemos pedido es que se estudie alguna suerte de ayuda y de compensación a lo largo de estos años para garantizar la quema de carbón nacional por parte de las centrales térmicas, teniendo en cuenta que el real decreto de restricciones al uso del carbón nacional venció el 31 de diciembre de 2014″, añadió.

El ministro recordó que «estamos en un plan de cierre de la minería del carbón no competitiva, de tal forma que al 31 de diciembre del año 2018 tienen que estar cerradas todas las minas de carbón que hayan recibido algún tipo de ayuda«. Indicó, en ese sentido, que España está cumpliendo con «las exigencias difíciles» de la Decisión 787/2010 de la Unión Europea, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

La comisaria, dijo el ministro «entienden nuestros argumentos, entiende perfectamente que España es un país que necesitamos gastar mucho en pagos por capacidad, por lo que han comprendido que efectivamente necesitamos ese tipo de compensación». La Comisión Europea, según Soria, se ha mostrado abierta a conceder una asistencia, aunque el ministro de Industriaprecisó que «necesitan hacerlo dentro de lo que es la legalidad europea, y por lo tanto se han comprometido a estudiar alguna puerta legal que nos permita efectivamente tener esa medida de compensación a la quema y al uso del carbón nacional«.

España no ha hecho «ningún tipo de cuantificación» de las ayudas; «lo que hemos pedido es que no sean consideradas como ayudas de Estado y, por tanto, puedan ser permisibles», señaló. Precisó que esas subvenciones beneficiarían en particular «al sector de la minería del carbón, porque permitiría ir en paralelo con el proceso de cierre de la minería y el carbón, con la posibilidad de que se siga quemando carbón nacional en las centrales térmicas».

Todo, añadió, «teniendo en cuenta que el precio del carbón internacional ha bajado muchísimo, está por debajo de 50 dólares la tonelada», y que «va a seguir bajando a lo largo de los próximos años de acuerdo a las previsiones que hay de la Agencia Internacional de la Energía». Es algo, explicó, que «está muy condicionado por la situación del carbón a nivel internacional, que a su vez está condicionado por la demanda del carbón, fundamentalmente en China», país que consume la mitad de todo el carbón a nivel mundial.

Unió pregunta a la Comisión Europea por su investigación sobre Castor

Europa Press.- El eurodiputado de Unió, Francesc Gambús, registró tres preguntas en el Parlamento Europeo para recibir información sobre la investigación de la Comisión Europea sobre el almacén subterráneo de gas Castor. Quiere saber los detalles de la «desproporcionada compensación» económica de 1.350 millones de euros a la promotora del almacén. No es la primera vez que Gambús critica que la compensación a Castor está repercutiendo en la factura de todos los ciudadanos. Además, denuncia que podría ser considerada «ayuda ilegal del Estado, lo que rompería las normas comunitarias de competencia».