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Compromís pide en el Congreso el cierre de la central nuclear de Cofrentes al término de su licencia en 2021

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Europa Press.- Compromís registró en el Congreso una proposición no de ley en la que exige el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) una vez expire su licencia de funcionamiento, en marzo de 2021. La iniciativa, presentada con Unidos Podemos, señala los riesgos y peligros que, a su juicio, supone la estrategia energética del Gobierno de prolongar la vida útil de las nucleares más allá de 25 años.

La solicitud de Compromís llega, además, después de que el director de Cofrentes, Tomás Lozano, anunciara que pedirá la renovación de la licencia en 2020. Con esta decisión, la central sigue la senda de otras plantas como Garoña, en la que el Gobierno estudia alargar su funcionamiento hasta los 60 años. Desde Compromís exigen al Gobierno «la apuesta por fuentes de energía alternativas», en lugar de «prolongar hasta la agonía el funcionamiento de las centrales».

Por otra parte, la iniciativa también insta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, a rechazar la construcción de un almacén temporal de residuos (ATI). A su juicio, es un proyecto «innecesario» y evidencia «el fracaso de la política de gestión de basura radiactiva», según indicó el portavoz de la formación, Joan Baldoví. Para Compromís, la energía nuclear es «uno de los principales obstáculos para las fuentes renovables limpias» e incide en la necesidad de poner en marcha un plan estatal de cierre definitivo de centrales.

La central de Cofrentes advierte de que su almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares debería estar construido en 2019

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EFE.- El almacén temporal individualizado (ATI) de residuos, cuya construcción reclama la central nuclear de Cofrentes, debería estar acabado en 2019, para poder realizar los protocolos de pruebas al año siguiente y estar operativo en 2021 cuando está previsto que se agoten sus piscinas de combustibles.

Así lo ha explicado el director de la central, Tomás Lozano, en una comparecencia en las Cortes de la Comunidad Valenciana, en la que ha defendido que el ATI tiene «absoluta garantía de seguridad incluso en escenarios improbables» como la desaparición de presas, lluvias milenarias o vientos de más de 140 kilómetros por hora. A petición de Compromís y PSOE, Lozano ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente, donde ha manifestado que el ATI «será necesario en cualquier escenario» y, aunque permite «continuar la operación de Cofrentes en 2021,» es «independiente» del proceso de autorización de explotación, que prevén solicitar en marzo de 2020.

Lozano expuso que la planta generó en 2016 el 35% de la demanda eléctrica de la Comunidad Valenciana, evita la emisión de 6,5 millones de toneladas de CO2 al año, su siniestrabilidad laboral es cero, invierte de media 46 millones al año, su seguridad se sitúa en la excelencia y ofrece 750 empleos directos y 800 indirectos. Asimismo, explicó que solicitaron el almacén temporal cuando la empresa pública ENRESA confirmó el retraso en el almacén temporal centralizado (ATC) programado en Villar de Cañas (Cuenca), ya que sus piscinas de combustibles se encuentran actualmente al 88% de su capacidad y prevén que se completen en 2021.

Respecto a la nueva instalación explicó que su refrigeración es por convección de aire natural, «el método más seguro», estará ubicada al oeste de las torres de refrigeración y, además de estar semisoterrada para evitar cualquier impacto ambiental, está diseñada con los más altos márgenes de sismicidad e inundabilidad. Especificó que estará construida 46 metros por encima del nivel del Júcar, lo que supone 30 metros más de lo que marca el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova) y 2 metros por encima de la cota para sucesos como roturas de presas, vientos o lluvias milenarias.

Respecto a la sismicidad, ha explicado que los márgenes de diseño son «5 veces superiores a lo que establece la normativa sismoresistente aplicable en la zona para edificaciones convencionales», y además ha incidido en que cumplirá todos los criterios nucleares de seguridad. «Es la solución más extendida y se impone como solución temporal al almacenamiento de combustible gastado», ha afirmado.

El director de la central nuclear de Cofrentes ha hecho hincapié en que la política energética en los países occidentales se dirige a «permitir la energía nuclear más allá de los 40 años porque es necesaria para la transición energética cumpliendo los requisitos medioambientales y de rentabilidad». En esa línea ha afirmado que de los 445 reactores del mundo, 115 tienen concedida la operación más allá de 40 años, de ellos 80 de Estados Unidos (de un centenar) y 30 de Europa, con la excepción de Alemania, que ha optado por el cierre progresivo y que, según ha indicado, tiene el segundo precio más caro de la energía en Europa.

Energía da más tiempo a las centrales nucleares de Trillo, Cofrentes y Ascó para pedir la renovación de su licencia

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las órdenes ministeriales por las que se concede más tiempo a las centrales nucleares de Trillo I, Cofrentes y Asco I y II para la solicitud de la renovación de su licencia de operación.

Conforme a la orden ministerial, cuyo borrador fue informado favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), las centrales ya no tendrán que solicitar la renovación tres años antes del vencimiento de las mismas, sino un año antes o, previsiblemente, dos meses después de la aprobación del Plan Integral de Energía y Clima que prepara el Gobierno. Es decir, la nueva norma establece que la solicitud de renovación podrá presentarse cuando el Gobierno haya aprobado su planificación energética, contemplada en el Plan Integral de Energía y Clima, en el que establecerá los objetivos de cara a cumplir los compromisos del Acuerdo del Clima de París.

El Gobierno justifica la modificación en la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las plantas nucleares puedan plantearse «teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación», una vez ponderado el papel que deberá jugar la energía nuclear en el mix. Para el Gobierno, esto «favorecerá su coherencia con la política energética”, señala la orden. Sin embargo, en el caso de que esta planificación no estuviera aprobada, dos meses antes de la fecha en que el titular tiene que presentar la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) de la central, se podrá presentar la solicitud de la renovación «con ocasión de tal presentación».

En el caso de Cofrentes (Valencia), propiedad 100% de Iberdrola, la autorización de 10 años expira el 20 de marzo de 2021, mientras que para Ascó I (Endesa 100%) y II (Endesa 85% e Iberdrola (15%), finaliza el 2 de octubre de 2021. Para Trillo I (Guadalajara), participada por Iberdrola (48%), Gas Natural Fenosa (34,5%), EDP (15,5%) y Nuclenor (2%), concluye el 17 de noviembre de 2024. Con esta modificación, las centrales nucleares contarán con más plazo para conocer la planificación energética y optar así o no a pedir una nueva renovación de su licencia.

La propuesta del Gobierno sí que mantiene el plazo de 3 años para que los titulares de las centrales nucleares presenten un conjunto de documentación asociada a la eventual operación a largo plazo. Se trata del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; las revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado y la Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10., que incorpora la experiencia internacional en materia de RPS en los países de nuestro entorno así como los documentos generados en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El pasado junio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya concedió más tiempo para la solicitud de la renovación de su licencia de operación a las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós II (Tarragona), que eran las que antes expiraban. En el caso de Almaraz, participada en un 53% por Iberdrola, en un 36% por Endesa y en un 11% por Gas Natural Fenosa, tiene permiso de operación hasta el 8 de junio de 2020, mientras que en la de Vandellós II, en la que Endesa tiene un 72% e Iberdrola un 28% del capital, la caducidad está fijada para el 26 de julio de 2020.

Cofrentes simula un terremoto que afecta a su seguridad y un incendio con parada del reactor en su simulacro anual

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Europa Press.– La central nuclear de Cofrentes (Valencia) realizó su preceptivo simulacro anual en el que ha emulado un terremoto que ha afectado a su sistema de seguridad, un incendio de más de 10 minutos y la parada automática del reactor, según indicó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha supervisado el ejercicio de acuerdo con los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI).

El simulacro comenzó con un terremoto que ha afectado a los sistemas de seguridad y que ha llevado al titular a declarar la alerta de emergencia del PEI. Además, también se simuló la declaración de un incendio de más de 10 minutos, la parada automática del reactor y la evacuación de todo el personal de la planta no necesario para la gestión de la emergencia.

Con el simulacro se ha llegado a declarar la categoría de emergencia en el emplazamiento del PEI y el CSN activó su Sala de Emergencia y a todos los grupos operativos, según el modo 2 de su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE). En el marco del simulacro, la Delegación del Gobierno en Valencia estableció los controles de accesos a la zona, tal y como establece la situación 1 del Plan de Emergencia Nuclear de Valencia (PENVA). De haberse producido realmente un suceso de esta naturaleza se habría clasificado como nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

El Ministerio del Interior abre la convocatoria de subvenciones hasta 1,06 millones de euros a municipios cercanos a centrales nucleares

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Europa Press.- Los municipios cercanos a centrales nucleares podrán acogerse a las subvenciones del Ministerio del Interior que tendrán una cuantía total de 1.066.000 euros y que se destinan a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear. Concretamente, podrán acogerse los municipios cercanos a las centrales nucleares de Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz (Cáceres), José Cabrera y Trillo (Guadalajara), de Ascó y Vandellós (Tarragona) y de Cofrentes (Valencia), que cuenten con un Plan de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear.

Si bien, los interesados solo podrán presentar una solicitud de subvención en esta convocatoria e incluir un tipo de proyecto entre los 6 definidos expresamente. El importe máximo es de 1.066.000 euros. En concreto, se concederán hasta 60.000 euros si se trata de un contrato de obra según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Ley de noviembre; 21.500 euros, en caso de otros contratos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para los proyectos destinados a acondicionar viales, la subvención concedida podrá llegar como máximo al 80% del valor del presupuesto total del proyecto y si posteriormente el beneficiario adjudicara el correspondiente contrato por un importe inferior al presupuestado, la subvención abonada se reducirá en cuantía proporcional hasta alcanzar el 80% del importe del contrato adjudicado. Los interesados podrán presentar sus solicitudes durante 15 días hábiles.

El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

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Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.

Las Cortes valencianas piden desmantelar la central nuclear de Cofrentes en 2021 y el PP augura que subiría la luz

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EFE.- El portavoz de Industria del PP en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana, Vicente Casanova, ha señalado que el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), provocaría a corto plazo incrementos de coste de la tarifa e impactos ambientales «inasumibles» después de que las Cortes valencianas aprobaran, con los únicos votos en contra del PP, pedir al Gobierno central «el cierre y desmantelamiento» de Cofrentes cuando finalice el actual período de prórroga de funcionamiento, en marzo de 2021.

También reclaman que no se autorice la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear «por ser innecesario», ya que esta infraestructura dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021. Así lo recoge una iniciativa presentada conjuntamente por el PSOE, Compromís y Podemos, en la que Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra, y que también propone instar al Gobierno a modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables.

El PP se ha opuesto al cierre al asegurar que la Comunidad Valenciana «no dispone de un parque de renovables suficiente» para cubrir la energía producida por Cofrentes, y Ciudadanos ha criticado que se plantee el cierre sin un plan energético alternativo ni un plan económico para los trabajadores y la región. El diputado de Compromís, Juan Ponce, encargado de defender la iniciativa, se ha alegrado de que «por fin» la mayoría de la Cámara diga «sí al cierre definitivo de Cofrentes» por responsabilidad, solidaridad, economía y porque hay que luchar contra el cambio climático.

Compromís ve Fukushima en Cofrentes

Ponce ha advertido de que las centrales nucleares «son peligrosas, y más las viejas», y ha considerado que «no es tan complicado» ni «tan imposible» que en Cofrentes se pudiera producir «la gran catástrofe» sucedida en Fukushima en 2011, que «nadie pensó que pudiera pasar y pasó». Además, ha recordado que Alemania cerrará todas sus centrales nucleares en 2022, con menos horas de sol que España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar que el 20% de la energía total consumida sea renovable.

La parlamentaria de Ciudadanos, Rosa García, ha acusado al Gobierno de la Comunidad Valenciana de hacer en este caso lo mismo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las políticas medioambientales impulsadas por Barack Obama, que ha decidido «eliminar de un plumazo» sin tener un plan de contingencia ni justificar los motivos. «Ustedes han hecho lo mismo. Atacan Cofrentes por sectarismo», según García, quien pidió que antes de cerrar esta central nuclear en 2021 «traigan informes sobre el grado de impacto energético y el impacto sobre el empleo y la economía de la zona», al tiempo que abogó por un Pacto de Estado en esta materia.

El socialista, David Cerdán, ha dicho que no están pidiendo el cierre de Cofrentes, sino que no se prolongue vida útil en 2021, con el fin de «acabar con el oligopolio y con la estafa eléctrica de este país», y ha asegurado que la iniciativa planteada es «de responsabilidad y sentido común». «Nada hay más irresponsable, sectario y demagógico e ideológico que la defensa infame y vergonzosa que hacen de un sistema eléctrico que es una estafa», ha criticado Cerdán, mientras que, desde Podemos, Beatriz Gascó acusó al PP de convertir en «chantaje» cualquier decisión.

PP contrario a cerrar Cofrentes

El diputado del PP, Vicente Casanova, asegura que el cierre de Cofrentes tendría «graves consecuencias», como ha ocurrido en Alemania, con el incremento de la tarifa eléctrica un 25%, al tener que recurrir en gran medida al gas natural (ciclos combinados), y de las emisiones de dióxido de carbono un 50%, y sustituirla por energías renovables en 2021 implicaría la construcción de 2.040 aerogeneradores o 26.000 hectáreas de paneles solares. Para Casanova eso «no es razonable», sobre todo teniendo en cuenta que en dos años no se construyó ningún aerogenerador y se instalaron muy pocos paneles solares, y ha señalado que «no hay necesidad de retirar» estas instalaciones, sino que hay que garantizar, con informes y controles, que sean fiables.

Además, la utilización de ciclos combinados llevaría, según ha dicho, a «fuertes» incrementos de las emisiones de CO2 y, por tanto, al «incumplimiento de los compromisos ambientales, que obligan a nuestro país a reducciones del 20% en 2020 y del 30% en 2030». Casanova ha incidido en que las energías renovables todavía no están en disposición de suplir la aportación de Cofrentes y el resto de nucleares al sistema eléctrico nacional y ha señalado como responsable a la «paralización» del Plan Eólico por parte de la Generalitat, que ha provocado que en los dos últimos años no se haya instalado «ni un solo megavatio renovable«, por lo que planteó mediante una enmienda reactivar este programa.

Para el portavoz popular «esta propuesta sería ambientalmente un desastre» y ha añadido que, aunque hay que seguir incrementado el parque de renovables, el cierre de Cofrentes u otras centrales nucleares en 2021 crearía un «colapso del sistema eléctrico». Según el portavoz popular, «la posición del PP es ir incrementando la aportación de las renovables, tanto como se pueda, e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y garantizar el funcionamiento fiable del sistema eléctrico, clave para el desarrollo del país». Casanova concluyó que le tranquiliza que sea el Gobierno central el que, «a la luz de los oportunos informes», debe tomar la decisión final de prorrogar la autorización.

También propone que el Gobierno central solo conceda una nueva autorización de explotación de la central a partir de marzo de 2021 si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que se cumplen todos los requisitos de seguridad y del estado de la instalación, que se autorice la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radioactivos como solución temporal hasta que no se disponga del centralizado y que se incentive la instalación de energías renovables. Según Casanova, se trata de una propuesta «realista y viable».

«Hay que apostar por las renovables de modo que con el tiempo se pueda plantear seriamente la sustitución de las nucleares, y la Comunidad Valenciana debe velar para ir incrementando la aportación de las renovables e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y que se garantice la fiabilidad del sistema eléctrico sin incrementos inasumibles de la tarifa«, manifestó.

El CSN propone modificar las órdenes ministeriales que autorizan la explotación de las centrales nucleares

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) envió cinco cartas al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que le propone una nueva redacción de las autorizaciones vigentes de todas las centrales nucleares españolas. En las cartas, aprobadas por unanimidad por el pleno del consejo el pasado día 1 de febrero, solicitan a Nadal que apruebe cambios en el texto de las autorizaciones de explotación de Almaraz, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo.

Un cambio en el articulado de las licencias permitiría que las futuras renovaciones de las plantas puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno considere oportuno o incluso sin ningún límite temporal, frente al máximo de 10 años que hasta ahora estaba fijado. Las modificaciones servirían para incluir nuevos requisitos de seguridad para que las plantas gestionen el envejecimiento de las instalaciones por funcionar a largo plazo y se mantienen otras de las exigencias habituales para renovar una licencia. El organismo regulador considera conveniente que las siguientes revisiones periódicas de seguridad de las centrales españolas se hagan siguiendo una sistemática análoga propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La central nuclear de Almaraz ya prepara documentos para pedir la renovación del permiso de explotación, que vence en 2020

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EFE / Europa Press.- La dirección de la central nuclear de Almaraz ya trabaja en la preparación de la documentación necesaria para la renovación del permiso de explotación, que finaliza en junio de 2020, según indicaron fuentes de esta instalación energética. De hecho, Almaraz tiene de plazo hasta el próximo 8 de junio para entregar la documentación preceptiva, tal como marcan los plazos establecidos.

Dicha documentación incluye un Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento, y una propuesta de suplemento del Estudio de Seguridad que incluya estudios y análisis que justifiquen la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de Almaraz en periodo de operación a largo plazo. Asimismo, deberá recoger una propuesta de revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento incluyendo los cambios necesarios para mantener las condiciones seguras de operación durante la operación a largo plazo, y una propuesta de revisión del plan de gestión de residuos correspondiente a la operación a largo plazo.

«Almaraz está preparada para operar más allá de los 40 años», han asegurado las mismas fuentes, después de más de 600 millones de euros invertidos en los últimos años en materia de seguridad, modificaciones y actualizaciones tecnológicas. Una vez presentada la documentación, las dos unidades de la central nuclear de Almaraz serán auditadas e inspeccionadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá emitir un informe. Si es negativo, tendrá carácter preceptivo y vinculante, y de ser positivo, la última palabra la tendrá el Ministerio. Además, antes del 31 de marzo de 2019, el titular de la central nuclear deberá completar la documentación de acompañamiento de la solicitud de nueva autorización con más informes.

A raíz de esta iniciativa de la central, Podemos se ha mostrado en contra de alargar la actividad de Almaraz, «una central que cumplirá 40 años» en 2020, fecha «para la que está programada y concebida». Con la construcción del ATI, según indicó la diputada autonómica Jara Romero, la dirección de Almaraz «busca la prolongación de vida de la central«.

Sobre el incidente en Flamanville, según indicó Romero debería concienciar a la población «del peligro que supone alargar la vida útil de la central cacereña». Como alternativa a la energía nuclear, la diputada cree que Extremadura cuenta «con la posibilidad de tener un plan de transición energética y apostar por energías renovables y limpias» y con ello «acabar con la vida» de Almaraz. «Si en una potencia nuclear como Francia con una muy exigente ASN se producen estos sucesos, las centrales españolas entrañan aún un mayor riesgo, dada la excesiva permisividad de nuestro CSN», aseveraron fuentes de Ecologistas En Acción y del Movimiento Ibérico Antinuclear.

“Garoña ha abierto la senda”

Por su parte, Compromís cree que el informe favorable emitido por el CSN sobre la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos) ha abierto la senda de «larga vida» para otras plantas como Cofrentes (Valencia), cuyo permiso de funcionamiento vence en 2021, y Almaraz. En este sentido, la formación pide al Gobierno de Rajoy que no «prolongue hasta la agonía el funcionamiento de las centrales nucleares» y que emprenda un proceso de transición energética hacia modelos renovables. Del mismo modo, rechaza la construcción de ATIs ya que, a su juicio, «no son más que un parche en la gestión de la basura radiactiva» y permite que, en la práctica, el Gobierno prorrogue el funcionamiento de la plantas.

Según Compromís, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ya sacó a concurso el suministro de contenedores, después de que Iberdrola, compañía que opera la central, iniciara en noviembre los trámites administrativos para construir el almacén que debe estar listo en 2019. El pliego indica que los contenedores tienen un doble propósito: tanto el almacenamiento como el transporte de los residuos a un futuro almacén ATC, actualmente en punto muerto.

Las instalaciones nucleares notificaron al CSN 22 sucesos notificados en 2016, un 60% menos que el año anterior

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Europa Press.- Las instalaciones nucleares españolas comunicaron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un total de 22 sucesos notificados, de los que 18 se produjeron en centrales nucleares. Se trata de incidencias por incumplir alguna de sus especificaciones de funcionamiento, por fallos en la operación o deficiencias en los sistemas de seguridad. La cifra representa un 60% menos que en 2015, cuando se comunicaron un total de 55 incidencias según datos del propio regulador.

En cuanto a las centrales, en 2016 Vandellós II (Tarragona) lideró las notificaciones al regulador, con 5 de ellas, todas clasificadas con nivel 0 en la Escala INES. En el lado opuesto, Trillo (Guadalajara), que no comunicó ningún suceso. Cofrentes informó de tres sucesos notificados, igual que la fábrica de combustible de Juzbado (Salamanca). Almaraz (Cáceres) comunicó un total de 5 sucesos al CSN, dos de ellos en la unidad 1, otro en la unidad 2 y otros dos que afectaban a las dos. Mientras, Ascó II (Tarragona) comunicó dos sucesos y Ascó II, un suceso. También Garoña (Burgos) comunicó al regulador un suceso notificado.

De los 22 sucesos, 20 fueron clasificados con un nivel 0 en la Escala INES, lo que indica que no tuvo significación para la seguridad. Sin embargo, uno que aconteció en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y otro que afectó a las dos unidades de Almaraz subieron un nivel más en la escala y se clasificaron con un nivel I.

Precisamente, la nuclear de Almaraz registró en enero y febrero una parada automática del reactor a principios de año y un conato de incendio. Estos sucesos motivaron una inspección de los técnicos del CSN en la propia planta. Esto sucedió en enero, al dispararse una turbina y el reactor por el alto nivel en el generador de vapor causado por el disparo de una bomba principal de refrigeración del reactor por un fallo del interruptor.

Después, en febrero se activó el sistema de detección de incendios por un conato en un armario de control asociado a los componentes del generador diésel 4 (la planta cuenta con cinco). El generador estaba fuera de servicio por tareas de mantenimiento y el conato de incendio se sofocó en 3 minutos por el personal de mantenimiento. Precisamente, estos generadores diésel son los que garantizan el abastecimiento de energía a la planta en caso de se produjera una pérdida de suministro exterior a la central.

Ya en julio, el titular de Almaraz comunicó el incumplimiento de una exigencia de vigilancia requerida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), por la que es necesario verificar que la temperatura de agua de refrigeración de componentes a la salida del cambiador es inferior a su valor de diseño cuando el sistema de limpieza de esos cambiadores está fuera de servicio. Este incumplimiento finalmente fue clasificado con un nivel 1 en la Escala INES tras un análisis en profundidad.