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Facua califica de «indignante» la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas

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Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción considera «indignante» la defensa realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las gasolineras desatendidas. La asociación critica los argumentos utilizados por el organismo en su reciente informe sobre gasolineras desatendidas, que reducen a su juicio «a una traba para la competencia los derechos de los usuarios». «Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo», afirma la organización.

El regulador, considera la organización, también recurre a «argumentos falaces», entre ellos el de que disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso “son un coste administrativo desproporcionado” para las gasolineras. Igualmente, señala Facua, la CNMC considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.

Facua ve indignante que la CNMC «fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad». La asociación consideró también preocupante, además, que «con los niveles de desempleo que hay en España, la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores».

La defensa de las estaciones desatendidas que realiza la CNMC en su informe «se basa exclusivamente en el precio», afirma, ya que las gasolineras desatendidas tienen menos costes, abaratan precios y fomentan la competencia, «y eso hará bajar en general los precios en beneficio del consumidor». «Este argumento, ya defendido en otros sectores, es engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España, marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector», señala Facua.

La organización también considera que la CNMC olvida que existen problemas de fondo en este mercado que inciden de manera directa en el precio final del carburante. Facua insistió en que las estaciones de servicio desatendidas suponen un «atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos no está garantizada, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes». Por ello, Facua reclamó a las autoridades nacionales y autonómicas que primen la protección de los consumidores y la seguridad con inspecciones y controles que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.

La luz sube un 0,9% en agosto y suma cuatro meses al alza aunque acumula una bajada anual del 15,6%

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Redacción / Agencias.- El recibo de electricidad se encareció un 0,9% en agosto y encadenó su cuarto mes consecutivo de subidas, según el simulador de factura de la luz de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estos incrementos no impiden que, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, el consumidor medio haya visto aliviado el coste de su factura de la luz en un 15,6% pagando 477 euros frente a los 565 de hace un año.

En agosto, un consumidor medio acogido a la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) pagó un total de 63,71 euros por el recibo de la luz, frente a los 63,15 euros de julio. Este importe se desglosa a razón de 15,67 euros por el término fijo, 34,42 euros por el consumo, 2,56 euros por los impuestos eléctricos y 11,06 euros por el IVA. Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

La subida de agosto se produce tras las registradas en julio y en junio, del 1,6% y del 5,9%, respectivamente, así como en mayo, cuando el recibo se encareció un 2,5%. Anteriormente, había caído en los meses de enero en un 10,6%, febrero en un 6,5%, marzo en un 0,4% y abril en un 3,1%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso sí, frente a la factura de la luz de agosto de 2015 se produce un abaratamiento del 12,53% ya que entonces ascendió a 72,84 euros. El importe de la factura está determinado por la evolución de la electricidad en el mercado mayorista, que conforma el PVPC junto con los peajes de acceso  y los impuestos.

Facua reclama un «cambio radical»

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha reclamado un «cambio radical en el sistema tarifario» tras constatar que el recibo de electricidad experimentó un encarecimiento del 0,9% en agosto. La asociación insiste en la necesidad de aplicar este cambio, que pasaría desde su punto de visto por la fijación por parte del Gobierno de una tarifa máxima totalmente regulada, «libre de la especulación que se produce en un mercado energético dominado por un oligopolio». Las últimas cuatro subidas mensuales, explica la asociación, se producen tras un comienzo de año en el que se produjeron sucesivas disminuciones en el recibo “gracias al mayor peso de las energías renovables en el mix”.

El recibo, indica Facua, continúa «muy por debajo» de los 76,81 euros de diciembre, si bien las bajadas de los cuatro primeros meses del año no compensan «en absoluto la gran subida que se produjo durante la legislatura 2012-2015». En concreto, la asociación calcula que el recibo de la luz experimentó un encarecimiento del 16,2% que, en términos acumulados, supuso el pago de 500 euros de más por parte del consumidor medio. Además, Facua insiste en que cuando se aplica un precio distinto cada hora, las tarifas suelen ser globalmente más elevadas, ya que en las horas de mayor consumo el kWh es más caro.

CCOO critica que la CNMC «olvida» el impacto de las gasolineras desatendidas sobre el empleo

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Europa Press / Servimedia.- CCOO considera que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a favor de las gasolineras desatendidas «olvida» el impacto de estas instalaciones sobre el empleo y la seguridad. El sindicato considera que el regulador ha elaborado un informe centrado en la competencia en el que se «ignoran» otros aspectos de «interés general» como el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo y la gestión de riesgos para la salud y el medio ambiente.

A la vista de estas consideraciones, CCOO exige a los poderes públicos con competencia en la materia que rechacen las recomendaciones realizadas por la CNMC sobre las gasolineras desatendidas y aboguen por una regulación que ponga las gasolineras al servicio de «la sociedad en su conjunto» y no de «un reducido número de empresas«. El sindicato mostró así «con rotundidad» su rechazo a la propuesta de regulación del organismo. Para el sindicato, la proliferación de estas gasolineras fomenta la destrucción de empleo, reduce los derechos de los consumidores dificultan la atención a las personas con discapacidad e incrementa los riesgos.

«El organismo, con una más que dudosa eficacia ante los grandes monopolios y ante el dumping económico, social o ambiental, basa su decisión en el argumento de que la intervención pública solo es admisible para mejorar el mercado», señala. Este planteamiento, argumenta CCOO, «no está fundamentado en criterios sociales, técnicos o científicos, sino en una interpretación exclusivamente ideológica». Para CCOO, es «imprescindible» que cuanto antes se revisen las instalaciones desatendidas que están en funcionamiento, se confirme si se han evaluado los riesgos para los ciudadanos, el medio ambiente y los consumidores, así como los organismos con competencias se cercioren de que están preparados para gestionarlas.

La CNMC califica de «mito» que las gasolineras desatendidas dañen el empleo y sean menos seguras

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció en su blog varios «mitos» en torno a las gasolineras desatendidas, entre ellos los referidos al perjuicio sobre el empleo, la falta de seguridad, la ausencia de acceso para discapacitados o la desprotección a los consumidores. Todos estos argumentos, indica el regulador, «son dignos de análisis» y «preocupan en gran medida» a la propia CNMC, si bien «no es suficiente con invocarlos» ya que «no están suficientemente justificados«.

Una semana después de la publicación de su controvertido informe sobre el tema, Competencia insiste en la defensa de este tipo de gasolineras en aras de una mayor competencia en el sector, dado que “beneficiará a los consumidores y a la actividad empresarial”. Asimismo, califica de «mitos» algunos de los argumentos usados por las normativas que tratan de limitar o prohibir su instalación y que, tras un cuidadoso análisis, «son contrarios a la evidencia empírica».

Sobre el «mito» de la inseguridad de las gasolineras desatendidas, el regulador argumenta que «no tienen por qué ser más inseguras que las gasolineras que cuentan con personal», e incluso indica que en ocasiones la automatización del cierre del suministro puede funcionar con mayor velocidad que al realizarse por un trabajador. La CNMC alude a un estudio del Gobierno francés en el que se aprecia que el 92% de los accidentes en gasolineras se produce en momentos distintos al de echar carburante. También recuerda que en España hay una normativa de seguridad aplicable a todas las gasolineras y argumenta que la mayor parte de las cooperativas llevan actuando así desde hace años sin accidentes graves.

Sobre la desprotección del consumidor, señala que, en el caso de las gasolineras, «la obligación de servicio atendido no beneficia a los consumidores ni en términos de precios, ni de seguridad, ni de calidad del servicio». El regulador también cita un informe para la Comisión Europea sobre las quejas de los usuarios de las gasolineras en el que se aprecia que solo el 10% de los clientes tuvo problemas en una gasolinera desatendida y no pudo dar con una persona responsable. El 90% restante de las quejas de los consumidores están relacionadas con otros problemas, particularmente el precio del carburante y el tiempo de espera para repostar, “puntos que se mitigarían con nuevas estaciones”, remata.

En cuanto al «mito» del daño sobre el empleo, indica que la mayor parte de las empresas que están instalando gasolineras automáticas son de nueva creación, muchas innovadoras y consideradas startups o mavericks (pioneros). Estas empresas están contribuyendo «creando empleo de calidad«. «La creación de nuevas estaciones de servicio, la tecnología para que operen y mantengan la seguridad, la televigilancia de las instalaciones en el caso de las automáticas, favorecen la creación de empleos de valor añadido», afirma la CNMC.

Sobre las dificultades a los discapacitados, la CNMC reconoce que «una parte de la población discapacitada puede tener dificultades para aprovisionarse en las estaciones automáticas en caso de que viajen en su vehículo solas», y afirma que esta dificultad preocupa especialmente al regulador. Sin embargo, indica que, en el caso de aquellos usuarios necesitados de apoyo para repostar, que no cuentan con acompañantes que puedan apoyarles, las normas prevén que las estaciones automáticas realicen los mayores esfuerzos para que el aprovisionamiento pueda realizarse. Entre estos esfuerzos figuran los accesos sencillos, la innovación en los sistemas de aprovisionamiento o pago, y el resto de medidas arquitectónicas y técnicas que facilitan el empleo de las nuevas tecnologías que capaciten a dichos usuarios.

El PSOE pide que el presidente de la CNMC explique en el Congreso el apoyo a las gasolineras «fantasma»

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Europa Press.- El secretario general del grupo parlamentario socialista y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, para que explique las conclusiones del informe del organismo que preside en el que se apuesta por desregular el sector para permitir que sigan proliferando las conocidas como gasolineras desatendidas o ‘fantasma’.

En un comunicado, Heredia advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo para el sector, que sólo en Andalucía podría ascender a unos 10.000 empleos. «Queremos que el presidente de la CNMC nos explique las bondades de las gasolineras desatendidas, porque nosotros no creemos que las haya. Y no sólo nosotros, el sector está totalmente en contra», añadió.

El dirigente socialista se reunió hace unas semanas con representantes de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio y de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles, que le trasladaron su preocupación por este tipo de establecimientos.

Heredia subrayó que este tipo de gasolineras no garantiza la igualdad de condiciones para todo el mundo. «No todo el mundo sabe enfrentarse a una máquina que tiene que cobrarte y autorizarse el uso de una estación para echar combustible. No todo el mundo tiene condiciones físicas para hacerlo. No todo el mundo tiene la pericia para manejar gasolina y hacerlo sin comprometer la seguridad propia y de los que están a su alrededor», dijo.

Además, el secretario general del PSOE de Málaga mostró especial preocupación con la situación en las que podrían quedar las personas con discapacidad a la hora de acceder a los servicios de estas gasolineras.

«Es todo un despropósito. Con la excusa de que a mayor competencia el usuario se verá beneficiado por una supuesta bajada de precios en el combustible se están cercenando derecho de consumidores y usuarios», denunció.

UGT califica de «despropósito» el informe de Competencia a favor de las gasolineras desatendidas

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Europa Press.- La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) considera que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a favor de las estaciones de servicio desatendidas es un «despropósito», al ofrecer «una visión sesgada del sector» y denotar «una clara insensibilidad social».

El informe ha sido elaborado a juicio del sindicato sobre la base de una «argumentación errónea y sesgada», y aboga «claramente por la destrucción de puestos de trabajo», al tiempo que pone en entredicho «la profesionalidad de los operarios del sector».

UGT también considera que el informe «propone la eliminación de determinadas obligaciones a las instalaciones, algunas encaminadas a la defensa de los consumidores y usuarios, por considerarlas innecesarias y suponer un coste desproporcionado».

Entre estas obligaciones figuran las de disponer de hojas de reclamaciones, de papel o guantes para los clientes, o de una probeta de comprobación de las medidas.

«La CNMC pone de manifiesto que no tiene ningún reparo en pisotear los derechos de los consumidores en aras de la disminución de los costes empresariales», afirma el sindicato.

El informe también recomienda no detallar los usos de las parcelas en los planeamientos urbanísticos para que se pueda instalar una gasolinera en cualquier sitio, al igual que eliminar restricciones a la aparición de nuevos formatos de gasolineras, tales como aparcamientos de supermercados, talleres de automóviles o comunidades de vecinos, indica UGT.

«Con esta propuesta, la institución apuesta por una desregulación total del sector y obvia las estrictas medidas de seguridad necesarias para la instalación de estaciones de servicio cerca de viviendas», afirma.

Al poner a las cooperativas agrarias como ejemplo de funcionamiento sin personal, la CNMC lo hace sin tener en cuenta sus características especiales, argumenta UGT. «Parece ignorar que el cometido de las cooperativas es organizarse para hacer frente a una necesidad común de sus asociados, no para obtener ganancias empresariales», señala.

Los empresarios de gasolineras desatendidas esperan que el informe de la Competencia evite las prohibiciones

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), Manuel Jiménez Perona, considera que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado ayer a favor de este modelo de negocio es un «punto de inflexión» y un movimiento «inteligente» del regulador, ya que su contenido disuadirá a las comunidades autónomas de prohibir las gasolineras sin personal.

En declaraciones, Jiménez Perona explica que AESAE ha denunciado ante la Comisión Europea las decisiones de varias comunidades autónomas de prohibir las gasolineras desatendidas y que, a la vista de la implantación de este modelo en muchos países del continente, es previsible que la posición comunitaria se alinee con los intereses de la asociación.

«La CNMC no puede hacer más que recomendaciones, pero entendemos que están ligadas a una llamada de atención por parte de la Comisión Europea, que sí tiene una autoridad sobre el libre mercado y la libre competencia, que es uno de sus principios básicos», indica. «Ahora las comunidades autónomas van a escuchar la llamada porque no hacerlo puede poner a España ante un pleito ante la Comisión Europea», añade.

En su informe, la CNMC defiende las estaciones de servicio desatendidas al considerar que mejoran la competencia, frente a la posición de las comunidades autónomas que han prohibido o prevén regular este modelo de negocio, que son Madrid, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana.

AESAE destaca que el contenido del informe recoge argumentos que la propia asociación ya ha utilizado en sus alegaciones ante las distintas regulaciones autonómicas y añade «información muy importante» en aspectos como la seguridad de las instalaciones.

«Agresividad contra el modelo»

Jiménez Perona considera que las grandes compañías están mostrando una «agresividad contra el modelo» de gasolineras desatendidas con el objetivo de «reducir la competencia». «Buscan justificaciones para desplazarnos del mercado, frente a una competencia que quieren eliminar», afirma.

El presidente de AESAE defiende que los empresarios de estaciones de servicio desatendidas están «defendiendo los derechos de los consumidores» en un sector en el que este modelo de negocio supone un «escollo incómodo» para las grandes compañías.

Las gasolineras desatendidas, asegura, tienen un «fuerte efecto dinamizador» sobre el mercado, ya que «una bajada de precios en una zona provoca una rápida bajada de precios en toda la zona». «El consumidor ya es mayor de edad y tiene libertad para decidir. Lo que hace falta es que esté informado», señala.

Seguridad, Accesibilidad y Empleo

Jiménez Perona ofrece además los argumentos de la asociación en contra de las principales críticas a las gasolineras desatendidas, que se refieren especialmente a su falta de seguridad, a la falta de acceso para discapacitados y a la pérdida de empleo.

Sobre la seguridad, considera que el propio informe muestra que las instalaciones son seguras e incluso disponen de elementos que no se encuentran presentes en todas las gasolineras tradicionales, como el doble tanque o los sistemas de extinción automática de incendios.

En lo referido a la atención de los discapacitados, asegura que las críticas son «mentira» y que AESAE ya ha demostrado que un discapacitado puede repostar sin problemas, ya que lo que necesita es «accesibilidad», que es un concepto presente en muchos espacios públicos sin necesidad de que haya personal. Además, constata que en las gasolineras atendidas el personal no puede salir a ayudar a partir de las 22.00 horas, de modo que sufren el mismo problema que se achaca a las desatendidas.

Sobre la pérdida de empleo, cifra entre 65.000 y 68.000 euros el coste laboral de las gasolineras y reconoce que es uno de los puntos críticos para la mejora de competencia del modelo desatendido, pero argumenta que las empresas de AESAE son capaces de crear otro tipo de empleos más cualificados relacionados con las tecnologías de vigilancia y control.

«Me pregunto si los bancos deberían dispensar dinero, en vez de en cajeros, de forma manual, mediante un empleado. Eso sí crearía empleo, como también la fabricación de coches a mano, pero la automatización es un hecho», argumenta, antes de recordar que las gasolineras tradicionales fueron «las primeras en dar el paso del autoservicio» y emplear solo a una persona para cobrar, lo que en su momento redujo el empleo en cerca del 50%. «No somos los responsables del problema del paro. Lo que hay que hacer es crear actividad», añade.

Las grandes compañías eléctricas declaran pérdidas de 29 millones de euros por el suministro de luz a precio regulado

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Europa Press.- Las sociedades con las que Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa suministran la electricidad mediante el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) declararon unas pérdidas de 28,9 millones de euros en el ejercicio 2015, el último en el que, conforme a la nueva regulación y a las sentencias del Tribunal Supremo, debería registrarse insuficiencia de ingresos.

En concreto, la filial de Endesa encargada de ofrecer el PVPC, Endesa Energía XXI, contabiliza unas pérdidas de 29,2 millones de euros, frente a los 10,7 millones de ‘números rojos’ de Gas Natural Fenosa, que opera a través de Gas Natural SUR SGD. Esta última sociedad también incluye la comercialización a tarifa de gas natural, según datos del Registro Mercantil a través de Infoempresa.com.

En el caso de Iberdrola, su filial Iberdrola Comercialización de Último Recurso declara un beneficio de 11 millones de euros en 2015, un ejercicio en el que su matriz inyectó 8,9 millones a la sociedad para compensar las pérdidas y restituir su equilibrio patrimonial.

Fuentes de la compañía indicaron que este resultado positivo en 2015 se debe puntualmente a criterios de eficiencia, ya que en los ejercicios anteriores se registraron pérdidas al no disponer el negocio de una retribución razonable.

En noviembre de 2015, el Supremo falló a favor de las eléctricas y obligó a revisar el margen de 4 euros anuales por kilovatio (kW) reconocido a las comercializadoras de referencia encargadas de suministrar el precio regulado. A comienzos de junio, obligó además al Gobierno a establecer de forma urgente una nueva metodología.

En cumplimiento de la sentencia, Industria ha reconocido 26,11 millones a las eléctricas para compensar las mermas de los últimos tres años. Además, para 2017 y 2018 ha fijado un valor de 3,09 euros por kW para el término fijo y de 0,000532 euros por kilovatio hora (kWh) para el variable.

Esta revisión es más limitada que la propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que abogaba por elevar el margen de las comercializadoras de referencia un 31%, hasta 5,24 euros por kW. Esta propuesta habría implicado una subida de 5 euros al año para una familia media.

Traslado de clientes a mercado

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el PVPC, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, lo que incluye a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España.

Esta circunstancia ha permitido a las eléctricas retener una gran bolsa de clientes, pero a costa de unos márgenes insuficientes. Por este motivo, han venido aplicando la estrategia de trasladar clientes desde sus comercializadoras de referencia a las de mercado.

En un reciente informe, la CNMC advirtió de que la mayoría de cambios de una comercializadora regulada a otra libre tiene como destino una sociedad perteneciente al mismo grupo empresarial.

De hecho, el 77,2% de los cambios de precio regulado a libre se produjo en 2015 entre sociedades del mismo grupo. En el caso de Endesa, las tasas fueron del 78,9%, frente al 82,7% de Iberdrola y el 54,3% de Gas Natural Fenosa.

Vuelco a favor del mercado

La orientación estratégica hacia el mercado ha contribuido a que, por primera vez desde la liberalización del suministro en 2009, los clientes con precio libre sean más que los que disponen de la modalidad regulada, a pesar de que que esta última opción sea en la mayoría de las ocasiones la más ventajosa para el consumidor.

En septiembre de 2015 se produjo el vuelco. En ese momento, la CNMC cifró en 12,75 millones los consumidores domésticos abastecidos por una comercializadora de referencia, una cifra por primera vez superior a la de clientes regulados, que en ese momento eran 12,9 millones.

Las tres mayores comercializadoras aglutinan una cuota de mercado del 67% en el mercado libre. Endesa Energía lideraba a finales de 2015 este segmento, con una cuota del 32%, frente al 20% de Iberdrola y el 14% de Gas Natural Fenosa.

Facua considera insuficiente la medida de Competencia para el control de calidad del sector energético

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Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción ha considerado este martes que la medida tomada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de solicitar exclusivamente los datos de las reclamaciones a las comercializadoras y las distribuidoras eléctricas para su control de las denuncias en el sector de la energía es «insuficiente» y conlleva a «una visión parcial y sesgada de la situación».

La asociación comunicó en una nota que los datos deben ser completados con las reclamaciones ante los organismos oficiales y las tramitadas por asociaciones de consumidores.

Además, señaló que, la CNMC dictaminó, en un informe de agosto de 2015, que los servicios de atención al cliente que ofrecen las comercializadoras de luz y gas eran deficientes tanto en la atención de las reclamaciones, que a menudo no se tramitaban correctamente, como en el propio servicio de atención, al contar con teléfonos de tarificación adicional para gestionar las llamadas.

Por tanto, Facua consideró «incoherente» solicitar únicamente los datos de las denuncias a un servicio que se considera que tiene carencias importantes para llevar un control sobe las reclamaciones de los usuarios.

Asimismo, recordó que, «a pesar de que la medida está en la buena dirección para garantizar la protección de los consumidores, los datos deben ser contrastados y completados con las reclamaciones presentadas en organismos oficiales y de protección de los usuarios, así como las denuncias tramitadas por las asociaciones de consumidores».

Además, agregó que el acuerdo previsto por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que indicaba la obligación de que de las distribuidoras de facilitar datos al Ministerio cada año sobre la atención de las reclamaciones de los usuarios, nunca se cumplió.

Por último, Facua criticó que a pesar de la existencia de esta normativa, «la calidad en el servicio realmente nunca se haya controlado por parte del Ministerio y que éste haya dejado caer en la obsolescencia una legislación creada hace dieciséis años que no reconoce los cambios en las estructuras del sector energético actual».

Las comercializadoras eléctricas deberán enviar a la CNMC cada trimestre las quejas de los clientes

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Europa Press.- Las comercializadoras y distribuidoras de electricidad y gas deberán remitir con carácter trimestral a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las reclamaciones que reciban procedentes de los clientes.

Esta obligación aparece recogida en una circular de la CNMC publicada este viernes en el BOE. La entrada en vigor de las nuevas exigencias se producirá mañana, si bien el primer periodo para el que las empresas deberán remitir la información corresponde al cuarto trimestre de 2016.

En total, 33 comercializadora de electricidad y 18 de gas deberán cumplir con la obligación, así como unas 35 distribuidoras de electricidad y todas las distribuidoras de gas.

En el caso de la comercialización de electricidad, las empresas obligadas son las comercializadoras de referencia encargadas del suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), así como las que ostenten una cuota en el mercado libre superior al 0,15%.

También deberán remitir las quejas las que hayan incrementado su base de clientes en el mercado libre más de un 100% en el último año y hayan superado los 3.000 usuarios.

En el caso del gas, las comercializadoras obligadas son las de último recurso y las que suministren el producto a más de 1.000 clientes finales en el mercado español. La CNMC renovará cada año los nombres de las empresas sujetas a la circular.

El regulador argumenta que las nuevas exigencias son necesarias para disponer de información detallada sobre las reclamaciones que presentan los consumidores y, sobre todo, sobre la tipología de las mismas.

La CNMC también está interesada en conocer el tratamiento que se da a las quejas, con el objeto de poder llevar a cabo de forma adecuada sus funciones de supervisión del mercado y de protección de los consumidores.

Si las empresas incumplen la remisión de información, se verán expuestas a un procedimiento sancionador y a una posible infracción de carácter grave o muy grave.

Más de 3.000 consultas y quejas

La CNMC informó en abril del volumen de quejas de los consumidores que se dirigen directamente al regulador para exponer su situación. En total, durante 2015 el regulador atendió 1.948 consultas de consumidores y 1.378 reclamaciones contra compañías de electricidad y gas.

De las consultas, que el año pasado aumentaron un 20%, el 77% correspondió a electricidad y el resto, un total de 457, se refiere a gases y fuel.

En cuanto a las reclamaciones, en 2015 cayó un 50% el número con respecto al ejercicio 2014, que estuvo marcado por la entrada en vigor del PVPC y las refacturaciones a los clientes durante el primer semestre de ese año.