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La CNMC abre expediente a Gas Natural Fenosa y a Endesa por indicios de alteración de precios de la luz

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación, que ya anunciaron la presentación de alegaciones, tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017. En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada abrió dicho proceso sobre ambas compañías por una presunta infracción grave de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

A la vista de los precios que se registraron en el mercado de generación eléctrica, en febrero de 2017 se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real. Sobre la base de la información reservada realizada, la Dirección de Energía ha observado indicios de posible alteración del llamado despacho de generación del pool para obtener ingresos superiores en mercados de restricciones (ajustes que se realizan por motivos de seguridad en el suministro).

Es decir, según la CNMC, habrían realizado una oferta «anormalmente elevada» para que dichas centrales participaran en el mercado de restricciones y obtener así mayores ingresos. De esta manera, habrían llegado a impedir su programación durante días, a pesar de que el contexto generalizado de precios elevados debería haber conducido justo a la situación contraria, con pleno conocimiento de la empresa de la alta probabilidad de que las centrales acabarían siendo programadas por restricciones técnicas (por motivos de seguridad en el suministro). Dicha conducta podría haberse producido por parte de Gas Natural Fenosa Generación en cinco centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; puerto de Barcelona y Besós) y por parte de Endesa Generación en la central de ciclo combinado de Besós.

Endesa alegará contra la CNMC

Por su parte, Endesa presentará alegaciones contra el expediente sancionador abierto por la CNMC contra la filial de Generación de esta compañía. «Acabamos de recibir el expediente, lo vamos a estudiar y presentaremos alegaciones», anunciaron fuentes de la compañía, que asegura que presenta sus ofertas «por igual» en todos los ciclos combinados con los precios referenciados al Mibgas. Asimismo, expresa su extrañeza y malestar por la incoación por parte de Competencia de este expediente sancionador, al considerar un contrasentido que quiera incrementar los precios del gas cuando esa estrategia perjudica a su cuenta de resultados.

Concretamente se trata de una infracción prohibida en el artículo 65.34 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que tipifica «la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado«. El periodo por el que ha abierto este expediente la CNMC corresponde al invierno pasado, en el que se registró una espiral alcista en los precios de la electricidad, especialmente en enero, en el que se llegaron a registrar cotas en algunos momentos puntuales de más de 100 euros por megavatio hora (MWh).

Ante este hecho, el Gobierno adoptó un paquete de medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que repercutiera en un abaratamiento de la electricidad. En concreto, se aprobó la creación de la figura de un creador del mercado en el sector del gas, y se anunció la obligatoriedad para que los operadores dominantes, precisamente Gas Natural Fenosa y Endesa, hagan también estas ofertas dentro del mercado del gas (Mibgas). Esta medida, a pesar de ser anunciada hace un año, entró en vigor recientemente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una obligación que ya ha sido recurrida por Gas Natural Fenosa.

El Gobierno no ve riesgo de multa de Bruselas por el conflicto por los peajes eléctricos con la CNMC

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Europa Press.- El Gobierno no ve un «riesgo de multa» por parte de la Comisión Europea por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad ya que considera que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que se están trabajando con Bruselas «con textos concretos» al respecto y que existe con la Comisión Europea un «diálogo constructivo». Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo «era correcta», aunque consideró que actualmente existe «una discusión a nivel europeo» respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Se sigue el modelo francés

En concreto, Navia indicó que el conflicto se refiere a los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros del total de 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Por ello, adelantó que se ha presentado un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía señaló que actualmente no existe ninguna «notificación oficial» por parte de Endesa para cerrar sus centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), y destacó que ambas plantas «están realizando una aportación positiva» al sistema eléctrico español en un contexto de sequía y de tensión en Europa. Navia insistió en que el objetivo del Gobierno con el real decreto para el cierre de centrales es que exista «una regulación específica» al respecto y subrayó que esta normativa no está dirigida solamente a las plantas de carbón sino «a cualquier tipo de tecnología».

De esta manera, recordó que la intención del Gobierno es trabajar en la tramitación de este proyecto, para el que quiere contar con «el mayor apoyo», a pesar de que determinados pronunciamientos que se realizan por distintas formaciones políticas «no contribuyen a ello». «Exigen el cierre de las centrales de carbón y creo que eso genera una situación de incertidumbre que no facilita la continuidad de estas centrales», concluyó Navia.

La CNMC propuso aplazar el nuevo plan de actuación invernal gasista ya que encarece el recibo del gas natural

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que pospusiera la aplicación del nuevo plan de actuación invernal para el sistema gasista, que impone nuevas obligaciones a las empresas del sector para que aumenten sus reservas de gas ante repuntes extraordinarios de la demanda, ya que podía encarecer el recibo del gas a los consumidores.

En su informe sobre el nuevo plan invernal del Gobierno, que eleva la obligación de exigencias de almacenamiento de gas para los operadores a 3,5 días, frente a los 2 días anteriores, la CNMC considera que fijar estas nuevas obligaciones llevaría a las empresas a afrontar nuevos costes al modificarse sus niveles de reservas y la forma en que deben estar constituidas, lo que podría encarecer el recibo del gas.

Por ello, el organismo presidido por José María Marín Quemada pide aplazar su aplicación hasta realizar un análisis «sosegado y completo» de las necesidades del sistema gasista en relación a la garantía de su suministro ya que, según señala la CNMC, el Ministerio en su propuesta no ha evaluado los costes que estos cambios tendrían para el sistema. La CNMC recuerda que España fue durante el segundo trimestre de este año el segundo país más caro de Europa en el suministro al cliente doméstico, según datos de la Comisión Europea.

Además, considera que, actualmente, el sistema gasista en España cuenta con «suficientes mecanismos» para afrontar un repunte de la demanda en casos de frío extremo. Entre otras medidas, destaca que las comercializadoras de gas pueden gestionar sus reservas en almacenamientos subterráneos y plantas regasificadoras o abastecerse en los mercados internacionales y nacionales (Mibgas). Asimismo, subraya que se puede incrementar rápidamente la contratación de capacidad para cubrir la demanda en situaciones extremas o que Enagás, como gestor técnico del sistema gasista, puede actuar comprando gas en el mercado organizado si faltara gas en el sistema gasista.

Además, afirma que también existe un régimen sancionador al que se enfrentan las empresas que no cumplen sus obligaciones de suministro. Igualmente, la CNMC indica que el Real Decreto 1716/20041 ya les obliga a mantener reservas de forma permanente y la normativa europea ha promovido mecanismos de mercado para conseguir un mercado interior competitivo y evitar, en la medida de lo posible, medidas intervencionistas. Por todo ello, el organismo considera más apropiadas otras medidas para reforzar la seguridad del suministro y la liquidez del mercado.

Asimismo, señala que los pagos por capacidad a las centrales de ciclo combinado por su disponibilidad en situaciones de alta demanda se hagan en función de la existencia efectiva del gas. A este respecto, considera que los ciclos combinados que quieran recibir dicho pago deberán contar con existencias suficientes, que se supervisarán, «especialmente ante la previsión de un aumento del consumo de gas destinado a la producción de energía eléctrica».

El Ministerio de Energía subrayó que en la elaboración de este plan de actuación invernal gasista se habían tenido en cuenta «las tensiones producidas en el mercado gasista durante el invierno 2016-2017 como consecuencia de las olas de frío y del incremento de la demanda de gas para generación eléctrica«. Este nuevo plan se enmarcaba dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno, como el reciente acuerdo para obligar a los dos operadores dominantes del sector gasista, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas, con el objetivo de aumentar la liquidez del mercado organizado del gas.

Facua pide al Gobierno poner fin a la comercialización de luz y gas en los domicilios a puerta fría

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción insta al Gobierno a poner en marcha las iniciativas legislativas «necesarias» para prohibir la comercialización puerta a puerta desarrollada por muchas compañías de luz y gas para ofrecer supuestos descuentos que «acaban inflando las facturas de los usuarios».

En concreto, la asociación ha remitido un escrito a los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Sanidad, Dolors Montserrat, competente en consumo, en el que pide tomar estas medidas y advierte de que resultan especialmente gravosos para los usuarios «los cambios fraudulentos» del mercado semirregulado, el denominado PVPC en electricidad y TUR en gas, al mercado libre. Facua advierte de que tras estas prácticas, conocidas como comercialización a puerta fría, hay «un fraude» masivo por el que los comerciales acuden a los domicilios de los usuarios para cambiarles sus contratos «mediante todo tipo de engaños, ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas«.

En 2016 la asociación trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denuncias de 270 usuarios de toda España que habían sido víctimas de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas. La CNMC ha sancionado a varias compañías por este tipo de fraudes y en la actualidad analiza los casos denunciados por la asociación, añadió Facua, que reclama al Gobierno que actúe para eliminar «una práctica agresiva que deja desprotegidos a los consumidores ante los abusos y ofertas engañosas que reciben con estas visitas«.

Facua señala que ha contabilizado hasta 17 tipos de engaños para realizar las modificaciones contractuales. «En muchos casos, los comerciales ni siquiera aclaran a los usuarios que les están ofertando otras tarifas, sino que les hacen creer que tienen que firmar un documento para autorizar a su compañía al cambio o reparación del contador, a la aplicación de un descuento o a actualizar su contrato porque el vigente ya no se ajusta a la ley», añaden.Además, advierte que con el cambio al mercado libre los usuarios con bono social pierden el derecho a este descuento, «agravando su situación económica”.

De todas maneras, algunas compañías ya han adoptado medidas para intentar atajar las malas prácticas en esta comercialización puerta a puerta.Así, por ejemplo, Gas Natural Fenosa ha inhabilitado este año a un total de 190 vendedores por llevar a cabo malas prácticas comerciales en la venta presencial a clientes, lo que supone el 4% de sus comerciales acreditados, y ha puesto en marcha un teléfono gratuito (900649243) donde los clientes pueden consultar si el vendedor tiene la acreditación en vigor y si las ventajas de las ofertas que ofrece se corresponden con la realidad.

Cae una red de empresas piratas por un fraude con descuentos en la luz de hasta el 30% para pymes

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Europa Press.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al menos a 18 personas en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana por formar parte de una organización criminal liderada por una única persona que, con ayuda de una amplia red de testaferros, defraudó 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como otros 14 millones a la Hacienda Pública y 20 millones en peajes no recaudados.

La organización desmantelada en este operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que mantiene abierto y en secreto las diligencias, sobre todo en lo que afecta al entramado internacional, hacía negocio con el desfase entre la energía contratada y pagada y la que posteriormente consumían 4.000 clientes, entre los que destacan grandes pymes y algunos de alta tensión y clientes domésticos.

De la operación Ámbar informaron el teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Francisco Almansa, y la subdirectora adjunta de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Paloma Espeja. Fue este último organismo el que alertó de un fraude al detectar el desfase entre la energía contratada y la finalmente comercializada. La UCO investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó, permitiéndose que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes. Se detuvo a 18 personas en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.

«El movimiento es lo que caracteriza a esta organización, todo tenía que hacerse muy rápido«, explicó el teniente coronel de la UCO, que puso en valor que por primera vez se haya conseguido acusar penalmente a unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras y a Hacienda. La organización criminal ofrecía descuentos de entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según detalló la subdirectora de Energía de la CNMC. «Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy competitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase», explicó Espeja.

La red se aprovechaba de los 4 meses que transcurren hasta que la CNMC abre investigaciones por los desfases entre la demanda contratada y la finalmente consumida. Disponía de 2 centros operativos con oficinas en Madrid y Barcelona, que fueron registradas en la operación, cuando se detuvo a los primeros 14 integrantes de la organización. Desde Madrid gestionaban la relación con las comercializadoras eléctricas, principales perjudicadas de un fraude que también tenía un «coste indirecto en el aumento del precio de la luz que paga el usuario final». En Barcelona se canalizaban todos los fondos, con un canal de blanqueo aún pendiente de investigación, a semejanza de lo que ocurre con otros fraudes parecidos en sectores como el de hidrocarburos.

Los responsables de la investigación han subrayado que en la CNMC existe un comparador de precios con tarifas máximas y mínimas, por lo que una tarifa con descuentos por debajo de esta horquilla resulta para los supervisores «sospechoso». El teniente coronel de la UCO se mostró convencido de que, tras la operación Ámbar (electricidad en griego), «bajarán el número de empresas piratas» en un mercado en el que compiten 450 comercializadoras, un número elevado en comparación con otros países, según los responsables de la CNMC.

La factura de la luz se encarece un 3,34% en noviembre

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Europa Press.- Un consumidor doméstico medio pagó 71,69 euros en su factura de la luz de noviembre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,34% respecto a los 69,37 euros de noviembre de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 2,32 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 71,69 euros abonados en los 30 días de noviembre del 2017, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de noviembre, 41,49 euros obedecen al consumo, 2,88 euros al impuesto eléctrico y 12,44 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de noviembre subió un 3,02% respecto al mes anterior, octubre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,39 euros en noviembre respecto a los 2,32 euros de octubre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube por tercer mes consecutivo después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró febrero y marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y del final del año pasado.

Con esta subida interanual en noviembre, el recibo de la luz cerró los primeros once meses del año con una subida del 11,69% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en noviembre ha contribuido a que el recibo de los once primeros meses del año se haya situado en 755,57 euros, 79,12 euros más frente a los 676,45 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros once meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 165,71 euros por el término fijo, de 428,36 euros por el consumo, de 30,37 euros por el impuesto de electricidad y 131,13 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 12,15%.

El impacto de la sequía

La fuerte sequía que sufren los embalses, que ha hecho que la producción hidroeléctrica se haya visto mermada con respecto a los ejercicios anteriores, así como una menor presencia de renovables, han mermado, al igual que en los últimos meses, la presión de ambas fuentes de energía baratas en el mix. Esto implica la entrada de las fuentes fósiles, ciclos combinados y carbón, para la generación, lo que presiona al alza los precios de la electricidad, el conocido como pool.

Facua-Consumidores en Acción advierte de que estos precios de la electricidad avecinan otro invierno «especialmente duro» para las familias con menos recursos económicos, que «un año más se privarán del uso de la calefacción o sufrirán cortes por su falta de capacidad de pago, dada la ausencia de medidas por parte del Gobierno para paliar la pobreza energética«. Asimismo, lamenta la pasividad del Gobierno «ante la injustificada carestía del recibo de la luz que sufren los usuarios, víctimas de un oligopolio que en lugar de competir, especula con las tarifas».

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que esta subida de la luz afecta directamente a los clientes en la tarifa regulada, el conocido como PVPC, pero «indirectamente también a otros hogares que tengan que revisar sus tarifas, ya que probablemente esta revisión será al alza». Así, destaca que «son muchas» las compañías del mercado libre que han incrementado sus precios y es la tarifa en horario valle que disfrutan los hogares con discriminación horaria la que sufre «un mayor incremento».

Optimismo de Nadal con 2018

Por otro lado, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha manifestado que «se puede ser más optimista» de cara a la evolución de los precios de la electricidad en 2018, tras «un año difícil en el ámbito energético». «Encaramos 2018 en mejores condiciones que las difíciles condiciones de 2017″, aseveró el ministro, justificando el encarecimiento de la energía hasta ahora por «una sequía que todavía dura e impacta mucho en el recibo, y también por la subida del precio del petróleo».

«Si comparamos estos precios con los del año 2015, son mejores, pero peores que los del 2016», argumentó, sosteniendo que el precio de la luz en España es «equivalente» al del resto de los países europeos. Así, puntualizó que, a pesar de que España aparece como uno de los países donde la energía es más cara, esto es porque el país incorpora en el recibo «el coste de las renovables, mientras que otros países cobran un impuesto fuera del recibo«.

En todo caso, el ministro ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno «para contener el precio del recibo», argumentando que la parte fija de la factura «lleva congelada más de 4 años», se han aprobado medidas para aumentar el almacenamiento de gas y «que no haya tantos problemas como a principios de 2017», y ya está en vigor el bono social. «Todo esto, en conjunto, nos hace pensar que se han tomado medidas adecuadas y que los precios, que empezaron muy mal en enero, que hacía mucho frío y con los precios muy altos en el resto de Europa, han ido mejorando y tenemos precios mejores que Francia, Italia y que buena parte de los países europeos», ha manifestado.

Nadal asegura que pretende evitar la tentación de que se cierren unas centrales para que otras sean más rentables económicamente

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reiterado que el objetivo del real decreto en el que trabaja el Gobierno para endurecer los motivos para cerrar centrales eléctricas es evitar «la tentación» de algunas empresas de «cerrar una central que, aunque es rentable, cerrarla hace más rentables las otras que tienen«.

Nadal insistió en que la decisión de cerrar centrales «no puede ser una mera decisión empresarial, tiene que tener controles«. Por ello, consideró «muy importante» que el mix energético se decida desde «la política pública» ya que «el mix sí que marca la tendencia» y puede «afectar a los precios del mercado». A este respecto, Nadal afirmó que el cierre de centrales es algo que «no está normativamente regulado», ya que no hacía falta debido a que no había peticiones de clausura o las que había eran de plantas obsoletas.

No obstante, reconoció que existe un exceso de capacidad de generación en España, por lo que habrá que ver «qué tipos de centrales se tienen que cerrar», pero siempre de manera «ordenada» y cumpliendo con los objetivos de seguridad de suministro, climáticos y «al mejor precio posible». «Dentro de los objetivos medioambientales, nuestro objetivo es hacerlo al menor precio», añadió.

Así, en el caso de petición de cierre de una central, señaló que el objetivo es que se esté seguro de si esa planta es necesaria, ya sea por cuestiones de seguridad de suministro, medioambientales o de precio. De ser así, se llevará a cabo una subasta si el operador no la quiere «ya que si tiene comprador es rentable«.

En el caso de no contar con un comprador interesado en la subasta, se procedería a su cierre o, si es necesaria, se acudiría a un sistema de pagos por capacidad, «que tenga respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Europea para que no se considere ayuda de Estado», expuso Nadal.

Por su parte, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, acusó a Nadal de utilizar el argumento de la posible subida del precio de la luz si se cierran las nucleares «como un chantaje a la sociedad». Así, subrayó que el precio lo marca el gas dentro del mercado marginal, «independientemente de que siga existiendo la energía nuclear», por lo que retó al ministro a decir «de dónde sale ese dato de incremento del precio» del 25% si se elimina la nuclear. «Diga también qué sobrecoste tendría para el sistema su pago por capacidad a las nucleares si saliera adelante», concluyó.

Casi el 75% de los contadores eléctricos ya eran inteligentes al acabar 2016, un 5% más de los previstos

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Europa Press.- Un 74,5% de los contadores de la luz ya eran inteligentes, es decir, con capacidad de medida y telegestión efectivamente integrados en la red en diciembre de 2016 casi un 5% más del ritmo previsto en los objetivos de implantación, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el número total de los equipos con capacidad de medida y telegestión alcanzó los 23 millones, de los que más de 21 millones se encontraban efectivamente integrados y operativos. El número total de contadores asciende a unos 28,2 millones. Estas cifras constatan el buen ritmo de introducción de los contadores inteligentes, un proceso que, al ser técnicamente complicado, hizo que en la normativa se estableciera para las compañías un ritmo gradual de sustitución.

A cierre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada debía estar sustituido. Esta cifra se ampliaba entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 hasta un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante. Así, según los datos de la CNMC, se ha sobrepasado en casi cinco puntos porcentuales el hito exigido de sustitución de contadores para el cierre de 2016.

Por provincias, Cuenca y Melilla fueron las zonas donde se sustituyó un menor número de contadores, mientras que Salamanca y Castellón fueron las provincias con mayor grado de implantación del plan de sustitución. A finales de 2016, Cuenca fue la única provincia española que no alcanzó el 70% de contadores sustituidos, con sólo un 61%. En esta provincia distribuyen energía eléctrica siete empresas diferentes, aunque el 95% del mercado se concentra en tres de ellas.

La sustitución de los contadores tradicionales por los inteligentes permite realizar la facturación considerando los valores horarios de consumo. A este respecto, la CNMC recuerda que las distribuidoras deben facilitar al consumidor los datos de la medida horaria para la facturación y hacerlos accesibles a través de su web. Las curvas de carga horarias emitidas por las distribuidoras de más de 100.000 clientes cuentan con un 93% de datos reales, siendo estimados el 7% restante. Las distribuidoras con menos de 100.000 clientes tienen más problemas tienen para obtener lecturas reales.

Energía modifica el servicio de interrumpibilidad, cuya subasta pone en juego 2.600 MW de potencia interrumpible para los grandes consumidores

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la orden que modifica el servicio de interrumpibilidad eléctrica, el mecanismo por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. Esta subasta se celebra esta semana en la Feria de Valladolid y estará administrada por Red Eléctrica de España (REE). Los grandes consumidores de electricidad aspiran a la asignación de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible.

En concreto, estos 2.600 MW de potencia interrumpible a subastar estarán repartidos en 376 bloques del producto de 5 MW (1.880 MW) y ocho bloques del producto de 90 MW (720 MW), según REE. Esta adjudicación, por la que competirán cerca de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico, se limitará a un periodo de 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Gobierno justifica esta limitación temporal en la necesidad de adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018. El mecanismo de asignación será similar al de los años anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW por año para los productos de 5 MW y de 270.000 euros/MW por año para los de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros.

El Gobierno modificó este año el sistema de interrumpibilidad. Entre las novedades introducidas figura la posibilidad de activar el servicio por criterios económicos. En este caso, el operador hará que entre en juego la interrumpibilidad si es más barata que los servicios de ajuste del mercado diario. La aplicación del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos se realizará por cantidades mínimas de 200 megavatios (MW) y máximas de 500 MW en cada hora, de acuerdo con el cumplimiento de algunas condiciones. Además, en caso de su activación por este criterio, entre los adjudicatarios del servicio se establecerá un sistema de turnos rotatorios como criterio de orden para requerir su activación.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de una opción de reducción de potencia.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó las propuestas del Ministerio al considerar «elevado» el coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propuso que se justificase su necesidad. El organismo consideró que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

La CNMC se subleva

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Los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el último mes vienen incorporando una inusitada oposición a las directrices del Ministerio de Energía. Oposición que se muestra sin eufemismos ni medias tintas y que ha causado sorpresa en los medios de comunicación especializados. Es lo que ha pasado con el plan invernal del Ministerio de Energía para aumentar las obligaciones de reservas de gas que tendrían que realizar las empresas, derivado de su consideración de la garantía de suministro para eventuales momentos de frío extremo.

La CNMC considera que esta propuesta incidía al alza en las tarifas a los consumidores gasistas, además de señalar que el departamento que dirige Nadal no había evaluado los costes para el sistema de pasar de contar con un almacenamiento obligatorio de 2 días a uno de 3 días y medio. Medida que seguramente también tiene que ver con la resolución que obliga a los operadores principales de gas a ser creadores de mercado obligatorios por cuatro años. Energía quiere presionar para que haya abundancia de gas garantizada más allá de los mecanismos de mercado.

Además, la CNMC le recordaba al Ministerio de Energía las posibilidades existentes de aprovisionamiento basadas en el abastecimiento en los mercados nacionales e internacionales gracias a la red de regasificadoras, la gestión de los almacenamientos subterráneos y la intervención del propio gestor del sistema gasista Enagás, posibilidades que hacen innecesaria una medida coactiva de estas características con el consiguiente efecto en los precios al consumidor.

Remontándonos más atrás, pero también recientemente y de una forma especialmente explícita, la CNMC se pronunció contra los mecanismos de gestión de la demanda a través de la subasta de interrumpibilidad propuesta por Energía y sus pagos. Dado que los informes de la CNMC no son vinculantes,  la importancia de este informe estribaba en su posicionamiento: un cuestionamiento abierto y desnudo de este mecanismo por su elevado coste y ausencia de justificación de la necesidad.

Además, en una lectura de su contenido, este informe cuestionaba la práctica totalidad de mecanismos de subsidios cruzados existentes en los costes de acceso al tiempo que, descarnadamente, enunciaba todos los procesos de investigación que la Comisión Europea tiene sobre España en materia de energía y que podrían estar relacionados con unas tarifas de acceso que quieren absorber decisiones políticas discrecionales, junto con su misión imposible de su irreal contención por vías «creativas» o heterodoxas.

Ahora, como en las películas de vampiros, se reabre un ataúd con otra latente controversia entre CNMC y Ministerio, consistente en la oposición que este organismo mantiene contra el mejoramiento de las tarifas de acceso a las industrias radicadas en el País Vasco, medida resultante de las componendas del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2014 y que este año el Ejecutivo había comprometido con el PNV.

Hablemos del escenario. El momento temporal también es importante. Crítico. Estas diferencias se transparentan mientras se producen las «negociaciones» con la Comisión Europea por la atribución de competencias en materia de fijación de los peajes de acceso que el Ministerio quiere retener a toda costa y que la CNMC se atribuye. La concepción de la política española de que la CNMC debe ser dependiente del regulador principal es un ejercicio vertical que no comprende el papel de estos órganos independientes en los países occidentales con sistemas de contrapesos más eficientes.

Finalmente, en la crisis relacional y diplomática entre los dos reguladores, se apunta a la disminución de la influencia de la vicepresidenta María Fernández dentro del organismo. Hasta el momento todas las fuentes confirman el papel que ha tenido Fernández como gozne entre los intereses políticos de Nadal y los pronunciamientos que éste necesitaba de la CNMC. Algo que parece normal en la vertical política española, dónde la representación política llega a los extremos técnicos y económicos. En todo caso, esa debilidad y pérdida de ascendencia sobrevenida es un elemento que está agudizando este desencuentro.

En resumen, la CNMC está reivindicando su papel como organismo independiente, sublevándose de forma cada vez más explícita. Energía, mientras tanto, cada vez tiene más frentes abiertos, tanto en su relación con la Comisión Europa como con los organismos independientes.