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Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Nadal asegura que se mantendrá la retribución en las actividades reguladas pero modificando la base sobre la que se calcula

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Europa Press.- El Ministerio de Energía trabaja en un borrador que prevé introducir ajustes en los costes regulados del sistema energético. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que «la retribución se va a mantener» en las actividades reguladas de los sectores del gas y el eléctrico, y que lo que se prevé que sea modificado es la base de los activos sobre la que ésta se calcula.

«Siempre se va a mantener la retribución. Lo que estamos hablando es si está bien calculada la base de activos. Si aquellos activos sobre los cuales se hace la retribución están bien calculados tanto en electricidad como en gas», ha explicado el ministro. Nadal ha detallado que la propuesta del Ejecutivo «todo el mundo la ha visto bien» en una primera aproximación y que se está trabajando para que estos cambios entren en el saldo de este año, aunque ha subrayado que aún no está definido qué instrumento parlamentario se acabará utilizando y ha indicado que preferiría que fuera una enmienda en el Senado, para la que ya se está hablando con los otros grupos.

«Los grupos parlamentarios muchas veces critican al Gobierno que está en demasiada connivencia con el sector. Cosa que no es así. Ahora se tendrá que demostrar su participación en modificaciones que son muy técnicas», ha defendido. Preguntado por el impacto que esta medida podría tener sobre el sector, Nadal ha indicado que «se tendrá que ver«. Estas modificaciones se enmarcarían dentro de los esfuerzos del Gobierno por reducir costes regulados de electricidad y gas y, en ese sentido, el Ejecutivo mantuvo congelados los peajes de electricidad y gas para 2018, por quinto año consecutivo para la electricidad y por cuarto año consecutivo para el gas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya consideró recientemente necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica mediante una metodología que permita adecuarla «al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

Según el regulador, el marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución eléctrica (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apuntaba a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, señalaba que la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

Las consecuencias en Bolsa han sido inmediatas, al igual que el pasado septiembre, cuando un informe del banco estadounidense Goldman Sachs, en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución del sector eléctrico español para la próxima revisión para el periodo 2020-2025, ya provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

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Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

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Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

Energía achaca a la falta de respaldo político no poder dificultar el cierre de centrales eléctricas con rango de ley

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Europa Press.- Mientras Luis Tudanca, del PSOE de Castilla y León, espera que el PP no haga lo mismo con la térmica de Velilla que con Garoña y deje «tirada» la comarca, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha esgrimido que la falta de respaldo del resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente del PSOE, ha impedido que la normativa para endurecer el cierre de centrales eléctricas se haya podido aprobar mediante un real decreto ley.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal recordaron que a lo largo de 2017 el Gobierno trabajó con este objetivo de sacar adelante una propuesta conjunta para elaborar una normativa con rango de ley con la que regular el cierre de centrales eléctricas, aunque no fue posible al no contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento. Ante esta situación, el Ministerio optó por una regulación para establecer las condiciones que no dejaran el cierre de centrales en manos de decisiones empresariales. Eso sí, con un desarrollo reglamentario sin rango de ley.

El PSOE teme el futuro

Por su parte, Luis Tudanca no se fía de que el PP no haga lo mismo con la central térmica de Velilla que lo que hizo con Garoña en Burgos y deje «tirada» a la comarca y los trabajadores de la térmica. «Estamos esperando que tome alguna decisión» añadió, pero se ha mostrado poco esperanzado porque en Garoña el PP prometió durante años que con ellos en el Gobierno nunca cerraría y que pondrían un Plan de Reindustrialización en marcha.

Tudanca no quiere ser «agorero» pero ha recordado que hace más de 5 meses que el PP firmó «la sentencia de muerte» de Garoña y desde entonces están esperando un Plan de Reindustrialización. «Espero que eso no pase aquí, que no deje tirados ni a los trabajadores de la térmica ni al resto de la comarca» ha aseverado, al tiempo que enumeraba los problemas con los que cuenta la zona.

La CNMC se opone al decreto que dificulta el cierre de centrales eléctricas porque introduce excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de decreto del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica al considerar que introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios adicionales al de seguridad de suministro para denegar el cierre de las centrales como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

Propone ayudas de Estado ilegales

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio, la CNMC cree que es «muy complejo» y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, «lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea«.

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario. Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente. Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (el 50% del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar 3.000 MW de potencia interrumpible. En el caso de las dos centrales térmicas para las que Iberdrola ha solicitado su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo, en el horizonte 2020-2030, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual. Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales, en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón, y el crecimiento de la demanda. Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual, excepto la mitad de las centrales de carbón, se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.

El PSOE lamenta que el Gobierno sea “incapaz” de controlar el precio de la luz por la subida de 2017

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Europa Press.- La subida del precio de la luz en 2017 provocó que el precio de este recurso alcanzara su nivel más alto desde 2008. Para el consumidor medio, el encarecimiento ha supuesto un alza del 10,3% y la factura pasó de 753 euros en 2016 a 830 euros el pasado año.

Tras recordar los argumentos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el encarecimiento, como las condiciones meteorológicas, el encarecimiento del petróleo o la utilización del gas natural y carbón, la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio ha criticado que el ministro sea “incapaz de controlar» el precio. «El Gobierno sigue culpando a la meteorología. No nos sorprende: forma parte de la inacción del Gobierno, marca de la casa», ha ironizado, lamentando que «si no hubiera paralizado el desarrollo de renovables» este precio «sería más barato».

Por su parte, Unidos Podemos y Compromís han recordado las recientes informaciones acerca de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acerca de la presunta manipulación del precio en 2013. «Rato nos diría »Es el mercado, amigo’, pero la UCO no sólo habla de abusividad, de esa fórmula Juan Palomo para asignar precios, sino a indicios razonables de criminalidad, de saqueo que responde al modelo de puertas giratorias», han aseverado desde Unidos Podemos, añadiendo que la subida «engrasa» esas puertas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, subrayó que no se trata sólo de esa subida, sino que, a finales del pasado año, la CNMC abrió un expediente ante una subida de la luz similar por subidas entre octubre de 2016 y enero de 2017. El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido al Gobierno hacer el mercado «eficiente, competitivo, sostenible con el medio ambiente y que no se cargue toda su factura a los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, ha recordado que los peajes contenidos en la factura de la luz cargan «malas políticas energéticas», como un déficit tarifario de 2.500 millones o las primas renovables. En este sentido, esgrime que la parte regulada de los peajes, los costes de transporte y distribución, se encuentra congelada desde 2016, y que si la generación de energía se encareció fue por una apreciación del 20% del carbón y del 27% del gas, necesarios para garantizar el suministro.

La CNMC pide no facilitar el dato de la comercializadora eléctrica vigente, ya que da ventaja a las principales compañías

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Ministerio de Energía que las comercializadoras eléctricas no tengan acceso al dato que revela la comercializadora vigente del consumidor ya que «existe un riesgo» de que su conocimiento beneficie a las grandes comercializadoras y tenga «efectos anticompetitivos«.

La CNMC considera que el conocimiento de este dato puede plantear problemas para «la dinámica competitiva del mercado» puesto que se trata de una información que es más útil para las grandes comercializadoras, que pertenecen a los 5 grandes grupos de compañías distribuidoras de España (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo), que para las pequeñas. De hecho, el organismo señala que las comercializadoras alternativas ya saben por defecto que su principal rival en una zona es la comercializadora del grupo distribuidor eléctrico que opera en dicho lugar.

Rectifica su criterio la CNMC

Así, la CNMC subraya que publicar el dato del comercializador vigente del usuario perjudica a los nuevos entrantes que no pueden hacer ofertas concretas. Sin embargo, sus estrategias de expansión quedan reveladas ante otras empresas ya instaladas. De esta manera, el organismo, que había planteado anteriormente que se incluyera el dato del comercializador vigente considerando que el sistema era así más transparente y facilitaba su supervisión, cree ahora que «únicamente» la CNMC debería tener acceso a este dato. De esta manera, el regulador da respuesta a la consulta que realizó la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE), en la que solicitaba cambios en la información sobre la compañía comercializadora del usuario para que no se pusiera en riesgo su posición competitiva.

Las compañías comercializadoras de electricidad utilizan una base de datos conjunta que se conoce como SIPS (Sistema de información de puntos de suministro de gas natural y electricidad). A través de ella, pueden acceder a información sobre los clientes del mercado eléctrico para elaborar sus ofertas y atraer clientes mediante condiciones más ventajosas. De hecho, esta base de datos ha jugado un papel muy relevante en la introducción de competencia en el mercado minorista de electricidad en España, destaca la CNMC. Las características de esta base de datos (SIPS) quedaron establecidas a través del Real Decreto 1074/2015, en el que ya se modificaron determinadas disposiciones en el sector eléctrico elaborado por el Ministerio de Energía.

Las principales compañías eléctricas financiarán el 95,4% del coste del nuevo bono social de electricidad

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Europa Press.- Las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, se harán cargo de casi el 95,4% del coste del nuevo bono social, frente al 96% que soportaban con el anterior sistema. Según el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Ministerio de Energía, Endesa asumirá el 37,14% del total; mientras que Iberdrola correrá con el 35,04%, correspondiéndoles así más del 72% del total entre las dos empresas.

Por su parte, Gas Natural Fenosa se hará cargo de la financiación del 15,81%, mientras que EDP, contando Cide, sufragará el 5,17% y Viesgo el 2,2%. En total, la CNMC ha incluido en la lista para participar en la financiación del bono social eléctrico de 2018 a un total de 232 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica sin que formen parte de ningún grupo y 18 matrices del grupo de sociedades que desarrollan esta actividad. Al resto de empresas, fuera de las principales compañías eléctricas, les corresponde porcentajes inferiores al 1%. Así, Fenie Energía, la comercializadora de las empresas instaladores, será la que más aporte de las pequeñas, con un 0,88%.

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el nuevo bono social de electricidad, basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supone descuentos del 25%, el 40% y el 100% en la factura de la luz, según los casos. Este nuevo decreto regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes.

No obstante, las grandes eléctricas, e incluso algunas más pequeñas, ya han presentado sus recursos contenciosos-administrativos contra este real decreto. En octubre de 2016, el Supremo ya tumbó el anterior mecanismo de financiación del bono social al estimar los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo y reconocer el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. Este fallo del Supremo anuló el mecanismo de financiación del anterior bono social eléctrico, circunstancia que obligó al Gobierno a diseñar este nuevo sistema.

Unesa pide una metodología «objetiva» para revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica del período regulatorio post-2020

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Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas (Unesa) demanda una metodología «objetiva» para llevar a cabo la revisión de la tasa de retribución financiera de la actividad de distribución eléctrica de cara a su siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020.

Unesa asegura compartir el criterio expresado por la CNMC de que «llegado el momento de la revisión de la tasa de retribución financiera, se debería adecuar ésta al coste de los recursos propios y ajenos de las empresas distribuidoras». Para la patronal, la CNMC constata «el enorme esfuerzo» realizado por las empresas para mejorar «su eficiencia, rentabilidad y calidad de servicios a los consumidores». Así, considera que todas las variables analizadas por el organismo reflejan «la mejora de gestión empresarial» de las empresas distribuidoras que conforman Unesa, por ejemplo «a través de un parámetro tan representativo como el descenso significativo de los gastos de explotación«.

Además, añade que este esfuerzo empresarial también es extrapolable al área de las inversiones, que la propia CNMC cuantifica en más de 1.000 millones de euros anuales, «lo que ha redundado en una mejora continuada de los estándares de calidad y de servicio (el tiempo medio de interrupción se redujo en un 32% en 2013-2016)». Finalmente, Unesa recuerda que España dispone de «una de las redes eléctricas más eficientes en coste y calidad de suministro del mundo y pionera en la implantación de contadores inteligentes».

La CNMC publicó su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico, en el que considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará en 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos. Además, la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. La rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.