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PSOE, Podemos y Ciudadanos celebran el cierre de Garoña pero señalan la tardanza del Gobierno en confirmarlo

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Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han celebrado la decisión del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), anunciada por el Gobierno este martes 1 de agosto, pero han señalado «el tiempo perdido», el «retraso» y «tardanza» del Ejecutivo en tomar la decisión.

La portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Pilar Lucio ha señalado que «se ha perdido un tiempo precioso» en el debate sobre la continuidad de la planta, que lleva en cese operativo reapertura de la planta y que el parque nuclear español «no necesitaba Garoña».

Lucio ha asegurado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que «explique en sede parlamentaria cuáles son los planes del Gobierno sobre el alargamiento de la vida útil del resto de centrales» y para que aclare «cuál es el modelo energético» que busca, al tiempo que reclamarán que se «abra el diálogo y se lleve a cabo un debate» sobre el futuro energético.

En este sentido, Lucio ha señalado que la posición del PSOE sobre las centrales nucleares «es clara»: «Pedimos el cierre progresivo de las plantas según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil», ha recordado.

Además, el secretario del área para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha asegurado que la decisión adoptada por Gobierno es «la más razonable», aunque «llega tarde». A su juicio, ha sido el Ejecutivo el que ha hecho de Garoña «un instrumento de acción electoral y de desgaste» contra el PSOE.

Asimismo, la diputada por Burgos Esther Peña ha pedido que se ponga en marcha el plan de reactivación económica «que permita tener una oportunidad de futuro a las familias» la zona. En este sentido, Peña ha lamentado que el ministro Nadal «ha olvidado anunciar que pondrá en marcha el plan de reindustrialización que eliminó hace 5 años».

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en el Congreso por Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha dicho que «por fin se termina el culebrón de Garoña» y que la decisión llega con «5 años de retraso». «El Gobierno nos ha dado la razón y reconoce que la central no puede funcionar en condiciones de seguridad», ha señalado.

A juicio de Uralde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy «ha intentado el experimento de alargar Garoña para sentar un precedente y alargar el resto» de centrales nucleares españolas, pero «no les ha salido bien». «El futuro energético español pasa por las renovables», ha sentenciado.

Mientras tanto, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez ha señalado la «tardanza» del Gobierno: «No entendemos que se haya tardado tanto tiempo en tomar una decisión como ésta». No obstante, ha señalado que se «congratula» de la decisión del Gobierno de cerrar el silo nuclear, porque Garoña «es inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad y no aporta casi nada al mix energético español».

Así, Gutiérrez ha pedido al Gobierno que «deje de pensar solo en los intereses de determinados colectivos energéticos españoles», y que España «merece tener una energía limpia».

Reacciones en Twitter

Varios dirigentes políticos han optado por reaccionar ante el cierre definitivo de Garoña a través de la red social Twitter. Es s el caso de la presidenta del PSOE y ex consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona, que ha escrito en un twit: «Garoña cierra, a pesar de los esfuerzos del Gobierno PP por mantenerla, cambiando prácticas del CSN. Años perdidos para crear empleo alternativo en la comarca».

También el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha publicado en la red social: «Ya era hora. La lucha ciudadana sirve, sirve y sigue. Porque ahora hay que conseguir el cierre de las demás».

Por su parte, el secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha retwiteado la cuenta oficial de su partido que ha escrito en la red social: «Enhorabuena todos los colectivos y compañeros/as que dijeron #GaroñaNiDeCoña».

Desde el Partido Popular, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso ha escrito desde su cuenta personal: «El cierre definitivo de la central de Garoña es una decisión responsable e inteligente del Gobierno de España y una magnífica noticia».

Por el contrario, el presidente de Jóvenes Nucleares, José García Laruelo, ha reaccionado también en su perfil de la red social: «Lamentamos mucho la noticia de la denegación de la autorización de explotación de Garoña».

Ciudadanos quiere prohibir las prospecciones en el Mediterráneo europeo mientras el PSOE exige que comparezca Nadal para explicar su veto

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Europa Press.- El grupo socialista del Congreso exigió la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para explicar su veto a la tramitación de la ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Por su parte, los diputados de Ciudadanos, Antoni Cantó, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, y Fernando Navarro, han asegurado a la Alianza Mar Blava que mantienen su «total apoyo» a esta ley y que les gustaría ampliar la prohibición a «todas las aguas europeas del Mediterráneo».

Desde la Alianza se ha insistido a los representantes de Ciudadanos en que la prerrogativa que tiene el Gobierno central de vetar una proposición de ley tiene que basarse en argumentos ciertos, lo que «no es el caso del veto» del Gobierno. Según dicen, la justificación de este veto se basa «en argumentos que no se sostienen jurídicamente y, además, que un veto sólo está justificado cuando hay una afección real al presupuesto corriente», es decir, a los Presupuestos estatales que están en vigor, y que «ese tampoco era el caso» con la proposición de Ley de protección del Mediterráneo.

Por esto, les han aportado a Ciudadanos un informe jurídico sobre «la falsedad» de los argumentos del veto del Gobierno. En este sentido, los representantes de Ciudadanos aseguraron que lo que habían hecho había sido pedir «inmediatamente» explicaciones al Gobierno sobre los argumentos económicos contenidos en su informe de veto. De esta manera, en virtud de la respuesta del Gobierno, que tendría que ser enviada, de acuerdo con los plazos, a principios de agosto, y de lo «convincente» que ésta fuera, tendrán que replantearse su veto en la Mesa del Congreso, la cuál no se reunirá hasta mediados de septiembre.

PSOE exige comparecer a Nadal

El diputado socialista por Baleares, Pere Joan Pons, ha reclamado explicaciones al ministro por su bloqueo a una ley que «surgió de la iniciativa popular y que fue aprobado por unanimidad» de todos los partidos en el Parlamento autonómico, «incluso con los votos del PP aunque ahora su portavoz reconozca que no lo deberían haber hecho», según indicó el PSOE.

Con todo, Pons ha recordado que los socialistas del Congreso han defendido en varias ocasiones la tramitación de esta iniciativa legislativa tras el veto de la Mesa, pidiendo a este órgano que reconsidere su decisión siguiendo el camino marcado por el Gobierno. Así, los socialistas pretenden que el ministro de Energía explique a la ciudadanía por qué el Gobierno no quiere prohibir las prospecciones petrolíferas en aguas del Mediterráneo y recordaron el «peligro ambiental y económico que suponen estas actividades ante las costas de Baleares».

El juez declara en concurso de acreedores a Isolux Corsán y Comisiones Obreras advierte del daño para la marca España

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Europa Press.– La federación de construcción y servicios de CC.OO. ha trasladado a los partidos políticos «el daño que está provocando a la marca España» la situación por la que atraviesa Isolux Corsán, al de abandonar sus proyectos internacionales por entrar en concurso de acreedores después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid haya declarado en concurso de acreedores a Isolux Corsán y 6 de sus filiales, según un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los acreedores del grupo tendrán un mes para informar al administrador concursal de los créditos que tienen con la compañía. Los deudores conservarán las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales mediante su autorización o conformidad. El consejo de administración de Isolux Corsán solicitó el concurso de acreedores para el grupo y 6 de sus filiales después de 2 años tratando de superar sus dificultades financieras y, en último término, tras no lograr un inversor que entrara en su capital y lo rescatara. En este escenario, el consejo de administración presentó en bloque su dimisión con el fin de «facilitar la gestión de la nueva etapa».

El concurso de Isolux es el mayor de una compañía de construcción de los últimos años y de los de más dimensión de la historia empresarial española junto con los de Martinsa Fadesa, Abengoa, Nueva Rumasa, Pescanova o Reyal Urbis. Isolux recurrió finalmente al concurso tras dos años tratando de superar sus tensiones de liquidez y financieras y al no poder acometer una segunda reestructuración de su deuda apenas un año después de que en julio de 2016 fuera rescatada por sus bancos acreedores, que desde entonces controlan la compañía.

El grupo, en preconcurso desde el mes de abril, buscó en los últimos meses un socio que entrara en su capital, inyectara fondos y lo reflotase, pero no tuvo tiempo para conseguirlo. No obstante, se recibieron finalmente 6 ofertas, presentadas por distintos inversores interesados sobre distintos negocios de la división de construcción e ingeniería de la empresa. Se trataba de propuestas que se comprometían a subrogar no sólo a los trabajadores vinculados a los proyectos, sino también a otros de otras áreas. «Corresponde a los nuevos administradores, al administrador concursal y al juez, enjuiciar, valorar y, en su caso, aprobar alguna de estas propuestas recibidas que den continuidad a la labor empresarial y a los trabajos», declaró entonces la compañía.

Isolux se declara en quiebra con un agujero, un patrimonio negativo, de unos 801,9 millones de euros y una plantilla, tras el ERE pactado el pasado año, de 3.884 trabajadores. De ellos, los empleados de las firmas que están en concurso son 1.992 empleados, 1.104 de ellos, en España. Asimismo, a pesar del rescate y la reestructuración de deuda del pasado año, la compañía soportaba al cierre de abril una deuda de 1.270 millones de euros (de ellos, 557 millones ligados a proyectos). El grupo tiene una deuda de 405 millones con proveedores, pero, según asegura, cumple con el pago de las nóminas y el resto de obligaciones con los trabajadores (Seguridad Social e IRPF).

Daño a la marca España

Las principales organizaciones sindicales están llevando a cabo una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para abordar el problema por el que atraviesa la constructora. En concreto, los representantes sindicales han propiciado estas reuniones con el fin de exponer «la crítica situación en la que se encuentra la empresa». Isolux Corsán se encuentra bajo un concurso voluntario de acreedores y sus trabajadores están «viendo peligrar sus puestos de trabajo».

Los sindicatos se reunieron con el secretario de Empleo de la Ejecutiva del PSOE, Toni Ferrer. Posteriormente, se reunieron con Alberto Garzón (IU), y con el diputado de Ciudadanos, José Cano, y con el de Podemos Alberto Rodríguez. Los comités de empresa están entregando a todos los grupos un informe de la situación de la compañía, «donde queda reflejada la trayectoria de la empresa a lo largo de los últimos años» y en los que se están revelando «con más detalle» los hechos más relevantes que han provocado esta situación.

Entre otros temas, se han discutido las cifras que arrojan las cuentas auditadas y el hecho de que, tras realizar tres expedientes de regulación de empleo con sus respectivos planes de viabilidad la empresa, a día de hoy la empresa esté en concurso. CC.OO. asegura que los representantes sindicales de la compañía quieren preservar el máximo número de empleos, reclamar las deudas de las administraciones públicas con la compañía, y ver qué medidas se pueden aportar para continuar las obras y subrogar al personal, «controlando además la agilidad del concurso».

El Congreso pide al Gobierno con la abstención del PP paralizar cautelarmente el almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso ha instado al Gobierno a paralizar cautelarmente el subproyecto de almacén de gas Marismas Occidental, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con 20 votos a favor de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos y ERC y con 16 abstenciones del PP y Foro Asturias.

La proposición no de Ley, defendida por la diputada de Unidos Podemos, Isabel Franco, pide al Gobierno que garantice la «máxima protección, preservación y conservación» del espacio natural de Doñana y que establezca las vías «legales necesarias y posibles» para paralizar cautelarmente el subproyecto, al tiempo que reclama informes sísmicos e hidrogeológicos. Además, reclama que el proyecto se evalúe de manera conjunta y global para poder conocer los efectos «sinérgicos y acumulativos» del proyecto ya que en la actualidad las evaluaciones ambientales se han realizado de forma parcial, al subdividirse en cuatro el proyecto total. Del mismo modo, la diputada propone revisar el proceso para conceder las Declaraciones de Impacto Ambiental para evaluar de forma correcta y conjunta los proyectos.

Franco acusó al PSOE y al PP de estar durante varios años en «clara connivencia» para favorecer a una corporación multinacional como es Gas Natural. En concreto, culpó a los Gobiernos de Zapatero y Rajoy y al expresidente Griñan de la Junta de Andalucía de dar las distintas autorizaciones ambientales. También se refirió al expresidente Felipe González a quien culpa de convertir Doñana en «un espacio de la gran corporación» cuando era presidente del Consejo Permanente de Doñana mientras era miembro del consejo de administración de Gas Natural. «Esto solo se puede comprender si se ha gobernado para proteger los intereses de las grandes empresas dando la espalda a la ciudadanía, a la sociedad civil y a Doñana», concluyó Franco.

Podemos celebra postura del PP

Asimismo, resaltó que «ha imperado el sentido común» en los grupos parlamentarios ya que no se ha emitido ningún voto en contra de paralizar el proyecto, «ni siquiera el PP se ha podido oponer». «Esto es muy buena noticia para los ciudadanos», subrayó la diputada que está sorprendida por la postura del PP. Sin embargo, reconoció que no confía mucho en el Gobierno porque «ha demostrado en muchas ocasiones que desoye lo que el parlamento le dice», aunque ha destacado que «por primera vez el PP, ha estado en contra del criterio mantenido hasta ahora».

Por su parte, la diputada socialista, Josefa Inmaculada González, ha defendido «de forma rotunda y clara» que la conservación del enclave para el PSOE «no tiene discusión ninguna ni es negociable» y ha pedido mantener la integridad del entorno y su buen estado. De este modo, considera que el proyecto gasístico se ha «desmembrado o desmenuzado» por el Gobierno de España. Por ello, ha apoyado la proposición no de ley porque estima necesario conocer los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto en su conjunto y no dividido en cuatro partes. «No podemos trocearlos y hay que ver la influencia de Doñana y todo el entorno, pero al Gobierno de España no le preocupa«, ha lamentado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha coincidido en la necesidad de evaluar de manera global el impacto del proyecto y ha sumado una enmienda transaccional in voce para evitar una «inseguridad jurídica de la iniciativa» que se ha incorporado al texto definitivo. Desde Esquerra Republicana, Francesc Xavier Eritja ha criticado que el Gobierno «sigue» dependiendo del petróleo y el gas, con buenas voluntades pero sin hechos.

Mientras, el diputado del PP, Jesús Postigo, ha explicado que las competencias de autorización son autonómicas y ha defendido que Doñana es mucho más que vida para todos los miembros de su partido y ha responsabilizado al PSOE del proyecto en su inicio, tramitación y aprobación y, en particular, a la Junta de Andalucía de «trocear el proyecto». En cuanto a la solicitud de la iniciativa de realizar informes geológicos e hidrogeológicos, Postigo ha asegurado que a lo largo de toda la tramitación se han emitido informes sobre riesgos geológicos y sísmicos por parte del IGME y del IGN sobre los riesgos geológicos y sísmicos.

Ciudadanos propone una moratoria a nuevas solicitudes de prospecciones en el Mediterráneo mientras el Gobierno balear pide cuentas a Madrid

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Europa Press /EFE.- El Gobierno balear reclamó por escrito al Ministerio de Energía información sobre los datos en los que se amparó su veto en la mesa del Congreso al proyecto de ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo propuesto desde el Parlamento balear. Mientras tanto, Ciudadanos presentó una proposición no de Ley para pedir que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas bajo jurisdicción española en el Mediterráneo.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente, insta al Gobierno a destinar dotación presupuestaria adecuada para alcanzar los objetivos ambientales detallados en la Estrategia Marina Demarcación Marina Levantino- Balear. Además, solicita que se acelere la declaración de la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) en el Corredor de Migración de Cetáceos localizado entre las costas de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Para ello, piden que se reduzca el nivel de contaminación acústica en las áreas de presencia de especies de cetáceos vulnerables y prohibiendo realizar operaciones de prospección sísmica marina con cañones de aire comprimido de alta presión, o por cualquier otro medio, salvo cuando se acredite la utilización de tecnologías inocuas.

Veto a ley de prospecciones

Por otro lado, ante el escrito del Ministerio al Congreso de los Diputados expresando su oposición a la tramitación de la proposición de ley por cifrar su impacto fiscal sobre la recaudación fiscal en 4,7 millones de euros, el consejero de Medio Ambiente de las Islas Baleares, Vicenç Vidal, envió una carta al Ministerio solicitando la cuantificación que supone cada uno de los actuales proyectos de prospecciones de hidrocarburos. Vidal pretende aportar los datos a la Mesa del Congreso para que atienda el recurso presentado por los grupos parlamentarios de la oposición en contra de la decisión de no tramitar el proyecto legislativo y rectifique.

El Ministerio alegó en contra de tramitar la proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como zona libre de prospecciones de hidrocarburos porque aprobar dicha iniciativa «atendiendo a los proyectos actualmente existentes» en el área, «podría representar un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros«. Vidal expresa en su carta “el enorme interés del Gobierno balear ante la tramitación de todos estos expedientes” y solicita una relación de esos proyectos «actualmente existentes en el área», y una cuantificación de los conceptos de cada uno hasta llegar a la cifra de 4,7 millones de disminución de ingresos del Estado a los cuales hace referencia el Ministerio.

El Gobierno balear considera «absolutamente insuficientes» los argumentos del Gobierno para vetar la tramitación de la ley y recuerda que se han planteado recursos a la decisión de la mesa del Congreso. Vidal considera que las preguntas al Gobierno español que ha registrado Ciudadanos sobre esta cuestión también “expresan las dudas de esta formación acerca de la solvencia de los motivos del Ministerio para oponerse a la tramitación” de la proposición de ley. El consejero confía en que dicho grupo parlamentario aproveche el recurso contra el acuerdo de la Mesa para rectificar su posición o que, como mínimo, espere a las explicaciones del Gobierno antes de ratificar definitivamente su veto.

El Senado rechaza con los votos del PP y Foro Asturias una comisión de investigación sobre el almacén gasista Castor

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Europa Press.- El pleno del Senado rechazó, con los votos de PP y Foro Asturias, la abstención de PNV y UPN, y el apoyo de resto de grupos, una petición de Compromís para abrir una comisión de investigación sobre el proyecto de almacenamiento de gas de Castor, situado frente a Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió.

El senador Jordi Navarrete, que ha defendido la iniciativa, ha agradecido el apoyo de los grupos promotores de esta comisión de investigación (Compromís, PDeCAT, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Unidos Podemos) y a Ciudadanos y PSOE por su «coherencia y responsabilidad» al sumarse y votar a favor. Por el contrario, ha criticado «el comportamiento totalitario y lobbista del PP y el entorno de los grupos de presión». Para el senador de Compromís, el proyecto de almacenamiento de gas Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué se produjo, quiénes son los responsables y por qué hemos tenido que repercutir en la factura de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», señaló.

Paralelamente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha comparecido en el Congreso para informar sobre el informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre el proyecto y en su intervención ha insistido en que los estudios anteriores a la construcción del almacén eran correctos y «no se podían prever» los terremotos en la zona. El ministro no ha adelantado si el Gobierno tiene planes próximos de desmantelar la plataforma.

El Gobierno veta la ley balear para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo por reducir los ingresos en 4,7 millones

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Europa Press.- El Gobierno vetó la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Baleares contra las prospecciones en el Mediterráneo alegando que implicaría una reducción de ingresos por importe de 4,7 millones de euros, así como un aumento del gasto por encima de los 160 millones de euros para compensar a las empresas. Se trata de una Ley aprobada por el Parlamento balear sobre la protección del Mediterráneo de los daños que pueda producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

En su escrito de disconformidad, el Gobierno comienza señalando que la iniciativa provocaría una disminución de los ingresos en 4,7 millones de euros, procedentes del impuesto y la tasa que grava actualmente estas actividades, que dejarían de ingresarse y que podría incrementarse. Este Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, según señala el Ejecutivo, grava el valor de los productos de dominio público extraídos en el ámbito de aplicación del impuesto, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación de los mismos. «La base imponible del impuesto está constituida por el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados», apunta el Gobierno.

«Atendiendo a los proyectos actualmente existentes, la aprobación de la ley podría suponer un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros en concepto de tarifas tercera (perforación de sondeos en permisos de investigación y concesiones de explotación) y cuarta (adquisición de campañas sísmicas en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación) del canon de superficie», apunta.

Pero este no es el único argumento del Ejecutivo para vetar este propuesta ya que, según señala, su aprobación también supondría un aumento de los créditos presupuestados en, al menos, 164 millones de euros. Esta subida sería consecuencia de las exigencias de responsabilidad patrimonial de los titulares actuales de concesiones de explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno señala que estas concesiones son títulos demaniales que autorizan a su titular a realizar el aprovechamiento de los recursos descubiertos, así como a proseguir los trabajos de investigación en el área.

«La actividad de la empresa titular se rige por el principio de riesgo y ventura pero dicho riesgo se asume en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos», apunta el Gobierno. Así, el Ejecutivo señala que, atendiendo al valor de las reservas probadas existentes, se estima que se incurriría en una posible responsabilidad patrimonial por valor de 164 millones de euros, suponiendo un precio del petróleo de 50 dólares, y al tipo de cambio actual.

Ciudadanos trabajará contras las prospecciones

Por su parte, Ciudadanos de Baleares criticó el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos«, y aclara que se trata de un veto del Gobierno ejercido dentro de las facultades que le otorga la Constitución. En este sentido, la diputada autonómica de Ciudadanos Baleares, Olga Ballester, explicó que «el Gobierno tiene la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas legislativas que suponen modificación del presupuesto o disminución de ingresos».

En este sentido, ha precisado que el poder legislativo «no puede anular esa prerrogativa que posee el poder ejecutivo y que le otorga la Constitución», y ha apuntado que, si la Mesa se opone a que el Gobierno ejerza esa facultad de veto, «su decisión sería en breve tumbada por el Tribunal Constitucional, quedando la tramitación de la proposición de ley anulada. Un bucle que nos retorna a la situación inicial», ha aseverado al respecto.

«En Ciudadanos apostamos por hacer política útil y no de cara a la galería, por lo que seguiremos trabajando por otras vías como es la negociación directa con el Gobierno para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones», reivindicó. «En Ciudadanos trabajamos por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos, así como un modelo energético sostenible«, ha aseverado la diputada, quien ha recalcado que los proyectos de prospecciones petrolíferas «ponen en riesgo el equilibrio ecológico, así como nuestros principales sectores productivos», concluyó Ballester.

Ciudadanos urge al Gobierno un plan para acabar con el fraude fiscal en las gasolineras

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Europa Press.- Ciudadanos quiere saber qué plan de actuación tiene el Gobierno para acabar con el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, que según los últimos informes ronda cada año los 540 millones de euros por no pagar el IVA «y otros mecanismos». Por ello, su diputado Vicente Ten Oliver ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que muestra su preocupación por esta cifra, conocida a través de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), y que supondría un 6% del mercado.

Esto coincide, señala, con un aumento récord del número de gasolineras en España que cerró 2016 con un total de 11.188 estaciones de servicio, 241 más que en 2015. «El principal aumento de surtidores proviene sobre todo por las marcas blancas, las gasolineras low cost y otro tipo de surtidores automáticos», explica Ten Oliver. Por todo ello, pregunta por cuál es el total de impuestos que dejan de recaudarse «por culpa del fraude en gasolineras» y el número de inspecciones que se han llevado a cabo en el último año en dicho sector, ante el número de situaciones fraudulentas detectadas.

El Congreso pide al Gobierno que sus candidatos al CSN pasen un examen de expertos y se ratifiquen en comisión

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Europa Press.- La Comisión de Energía ha apoyado una proposición no de ley de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a modificar el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) e incluir un nuevo modelo de elección de sus miembros que, aunque sigan siendo nombrados por el Gobierno, deberán pasar antes el examen de una Comisión Técnica y del Congreso.

En concreto, la formación naranja propone que esta comisión técnica valore la capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad del candidato y emita un informe. Al mismo tiempo, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Energía, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros. «En caso de que el informe previo de la comisión técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple; en caso opuesto, se requerirá mayoría absoluta para su aprobación. Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura», señala el texto.

Ciudadanos incluye otros cambios en los estatutos del CSN con el objetivo de que se obligue al organismo a retransmitir en directo las reuniones de su Pleno y la publicación de los diarios de sesiones. Además, pide que la presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato e incluir mecanismos de autoevaluación en la institución, como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

El texto ha contado con los votos a favor del PSOE, mientras que PP y Unidos Podemos se abstuvieron, alegando que no era el momento ni el escenario para debatir esta propuesta. En el caso de los populares, su portavoz en esta comisión, Guillermo Mariscal, criticó que saque el debate de la Ponencia de relaciones con el CSN que existe en el Congreso que, a su juicio, es donde se debería tratar este tema y, además, señala que este es el momento de decidir sobre el cierre o no del parque nuclear español, no sobre la mejora del organismo regulador.

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, ha reconocido que la credibilidad del CSN está «bajo mínimos» tras sus últimas decisiones pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está «incompleta» y, en su caso, cree que el problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las centrales. «Creemos que eso es la clave de la situación actual», remarcó el diputado.

Podemos pide cesar a Scharfhausen

Precisamente, Unidos Podemos ha pedido en el Congreso el cese y la reprobación del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, alegando el «debilitamiento de la cultura de seguridad, la disminución de la percepción de independencia y neutralidad del CSN en relación al Gobierno y la industria nuclear». Esta iniciativa se ha registrado en una propuesta de resolución presentada con motivo del Debate del Informe General de las actividades realizadas por el CSN durante 2014 y 2015.

Uralde subraya en esta propuesta la necesidad «urgente» del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y han instado al Gobierno a elaborar un proyecto de cierre progresivo de todas las centrales nucleares del Estado conforme a los criterios internacionales. En este sentido, la iniciativa recoge unas 50 medidas concretas para mejorar la política energética. Entre ellas, la formación destaca la necesidad de aprobar e implementar un plan de transparencia, hacer públicas las deliberaciones del pleno del CSN, elaborar un Plan General de Residuos Radiactivos que actualice la situación, entre otras propuestas también realizadas por Ciudadanos.

Unidos Podemos también cree necesario presentar ante los partidos representados en el Congreso una propuesta de revisión de la fiscalidad sobre la energía nuclear, garantizando así la internalización de los costes de la misma, en especial la gestión de los residuos, y eliminar los beneficios caídos del cielo. Uralde, coportavoz de Equo, ha señalado que «el CSN ha estado al servicio del Gobierno para facilitar su objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares» y, en su opinión, «el irregular proceso para el dictamen de Garoña ha minado gravemente la credibilidad del organismo regulador.

«Por eso planteamos toda una serie de propuestas que tienen por objetivo reiniciar el CSN para que sea realmente un organismo de control y supervisión de la energía nuclear, y deje de estar al servicio de intereses ajenos a la seguridad. Para ello es imprescindible el cese de su actual presidente, responsable de la actual situación del CSN», indicó Uralde.

Energía regulará el cierre de centrales térmicas sin el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que denuncia la falta de diálogo

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Europa Press.- Ciudadanos ha lamentado la falta de negociación por parte del Gobierno sobre la regulación del cierre de centrales térmicas de producción eléctrica y ha reclamado que se fije un Pacto de Estado de Energía previo a cualquier decisión al respecto tras el anuncio del Gobierno de que regulará el cierre de estas plantas sin el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, lo que impedirá que la norma pueda convalidarse en el Congreso de los Diputados y adquirir rango de ley.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que a su departamento le habría gustado «un edificio más amplio y más sólido» para regular el cierre de las centrales térmicas, pero «no ha sido posible». Nadal se preguntó si, ante la sobrecapacidad del sistema eléctrico, la clausura de las plantas debe responder a decisiones empresariales o a una planificación del mix en función de los objetivos nacionales. Después de mostrarse partidario de la segunda opción, advirtió de que la normativa europea es «escueta» en este asunto.

«Habrá que decidir primero el mix y luego tomar decisiones», señaló, antes indicar que ha hablado con «diferentes fuerzas parlamentarias para plantear un cambio normativo con rango de ley» para que los cierres se apliquen «de forma ordenada». «He hablado con el grupo socialista y no tiene interés por una norma por el estilo», afirmó. «Si no podemos hacer un desarrollo normativo amplio de estas características, en el que prime la política energética sobre las decisiones empresariales, sí podemos hacer una regulación sobre estas cuestiones lo más amplia posible», indicó. «Haremos lo que podamos con el rango reglamentario», afirmó Nadal.

Ciudadanos denuncia falta de diálogo

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, subrayó que el Ejecutivo no puede regular el cierre de centrales térmicas sin un pacto previo que fije la política energética del futuro. «Con Ciudadanos nadie se ha sentado a hablar del tema», ha lamentado la portavoz de Energía del grupo parlamentario de Ciudadanos, que registró en el Congreso una pregunta por escrito para reclamar al Ejecutivo información sobre sus planes en este sentido y, además, ha reclamado la comparecencia del ministro del ramo, Álvaro Nadal.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que previamente a la regulación debe existir un consenso sobre el mix energético y ha reiterado que debe haber una planificación energética fruto de un pacto y no «improvisando» para que luego «acabe reflejado en el recibo de la luz» de los ciudadanos. «Hay que decidir lo que queremos ser de mayor», incidió la diputada de la formación naranja, para recordar que esto daría «seguridad» de cara al futuro.