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El Congreso pide más planificación al Gobierno y fijar en un calendario de subastas la instalación creciente de potencia renovable

Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso aprobó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a establecer un calendario de subastas energéticas en el que planifique la entrada en el sistema eléctrico de potencia renovable. Esta planificación, señala la iniciativa, deberá permitir el cumplimiento de los objetivos internacionales comprometidos de reducir emisiones, «avanzar hacia un sistema eléctrico 100% renovable» e incluir subastas de tecnologías específicas en caso de determinarse como prioritaria la instalación de determinadas tecnologías renovables.

La iniciativa, llevada a la comisión por Unidos Podemos, ha salido adelante con el respaldo además del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra. Asimismo, el texto aprobado por el Congreso reclama que el procedimiento establecido en las subastas sea «sencillo, comprensible y transparente para los participantes», y que la competición entre participantes se establezca sobre la retribución a la energía generada, con el fin de incentivar «el buen funcionamiento futuro de las plantas que resulten ganadoras».

Por otro lado, el Congreso pide limitar los comportamientos especulativos de los participantes, estableciendo que cada planta que resulte ganadora cobre de acuerdo a la oferta que hubiera realizado en la subasta. Además, insta a incluir criterios ambientales y sociales «para matizar la oferta económica, específicamente aquellos que promuevan la disminución de emisiones de gases efecto invernadero en nuestro modelo productivo». Por último, el Congreso insta a ofertar un porcentaje específico para que la instalación de plantas en zonas con centrales térmicas y nucleares, «con el fin de asegurar una transición justa para estas zonas«.

Ciudadanos, grupo que ha apoyado la mayoría de estas iniciativas, ha solicitado la votación por puntos del texto propuesto por Unidos Podemos, ya que rechazaban algunos aspectos de la proposición no de ley que, finalmente, no han salido adelante. Estos puntos llamaban al Gobierno a establecer liquidaciones específicas para proyectos de menor potencia con condiciones favorables para su desarrollo por parte de cooperativas, ayuntamientos o particulares; así como para tecnologías renovables «en proceso de maduración».

El Congreso reclama que las compañías de distribución eléctrica compartan con sus clientes la información de los nuevos contadores inteligentes

Europa Press.- El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que las empresas de distribución eléctrica compartan con los clientes la información de consumo que les proporciona los nuevos contadores telegestionados o digitales. La propuesta, llevada a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital por el PP, ha sido respaldada además por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias, mientras que los diputados de Unidos Podemos han decidido votar en contra.

La finalidad es poder comparar su consumo con el de otros consumidores o establecer un análisis por períodos de tiempo, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para que esto llegue a los consumidores finales. Por otro lado, el Congreso pide potenciar el desarrollo de aplicaciones que permita a los usuarios aprovechar todo el potencial de los datos de los contadores inteligentes e impulsar la adquisición de electrodomésticos eficientes que permitan aprovechar los datos de los contadores para una mayor eficacia energética y menor coste para los usuarios.

También llama a que las empresas de distribución publiquen en abierto los datos de consumo, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, para que a partir de ellos puedan sacar conclusiones sobre tendencias de consumo eléctrico. Por último, el Congreso reclama que las empresas comercializadoras establezcan una mayor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica, como las cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales, o información en relación al Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y al Bono Social, con el fin de que los consumidores puedan evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores «con información veraz, transparente, completa y sencilla».

La Diputación de León aprueba una moción para evitar el cierre de las centrales térmicas

Europa Press.- El Pleno de la Diputación de León ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos, la moción por la que se instará al Ministerio de Energía a que «adopte las medidas necesarias para evitar el cierre de las centrales térmicas» de la provincia, «esenciales para la supervivencia de las cuencas mineras».

La moción también recoge la necesidad de «aprobar urgentemente el marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos» a través de un mecanismo que contempla la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que utilizan países como Eslovenia y Eslovaquia. El vicepresidente para el Bierzo, Ángel Calvo, ha recordado que «la minería del carbón está en una situación dramática, por lo que hay que adoptar una solución ya o no habrá solución».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

El Parlamento balear acudirá al Constitucional para defender la tramitación nacional de la prohibición de prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo

Europa Press / EFE.- La diputada autonómica de Gente por Formentera, Silvia Tur, anunció que el Parlamento de las Islas Baleares acudirá al Tribunal Constitucional en defensa de la tramitación de la proposición de Ley para prohibir los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo. Según explicó es el siguiente paso después de que la Mesa del Congreso se pronunciara de nuevo en contra de la iniciativa legislatura que fue refrendada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara balear.

Críticas a PP y Ciudadanos

En este sentido, el PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi y Gente por Formentera han exigido a PP y Ciudadanos, los otros partidos con representación en el Parlamento de Baleares, que levanten el veto de la Mesa del Congreso que impide la tramitación de la ley antiprospecciones propuesta desde Baleares. Representantes de los 6 partidos han comparecido para instar al PP y a Ciudadanos a que reclamen a sus representantes en el Congreso que respeten el acuerdo unánime del Parlamento balear, que remitió la proposición de ley para la prohibición de trabajos de búsqueda de hidrocarburos en todo el Mediterráneo español.

Al persistir el veto a la iniciativa, establecido en junio a instancias del Ministerio de Energía, estos partidos promoverán que la cámara legislativa autonómica recurra la decisión ante el Tribunal Constitucional. Los partidos de izquierdas y regionalistas consideran que el informe del Ministerio en que se basó el rechazo «se fundamenta en premisas arbitrarias y en parte falsas» y lamentan que la petición de reconsideración del veto remitida a la Mesa por el Parlamento fuera rechazada tras argumentar que este rechazo se debió a que el reglamento de la cámara no considera que los grupos del Parlamento de Baleares estén legitimados para que su solicitud pueda ser tenida en cuenta.

PP: “No habrá prospecciones petrolíferas”

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario popular, Margalida Prohens, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Baleares y ha insistido en que «no habrá prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y que además no costará ni un euro público en indemnizaciones«. Así lo aseveró al ser preguntada por la iniciativa conjunta que han presentado miembros del Parlamento balear pidiendo al PP y Cs que «levanten el veto que mantiene la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la Proposición de Ley para prohibir las prospecciones en el mar Mediterráneo».

En este punto, Prohens ha recordado que «las autorizaciones las hizo el Gobierno de Zapatero con el visto bueno del actual senador socialista Francesc Antich» y ha añadido que el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, que era en aquel momento director general, «no alzó la voz» en contra de los proyectos de prospecciones en aguas de Baleares «por miedo a perder su cargo«, ha afirmado. Con todo, la popular ha recalcado que el Gobierno de Rajoy «ha ido revocando, una tras otra, todas las licencias que fueron concedidas», y todo ello, ha dicho, «gracias a los informes de impacto medioambiental que fueron enviados por Biel Company (PP) en su etapa de consejero».

Ciudadanos: “Mediterráneo libre de prospecciones”

Por otro lado, la diputada autonómica de Ciudadanos, Olga Ballester, ha asegurado que su partido trabaja «por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de prospecciones, así como un modelo energético sostenible». Ante el nuevo veto del Gobierno a que el Congreso debata la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, Ciudadanos Baleares critica dicha decisión, que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de prospecciones«, según Ballester.

Ballester ha precisado que el veto del Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, ha sido ejercido «dentro de las facultades que le otorga la Constitución». «Desde Ciudadanos ya hemos explicado en repetidas ocasiones que no nos vamos a oponer a esa facultad constitucional que tiene un gobierno pues entra dentro de las normas del funcionamiento del Congreso», reivindicó Ballester. Según Ballester, que la Mesa del Congreso se oponga a que el Gobierno pueda ejercer esa facultad que le otorga la Constitución «solo conlleva que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional y éste paralice la iniciativa hasta que dicte resolución«.

Ante las críticas de los partidos del pacto de gobierno en Baleares al voto en contra de la propuesta por parte del PP y de Ciudadanos, Ballester ha dicho que «PSOE, MÉS y Podemos continúan con la política inútil de la confrontación, y no la de la solución y el acuerdo» y les acusó de «volver a señalar y confrontar». Ha defendido que Ciudadanos no hará política de cara a la galería y sigue trabajando por otras vías para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones.

Ballester explicó que Cs registró una iniciativa en el Congreso que está pendiente de debate, «pidiendo que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas mediterráneas españolas, así como la aceleración de la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como zona ZEPIM, que llevaría implícita la prohibición de las prospecciones«. La diputada mencionó también varias preguntas registradas en el Congreso de los Diputados para clarificar los criterios del Gobierno en el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.

La Agencia Tributaria pide endurecer la ley contra el fraude del IVA en las gasolineras

Europa Press.- La Agencia Tributaria demanda modificaciones normativas con el fin de endurecer la ley contra el fraude del IVA en las gasolineras, mejorar los controles para detectar rápidamente estas ilegalidades y así poder expulsar del mercado a los operadores que actúan irregularmente.

Así se desprende de las respuestas del Gobierno a los diputados de Ciudadanos Vicente Ten Oliver y Saúl Ramírez, y a los dos de UPN, Íñigo Alli y Carlos Salvador, que se habían dirigido al Ejecutivo preguntando por las actuaciones realizadas para combatir este fraude.

En su respuesta, fechada el pasado 1 de septiembre, la Agencia Tributaria manifiesta su preocupación por el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y asevera que «lleva años trabajando en este problema, y especialmente en este momento, en varias líneas para poder atajar el fraude».

Entre ellas, reconoce que ha trasladado propuestas de modificaciones normativas dirigidas a evitar la admisión al sistema de operadores fraudulentos, conseguir la expulsión del sistema de estos operadores cuando aparecen, y la rápida detección del fraude cometido, entre otras.

Asimismo, también asegura que ha impulsado la especialización de personal de la AEAT para la detección de entidades susceptibles de cometer este fraude y que se han emprendido actuaciones recaudatorias para recuperar la deuda de IVA no ingresada por los operadores, considerando como delitos aquellos impagos cuando detecta que son planificados y deliberados.

No cuantifica ni el fraude ni el número de inspecciones

Al registrar el pasado mes de junio su pregunta en el Congreso, Ten Oliver demandaba conocer el plan de actuación del Gobierno para acabar con un fraude a la Hacienda Pública que, según los últimos informes, ronda cada año los 540 millones de euros por no pagar el IVA «y otros mecanismos».

El diputado de la formación naranja pregunta al Gobierno por el cuál es el total de impuestos que dejan de recaudarse «por culpa del fraude en gasolineras» y el número de inspecciones que se han llevado a cabo en el último año en dicho sector, con el número de situaciones fraudulentas detectadas.

Pese a ello, Hacienda no precisa estimación alguna de la cuantía defraudada ni tampoco el número de actuaciones realizadas, sino que se limita a decir que estas son «muy numerosas». «Son muy numerosas las inspecciones que tienen como objeto el sector tanto en los Impuestos Especiales a los que están obligados, como al IVA o a los Impuestos Directos», señala.

Ciudadanos reclama más participación social en la Ley de Cambio Climático y apostar por una fiscalidad verde

EFE.- Una de las grandes tareas parlamentarias de este curso es la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que Ciudadanos reclama un «mayor debate social y participación» en tanto que implicará un «cambio total de mentalidad» en las personas. Así lo cree José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos y portavoz del grupo en la Comisión de Cambio Climático.

«La futura Ley de Cambio Climático, que permitirá dar cumplimiento por parte de España a los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de París, va a implicar cambios tremendos en la manera de producir y consumir, por eso es vital que cuente con un gran apoyo social«, explica el diputado. Para Martínez, esa implicación de la sociedad española debe ir «mucho más allá» que las jornadas de dos días que organizó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el pasado mayo.

«Queremos que la ley que regule la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono sea ambiciosa. Para que esto sea así su elaboración debe ser más participativa y abierta, la gente tiene que estar implicada desde la base porque requiere un profundo cambio de mentalidad», añade. La transición que promoverá la nueva regulación supondrá, según Martínez, «una oportunidad de crear trabajos y de atraer inversiones» hacia esta nueva economía, en la que «la prosperidad estará disociada de la emisión de gases contaminantes«.

Martínez reconoce que uno de los primeros pasos del cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo será «abandonar el uso del carbón en España de manera progresiva, contemplando planes económicos alternativos para las comarcas afectadas». Además, la ley debe «apostar fuertemente por un modelo energético basado en las energías renovables, por la eficiencia energética, por la promoción del coche eléctrico y por una fiscalidad verde, en la que el principio de que quien contamina paga se lleve a rajatabla». «Esa nueva fiscalidad es imprescindible», recalca.

Martínez incide también en que la ley debe de hacer que la contratación pública siga las pautas del nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono. «La contratación pública en España representa alrededor de 20% del PIB, por tanto aquí hay un margen de maniobra tremendo para cambiar el rumbo de las cosas», señala. Martínez cita como ejemplos de cosas que pueden hacerse desde la contratación de las administraciones, la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos, el uso de coches eléctricos para los desplazamientos, o la autogeneración renovable.

El diputado insiste en que es «necesario y urgente» que el Congreso elabore una ley de Cambio Climático «transversal» que afecte a todos los sectores (agricultura, transporte, energía, residuos) porque «España es uno de los países más afectados por este fenómeno». «Somos la generación que tiene que poner en marcha este cambio de modelo bajo en carbono. España tiene que ser líder, con una Ley de Cambio Climático modélica que sirva de inspiración a otros países de Iberoamérica», concluye Martínez.

Mar Blava reprocha a Ciudadanos su apoyo al «veto» del Gobierno para tramitar la ley balear que prohíbe las prospecciones

EFE.- La plataforma Alianza Mar Blava ha reprochado a Ciudadanos que haya apoyado el «veto» a la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo. «Pese a sus promesas de reconsiderar su apoyo al veto del Gobierno Rajoy», Ciudadanos ha votado en la Junta de Portavoces del Congreso junto al PP para rechazar los recursos contra la decisión de la Mesa del Congreso de vetar la tramitación de la iniciativa legal.

Alianza Mar Blava señala que la Junta de Portavoces ha rechazado los recursos planteados por el Parlamento de Baleares, el grupo socialista y, de manera conjunta, por Unidos Podemos, Compromis, PDeCat, ERC, Nueva Canarias y EH-Bildu. «Solo Ciudadanos y el Partido Popular se han opuesto a levantar el veto presentado por el Gobierno en junio», lamentó la agrupación antiprospecciones, que se ha declarado decepcionada «por el rechazo, irracional y sin argumentos jurídicos válidos» del partido naranja. También el PSOE ha criticado «la pinza PP-Ciudadanos» que «vuelve a perjudicar a Baleares» al impedir que se tramite la ley contra las prospecciones.

Ciudadanos propone dar más competencias a los reguladores en su nueva ley para restar control político a las tarifas energéticas

Europa Press.- Ciudadanos cree que la próxima reordenación de los organismos reguladores y supervisores que prepara el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es una oportunidad para dotarles de un mayor poder como, por ejemplo, que se le devuelva a la comisión oportuna la competencia de fijar las tarifas de la luz.

Así lo ha manifestado el portavoz económico de la formación naranja en el Congreso, Toni Roldán, que recuerda que la disgregación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que contempla el anteproyecto de ley en el que trabaja el Gobierno, ya se acordó en el acuerdo entre PP y Cs para la investidura de Mariano Rajoy. La potestad de fijar tarifas de electricidad y gas fue una de las competencias que el Gobierno pasó a asumir en la creación de la CNMC; precisamente por esta cuestión la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción del que podría derivarse una sanción.

Roldán reconoce que en el pacto no se incluyó la devolución de competencias pero cree que tendría sentido hacerlo con la creación de una autoridad independiente para supervisar y controlar los mercados regulados, como sí refleja el acuerdo. «Creo que está claro que tiene que ser un organismo independiente. Hasta ahora, el Ministerio de Energía ha tenido el control. No es parte del acuerdo, pero es parte de las funciones que debería tener un regulador independiente», manifiesta el diputado barcelonés.

En este sentido, Roldán reconoce las dificultades que encuentran en el PP para poner en marcha los acuerdos alcanzados. «Ya sabemos que les cuesta poner en marcha reformas», asevera Roldán, que también atribuye esta situación a las limitaciones que se encuentran en la aritmética parlamentaria. «Lo que falta básicamente para que el Gobierno apruebe su proyecto y lo remita a las Cortes es que el PSOE se sume», asegura, considerando que el partido que ahora dirige Pedro Sánchez «tiene mucho más interés en señalar que están en la izquierda que en llegar a acuerdos sensatos en reformas«. «Parece que no ha dado demasiado feedback«, apostilla.

Según el anteproyecto elaborado por el Gobierno, la reestructuración de los reguladores y supervisores dará como fruto dos organismos a raíz de la división de la CNMC, además de otros dos: uno dedicado a la supervisión de seguros y planes de pensiones, y otro para la protección de inversores y de usuarios de servicios financieros. Asimismo, también está previsto y acordado entre PP y Cs, el establecimiento de un nuevo sistema de nombramientos, con el fin de evitar una «politización» que, considera Roldán, «tiene un coste gigantesco para la economía».

«Lo importante es encontrar un sistema en el que en vez de elegir a dedo unos políticos, tengas un procedimiento de hearing (audiencia) en el que haya un grupo de personas que hagan una preselección y que después se aprueben con mayoría suficiente», explica. Roldán cree que una mayoría clara aseguraría «un filtro clarísimo y despolitización». «De esta manera no tienes a un amigo del ministro arreglando precios de un sector, o a uno poniendo unas multas muy bajas porque, en realidad, está capturado por las grandes empresas del país.

Sin embargo, desde el inicio del segundo Gobierno de Rajoy se han producido renovaciones de cargos e incluso nuevos nombramientos sin un procedimiento así. Concretamente, el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Santiago Albella, su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, y, recientemente, tres consejeros de la CNMC: María Ortiz, Pilar Canedo y Mariano Bacigalupo. Roldán escuda esos nombramientos, elegidos a la vieja usanza a través de pactos políticos, en la ausencia de la esperada norma y en la necesidad por cubrir tales plazas. «Eran plazas que tenían que llenarse desde hace meses, y está bien que se llenen y que funcionen con normalidad las instituciones», justifica.

Nombrados los 14 expertos de la comisión sobre transición energética con las críticas de Ciudadanos y el ausente sector gasista

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía aprobó la designación de los 14 expertos que compondrán la comisión encargada de elaborar un informe sobre los diferentes escenarios de transición energética y las alternativas de combinación de las distintas fuentes de energía. Estos expertos son Jorge Aragón, Javier Arana, Luis Atienza, Jose Luis de la Fuente O’Connor, Miguel Duvison, Cristóbal José Gallego Castillo, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Pedro Linares, Diego Rodríguez, Txetxu Sáenz de Ormijana, Josep Sala i Prat, Jorge Sanz y Guillermo Ulacia.

La comisión de expertos «independientes y de reconocido prestigio», que será presidida por Sanz, fue nombrada tras consultar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales. El objetivo de este grupo es analizar las posibles alternativas de política energética, para lo cual tendrán en consideración su impacto medioambiental y económico, así como que permitan cumplir con los objetivos establecidos. Su informe recogerá alternativas sobre la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) para que se pueda llevar a cabo «una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono«, según explicó el Ministerio.

El Gobierno aprobó en julio la creación de este grupo para elaborar un informe en 6 meses. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

Ciudadanos denuncia falta de independencia

La portavoz de Energía del grupo parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez, envió una carta al ministro Álvaro Nadal en la que lamenta la «falta de independencia» de los integrantes del grupo de expertos. En su opinión, la composición del grupo cuenta con un peso «notablemente político», en lugar de caracterizarse por la independencia de sus miembros, como exigen los requisitos aprobados en el Congreso. «Dudamos de que con la composición propuesta por el Ejecutivo se pueda consolidar esa imparcialidad», ha apuntado.

Melisa Rodríguez ha apostillado que la iniciativa aprobada en el Congreso exige que este grupo esté compuestos por «especialistas de reconocido prestigio» que aseguren la independencia y la pluralidad de opiniones. Por ello, ha instado al Gobierno a que asegure «la mayor independencia y rigor posibles» en la elaboración del grupo de expertos y en el conjunto del proceso normativo para el cambio climático y la transición energética, con el fin de garantizar que las decisiones que se tomen en política energética estén avaladas de manera suficientemente objetiva e informada.

De los 14 miembros que conforman esta comisión, 4 debían ser designados por el Gobierno, (7) uno por cada grupo parlamentario y 3 por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Ante las objeciones de Ciudadanos, cabe recordar que son Luis Atienza, exministro de Agricultura durante el último Gobierno de Felipe González y expresidente de Red Eléctrica de España; el actual director general de Operación de REE, Miguel Duvison; el expresidente de Carbunión, Oscar Lapastora; y el actual presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE y expresidente de Gamesa, Guillermo Ulacia.

Junto a Atienza, Ulacia, Duvison y Lapastora, también forman parte del grupo Jorge Aragón Medina, elegido por CCOO; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y propuesto por Ciudadanos; Cristóbal José Gallego, investigador en energía eólica, miembro del Observatorio de la Energía y elegido por Podemos; Txetxu Sáenz de Ormijana, director del Ente Vasco de la Energía y opción del PNV; y Josep Sala i Prat, empresario del sector de renovables y propuesto por ERC.

Además, figuran Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de la secretaría de Energía en la época de Alberto Nadal y actual director de la Asesoría Jurídica de REE; Jorge Sanz Oliva, exdirector general de Política Energética y Minas; José Luis de la Fuente O’Connor, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola; y Diego Rodríguez, exconsejero de la CNMC.

Ausencia del sector del gas

Por su parte, el sector gasista ha lamentado su ausencia del grupo de expertos. En este sentido, fuentes del sector indicaron que su presencia en esta comisión de expertos es «fundamental» con el fin de «poder trasmitir su conocimiento en esta fase preparatoria de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética». Por ello, subrayaron que es «esencial» contar con la visión de expertos «en todas aquellas energías limpias que van a ocupar, ineludiblemente, un papel importante en la futura Ley». «Y el gas es una de ellas», añadieron.

Así, lamentaron que el sector del gas no esté representado en un grupo donde sí que tienen presencia a través de sus miembros otros sectores implicados en la transición energética, como el carbón, la electricidad, el petróleo o la nuclear. De esta manera, consideran que el sector podría aportar para ese comité a expertos como María Sicilia, directora de Estrategia de Enagás y que anteriormente trabajó en el Ministerio de Energía, en Iberdrola Renovables o en la Agencia Internacional de la Energía; o Marta Margarit, que ocupa desde hace 10 años el cargo de secretaria general de la patronal Sedigas.