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Ciudadanos se interesa por la vinculación del bono social de la luz a la renta de las familias

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado una pregunta al Gobierno en el Congreso para saber si la renta de las familias demandantes del bono social eléctrico se tiene en cuenta al otorgar este descuento en la tarifa energética. Este bono, que se aplica automáticamente a todos los hogares que tengan contratada una potencia inferior a 3 kilovatios, puede ser solicitado también por hogares con potencia inferior a 10 kw siempre que cumplan una serie de requisitos.

Precisamente, la tipología de los demandantes es uno de los intereses de la pregunta registrada por la portavoz adjunta de la formación naranja en el Congreso, Melisa Rodríguez Hernández . Así, en la pregunta formulada al Gobierno en funciones se inquiere por el número de hogares que hasta la fecha se han acogido a este bono social, cuántos de ellos lo han hecho como familia numerosa y cuántos por tener a todos sus miembros en situación de desempleo. También por aquellos hogares que lo hayan hecho por tener sus titulares más de 60 años y ser beneficiarios de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

Ricardo Sixto (Unidos Podemos) es el nuevo presidente de la Comisión de Industria del Congreso mientras apenas cambian los portavoces

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Javier Angulo / Europa Press.- Izquierda Unida logró situar a uno de los ocho diputados que tiene en el Congreso como presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, un puesto para el que el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, fue elegido sin votación, por simple asentimiento del resto de grupos. Se trata de un puesto que en la anterior legislatura correspondió al PP y ejerció Fernando Martínez Maillo, que pasa a presidir la Comisión del Tribunal de Cuentas.

En el reparto de presidencias de las distintas comisiones parlamentarias pactado por los grupos, a Unidos Podemos se le reservó las de Industria, Energía y Turismo, Empleo y Seguridad Social y la de nueva creación que, a instancias del partido morado, se ocupará de los asuntos relativos a la infancia y la adolescencia. El reparto de portavocías de comisión en el grupo de Unidos Podemos generó tensiones internas porque ninguno de los diputados de IU logró una portavocía titular. Al final, tras denunciarlo públicamente, se decidió dar al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por tanto, con el nuevo reparto, Sixto presidirá la comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ejercerá como portavoz de Unidos Podemos la diputada de En Marea y dirigente de IU, Yolanda Díaz. Es previsible de todas formas una rotación en las voces parlamentarias de Unidos Podemos para los temas relativos a la energía, por lo que se espera que el parlamentario de En Comú Podem, Josep Vendrell, y los representantes de Equo también jueguen un papel importante.

Sixto es junto con Garzón el diputado con más experiencia parlamentaria de Unidos Podemos, porque ya tuvo escaño entre 2011 y las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Entonces, volvió a concurrir pero no logró revalidar su acta, lo que sí consiguió el pasado 26 de junio, tras integrarse EUPV en la candidatura A la valenciana, con la que Compromís y Podemos concurrieron a aquellos comicios. El cargo de presidente de comisión está remunerado con 4.245,18 euros al mes, los que suman los 2.813,87 de la asignación que perciben todas sus señorías, y el complemento para gastos de representación fijado en 1.431,31 euros. Además, al ser de fuera de Madrid, Sixto también cobra una indemnización de 1.823,86 al mes.

Sin cambios en otros partidos

En el resto de los principales partidos políticos no se han producido cambios en lo que respecta a sus portavoces en materia de Energía en la Comisión de Industria del Congreso. Al frente de la portavocía de Energía del PSOE seguirá la diputada por Cáceres, Pilar Lucio, que es también la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del partido.

Por otro lado, el acento canario de esta comisión se mantiene en las figuras de Guillermo Mariscal y Melisa Rodríguez, que repiten nuevamente como portavoces de Energía en la Comisión. De hecho, el diputado popular ha ejercido esta función desde el último trimestre de 2014, momento en el que heredó el puesto del exdiputado gallego Antonio Erias, que abandonó su acta de diputado para presidir MibGas. Continúa así el toque insular aportado por el anterior presidente, Pablo Matos, y el experimentado portavoz socialista, José Segura.

Los cogeneradores celebran el apoyo de la Comisión Europea a su actividad

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) mostró su satisfacción con la respuesta emitida por la Comisión Europea acerca de la actividad de cogeneración, a la que el Ejecutivo comunitario reconoce su contribución a la eficiencia energética y a la productividad de la industria. A comienzos de julio, los eurodiputados de ALDE, Carolina Punset, Javier Nart y María Teresa Giménez Barbat preguntaron a la Comisión Europea sobre la contribución y evolución de la cogeneración al ahorro de energía en la Unión Europea, explica Acogen.

La pregunta ya ha sido respondida por el comisario Miguel Arias Cañete, en unos términos que tanto el sector europeo de la cogeneración como sus industrias asociadas valoran «positivamente, tanto por la información incluida como por sus directrices de acción política». La pregunta de los europarlamentarios señalaba el papel clave de la cogeneración para lograr el objetivo de ahorrar el 20% de la energía para el año 2020, establecido en la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, y se interesaba por su evolución en la Unión Europea, mencionando la situación en España, donde 350 de las 1.000 instalaciones existentes han parado.

Retroceso progresivo de la cogeneración

«La respuesta ha puesto de manifiesto la importancia de los ahorros de energía primaria y de la cogeneración, así como el seguimiento que está haciendo la Comisión Europea, que ha detectado un retroceso del 1% anual de la cogeneración en la Unión Europea en el periodo 2005-2013″, señala Acogen. La Comisión, explica, insta a revertir esta situación de retroceso, dadas las aportaciones de la cogeneración a la eficiencia y a la productividad industrial. Asimismo, la Comisión confirma estar analizando los estudios de Potenciales de Cogeneración de alta eficiencia que exige la normativa y que le han remitido los Estados miembros.

El independentismo pasa de reivindicar las nucleares como garantía de su suministro futuro a pedir su cierre en el Parlament

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Europa Press / Javier Angulo.- El Parlament aprobó una moción del PSC para instar al Estado a negociar con el Gobierno catalán un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, garantizando el suministro energético fundamentalmente con fuentes renovables. Esta decisión supone un giro radical desde el planteamiento del Libro Blanco sobre la Transición Nacional de Cataluña, que apostaba por las nucleares, hasta los 60 años de funcionamiento, y por el gas como las principales fuentes energéticas de una Cataluña independiente.

La iniciativa prosperó con los votos a favor de JxSí, el PSC, Podemos y Ciudadanos, con 112 votos, la abstención de la CUP y el rechazo del PP, con 9 votos. La moción también insta al Gobierno autonómico a presentar antes de tres meses las bases del Pacto Nacional para la Transición Energética con un paquete de objetivos, entre los que destaca el fomento de las renovables, la reducción de un 50% de la dependencia de los combustibles fósiles y el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho fundamental. Otro de los puntos destacados es la necesidad de potenciar el vehículo eléctrico, rehabilitar los edificios públicos, el autoconsumo eléctrico fotovoltaico y eólico, y mejorar los sistemas de financiación.

El diputado del PSC, Jordi Terrades, urgió a «actuar ya con la vista puesta a medio y largo plazo» para lograr una transición energética, a sabiendas que habrá resistencias por parte de empresas y grandes corporaciones”. Desde las filas del PP, María José García Cuevas, subrayó que Cataluña «no es una isla energética» y que es inútil y fraudulento tratar de gestionar estas políticas sin dialogar con el resto de territorios y el Gobierno central.

La diputada de Podemos, Hortènsia Grau, destacó la necesidad de crear un operador energético catalán para hacer frente a los oligopolios y de garantizar la titularidad pública de la red de distribución, así como de programar cuanto antes el cierre de las nucleares. Ferran Civit, de JxSí, señaló que el actual modelo está «anticuado» por culpa de la legislación española y que la moción es una oportunidad para que Cataluña impulse su propia normativa a favor de la transición energética.

El diputado de Ciudadanos, Antonio Espinosa, ha celebrado la iniciativa y ha destacado que su grupo apuesta por una «transición gradual hacia un modelo basado en las energías renovables» y un mix energético sostenible. La CUP se ha mostrado crítico con la moción porque es «poco ambiciosa e insuficiente», según ha concretado el diputado Sergi Saladié, que también ha asegurado que la energía es una estructura de Estado que deberá abordarse a fondo cuanto antes.

Cita política en el Congreso Eólico

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Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

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A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

Parlamento asambleario, Gobierno ayuno

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En días pasados hacíamos una revisión de lo que ha sido esta legislatura en lo energético, que ha tenido tres características: en primer lugar, ha sido una sucesión de reclamaciones al Ejecutivo fruto del carácter permanentemente deliberativo del Parlamento elegido, muestra de la no vinculación con Gobierno alguno. Se ha pasado de la mayoría absoluta del Partido Popular, en la que la mayoría parlamentaria  garantizaba al Gobierno que el Congreso y Senado eran la voz de su amo, a una configuración por la vía de las mayorías volubles frontalmente opuesta y disidente al Ejecutivo en funciones.

En segundo lugar, el Ejecutivo ha permanecido ayuno de ideas y de modelo de política energética, salvo el ajuste contable de la denominada reforma eléctrica, con una posición entre pasiva y reactiva en este período. Una situación extremadamente maniquea, cuyas consecuencias es una agudización preocupante de un modelo de no política energética que contemple los tres vectores en su equilibrio: economía, medioambiente y garantía de suministro en un mundo globalizado.

Es por ello por lo que cuestiones como la pobreza energética, cuya definición legal ya existe en la Unión Europea, se someten a la mediática para ofrecer versiones diferentes como la de la propia Generalitat de Cataluña o en la trasposición al argumentario de cada partido político. O cuestiones como el autoconsumo eléctrico, de dudoso efecto en el conjunto de nuestro sistema de suministro eléctrico según nuestra demografía, se han convertido en banderas demagógicas al calor de sus propias presiones.

Asimismo, este Parlamento no se ha pronunciado sobre cuestiones capitales como la vaporosa definición de “transición energética” para nuestro país, de acuerdo a los compromisos adquiridos, evitando el oportunismo maximalista dirigido a promover una transformación renovable del 100% de la estructura de suministro sin reflexionar sobre su impacto económico. Otras cuestiones sobre las que no se han pronunciado son las referentes a sectores como el transporte o los hidrocarburos, dentro de una postura global de política energética y de política energética general integrada y coherente, más que declaracional. O sobre el modelo de tarifa y sus componentes, el modelo de gobernanza, los operadores de transporte y sistema, o la forma de “financiar” esa transición energética.

Finalmente, ha proseguido el deterioro político del gobierno popular con la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso de la central de Garoña, cuyo pronunciamiento se requiere de forma ideológica desde los partidos políticos; complejidad en la que no ha ayudado el presidente Marti Scharfhausen, hombre poco sofisticado en su ejecutoria. En resumen, un parlamento asambleario y populista, buscando posicionamientos para la prensa a las redes, frente a un Ejecutivo ayuno de política energética. Preludio de la campaña. Preludio de la siguiente legislatura.

110 días de Congreso: 11 reclamaciones energéticas de la XI legislatura

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La XI legislatura pasará a la Historia de la democracia posterior a 1978 como la legislatura fallida. Esos 110 días en el Congreso de los Diputados se recordarán como un catálogo de reclamaciones de la oposición al Gobierno desde su respectivo espectro ideológico. La tónica general ha sido la del PSOE y Podemos reclamando, Ciudadanos pactando y el PP defendiendo los últimos 4 años. Así que repasemos las votaciones que ha propiciado esta legislatura porque pueden servir para anticipar los próximos pasos de los principales partidos en materia energética.

1- Autoconsumo:

La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluidos los cargos por seguir conectados al sistema, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original fue presentado por el PSOE, se aprobó una iniciativa consensuada con Podemos, Ciudadanos y nacionalistas al que sólo se opuso el PP. Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Asimismo, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las desaladoras de Canarias del pago de peajes hasta 2020.

2- Carbón:

La Comisión de Industria aprobó una proposición presentada por Foro Asturias (FAC) para exigir medidas al Gobierno para priorizar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas y alcanzar el 7,5% previsto en el hueco térmico contemplado en el Plan del Carbón acordado en 2013. La propuesta también pidió la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos, el llamado céntimo verde, que ya había sido aprobado en la Comisión de Hacienda por una propuesta del PSOE. En esta iniciativa Podemos sí que se involucró, mientras que los nacionalistas catalanes mostraron su oposición mientras que se abstuvieron Ciudadanos y el PP, que planteó sus dudas de que el céntimo verde pudiera evitar ser declarado como ayuda de Estado y autorizado por Bruselas.

3- Castor:

La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta que, partiendo de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, fue finalmente pactada con el PSOE y con Ciudadanos. La iniciativa cosechó el respaldo de los grupos nacionalistas y el rechazo de los diputados del PP. Podemos proponía que el Gobierno fijara un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación. También pedía estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, Escal UGS, así como buscar la fórmula de recuperar la millonaria indemnización que la empresa recibió. El PP volvió a recordar la clausula firmada por el Gobierno socialista de Zapatero que obligaba al Estado a indemnizar al promotor.

4- Cogeneración:

Resulta llamativo que la única iniciativa energética que no haya encontrado ningún voto en contra fuera la presentada por el independentismo catalán de Democracia y Libertad. Su iniciativa, aprobada en la Comisión de Industria, exigía al Gobierno que cumpla con el plan renove de instalaciones de cogeneración y residuos previsto en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. La iniciativa de los independentistas catalanes cosechó el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención de PP y Foro Asturias (FAC). Su objetivo era impulsar de una vez el plan renove previsto en la normativa de 2013 y que más de dos años después aún no se materializó en ninguna convocatoria ni aprobación de programas para renovar instalaciones de cogeneración.

5- CSN:

La lentitud que rodea a procesos como el desarrollo del ATC o la posible reapertura de Garoña ha sido crítica para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en combinación con un Gobierno en funciones. En este sentido, todos los grupos de la Comisión de Industria, salvo el PP y Foro Asturias, firmaron una petición para pedir el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, por su negativa a comparecer ante la Cámara para informar sobre la planta nuclear burgalesa y sobre el ATC. Asimismo, fueron continuas las peticiones de los partidos de la oposición para que no se tomara ninguna decisión hasta constituirse un Gobierno.

6- Fracking:

La Comisión de Industria aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos y los nacionalistas. La iniciativa reclamaba al Ejecutivo que llevara a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking en toda España y para que suspendiera los permisos ya concedidos durante la pasada legislatura. También se pedía derogar los artículos de la ley de hidrocarburos que establecían incentivos económicos para favorecer la implantación de esta técnica en España. El PP votó en contra alegando que “cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone” mientras que Ciudadanos se abstuvo ya que se mostró en contra de apoyar una prohibición total de la técnica por “no tener la información suficiente” para ello.

7- Garoña:

La Comisión de Industria respaldó una proposición impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas, que “aboga por el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento”. Podemos-Equo señaló que Garoña es la planta más antigua del parque español y que lleva cerrada 3 años “sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético”, argumento que compartieron Ciudadanos y el PSOE. El PP reivindicó que es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%.

8- Interrumpibilidad:

La Comisión de Industria aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega de Podemos, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios “competitivos, estables y predecibles” a la industria electrointensiva. La propuesta original de En Marea reclamaba un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad, pero finalmente la redacción de la propuesta fue mucho más genérica después de la negociación con PSOE y Ciudadanos, que apoyaron la iniciativa. El PP se opuso a la iniciativa y repasó las medidas que impulsó el Gobierno para garantizar la estabilidad del sector energético así como los beneficios fiscales que estableció para las empresas electrointensivas.

9- Nuclear:

La última Comisión de Industria de esta legislatura aprobó una proposición del PSOE que planteaba el cierre progresivo de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento, lo que culminaría en 2028. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad, el voto en contra de PP, que resaltó que defenderán que estas decisiones las tome el CSN, y la abstención de Podemos, que había presentado otra iniciativa, que no salió adelante, para urgir al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplieran los 40 años de funcionamiento y que se cerraran cuando les toque renovar su permiso de explotación.

10- Pobreza energética:

Aunque no avanzó en su tramitación parlamentaria por el final de la legislatura, la llamada ley 25 de emergencia social de Podemos fue admitida a trámite tras contar con el apoyo del PSOE y la abstención de Ciudadanos y los nacionalistas. Eso sí, todos criticaron duramente la forma en la que está elaborada la iniciativa y su «pésima técnica legislativa». La iniciativa planteaba un nuevo bono social para la electricidad y el gas, financiado por las empresas del sector, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. El PP se opuso y calificó la iniciativa de populista.

11- Prospecciones:

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición del PSOE para instar al Gobierno a declarar al Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos y, por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y los nacionalistas frente a los votos en contra del PP, que criticó que el Gobierno de Zapatero aprobara prospecciones en el Mediterráneo y ahora el PSOE las quiera prohibir, y la abstención de Ciudadanos, que recordó que España es dependiente del petróleo, “actualmente insustituible”.

Todos los partidos apuestan por la participación de la fotovoltaica en las futuras subastas de renovables

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Europa Press.- PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos han apostado por la participación de la fotovoltaica en las futuras subastas de energía renovable, después de que esta tecnología fuera excluida de las que se realizaron a principios de año y que pusieron fin a la moratoria verde que existía desde 2012.

En un debate electoral sobre el desarrollo de la energía renovable, la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, y el portavoz de Medio Ambiente de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, mostraron su compromiso para cambiar el marco jurídico actual para que la fotovoltaica no sea excluida de estas subastas.

Por su parte, el portavoz de Energía del PP y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, subrayó que las renovables, y entre ellas la fotovoltaica, «deben ser el corazón» del sistema eléctrico si se quieren asumir los compromisos internacionales de descarbonización marcados en la COP21 de París.

Así, Mariscal, que justificó la reforma llevada a cabo por el Gobierno del PP ante la necesidad de acabar con el déficit de tarifa, afirmó que «demonizar al sector fotovoltaico no es bueno» y consideró que los errores del pasado se debieron a la legislación que se aplicó por el Gobierno del PSOE, especialmente en los años 2007 y 2008. «Ese error dejó consigo que los españoles acabamos financiando la curva de aprendizaje de esa tecnología», dijo.

A este respecto, la responsable del PSOE Pilar Lucio aseguró que quien «demonizó» al sector fotovoltaico fue el PP con un recorte basado «en dos informes que no existieron».

Mientras, el miembro del Observatorio Crítico de la Energía y colaboradores del círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos, Cristóbal J. Gallego, destacó el importante papel que debe jugar la fotovoltaica, aunque se mostró partidario de definir el actual método de subastas, que incentiva la inversión más que la eficiencia.

Autoconsumo

PSOE, Ciudadanos y Podemos insistieron en su deseo de derogar el Real Decreto sobre autoconsumo y promulgar una nueva regulación que contemple, entre otras disposiciones, el balance neto, mientras que Mariscal defendió que el PP hubiera aprobado la primera legislación para su desarrollo.

«La bondad del autoconsumo es clara, pero los desarrollos deben ser ordenados y entendimos cuando se aprobó este primer Real Decreto que había que intentar evitar una transferencia de rentas entre quienes podían adquirir estas tecnologías y quienes no», subrayó el responsable del PP al respecto.

Los partidos participantes en el debate también mostraron su compromiso por cumplir los objetivos europeos de renovables a 2020 y 2030 y apostaron por consensos bajo la forma de un Pacto de Estado que devuelva la estabilidad y la seguridad jurídica al sector.

 

PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteran al sector que restablecerán la seguridad jurídica a las renovables

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Europa Press.- PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteraron en una reunión con las principales asociaciones empresariales del sector de energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil su intención de restablecer la seguridad jurídica de las renovables a través de un diálogo constructivo. En la reunión, en la que declinó participar el PP, los partidos políticos presentaron sus propuestas y medidas en el ámbito de la energía y la lucha contra el cambio climático recogidas en sus programas electorales para las elecciones del 26-J.

Las tres fuerzas políticas coincidieron en los objetivos para el sector de la energía a largo plazo, identificando el proceso de transición energética basado en las energías renovables como principal respuesta al cambio climático así como la necesidad y oportunidad de abrir a la ciudadanía la posibilidad de ser parte de la transición energética entrando en el sector energético en paridad de condiciones con las grandes empresas. A este respecto, y según los acuerdos de la COP21, confirmaron su apuesta por alcanzar el 100% de renovables en el sector eléctrico y el 70-80% en el resto de los sectores, mientras que Ciudadanos ha señalado el 50% de energías renovables como objetivo viable, considerando el 100% como objetivo ideal y deseable.

Asimismo, PSOE y Unidos Podemos señalaron, por una parte, la necesidad de llevar a cabo una auditoría de costes del sistema eléctrico como punto de partida para iniciar cualquier reforma del sector. Por otra parte, reiteraron su plan de cierre de las centrales nucleares y coincidieron en los objetivos a corto y medio plazo, como la revisión del modelo de las subastas renovables y el fomento del autoconsumo, “modalidad de producción de energía sostenible y solidaria con el medio ambiente”.