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La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

Hablemos de costes y precios

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La comparecencia del ministro de Energía en el Congreso al hilo de la evolución reciente de los precios de la electricidad en España permite hacer una retrospectiva de lo que ha sido esta crisis de invierno de 2017, generalizada en toda Europa. Iba con la lección aprendida y con una importante preparación técnica y metodológica.

Álvaro Nadal ha realizado una explicación académica de lo que es un mercado, sus reglas y sus consecuencias; los efectos de la escasez en esta coyuntura. Escasez que proviene de unas condiciones climatológicas determinadas y adversas: un país que produce alrededor de un 20% con energía hidráulica y otro 20% con energía eólica, si ve mermado el recurso eólico o hidráulico, tiene escasez. Una escasez derivada también de los flujos internacionales de la energía por la exportación a Francia de electricidad dado que una parte significativa de su parque nuclear está parado. Una evidencia, además, que la energía en el mercado de generación francés es más cara aún que en España y/o que nos eligen frente a otros países suministradores.

Los beneficios de que una actividad esté en régimen de mercado son claros: se consigue que todas las tecnologías compitan, obteniendo precios medios finales eficientes, y los propios agentes determinan la forma de aplicar sus recursos de forma eficiente. Además nuestro mercado ofrece signos muy claros de eficiencia y sus precios resultantes han transmitido las señales que se derivan de las condiciones del mismo, bien la escasez actual o bien la abundancia cuando hay días que se efectúan las casaciones a cero en el pool.

Es la escasez la que hace que unos años el aceite sea más caro que otro, teniendo prácticamente los mismos costes de producción. O que la verdura se haya puesto en precios de pata negra por las heladas. Bienes de primera necesidad y condiciones climatológicas: ¿Les va sonando?  Los resultados de las investigaciones que se han realizado en el pasado y las que defienden los propios agentes del sector reflejan la eficiencia del mercado. Si un mercado no es eficiente, no transmite correctamente las señales de escasez o de abundancia, como sería un mercado intervenido en el que el consumidor artificialmente puede tener precios bajos fijados políticamente, abocándolo a consumir de forma ineficiente por un ejercicio mal entendido de «protección».

El ministro aprovechó para soltar alguna pulla sobre determinados componentes de los costes de acceso, sobre todo en nuestro pasado de despilfarro en ciertas tecnologías. A la vez, los socialistas no quieren ni oír hablar de los desmanes en la fijación retributiva y gestión de autorizaciones de potencia renovable de la época Zapatero. Eso sí, la oposición está alineada claramente con las posiciones anti mercado: desde Ciudadanos hasta los partidos de izquierda insisten en reclamar una auditoría de costes del sistema eléctrico, otra más, destinada a acabar con el mercado. Cuánto más próximas son las ideas de los grupos parlamentarios a Podemos más partidarios son de la intervención, con Izquierda Unida planteando directamente la nacionalización.

Pedir la auditoría ya es un clásico. Pero que un suministro se sufrague por un sistema de costes reconocidos, significa que en el precio de un café, por ejemplo, se calcule el precio de los gramos de café que se ponen en la carga de la cafetera, el escandallo del coste del agua que se incluye en la taza, la distribución del tiempo horario del camarero que lo prepara, más la repercusión de los costes directos e indirectos del establecimiento dónde se sirve (alquiler del local, luz, limpieza, etc…) y que se fije un tipo de interés que lo retribuya.

Un sistema que hace que por un café se pague lo que cuesta el café al dueño de la cafetería. Pero un sistema que también incentiva que, por ejemplo, el local tenga mucho, mucho mármol, por el simple motivo de que va a reflejarse en los costes. Obviamente, la economía de mercado no funciona así y lo que determina el precio del café, entre otros factores, es la abundancia o no de sitios en los que tomar café en una zona, con los establecimientos compitiendo entre sí, con sus diferentes precios, para captar clientes. Economía de mercado. Europa. Siglo XXI.

Toda la oposición se une y pide en el Congreso una nueva Ley de autoconsumo de electricidad sin cargos

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EFE / Europa Press.- Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se unieron para presentar una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva Ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Todos los partidos políticos a excepción del PP y Foro Asturias han firmado una proposición de Ley que han registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, hacer posible una simplificación administrativa, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu presentaron esta iniciativa y han exigido que el Gobierno no la vete y han advertido de que esta mayoría parlamentaria podría levantar dicho veto. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, puntualizó que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 Megavatios, lo que supondría una alteración de tan sólo de 12 millones de euros.

Donoso calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque «se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común». En este sentido, considera que se trata de una ley que busca evitar las «barreras» impuestas en la normativa actual y que se basa en cuatro puntos que pasan por “que no se pague lo que no se usa», de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. De hecho, ha cifrado en 11 céntimos de euro al año la repercusión que supondría para el conjunto de ciudadanos.

En el mismo sentido, el director general de Geoatlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, asegura que el autoconsumo de electricidad supone «ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención» e incide en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Además, Morales explicó que no se contempla el balance neto, sino que fija descuentos en los excedentes a precio de mercado, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficit de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficit de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW.

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, destacó la unión parlamentaria para que se desarrolle el autoconsumo en España, «el único país del entorno en el que no se ha desarrollado», a través de una iniciativa «fruto del sentido común y la justicia». Lucio desveló que la «voluntad» de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo «cuanto antes», con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio, siempre y cuando el Gobierno no presente vetos a la iniciativa con «argumentaciones peregrinas» similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno que no vete el proyecto de ley ya que «si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días». Rodríguez lamenta que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumo que por la disminución del precio de la luz que supondría, cuando se podría recaudar «pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades». De esta forma, abogó por un modelo de autoconsumo similar al resto de países de Europa y del mundo, y asegura no entender el «miedo» a la generación descentralizada cuando hay «infraestructuras suficientes» para ello.

De igual forma, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha manifestado su «satisfacción» porque la iniciativa de las organizaciones sociales se vea reflejada en un texto legislativo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea «amigo» del autoconsumo al fijar una regulación «de las más restrictivas que hay en el mundo», y ha calificado de «impresentable» y «deleznable» que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no sólo por los costes asociados sino por el mensaje que ha transmitido el Gobierno a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo. También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, unas 4.300 en Cataluña «al borde de la ruina», por lo que ha dicho esperar que el consenso parlamentario se mantenga y se facilite una transición energética «real y sostenible».

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, también calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque demuestra que «el PP está absolutamente solo en materia energética«. Candela ha destacado que la proposición de ley permita avanzar en la búsqueda de alternativas al modelo energético «mientras unas cuantas empresas se llevan todo el dinero», y ha mostrado su compromiso con los «miles de arruinados» por la «estafa» fotovoltaica para que recuperen sus derechos.

Ciudadanos plantea un plan nacional para renovar edificios públicos y hacerlos eficientes

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Europa Press.- Ciudadanos insta al Gobierno, a través de una proposición no de ley, a elaborar un plan nacional para aumentar en, al menos un 3% anual, la renovación de edificios públicos. En el texto registrado, firmado por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, se hace un llamamiento al Ejecutivo para que evalúe la eficiencia energética de los edificios más sensibles como colegios, residencias de ancianos y hospitales, de manera que se prioricen las actuaciones de renovación y conversión de estos edificios hasta anular su consumo.

Se trata, según Rodríguez, de «elaborar medidas de eficiencia energética dirigidas en especial para el colectivo de consumidores vulnerables severos». El documento también sugiere una regulación de la eficiencia energética de edificios, fijando los términos que éstos deberán cumplir para llegar a ser construcciones «de consumo de energía casi nulo». La idea de la formación naranja es que el Ejecutivo desarrolle el decreto que establece la obligación de poner a disposición de compradores o usuarios un certificado de eficiencia energética. Sin embargo, los requisitos mínimos de eficiencia energética de las construcciones se establecen en el Código Técnico de la Edificación.

El Gobierno vasco rechaza reabrir Garoña mientras que Equo pide a PSOE y Ciudadanos que impidan su reapertura

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EFE.- El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reiteró la postura «claramente contraria» de las instituciones vascas a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), ante la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear avale que la planta vuelva a estar operativa con la incorporación de algunas mejoras de seguridad. Por su parte, el partido ecologista Equo, integrado en Unidos Podemos, emplazó al PSOE y a Ciudadanos a que «cumplan su compromiso» e impidan la «aberrante» reapertura de la nuclear.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, criticó duramente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que a su juicio «avala» la reapertura de esta central ubicada a 40 kilómetros de Vitoria. Según López de Uralde, ese informe es «una decisión 100% política, impulsada por el PP, que controla el pleno del CSN y que lleva años rebajando los requerimientos de las centrales nucleares para poder permitir alargar su funcionamiento a costa de la seguridad y del medio ambiente».

Además, ha alertado de que con Garoña se quiere sentar un precedente y abrir el camino «para alargar la vida del resto de las centrales nucleares» ya que «ni siquiera se establecen plazos para su cierre», algo que nunca había ocurrido. «¿Hasta cuándo van a mantenerla abierta, hasta que explote? Es aberrante», ha declarado López de Uralde. Por ello, ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que cumplan su compromiso y «hagan valer su condición de socios» para exigir al PP el cierre de Garoña «como reclama la mayoría parlamentaria».

Ha destacado que el PP está poniendo en manos de Nuclenor un «herramienta muy poderosa», el lucro cesante, que obligará a toda la ciudadanía a pagar a Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, en caso de que Garoña no se abra. «Las nucleares están en la fase final de su vida y las eléctricas quieren exprimir los beneficios», algo que está siendo facilitado por el PP, según Uralde.

Para evitarlo, el diputado ha presentado en el Congreso una Proposición de No Ley que plantea el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen. El calendario de cierre que plantea es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó en 2021, Cofrentes también en 2021 y por último Trillo en 2024. Por su parte, la asociación ecologista Eguzki ha alertado de que reabrir Garoña supondría «un riesgo inasumible dadas la graves deficiencias, accidentes y catástrofes que se han producido en supuestos similares», como en Fukushima (Japón), que albergaba una central «gemela».

Bildu reclama una respuesta «contundente»

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, ha reclamado una «respuesta clara, contundente y eficaz» a nivel político, institucional y social ante la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.Otero se ha pronunciado de este modo ante el último informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, al parecer, avala la reapertura de la planta a condición de que se realicen algunas mejoras de seguridad.

El representante de la coalición soberanista ha explicado que el próximo jueves Bildu pondrá sobre la mesa en el Parlamento del País Vasco varias propuestas para «pasar de los hechos a la acción» en esta cuestión.Otero ha recordado que en la Cámara vasca se va debatir en el pleno una propuesta del PSOE que Bildu ha enmendado con el objetivo de que lo que se apruebe «no sea la enésima declaración institucional que se quede en un papel mojado«.

«Es momento para pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas desde diferentes ámbitos», ha recalcado el parlamentario de EH Bildu que ha añadido que su grupo defenderá en el pleno algunas medidas que podrían tomarse para impedir legalmente la reapertura de Garoña y rechazar la energía nuclear como fuente.Así ha dicho que van a solicitar la despolitización del CSN, que su director, Fernando Marti, sea cesado y que se retiren del comité asesor de este organismo los miembros que tiene el Gobierno Vasco, entre otras cuestiones.

La oposición se une en el Congreso para pedir el fomento del autoconsumo

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Europa Press.– La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea, PSOE, Ciudadanos, ERC, PDECat y Compromís, se han unido para presentar una proposición de ley para el fomento del autoconsumo eléctrico. En concreto, la mayoría parlamentaria registrará su iniciativa legislativa este miércoles, un día antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparezca ante la comisión del ramo para explicar la subida de la luz.

La iniciativa pactada por la mayoría parlamentaria exige que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad en España «sin ningún tipo de cargo». Precisamente, el pasado diciembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción de Ciudadanos que demandaba al Gobierno avanzar en la transición energética marcada por Bruselas hacia un modelo de energías renovables y la supresión del llamado impuesto al sol.

El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo. La normativa estableció que quienes producen y consumen su propia energía sin estar conectados a la red eléctrica no han de asumir ningún coste del sistema eléctrico, pero sí que los autoconsumidores conectados contribuyesen a los costes generales del sistema. Estos se refieren sobre todo a la solidaridad con los sistemas extrapeninsulares donde la generación es más cara, la amortización del déficit tarifario, los incentivos a las renovables y los costes de respaldo.

La posverdad llega al aumento del precio de la electricidad

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Durante estos días venimos asistiendo a una formidable polémica alrededor del precio de la electricidad, motivada por la subida de precios en el mercado mayorista ibérico (ya no es español, exclusivamente). La realidad es que, dado que la tarifa tiene más componentes, esto afectaría en el recibo de enero de la tarifa regulada PVPC en una subida del 29%, pero no va a afectar directamente a los consumidores del mercado libre (más de la mitad de los consumidores de electricidad) y menos aún a los que tienen una tarifa plana.

Por su parte, los mercados mayoristas europeos vienen registrando está tendencia creciente por motivos estacionales, combinados con la evolución al alza de los precios del petróleo y del gas. El mercado eléctrico español está respondiendo correctamente, como instrumento que transmite señales de oferta y demanda, a través de los precios. Por lo tanto, ¿Cómo se está articulando la polémica? Tratando de extrapolar los crecimientos de determinados y concretos momentos puntas para que, falazmente, los usuarios piensen que esos aumentos serán los que se aplicarán directamente en su factura. Nadie dice nada, a contrario sensu, cuando hay horas que las casaciones de precios se hacen a 2,3 euros, frente a los 98,69 euros alcanzados este viernes.

En suma, un ejercicio de posverdad al estilo Trump, procedente de la comunicación política, hace que se genere una fuerte alarma en la opinión pública, orientada nuevamente a atacar el modelo de mercado en pos de un modelo intervencionista. Ese ha sido el verdadero objetivo de la campaña alrededor de esta cuestión: la movilización social y de las redes y el aprovechamiento a este fin.

Investigar los precios, otra vez

El Gobierno, por su lado, acosado por la incidencia mediática y de las redes, ha respondido de forma hasta cierto punto razonable. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha tomado decisiones en el mercado del gas, acelerado la regulación de un generador de mercado de gas (para intentar aumentar la oferta de gas). Asimismo, desde el punto de vista jurídico, para intentar dar una respuesta adecuada a la turba, se va a «investigar» la subida de los precios de la luz por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, como se ha realizado en otras ocasiones y otros mercados (hidrocarburos). En principio no se anticipa una barbaridad como la que protagonizó Soria respecto a la abolición de las subastas CESUR.

Por su parte, los grupos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, se han apuntado a los postulados retroprogresivos de solicitar la auditoría de costes eléctricos, evidenciando que la política española (incluidos los supuestos liberales) todavía no atiende a las circunstancias de oferta y demanda como explicación de la escasez, en un momento determinado dentro del mercado, que determina consecuentemente los precios. Los costes no son los que fijan los precios en una economía de mercado.

Lo más destacable de este proceso de agitación (una campaña grassroot) es que, desde el punto de vista de la opinión pública, se ha dado un salto cualitativo en la agitación  antimercado, ampliando el espectro de los clásicos portavoces intervencionistas de corte retroprogresivo a los tertulianos y todológos en los medios de comunicación generalistas que, en cada paso de sus pontificaciones, incorporan apostillas personales sobre la supuesta maldad y perversión del mercado y de sus agentes, sin comprender su funcionamiento real. Nunca se llegó tan lejos en la generación y difusión de la alarma pública, merced a una acción de mediatización ex catedra. Un problema complejo, con muchas derivaciones y consecuencias: el Sálvame de la posverdad llega a la energía.

Ciudadanos pide en el Congreso una auditoría de los costes energéticos y de la factura de la luz

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar una auditoría de todos los costes del sistema energético y otra del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

En su proposición no de ley, firmada por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, la formación naranja pide impulsar una auditoría a todo los costes del sistema energético, tanto generación, transporte, distribución y comercialización, que «permita determinar con precisión los costes reales del sistema”. El objetivo es «fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación». Asimismo, pide impulsar una auditoria de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

De igual forma, insta al Ejecutivo a encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno del PP, con «especial incidencia» en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias.

Intervención del Gobierno en 2013

La formación naranja recuerda en su iniciativa que hasta finales de 2013 el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11%. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014, y el 1 de octubre de 2015 estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que tuviesen ya instalado un contador inteligente y telegestionado.

De este modo, el precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año. Para Ciudadanos, estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su «elevada volatilidad» como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la «imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional».

Asimismo, Ciudadanos señala que durante este mes de enero los incrementos en la factura de la luz para los usuarios  registraron “una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa, según datos de Eurostat».

Por ello, dadas las «recurrentes dificultades» por las que atraviesa el sistema energético, como problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura o dependencia internacional, que consolidan un «alza masiva» de los precios durante la última década, ve necesario conocer el conjunto del sistema y «determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los consumidores».

El Congreso acuerda pedir una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los compromisos con la Unión Europea

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Europa Press / Servimedia.- El PP y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pueda «integrar y armonizar la legislación» y llegar a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en estas materias. De este modo se consensuó un texto transaccional a la iniciativa original del PP, que contó con el apoyo de PSOE, Ciudadano y Podemos.

El texto cuenta con una docena de puntos, entre los que destacan las propuestas de promover políticas nacionales para reducir emisiones, crear un Plan Nacional de Energía y Clima, concienciar sobre el problema del cambio climático y dotar al sector de la financiación adecuada para llevar a cabo todas estas iniciativas. El documento también insta al Ejecutivo a establecer un marco de ecoeficiencia en la gestión energética; mejorar la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento en sumideros que disminuyan la concentración atmosférica de CO2; y promover una política de movilidad y transporte sostenible así como actuaciones de eficiencia energética en el sector residencial.

Además, los partidos piden al Ejecutivo que impulse la adaptación eficiente de España al cambio climático, promoviendo la explotación y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono. En este sentido, el texto recuerda que España se ha comprometido a reducir, el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los valores registrados en 1990. En la propuesta se especifica que son objetivos «ambiciosos» pero también «realistas».

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró «satisfecho con el acuerdo» que, a su juicio, muestra «la evolución del trabajo en esta Cámara» de cara a «combatir el fenómeno del cambio climático». Desde Podemos y, a pesar de haber firmado este acuerdo, su portavoz Iñigo Errejón, subrayó la necesidad de tomar más medidas adicionales, como «abolir el impuesto al Sol y cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible».

Desde la tribuna del Congreso, la diputada del PP, María Luz Bajo, ha celebrado el «espíritu de consenso» de todas las formaciones políticas en esta materia para intentar poner en marcha una ley que, a su juicio, «llega en el momento idóneo», cuando se ha ratificado el Acuerdo del Clima de París. La popular, se ha mostrado segura de que, para elaborar la proposición de Ley, el Gobierno va a plantear «un proceso abierto y participativo» que implicará de manera transversal a diversos ministerios, así como a las administraciones autonómicas y locales. Del mismo modo, ha señalado que se contará con los «actores relevantes en la lucha contra el cambio climático, como el colectivo investigador, el empresarial y las ONGs.

También el PSOE ha valorado positivamente el «contexto de unanimidad» que se ha reflejado en esta propuesta y espera que la futura norma «promueva un modelo de crecimiento verde» que sea «más sostenible y menos dependiente de la quema de combustible fósil» de lo que es ahora. Más crítica ha sido la representante de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha acusado al PP de tener «poca memoria» a la hora de redactar la transaccional y exponer los datos conseguidos por España en reducción de emisiones. Así, la diputada ha explicado que si las emisiones bajaron en los últimos años es «consecuencia de la desaceleración económica de la crisis» y ha apuntado que en 2015 las emisiones han registrado un repunte.

Para Martínez, la nueva norma deberá servir para que el Gobierno «se tome en serio la lucha» contra el cambio climático y para ayudar a transformar el modelo productivo del país. «Pongan recursos y voluntad política para cambiar de rumbo» señaló Martínez, quien definió la situación ambiental como «la violación masiva más grande de la historia» y uno de los «mayores retos de la humanidad».

También reclamó «voluntad política» el diputado de Ciudadanos, José Luis Martínez, que recordó que España es el país peor situado de Europa en cuanto a renovables y pidió la anulación del impuesto al Sol. A su juicio, si se quiere lograr una mejora en esta materia, España debería liderar la acción europea. Finalmente, los representantes de PNV, Esquerra Republicana (ERC), la antigua Convergència y Bildu han decidido abstenerse después de mostrar su contrariedad en el debate porque el texto transaccionado no especifica en su totalidad el ámbito competencial que, en esta materia, tienen algunas autonomías.

Piden objetivo 2050: 100% renovable

La Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales y de cooperación al desarrollo, entre otras, difundió un documento de propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaborará el Gobierno, en el que fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy. El documento que difundieron propone como objetivo de mitigación que la norma sea «lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050», es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

Encuentro Rivera Rajoy

Ciudadanos lleva al Congreso de los Diputados la división de la CNMC en dos organismos que pactó con el PP

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos órganos independientes, una medida que el partido naranja acordó con el Partido Popular en el pacto de investidura de Mariano Rajoy.

Según la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Economía y Competitividad, la actual CNMC debería dar lugar a dos nuevas entidades: una Autoridad Independiente de Regulación de los Mercados (AIReM) y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo), siguiendo «el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno». En concreto, Ciudadanos propone que la AIReM asuma las funciones de supervisión y control de todos los sectores económicos, en especial los de gas y electricidad.

Además, Ciudadanos apuesta por que esta nueva entidad recupere competencias que fueron asumidas por ministerios y direcciones generales tras la creación de la CNMC durante la reforma de los organismos regulatorios en 2013, cuya supervisión y regulación sería asumida por la AIReM. Aquel año se fusionaron en la CNMC seis organismos (Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria). Ciudadanos critica que aquella reforma «fue realizada sin consenso y acaparó críticas tanto de expertos como de organismos internacionales, incluida la Comisión Europea». «No tiene sentido cuando se hace en tantos ámbitos y tan dispares», señala Ciudadanos.

Respecto a la AIDeCo, Ciudadanos propone que asuma las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. Asimismo, esta entidad desarrollaría las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, «sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas».

«Para que el mercado funcione, es necesario dejar el máximo espacio posible a la iniciativa privada, pero dentro de unas reglas de juego claramente impuestas e imparcialmente ejecutadas», subrayan desde la formación. En este sentido, consideran «absolutamente imprescindible un organismo auténticamente capaz de velar por la competencia efectiva en los mercados y de evitar el abuso de las posiciones dominantes».