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Unesa asegura que modificar la retribución “de manera inesperada” pone en cuestión la estabilidad jurídica y perjudica a las empresas

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Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas, Unesa, que representa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, junto a otras patronales de distribución como ASEME y CIDE, han recordado que la remuneración de la distribución eléctrica fue establecida por la Ley de 2013 y critican que los ajustes que el Gobierno pretende aplicar se producen «de manera inesperada» al estar fuera de los periodos regulatorios, «lo que pone en cuestión la estabilidad jurídica» y perjudica a las empresas.

Asimismo, señalan que los cambios se quieren introducir cuando aún está pendiente de tramitación la Ley del Cambio Climático y Transición Energética y cuando la comisión de expertos creada por el Gobierno para asesorar sobre estos asuntos aún no entregó sus conclusiones. Para las patronales, la transición energética «exige mantener y ampliar» las redes de distribución y la incertidumbre generada por los cambios regulatorios «no favorece la inversión», que supera los 1.100 millones de euros.

Además, consideran que el papel de las redes «es crítico» para poder integrar de manera efectiva las energías renovables, conseguir que el consumidor sea más activo y responsable en una red digitalizada y para poder ampliar los usos de la electricidad, «por lo que alterar el entorno regulatorio puede condicionar la consecución de estos objetivos«. En su comparecencia en el Congreso, Nadal pidió al resto de fuerzas políticas del Parlamento respaldo para aplicar a las eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por cerca de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

Ajustes a distribución y transporte

El mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. “Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero”, indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos amortizados pertenecientes a las principales compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros. Además, en los costes extrapeninsulares, propone una actualización en los parámetros de activos una vez que Red Eléctrica ha remitido las pruebas más actualizadas para determinar la estructura de costes de generación de las distintas centrales en las islas, que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros.

No obstante, el Gobierno finalmente no ha incluido en el paquete de enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado a la Ley contra la sequía ninguna propuesta de cambio encaminada a reducir la retribución a las redes de gas y a la distribución eléctrica. Así, en la batería de enmiendas se incluyen únicamente propuestas de modificación en la Ley del Sector Eléctrico referentes a peajes y cargos para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad y a regadíos, adaptándose a la normativa europea.

En el Congreso, Nadal consideró que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las eléctricas proceden de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o de REE. Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El Supremo admite a trámite varios recursos de pequeñas empresas de distribución eléctrica contra la orden ministerial para su retribución

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EFE.- El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo de varias empresas de distribución de energía eléctrica contra la orden que establece su retribución para 2016, con un importe global de 5.162,63 millones de euros. Se trata de Eléctricas Pitarch Distribución, Inpecuarias Villaralto, José Ferre Segura e Hijos, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (CIDE), Electra de Carbayin, Eléctrica del Oeste Distribución, Maestrazgo Distribución Eléctrica, Eléctrica San José Obrero, Electra Valdizarbe, Félix González, Suministradora Eléctrica de Cádiz e Impecuarias Pozoblanco.

Los pequeños distribuidores de energía de CIDE alertan de que la falta de Gobierno «lastra» las inversiones y al sector

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EFE.- El presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (CIDE), Gerardo Cuerva, ha alertado de que la falta de Gobierno provoca que se «lastren» las inversiones y el crecimiento del propio sector, en el que su asociación agrupa a los distribuidores con menos de 100.000 clientes. Cuerva deseó que las empresas «tengan luz» ante esta «situación de bloqueo a nivel de Gobierno porque lleva a problemas en el sector ya que el Ministerio alega que no puede tomar decisiones”.

Por ello, el empresario granadino ha hecho una petición clara a las autoridades en nombre de esta asociación nacional que aglutina a alrededor de 200 empresas, instando a los políticos a que «intenten sacar lo mejor de sí mismos para desbloquear la situación y poder avanzar en el sector». Desde la asociación, se lamenta el «retraso para la toma de decisiones e incluso, para el diálogo sobre aspectos básicos del funcionamiento e implementación del sistema energético». Cuerva ha mostrado su esperanza en que «esta situación tenga un desenlace lo más rápido posible y se pueda avanzar decididamente hasta lograr un sistema energético que esté a la altura de las necesidades presentes y futuras del país».

CIDE también demandó al futuro Gobierno que tenga en cuenta las necesidades de los pequeños y medianos distribuidores eléctricos, «en contra de lo que ha sido habitual en los últimos años con Ejecutivos de distintos partidos». Cuerva afirmó que «no se pide que nos protejan por ser pequeños, pero tampoco que nos podamos ver perjudicados por no tener una alta capitalización bursátil o no tener que responder ante miles de accionistas». «Nosotros debemos dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes y de muchas empresas que también contribuyen al progreso y al bienestar común», matiza.

Las empresas del colectivo estiman que el próximo año invertirán 100 millones de euros en España. En este marco, Cuerva critica que las grandes corporaciones del sector «continúan intentando ampliar su dominio del mercado y reducir el número de pequeñas y medianas distribuidoras mediante adquisiciones no siempre justas y equilibradas«, lo que asegura que llevaría a una situación de «menor competencia negativa» para la economía y el sistema energético español.

También ha valorado positivamente los esfuerzos que están realizando sus empresas y sus profesionales para adaptarse y responder a los nuevos requerimientos de los reguladores, especialmente en el último año lo que ha permitido conseguir «aspectos positivos en la puesta en marcha del nuevo periodo regulatorio del sector». Además, resalta la apuesta por la innovación y las tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia energética y el servicio que prestan.

El Supremo admite a trámite dos recursos de Cide y Px1NME contra el decreto de autoconsumo

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EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite dos nuevos recursos, de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Cide) y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), en contra del real decreto 900/2015, contra la normativa que regula el autoconsumo. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), los dos recursos se han interpuesto ante la sala tercera del Tribunal Supremo y se admitieron a trámite los pasados 20 y 21 de enero.

En ambos casos van contra el decreto con el que el Gobierno reguló las condiciones y las modalidades de la producción eléctrica para autoconsumo. La normativa, fuertemente criticada por renovables, ecologistas y oposición, prevé el pago de una serie de cargos a los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema.

La Px1NME había anunciado junto a la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como Greenpeace y CC.OO. la interposición de diversos recursos ante el Supremo contra el decreto de autoconsumo al considerar que «vulnera la Constitución Española». A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedentede fuentes renovables.

Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores». La denuncia de estas organizaciones se suman a otras contra la misma norma presentadas por empresas como Villar Mir Energía o Valoriza Servicios Medioambientales, filial de Sacyr, además de otras de Lasal del Varador, Solares-Solartys, Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, Josep Puig Boix, Lluís Maria Coll i Ripoll, Andrés Montesinos Campos, Alternativa Verda, Dia de la Terra, Grup de Cientifics i Tecnics per un Futur no Nuclear, Eurosolar y Solar Tradex.

El Supremo anula el cálculo de 2013 de rentabilidad para los pequeños distribuidores de electricidad por medias y no individualizado

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Europa Press.- La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo anuló la forma con la que el Ministerio de Industria y Energía calculó la retribución de los pequeños distribuidores de electricidad en el segundo semestre de 2013, al utilizar información sectorial y no individual en uno de los coeficientes de la fórmula.

En una sentencia del pasado 27 de enero, el Supremo estima parcialmente las pretensiones de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Cide), que aglutina a los distribuidores con menos de 100.000 clientes. En concreto, anula el articulo 7 y el anexo IV de la orden ministerial IET/2442/2013 en lo referido a la aplicación del «coeficiente a». El Supremo reconoce que estos preceptos vulneran lo establecido en el real decreto ley 9/2013, que fijó las bases de la reforma energética y que establece, en el apartado 3 del anexo I, un «coeficiente a» para calcular la retribución de las distribuidoras en el que se incluya información individual de cada empresa en caso de que se disponga de un dato «fidedigno».

Este coeficiente sirve para calcular el inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico. Según la definición regulatoria, sirve para reflejar para cada una de las distribuidoras la cantidad de retribución que se destina a cubrir los costes de operación y mantenimiento. En el decreto 9/2013 se establecía que, cuando no haya información individual de la empresa, se ha de acudir a los valores medios del sector. Industria decidió hacer uso de este aspecto y fijar un 0,35% para todas las distribuidoras con menos de 100.000 clientes.

Decisión que considera «no fundamentada»

El malestar de Cide procede de que este 0,35%, que en un informe la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) llegó a cifrar en el 0,41%, se haya aplicado por igual a todas sus empresas. Por eso, denunció la falta de explicación y de datos en el criterio administrativo seguido para establecer este «coeficiente a». La memoria económica de la orden ministerial no explica en ningún momento por qué se actuó de esta forma.

El decreto 9/52013 establece el «coeficiente a» como un dato «individual» de cada empresa, que refleje «para cada una de las empresas de distribución» el porcentaje o la cantidad que la empresa de distribución destina a retribuir los costes de operación y mantenimiento. El uso de un coeficiente a partir de la media del sector «es siempre subsidiaria y se condiciona por el precepto indicado al caso de que para una empresa concreta no se dispusiera de alguno de los datos necesarios», recuerda el Supremo.

Por otro lado, el tribunal ha desestimado las pretensiones de Cide relacionadas con la tasa de retorno final para sus infraestructuras, al considerar que la nueva regulación recoge una «retribución razonable«. La nueva norma de Industria recoge una tasa de retorno ligada a los bonos del Estado más una tasa de 100 puntos básicos para el segundo semestre de 2013 y de 200 puntos para 2014, lo que arroja tasas del 5,5033% y de 6,5033%, respectivamente. Cide considera que estas tasas son incompatibles con la Constitución y con la regulación comunitaria al resultar «insuficientes«, aspecto que no comparte el Supremo.

Los pequeños distribuidores de electricidad también ofrecerán la tarifa de luz por horas

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Europa Press.- La asociación de pequeños distribuidores de electricidad CIDE presentó su nuevo sistema de telegestión, con el que estas empresas podrá ofrecer también a los clientes de sus zonas la nueva tarifa por horas de electricidad. Además también denuncian el intento de las multinacionales de «monopolizar el mercado».

Esta asociación, que agrupa 205 pequeñas distribuidoras que dan servicio a 1,5 millones de hogares en 700 municipios, explica que el nuevo sistema de telegestión fue presentado durante su congreso anual, que se celebra en A Coruña. El sistema de telegestión de CIDE funcionará como una multiplataforma que permite a cada distribuidora la gestión independiente de cada cliente de forma remota, así como actuaciones masivas a distancia, y ha sido desarrollado por técnicos de la asociación y empresas informáticas, entre ellas algunas gallegas.

El sistema facilita ya las operaciones de 171 compañías distribuidoras de toda España, con lo que se convierte en el modelo de gestión en común más grande del país. Entre otras labores, permite realizar en remoto acciones como el corte y la reconexión de los puntos de suministro menores a 15 kilovatios (kW), así como cambios de potencias o lecturas de consumos horarios, diarios y mensuales. El presidente de CIDE, Gerardo Cuerva, destacó esta plataforma como ejemplo de la «capacidad» de CIDE para responder a «las exigencias de los reguladores».

Intento de «monopolizar el mercado»

Por otro lado, la asociación nacional de compañías distribuidoras y productoras de energía eléctrica (CIDE) denunció que «las grandes multinacionales del sector» podrían tratar de hacerse con algunas de las empresas independientes para «monopolizar el mercado», algo que afectaría gravemente a las calidad del servicio a los usuarios. En su discurso en el Congreso anual de la asociación, el presidente de CIDE, Gerardo Cuerva, advirtió de que las grandes multinacionales del sector «esperan la oportunidad de hacerse con las distribuidoras pequeñas y medianas«, con lo que se acercarían «a la posición de monopolio y no sería bueno para los intereses de la economía de nuestro país y de los consumidores».

Así, pidió «a este Gobierno, y al que venga», que desarrolle una normativa «eficaz y justa, que sea verdaderamente neutral, y que no beneficie las aspiraciones de las grandes multinacionales». Además, Cuerva instó a las instituciones a establecer un marco regulatorio «justo y estable» para el sector, con el objetivo de favorecer «la incipiente recuperación económica y ofrecer un suministro de calidad y garantizado que responda a las necesidades de las empresas y familias españolas».

Por ello, solicitó una «concreción definitiva» de los aspectos que aún quedan pendientes de establecer en la nueva regulación del sistema eléctrico. En su discurso, el presidente de CIDE recordó que el sector continúa sumido en una «elevada incertidumbre» regulatoria donde destaca el comienzo del nuevo periodo regulatorio y la fijación de una retribución justa para las inversiones.