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Abogados ambientales del IIDMA piden a los europarlamentarios españoles que acaben con las ayudas al carbón

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Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha reclamado a los europarlamentarios españoles miembros del Comité de Industria del Parlamento Europeo que pongan fin a las ayudas al carbón. Así, con motivo del debate sobre el diseño del futuro mercado energético de la Unión Europea y, en concreto, sobre el Reglamento del Mercado Interno de la Electricidad que se está negociando, los abogados ambientales han formulado un conjunto de recomendaciones a los representantes españoles en la Eurocámara.

En concreto, han subrayado la importancia clave de regular los mecanismos de capacidad para evitar el alargamiento de la vida de las centrales de carbón de manera artificial, y los mecanismos de acceso y despacho preferentes, para promover una transición energética a las renovables. El carbón, según recuerdan, es la fuente de energía más contaminante y además impacta sobre la salud y el medio ambiente. Así, recomienda promover las energías limpias como base para una transición energética baja en carbono.

Límite: 550 gramos de CO2/kWh

En cuanto a las evaluaciones de adecuación de recursos y mecanismos de capacidad, estiman que estos mecanismos deben ser reducidos al máximo y controlados con una evaluaciónque certifique su necesidad real y un plan para su abandono posterior. De este modo, aseguran que las centrales con emisiones intensas de carbono, bajo criterios estrictos de límites de las emisiones de CO2 de 550g CO2/kWh, «no deberían recibir subvenciones que alarguen su vida de forma artificial».

La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha señalado que este tipo de mecanismos, mal entendidos, permiten que se alargue de forma artificial el uso del carbón a pesar de ser el combustible más contaminante. «No se debe permitir el uso de la legislación para proteger y subvencionar centrales térmicas que están abocadas al cierre en el contexto actual. Es necesario trabajar en un plan ordenado de abandono del carbón y cierre de las centrales térmicas si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar los efectos más duros del cambio climático», sentenció.

Baleares asegura que Arias Cañete considera «positiva» su legislación climática para acabar con el carbón en la térmica de Alcudia

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EFE / Europa Press.- El consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno autonómico de Baleares, Marc Pons, asevera que el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, hizo una valoración «positiva» de la ley balear de cambio climático ya que está en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. «La valoración del comisario ha sido positiva, entre otras cuestiones porque la Unión Europea se ha marcado ese mismo objetivo: la descarbonización de la economía europea para 2050», afirmó Pons.

Pons indicó que la Unión Europea ve con buenos ojos el plan del Gobierno balear porque desea que los territorios insulares sean «punta de lanza» para conseguir la transición energética y «se comparten objetivos y formas». El Plan de Transición Energética de Baleares y la estrategia de las Islas para alcanzar los compromisos de lucha contra el cambio climático fueron presentados el 15 de febrero y una de sus principales propuestas es prohibir la entrada de coches diesel al archipiélago a partir de 2025 y de gasolina en 2035, una medida que no afectará a las motocicletas, turismos y furgonetas que ya circulan en Baleares.

«Hay ciudades europeas que ya han puesto esta limitación, como París, donde los diesel ya no pueden circular», recordó Pons, quien añadió que el comisario «no va a cuestionar» estas decisiones que son de ámbito municipal o autonómico. Además, la ley prevé que las flotas de vehículos de alquiler incorporen vehículos eléctricos desde 2020 en una proporción que irá desde un 2% ese año al 100% en 2035. En este sentido, Pons se ha interesado por las líneas de ayuda europeas específicas para construir la infraestructura necesaria para los coches eléctricos, como puntos de carga.

Por último, el consejero balear comentó que el gobierno autonómico ha planteado el cierre de centrales de carbón como la térmica de Es Murterar, en Alcudia (Mallorca) como una medida «estratégica» para la descarbonización de la economía aunque esto, recordó, dependerá de lo que proponga el Gobierno central. Cabe recordar que el Gobierno central rechazó el cierre de los grupos de carbón de la central de Alcudia y la sustitución del fuel y el gasoil de la central de Mahón por gas natural, a lo que Pons respondió que se trata de una decisión «equivocada» y «cortoplacista» que «cierra la puerta» a las energías renovables.

«Esta decisión condena a las Islas Baleares a mantener un sistema de producción de energía desfasada. Podemos seguir incrementando la producción de energías renovables pero ellos quieren seguir consumiendo carbón porque es lo más barato», explicó el consejero. Asimismo, el objetivo del Gobierno balear sigue siendo el cierre de los dos primeros grupos de Es Murterar y la reconversión de la central de Mahón antes de 2020 y, posteriormente, el cierre progresivo de los otros dos grupos de la instalación de Alcudia, como actuaciones imprescindibles del Plan de Transición Energética.

Movimientos del PP en Bruselas

Por su parte, las eurodiputadas del PP, Rosa Estaràs y Pilar Ayuso, responsable de medioambiente de la delegación española del PPE, han solicitado a la Comisión Europea que verifique si el anteproyecto de ley que está desarrollando el Gobierno de Baleares sigue las directrices fundamentales de la Unión Europea. La dirigente popular ha manifestado que «el desarrollo sostenible es un compromiso adquirido desde hace tiempo por las instituciones y ciudadanía de Baleares», y que «el grupo popular comparte con el Gobierno autonómico los objetivos alcanzados en el Acuerdo de París en 2015 de llegar a las cero emisiones en 2050«.

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

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Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

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Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

Energía achaca a la falta de respaldo político no poder dificultar el cierre de centrales eléctricas con rango de ley

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Europa Press.- Mientras Luis Tudanca, del PSOE de Castilla y León, espera que el PP no haga lo mismo con la térmica de Velilla que con Garoña y deje «tirada» la comarca, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha esgrimido que la falta de respaldo del resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente del PSOE, ha impedido que la normativa para endurecer el cierre de centrales eléctricas se haya podido aprobar mediante un real decreto ley.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal recordaron que a lo largo de 2017 el Gobierno trabajó con este objetivo de sacar adelante una propuesta conjunta para elaborar una normativa con rango de ley con la que regular el cierre de centrales eléctricas, aunque no fue posible al no contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento. Ante esta situación, el Ministerio optó por una regulación para establecer las condiciones que no dejaran el cierre de centrales en manos de decisiones empresariales. Eso sí, con un desarrollo reglamentario sin rango de ley.

El PSOE teme el futuro

Por su parte, Luis Tudanca no se fía de que el PP no haga lo mismo con la central térmica de Velilla que lo que hizo con Garoña en Burgos y deje «tirada» a la comarca y los trabajadores de la térmica. «Estamos esperando que tome alguna decisión» añadió, pero se ha mostrado poco esperanzado porque en Garoña el PP prometió durante años que con ellos en el Gobierno nunca cerraría y que pondrían un Plan de Reindustrialización en marcha.

Tudanca no quiere ser «agorero» pero ha recordado que hace más de 5 meses que el PP firmó «la sentencia de muerte» de Garoña y desde entonces están esperando un Plan de Reindustrialización. «Espero que eso no pase aquí, que no deje tirados ni a los trabajadores de la térmica ni al resto de la comarca» ha aseverado, al tiempo que enumeraba los problemas con los que cuenta la zona.

La CNMC se opone al decreto que dificulta el cierre de centrales eléctricas porque introduce excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de decreto del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica al considerar que introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios adicionales al de seguridad de suministro para denegar el cierre de las centrales como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

Propone ayudas de Estado ilegales

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio, la CNMC cree que es «muy complejo» y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, «lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea«.

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario. Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente. Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (el 50% del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar 3.000 MW de potencia interrumpible. En el caso de las dos centrales térmicas para las que Iberdrola ha solicitado su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo, en el horizonte 2020-2030, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual. Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales, en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón, y el crecimiento de la demanda. Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual, excepto la mitad de las centrales de carbón, se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.

Galán (Iberdrola) pide que se haga una política energética «de verdad» y no «política con la energía»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido hacer una política energética «de verdad» y «no hacer política con la energía«. A este respecto, insistió en que en los años que lleva en el sector ha visto pasar a distintos políticos que han cometido «los mismos errores», que al final «los pagan los consumidores y los accionistas».

El directivo, que defendió así la necesidad de impulsar la descarbonización de la economía mundial para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, señaló respecto a la transición energética que los cambios profundos no son un problema «sino una oportunidad». Así, afirmó que la descarbonización y la rentabilidad son totalmente compatibles y puso como ejemplo a la misma Iberdrola que, después de haber invertido 100.000 millones de dólares (unos 81.623 millones de euros) en renovables, redes y tecnología hidroeléctrica de bombeo, ha multiplicado por 5 su base de activos y triplicado sus resultados y dividendos. «Hemos pasado de ocupar el puesto 20 por capitalización bursátil entre las utilities a situarnos entre las cuatro primeras del mundo», añadió.

Además, Galán explicó que para dar respuesta a una demanda creciente con un modelo energético descarbonizado es imprescindible desarrollar más generación renovable, mayor capacidad de almacenamiento, más redes inteligentes y más vehículos eléctricos. A este respecto, aseguró que la tecnología necesaria ya está disponible y que sus costes se están reduciendo rápidamente. En este sentido, indicó que la inversión requerida por el sector eléctrico durante los próximos 25 años asciende a 19 billones de dólares (unos 15,5 billones de euros).

Galán, que hizo hincapié en que sean todos los actores los que se impliquen en la lucha contra el cambio climático, también consideró necesario para avanzar hacia un modelo económico descarbonizado que se implementen marcos legales estables y predecibles, que deben ir acompañados de una reforma de la fiscalidad ambiental bajo el principio de quien contamina, paga, así como de la eliminación de los costes no energéticos incluidos en la tarifa eléctrica. En este sentido, señaló que no todos los países que suscribieron el Acuerdo de París están desarrollando políticas para cumplir los compromisos asumidos.

En Asturias preocupa la descarbonización

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha reiterado que su comunidad autónoma tendrá «un problema» si finalmente se cierran sus centrales térmicas de carbón «antes de tiempo«. En este sentido, ha subrayado que España va «a cumplir el objetivo de 2020» en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 se refiere y ha garantizado que también lo hará en 2030 si no se va «más allá en las exigencias» que ya se «autoimponen» los países de la Unión Europea.

El barón socialista ha aseverado que le parece «bien» todo avance en energías renovables y que «nadie es enemigo de combatir el cambio climático», pero ha advertido de que si actualmente no existiesen las centrales de carbón el precio lo marcaría exclusivamente el gas y, por lo tanto, la electricidad resultaría «mucho más cara». En este sentido, ha puesto en duda que España pudiese garantizar «un precio razonable» de la electricidad y esgrimió que el encarecimiento de la electricidad será «un problema general para el conjunto de la industria española».

El recibo de la luz podría bajar un 55% en 2050 cumpliendo los objetivos de reducción de emisiones, según Deloitte

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Europa Press.- El recibo eléctrico sería hasta un 55% más barato en 2050 si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la Unión Europea, según el informe Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050 realizado por Deloitte.

Según establecen los objetivo fijados de reducción de emisiones, de entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990, la tarifa eléctrica en 2030 sería un 30-35% inferior a la tarifa media actual, cayendo a los 85-90 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 130 euros/MWh de 2015, mientras que para 2050 dicha reducción llegaría hasta el 50-55%, con precios de 60-65 euros/MWh, según el estudio.

Para la consultora, esta caída en la tarifa se basaría en el crecimiento de la demanda eléctrica, que permitiría diluir los costes entre un mayor volumen de energía, a pesar del esfuerzo inversor a realizar durante el período, así como en la desaparición antes de los importes a dedicar a la financiación del déficit de tarifa y de los incentivos a las plantas de generación renovable del antiguo régimen especial.

Presentando el informe, Alberto Amores, socio monitor de Deloitte, destacó que este proceso de descarbonización «no es una obligación sólo de las empresas o de la Administración, los hogares también tienen que contribuir, dado que la edificación, residencial y de servicios, supone una parte muy importante del consumo energético y de las emisiones del país». Además, el informe plantea cambios en la tarifa eléctrica, como la eliminación de costes no relacionados con el suministro eléctrico como las tasas e impuestos, o una mayor adaptación del coste a las franjas horarias, lo que permitiría que España dejara de ser el séptimo país con la factura de electricidad más cara de Europa.

En lo que respecta al mix energético, Deloitte ve necesario mantener las plantas de generación de energía convencionales (térmicas convencionales y nucleares) a medio plazo para asegurar una transición energía eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6.800 millones de euros. A este respecto, el informe subraya que para conseguir los objetivos de descarbonización en el horizonte de 2030 es importante mantener abiertas todas las opciones de generación de energía, sobre todo debido a la incertidumbre que plantea el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.

Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría una inversión en almacenamiento de entre 10 y 30 billones de euros, «una cifra obscena» que representa un coste inasumible para el consumidor eléctrico, señaló Amores. De esta manera, en escenarios de alta electrificación, el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros. En estos mismos escenarios, el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones en nuevas centrales de respaldo, mientras que cerrar las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3.000 millones de euros.

La consultora establece 4 escenarios diferentes para los próximos años, entre los que destacan el de alta eficiencia eléctrica y que considera una electrificación muy alta de la economía y actuaciones muy intensas en eficiencia energética, y el escenario continuista en el que se sigue más o menos como hasta ahora en cuanto al peso de los productos petrolíferos y en el resto de actuaciones de eficiencia energética. En todos los escenarios, el gas natural tiene un peso creciente durante la transición. El escenario de alta eficiencia eléctrica es además el único que puede hacer frente a los objetivos más ambiciosos de reducción de CO2 que ya está planteando Europa.

En lo que se refiere a las inversiones, estima que serán necesarios un total de 510.000 millones de euros entre 2017 y 2050 en el escenario de descarbonización para poner en marcha las medidas que permitan la electrificación de la demanda y la eficiencia energética en la edificación. De esta cifra, la mayor parte se destinaría a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética (110.000 millones) o la puesta en marcha de centrales de energía renovable (105.000 millones).

También habría importantes partidas para el cambio modal del transporte de mercancías al ferrocarril y apoyo a la compra de coches eléctricos (45.000 millones), el desarrollo de redes de transporte y distribución de electricidad (40.000 millones) y las medidas de eficiencia en la industria (10.000 millones). Este escenario descarbonizado, además de cumplir con los objetivos medioambientales, supone ahorrar 380.000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles y dinamiza la actividad económica, al cambiar el gasto en hidrocarburos por una mayor inversión.

El Gobierno prevé que la factura de la luz baje este año por una mayor estabilidad meteorológica y del crudo

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha aventurado un descenso para este año de la factura de la luz por la estabilidad de los precios del petróleo y de las condiciones meteorológicas en relación a lo ocurrido en 2017. «Un año tan malo como 2017 no vamos a tener. La tendencia es una mejora de los precios. La meteorología y el petróleo están más estables y eso va a ayudar a los precios», asegura Nadal.

El ministro ha señalado que la factura doméstica normal en enero se ha reducido un 14,4%, una cifra que obedece a que el año pasado hubo muchos problemas de energía, especialmente en Francia, que encarecieron el recibo en España. Nadal abogó por mantener las centrales nucleares, de carbón y de gas e incrementar la producción a través de las renovables, lo que permitiría cumplir con los objetivos de CO2 y de renovables. «España va a ser de los pocos países de la Unión Europea que va a cumplir con sus objetivos de renovables. Hay que cumplir con los objetivos medioambientales, pero también de precio», matizó.