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Nadal admite que el Gobierno está «solo» en la defensa del carbón y pide a los partidos que se definan

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha denunciado la «soledad» del Gobierno en su defensa del carbón dentro del mix energético nacional, por lo que reclamó a las fuerzas políticas que se «definan claramente» y digan «si quieren que el carbón» este dentro de este mix.

En este sentido, Nadal ha anunciado que «no habrá que esperar mucho» para que vea la luz la normativa que impedirá el cierre de las térmicas, si bien han incidido en su deseo de que dicha legislación cuente con «rango de ley». Por ello ha insistido en la necesidad de contar con el apoyo parlamentario «suficiente» para «reforzarla«. De ahí que el responsable ministerial haya insistido en que es el momento en el que las fuerzas políticas deben «definir» si quieren que el carbón forme parte del mix energético. «Nosotros como Gobierno y el Grupo Parlamentario del PP decimos que sí, porque es bueno para productores y consumidores», ha recalcado.

El Gobierno quiere mantener térmicas

No obstante, Nadal ha advertido que, de no lograr esos apoyos, el Gobierno actuará «por su cuenta» y hará «todo lo que pueda» con toda su «capacidad normativa» para mantener la quema del carbón en España, un sector «estratégico» de interés «tanto para productores como consumidores». Así, ha defendido que lo importante «antes que cualquier otra cosa» es que se mantengan las «centrales de carbón» dentro del mix, porque «tiene una enorme utilidad», ya que el carbón ayuda a «moderar precios» y a «diversificar riesgos«.

Por último, Nadal ha querido aclarar que el carbón depende fundamentalmente de la normativa europea y ha explicado que no se puede hablar de quema de carbón autóctono, pues la Unión Europea «no lo permite», pero sí que la quema de este mineral es estratégica en los momentos de «mayor necesidad energética». «Necesitamos apoyos de instituciones a nivel nacional y europeo y de las fuerzas políticas en España y dentro del Parlamento Europeo, y no nos sentimos suficientemente apoyados», insistió.

Abogados ambientales denuncian trabas de la administración para acceder a informes clave en zonas próximas a centrales térmicas de carbón

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Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha denunciado las trabas de las diferentes administraciones públicas, para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente como los informes base del estado de las aguas subterráneas y el suelo en las zonas con centrales térmicas de carbón.

Según el IIDMA, que está conformado por abogados especializados en medio ambiente, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente, las administraciones debería facilitar al público la documentación requerida, generalmente, en el plazo de un mes. Asimismo, los abogados del IIDMA citan la Directiva de Emisiones Industriales, que establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada) en instalaciones como las centrales de carbón.

En base a estas normativas, IIDMA solicitó en 2016 a las autonomías que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la Unión Europea, con el objetivo de «evitar y reducir la contaminación de los entornos» de estos establecimientos.

Galicia frente Asturias y Aragón

Según aseguró la plataforma, Galicia fue la única comunidad que ha cumplido con el plazo de un mes establecido por la Ley, mientras que Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares retrasaron el proceso durante varios meses, «poniendo trabas a la democracia ambiental». No obstante, según el IIDMA, «los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde alegan que no tienen obligación de remitir los informes». Por ello, la plataforma recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón esta alegación; también reclaman que en Asturias se han ignorado reiteradamente las solicitudes y aún no han conseguido la documentación requerida.

Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, «esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la Ley«. De acuerdo con los abogados especializados en medio ambiente, las administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y «el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para el desarrollo democrático». «El bloqueo de acceso a la información podría esconder el escaso control de las comunidades autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas», según el IIDMA.

La Diputación de León aprueba una moción para evitar el cierre de las centrales térmicas

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Europa Press.- El Pleno de la Diputación de León ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos, la moción por la que se instará al Ministerio de Energía a que «adopte las medidas necesarias para evitar el cierre de las centrales térmicas» de la provincia, «esenciales para la supervivencia de las cuencas mineras».

La moción también recoge la necesidad de «aprobar urgentemente el marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos» a través de un mecanismo que contempla la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que utilizan países como Eslovenia y Eslovaquia. El vicepresidente para el Bierzo, Ángel Calvo, ha recordado que «la minería del carbón está en una situación dramática, por lo que hay que adoptar una solución ya o no habrá solución».

La dirección de Endesa accede a dialogar con las empresas Unión Minera del Norte (UMINSA) e Hijos de Baldomero García

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EFE / Europa Press.- La compañía eléctrica Endesa ha anunciado que está abierta a dialogar con las empresas de la Unión Minera del Norte (UMINSA) e Hijos de Baldomero García para habilitar cauces que propicien la compra de carbón autóctono para sus centrales térmicas, según ha trasladado el secretario regional de minería de UGT, Jorge Díez. El sindicalista ha aplaudido el cambio de actitud de la eléctrica «porque había un bloqueo total y, aunque no haya nada arreglado, parece que ya se mueve algo».

De todos modos, Díez ha advertido de que los trabajadores seguirán adelante con sus protestas semanales ante la central de Compostilla (León). Lo harán hasta que no consigan lo que piden: que se recupere el suministro de carbón nacional a la eléctrica y que se firme un acuerdo para mantenerlo. Sus puestos de trabajo, de no ser así, «están en el aire», ha advertido Díez, que es también presidente del comité de empresa de UMINSA.

Cada semana UGT y los trabajadores de UMINSA y HGB se concentran a las puertas de la térmica de Compostilla, propiedad de Endesa, para pedir que se mantenga la producción de carbón nacional y asegurar su uso en las centrales térmicas. El objetivo es «asegurar el futuro del sector» y la venta de carbón autóctono a las térmicas de generación eléctrica, tanto como energía de respaldo como para garantizar su suministro y estabilizar los precios de la energía. Así, la concentración trata de presionar a las distintas administraciones y empresas para evitar que las centrales térmicas españolas continúen importando mineral de fuera del país en detrimento del carbón nacional, a pesar de ser «más competitivo».

Los trabajadores también buscan el apoyo político y ciudadano para propiciar que se reactive el sector y se asegure la participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica para todo el período del Marco de Actuación 2013-2018, e incluso más allá, y que se posibilite la firma de contratos a largo plazo entre compañías eléctricas y mineras.

Extinguen un incendio en una galería de carbón de Endesa en la central térmica de As Pontes

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EFE.- Personal de emergencias sofocó un incendio declarado en una galería de carbón de la central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña), según indicó el 112 Galicia tras movilizarse efectivos del parque de bomberos de la localidad pontesa. La propia compañía informó del incidente al departamento público.

Estos trabajadores «colaboraron con el personal de la central en la extinción, tarea laboriosa y que por seguridad hubo que llevar poco a poco». En su relato, los representantes de Endesa señalaron que estaba «ardiendo carbón pulverizado en una galería» y que los «bomberos ya estaban trabajando, pero solicitaban la colaboración de más efectivos», siendo desplazados Protección Civil y Guardia Civil, así como el 061, que no tuvo que intervenir. Sofocado el fuego, una dotación siguió en el lugar «desarrollando tareas de enfriamiento y limpieza».

Las compañías eléctricas defienden la libertad empresarial para cerrar centrales y piden pagos por capacidad para respaldar a las renovables

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EFE / Europa Press.- El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, ha reclamado al Gobierno que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado. En el mismo sentido, las propias compañías eléctricas reclaman mantener su libertad para cerrar centrales de generación y demandan pagos por capacidad para seguir teniendo abiertas aquellas que no resulten rentables, pero que son necesarias para dar respaldo al sistema cuando baja la producción de origen renovable.

Responsables de regulación de las cinco grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, se han pronunciado así durante una mesa redonda celebrada dentro del Encuentro del Sector Eléctrico, organizado por Expansión. El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha indicado que el problema de centrales como las de carbón o los ciclos combinados es que, al funcionar según la intermitencia de la producción eléctrica de las tecnologías renovables, en el mercado no recuperan los costes que tienen, por lo que necesitarían de unos pagos por capacidad complementarios.

En cuanto al decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales por sus propietarios, a fin de garantizar el suministro, José Casas indicó que cree que el Ejecutivo podría evitar un cierre aduciendo motivos de seguridad del suministro o para contribuir a los objetivos de cambio climático, pero no por su influencia en la formación de precios porque la Comisión Europea es contraria a intervenir en ello.

Piden garantizar la rentabilidad razonable

El sector eléctrico también reclama que «se garantice lo que la ley denomina la rentabilidad razonable» en la revisión que llevará a cabo el Gobierno para la retribución correspondiente a las actividades reguladas para el periodo 2020-2025, que deberá aprobarse dentro de dos años. José Casas señaló que el informe de la pasada semana de Goldman Sachs sobre el sector, que provocó la caída en Bolsa de las grandes eléctricas, constata que «el mercado ha tomado como que no es una rentabilidad razonable» la revisión a la baja prevista. Casas, que estuvo respaldado en su petición por los representantes de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, pidió que esta rentabilidad para las actividades del sector «al menos se mantenga».

El director de Regulación de Iberdrola España, Rafael del Río, señaló que hay que abordar el papel del carbón o de la nuclear, sobre la que hay «serías dudas» sobre su rentabilidad, y que en el caso de los ciclos combinados el mercado sólo cubre costes variables, pero no los fijos de operación e inversión. Por ello invitó a mirar a otros países, como el Reino Unido, que convoca subastas en las que los operadores que acuden reciben una retribución por estar disponibles y, los que no, cierran la planta o hacen una hibernación, una posibilidad esta última que también hay prevista en España pero que no se ha desarrollado.

Asimismo, las compañías eléctricas consideran que la «ambiciosa» hoja de ruta para la descarbonización de la economía, con los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, pasa por una «electrificación» de la economía. A este respecto, Rafael del Río señaló que la planificación final para esa transición tiene que ser «responsabilidad del Estado» y que las empresas deberán «acatar esas decisiones y cumplirlas”. No obstante, el directivo de Iberdrola pidió una senda «razonable» que permita cumplir los objetivos.

Barreras a la libertad empresarial

Por su parte, el director de regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén, ha dicho que prohibir el cierre de una central es la mayor barrera que se puede poner a la libertad de empresa y ha señalado que la única manera de mantener ciertas instalaciones es tener mecanismos de capacidad. En su opinión, los dos grandes retos regulatorios para el sector actualmente son que se permita el cierre de centrales sin restricciones administrativas y el establecimiento de un mecanismo de pagos por capacidad. También se mostró a favor de eliminar tarifas como la regulada si se quiere que la demanda participe en la formación de precios de mercado.

El director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, Santiago Bordiú, apuntó que el denominado Paquete de Invierno de la Comisión Europea «no reconoce para nada los mecanismos de capacidad», quizá porque «la visión de Bruselas no es la del mercado ibérico», caracterizado por un bajo nivel de interconexión. Asimismo defendió el papel «vital» del sector eléctrico en la descarbonización debido a que se producirá un incremento de la demanda eléctrica que debe ser atendido por el mix de generación.

El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez, señaló que el borrador del decreto del Gobierno le ha sorprendido mucho, pues el procedimiento para cerrar centrales ya está “perfectamente” regulado y, de hecho, su compañía ha cerrado 3 de carbón en los últimos 5 años. Además, ha señalado, en alusión a mecanismos compensatorios para mantener abiertas instalaciones no rentables, que «la seguridad de suministro es un bien y, en general, los bienes tienen un precio».

Por otro lado, los directivos de las eléctricas se han mostrado a favor de eliminar los impuestos y cargas ajenos al sistema que soporta la factura eléctrica y de repartirlo entre otros sectores para que todos contribuyan ya que el sector eléctrico está pagando «buena parte de la transición energética y de los objetivos de renovables». Otra propuesta fue que se constituya un fondo de transición energética que se financie con una fiscalidad medioambiental, como propuso el representante de Endesa.

Unesa reclama libertad para decidir

Por su parte, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa, Eduardo Montes, ha indicado que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado.  Montes, que también intervino en el Encuentro del Sector Eléctrico, considera que en el proceso de transición energética la sostenibilidad “no debe cegar respecto a la necesidad absoluta de la seguridad de suministro y la competitividad de los precios«. Por otro lado, volvió a reclamar que impuestos y cargas ajenos al suministro eléctrico, que entre 2005 y 2016 han aumentado al doble, salgan de la factura.

El presidente de Unesa también ha considerado necesario que exista certidumbre regulatoria en la transición energética hacia una economía descarbonizada, ya que la entrada de renovables va a suponer la llegada de inversores. De hecho, Montes señaló que esta certidumbre será importante, ya que «los mercados van a ser muy sensibles a todo ello». Montes subrayó que la electricidad con bajas emisiones será «clave» en ese camino para la descarbonización en otros sectores y destacó que es «imprescindible» una transformación «inteligente, racional y sin pausa».

El papel de las redes

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, defendió el importante papel que jugarán las redes en la transición energética, ya que «hacen compatible» el nuevo modelo con la seguridad de suministro. En su intervención, el presidente del operador del sistema eléctrico subrayó que las redes serán las «facilitadoras» de la transición energética, ya que las energías renovables no son gestionables, lo que supone «un problema que hay que resolver».

Nadal asevera que la reforma eléctrica se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y se revisará la rentabilidad razonable

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la reforma eléctrica aprobada en 2013 se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y que cuando llegué el momento de revisar la rentabilidad razonable de las actividades reguladas del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 se hará según marca la normativa.

«La reforma es la que se hizo, con una retribución ligada al bono que se revisa cada 6 años. Ha habido cierto revuelo cuando se ha recordado por un banco de inversión, pero es lo que está en la ley. La reforma se hizo y se aplicará, tal como estaba prevista, sin ningún cambio en sus planteamientos», afirmó Nadal en referencia al informe del banco estadounidense Goldman Sachs en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución y en la rentabilidad del sector eléctrico español, lo que provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

El ministro defendió en su intervención la necesidad de acertar en las decisiones que se tomen en política energética en momentos de cambios como los actuales, ya que «es crucial y los errores en política energética duran décadas». Por ello, Nadal subrayó que «el objetivo primordial» del Gobierno en materia energética es asegurar un precio competitivo de la energía con el que poder respaldar a la competitividad y al crecimiento económico para conseguir mayor nivel de empleo, «siempre respetando los objetivos medioambientales a los que España se ha comprometido, dentro de un marco de reducción de emisiones de CO2 y de incremento de las renovables».

Así, Nadal valoró los trabajos iniciados para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que se ha conformado un grupo de expertos, y subrayó la necesidad de definir cuál es el mix energético «más adecuado» para afrontar ese futuro de descarbonización. A este respecto, se mostró partidario de definir qué hacer con el carbón y la nuclear, tecnología que defendió ya que tiene «ventajas indudables», como que no emite CO2 y produce continuamente, aunque «tiene el problema de los residuos». De hecho considera que no se podrá prescindir de la nuclear mientras siga habiendo un nivel muy bajo de interconexión, una materia en la que, a su juicio, se está avanzando muy lentamente.

Respecto al carbón, destacó que emite más CO2 que el gas, aunque es más barato, por lo que se mostró a favor de mantener «una diversificación adecuada» de las dos fuentes de energía en el mix en esa transición energética. «Prescindir del carbón por tema medioambiental tiene su coste», advirtió. Además, el ministro señaló también la necesidad de ver cómo se retribuye la térmica, una tecnología que será imprescindible con la introducción de energías más volátiles como las renovables. «Debemos tener mayor capacidad de actuar con el parque de bomberos, que es la térmica, que estará parada o poco utilizada, pero imprescindible por esa falta de interconexión y por el hecho de que la renovable es volátil», añadió al respecto.

Nadal ha señalado que la transición energética obligará a ordenar una reducción de la capacidad existente en ciertas energías y a variar la retribución para dotar de más flexibilidad a la gestión, pues habrá fuentes, como la energía térmica, que a futuro se utilizarán poco pero con mucha intensidad cuando se necesite. En opinión del ministro, la retribución de lo que queda del sistema para dar flexibilidad, por la reducción de capacidad de generación que tiene que ir desapareciendo al ser sustituida por las nuevas fuentes de energía, es lo que va a condicionar la política energética no sólo de España, sino de la Unión Europea, de aquí a 2030.

Sobre el paquete de invierno de la Unión Europea, que marcará el camino hacia la descarbonización de las economías, Nadal lamentó que no se haya tenido en cuenta al configurar esta hoja de ruta dos aspectos fundamentales para España como son la alta tasa de desempleo y el «altísimo grado de aislamiento que tiene la Península Ibérica«. Nadal afirmó que mientras otros países están en mejores condiciones de poner más énfasis en objetivos medioambientales y de reducción de emisiones, la prioridad española es cumplir esos objetivos pero sin perder competitividad.

Recordó que, cuando el PP llegó al Gobierno en 2012, se encontró con un sistema eléctrico «desequilibrado» y con una deuda en crecimiento, que de no haberse adoptado medidas, hubiera crecido en 10.000 millones de euros por año, lo que hubiera supuesto «la quiebra del sistema». El ministro reivindica que la reforma produjo un declive de los precios del sector eléctrico y lo mismo pasó con el gas y con el suministro a la industria, cumpliéndose el objetivo de causar un cambio en los precios.

Asimismo, Nadal afirmó que «es muy difícil» compaginar la reducción de emisiones y el desarrollo de las renovables con la eficiencia y la competitividad, puesto que se pueden generar costes a las empresas que frenen la creación de empleo. «Cada euro que una empresa paga en energía es un euro que no va a salarios» añadió en este sentido. Por otra parte, Nadal señaló que Europa supone solamente el 10% de las emisiones de gases contaminantes y que son otras regiones y países quienes tienen que hacer más contra el cambio climático. Nadal también afirmó que mientras Europa se centra en objetivos medioambientales, otros países de América y Asia se centran en reducir precios y aumentar su eficiencia y competitividad.

«Realmente estamos aislados, tenemos un problema de interconexión, que es el principal problema de España en su relación con la Unión Europea», afirmó, añadiendo que le hubiera gustado que existiera en el paquete una gobernanza de cumplimiento para el tema de las interconexiones «tan estricta como existe para otros aspectos, ya que lo básico es que exista un mercado interior«. Por ello ha señalado que, aunque el problema del déficit del sistema en España está solucionado, quedan asuntos pendientes, como las interconexiones, sin las cuales ha advertido que un mercado interior de la energía en la Unión Europea es hablar para España de una «ficción».

En libertad con cargos los 4 activistas de Greenpeace detenidos tras su protesta en Coruña contra Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- Los 4 activistas de Greenpeace detenidos tras ser acusados de desobediencia a la autoridad, después de que la Guardia Civil retirara al grupo que protestaba en el almacén de carbón del puerto de Coruña que abastece a la central térmica de Meirama, han quedado en libertad con cargos, según indicó un portavoz de la organización ecologista.

Tras pasar a disposición judicial, los activistas quedaron en libertad, pero con cargos, en torno a las 22.00 horas del martes. Ahora navegan rumbo a Gijón a bordo del barco Esperanza, que ha iniciado una campaña por el Cantábrico contra el cambio climático. Estos activistas, junto a otros 5 que quedaron en libertad después de la intervención de la Guardia Civil, participaron en una protesta en el almacén de La Medusa. En ella, desplegaron una pancarta en la cúpula y se movilizaron en la entrada.

Todos ellos llegaron la instalación de Gas Natural Fenosa en embarcaciones neumáticas para llevar a cabo una jornada de protesta «con la intención de alertar al Gobierno sobre la necesidad de terminar con la quema de carbón y sustituirlo por energías limpias». La organización ecologista realiza una campaña el lema Misión Salvar el Clima para alertar de que la quema de carbón «es el principal responsable del cambio climático » y para exigir al Gobierno una ley «que establezca un plan de cierre para 2025 de las térmicas de carbón».

Castilla y León apoya la voluntad del Ministerio de legislar para impedir el cierre de la central térmica de Compostilla

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha mostrado su apoyo al Ministerio de Energía para que apruebe alguna norma que pueda servir para impedir un hipotético cierre de la central térmica de Compostilla, en León.

Del Olmo ha remarcado que las competencias de la Junta de Castilla y León ante este posible problema son limitadas y actualmente se centran en la negociación con Endesa, lamentando además que no se esté comprando carbón extraído en León. Por su parte, el Ministerio de Energía al Gobierno autonómico su lamento por la falta de voluntad de los grupos políticos de la oposición a acordar una ley que dificulte el cierre de la central nuclear, por lo que, en principio, optará por un decreto.

La petrolera estatal brasileña Petrobras capitaliza y reestructura su distribuidora de combustibles para colocarla en bolsa

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EFE.- La petrolera brasileña Petrobras anunció una reestructuración de su distribuidora de combustibles, que prevé una capitalización de 6.300 millones de reales (unos 1.700 millones de euros), en un paso previo a la salida de sus acciones a bolsa. La apertura del capital de Petrobras Distribuidora (BR), una subsidiaria de Petrobras y la mayor distribuidora de combustibles de Brasil, fue aprobada hace dos años por la estatal pero el proceso se paralizó varios meses mientras la petrolera buscaba un socio para venderle parte de BR.

El proceso volvió a ganar fuerza con el anuncio de que el Consejo de Administración de Petrobras aprobó una reestructuración societaria de su subsidiaria que prevé como primer paso un aporte de capital de 6.300 millones de reales. La reestructuración prevé la división de la distribuidora en dos empresas, una mantendrá los activos y la otra asumirá las deudas de difícil cobro que le debe la también estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica del país.

Varias de las termoeléctricas operadas por Eletrobras tienen enormes deudas por el gas natural y el diesel que reciben de Petrobras Distribuidora para poner a funcionar sus generadores. Eletrobras hasta ahora no ha desembolsado nada por estos combustibles debido a que su suministro está garantizado por una política del Gobierno para subsidiar las térmicas y garantizar el abastecimiento eléctrico del país en épocas en que, por la sequía, la generación de las hidroeléctricas no es suficiente. Esa deuda asciende a unos 6.000 millones de reales (unos 1.600 millones de euros).

La estatal brasileña agregó que los recursos generados con la capitalización se usarán totalmente para el pago de deudas contraídas por la Petrobras Distribuidora y que tienen garantías de Petrobras. «Por tratarse de una reestructuración entre sociedades cuyo capital social pertenece totalmente a Petrobras, las operaciones serán realizadas por el valor contable con base en un laudo de evaluación, por lo que no tendrán impacto en el resultado de las empresas involucradas», explicó la petrolera.

La reestructuración puede mejorar el valor de la distribuidora en momentos en que Petrobras pretende colocar en bolsa entre el 25% y el 40% del capital de la subsidiaria. El valor de mercado de Petrobras Distribuidora (BR), fundada en 1971 y con cerca de 7.000 puestos de distribución en todos los estados de Brasil, fue calculado en 2015 en 10.000 millones de dólares por los analistas de la UBS Securities. La venta de parte de la distribuidora forma parte del plan de desinversión desarrollado por la compañía para hacer frente a la crisis provocada por la caída de las ganancias, el aumento de la deuda y las dificultades de captación.