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El Gobierno autonómico de Cataluña pide la mejor solución para el territorio y la ciudadanía con el fallido almacén Castor

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Europa Press.- El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, exigió que el Gobierno central analice todas las alternativas posibles sobre el futuro del fallido almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a la costa de Tarragona y Castellón, y tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía».

Baiget considera que, tras conocerse el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, que vincula los seísmos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón) con la actividad del almacén gasista Castor, el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia» y que «había cosas que salieron adelante sin tener los informes suficientes». De hecho, cree que si se hubiese hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral.

«Bienvenido sea el informe del MIT si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», ha aseverado. «Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», sentenció antes de anunciar que la Generalitat continuará luchando para evitar esta consecuenciapor la vía judicial mediante las causas abiertas en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.

La Generalitat interpuso en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 13/2014 por el que el Gobierno español reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros para los promotores del almacén Castor y repercutía esta cantidad en la tarifa del gas. El recurso se fundamenta en el hecho de que este decreto ley implanta un régimen singular y diferente de lo que resultaría de la aplicación de la legislación general, y también en que no concurría una urgencia extraordinaria para justificar esta figura jurídica. Según el Ejecutivo catalán, este decreto ley vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia.

Además, el Gobierno catalán ha interpuesto recursos contencioso administrativos ante las órdenes que cada año aprueba el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para establecer los peajes y cánones del sector gasista, donde se incluyen las partidas destinadas al mantenimiento del Castor, con el objetivo de que éstas no se trasladen a los usuarios. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacén Castor no se reabrirá y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener las garantías de que esta decisión no va a suponer ningún problema. «Cuando se pueda hacer se hará», sentenció Nadal tras conocerse las conclusiones del informe.

Exige al Estado desmantelar Castor

Por su parte, el delegado del gobierno autonómico para las Tierras del Ebro, Xavier Pallarès, ha exigido al Gobierno central que ejecute «pronto» el desmantelamiento de la plataforma de gas Castor porque la hibernación no es viable. «El MIT ha confirmado lo que teníamos claro desde el primer momento: detenido el Castor, detenidos los terremotos», ha defendido Pallarès, que ha criticado que la mala gestión del Gobierno central la deberán pagar, una vez más, los ciudadanos, que primero sufrieron los terremotos, luego tuvieron que afrontar la indemnización a la empresa Escal UGS y ahora el coste de desmantelar la plataforma.

El Tribunal Constitucional anula parcialmente el decreto del Gobierno que regula las gasolineras desatendidas al vulnerar competencias autonómicas

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EFE / Europa Press.- El Tribunal Constitucional anuló parcialmente el decreto-ley sobre gasolineras desatendidas o surtidores de combustible que funcionan sin la supervisión de un empleado, al considerar que la medida del Ejecutivo vulnera las competencias autonómicas en materia de ordenación comercial. Los magistrados, que estiman parcialmente el recurso de la Generalitat de Cataluña, rechazan por inconstitucional el artículo de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, incorporado posteriormente a la norma que avalaba la proliferación de estas gasolineras automáticas.

Dicho artículo no permitía que la superficie de la instalación de suministro de carburantes computara como espacio útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial. Una disposición elevada al más Alto Tribunal nacional por el Gobierno catalán, que apeló una vulneración por parte del Estado de las competencias atribuidas a cada autonomía en materia de ordenación comercial en su territorio. Ahora los jueces destacan que cualquier aspecto relacionado con la exposición y venta al público pertenece a la regulación del comercio interior, refrendada por el propio decreto 6/2000, que presupone un «margen de intervención» a las comunidades autónomas.

Esto es, la norma estatal no excluye que las autonomías empleen sus competencias en la materia para establecer requisitos adicionales a la hora de regular la instalación de gasolineras en establecimientos comerciales. Asimismo, el Tribunal Constitucional resalta que el artículo 3.4 «no responde de forma directa e inmediata a la planificación general de la economía o al establecimiento de las bases en materia energética», por lo que carece de cobertura constitucional. Por tanto, la redacción dada por el artículo 40 del real decreto-ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo, «es contrario al orden de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo».

La sentencia cuenta con el voto particular del juez Fernando Valdés Dal Ré, al que se adhirió el magistrado Andrés Ollero, para quienes «no es pertinente» entender que la «extraordinaria y urgente necesidad», manifestada por el Gobierno a la hora de dictar la norma, haya permanecido inalterable durante 13 años. Explican que este tipo de conductas, en las que la voluntad del Ejecutivo predomina sobre aquella de las Cortes Generales, «comporta el riesgo de convertir en habitual» una modificación excepcional del poder de dictar normas.

Por su parte, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) considera «muy conveniente» que el Estado revise “en profundidad” la regulación de este tipo de instalaciones para salvaguardar los «derechos, principios y títulos competenciales recogidos en la Constitución«. Según Aevecar, esta sentencia supone, en la práctica, que cualquier comunidad autónoma que, como Cataluña o Madrid, haya asumido competencias en materia de Comercio Interior, podrá hacer uso de ellas para decidir si la superficie de las estaciones de servicio situadas en grandes superficies computa o no como superficie útil de exposición y venta al público.

La central nuclear de Ascó detiene preventivamente su reactor por una incidencia en el sistema de refrigeración

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Servimedia / Europa Press.- La central nuclear de Ascó I (Tarragona) ha tenido que desconectar preventivamente su reactor como consecuencia de un aumento del caudal de fuga de agua no identificada en el sistema de refrigeración. Según comunicó el titular de la central al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la parada se realizó al no poder descartar que se tratase de una fuga de la barrera de presión del sistema de refrigeración.

La central identificó el origen de la fuga en una válvula que permite el drenaje de la caja de agua de un generador de vapor, con lo que ha descartado la fuga en la barrera de presión. El suceso, que no tuvo impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente, se clasifica como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Viesgo también recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Viesgo en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma a los ya interpuestos por Gas Natural Fenosa y Endesa ante la misma instancia judicial por esta cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 27 de marzo. La orden ministerial contra la que se presenta el recurso recoge una refacturación en el recibo de la luz para los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos que hace Energía, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

Las asociaciones renovables APPA, UNEF, EolicCat, y la patronal Pimec urgen a reactivar este tipo de energías en Cataluña

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EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la patronal eólica catalana EolicCat y la patronal Pimec han reclamado un plan urgente que permita reactivar la implantación de las energías renovables en Cataluña. Estas entidades han emplazado a la administración catalana y a los partidos políticos a acelerar la puesta en marcha de este tipo de energías para que supongan el 50% de la generación de electricidad en el año 2030.

Según estas entidades, este plan debe contener tanto aspectos normativos como técnicos con el fin de simplificar los trámites para implantar este tipo de energías. Para alcanzar los objetivos de 2030, resulta necesario, a juicio de los ponentes, que a partir del año 2019 se pongan en servicio anualmente 300 megavatios de generación eólica y otros tantos de generación fotovoltaica, lo que permitiría contar con 4.800 megavatios de eólica y de 4.000 de fotovoltaica en 2030. Durante este encuentro se puso de manifiesto que actualmente la energía nuclear cubre el 50% de la demanda total de electricidad en Cataluña, por un 16,8% de las renovables.

Cataluña, Asturias y Extremadura se interesan por el plan de la Comunidad Valenciana de apoyo fiscal al autoconsumo en viviendas

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EFE.– Cataluña, Asturias y Extremadura se interesaron por el modelo de deducciones fiscales contemplado en el Plan de Fomento del Autoconsumo del IVACE, que prevé una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para las instalaciones de autoconsumo en las viviendas de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana señaló que las tres comunidades autónomas solicitaron información sobre los detalles de la deducción del modelo y sobre el estudio económico del impacto elaborado por IVACE-Energía.

El Plan de Autoconsumo del IVACE establece entre sus ventajas una base máxima de deducción de 8.000 euros, sin límites máximos en las bases de tributación a la hora de determinar la base máxima anual de la deducción. Esas tres comunidades conocieron las medidas contempladas en el proyecto con una explicación del consejero Rafael Climent, que subrayó que la Comunidad Valenciana «es la primera autonomía en contar con un Plan integral para impulsar el autoconsumo y es una gran satisfacción que se fijen en nosotros otros territorios que quieren incorporar medidas para favorecer esta tecnología».

Para el consejero, hay un firme compromiso en el impulso del autoconsumo por «sus indudables beneficios medioambientales, su contribución a la democratización del sistema energético y por su gran potencial de generación de empleo a escala local». Asimismo, el Plan prevé una línea específica de financiación con un presupuesto inicial de 2,4 millones de euros, que estará destinada a empresas con un importe máximo del préstamo de 300.000 euros, sin intereses y a devolver hasta en 10 años. Junto a estas medidas, el Plan contempla una inversión total de 40 millones de euros en acciones específicas para desarrollar el autoconsumo con solar fotovoltaica en los propios edificios de la Generalitat.

La patronal Ceees denuncia que el auge de las estaciones de servicio desatendidas ha supuesto la pérdida de 2.700 empleos

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Europa Press.- El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Jorge de Benito, consideró que las estaciones de servicio desatendidas, conocidas como gasolineras fantasma, «no tienen cabida en el sector», y aseguró que su auge ha supuesto la pérdida de 2.700 empleos en los dos últimos años.

De Benito señaló que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas ya cuentan con normativa propia que regula la presencia de al menos un empleado en las gasolineras, aunque subrayó que estas normas «luego se vulneran sin consecuencias». «Ése es precisamente el motivo por el cual, según los sindicatos, se han destruido 15.000 empleos en nuestro sector desde 2008″, denunció el presidente de la Ceees, que apuntó que en los dos últimos años se perdieron 2.700 empleos, «la mitad en Cataluña, donde no existe una regulación contra las gasolineras desatendidas».

Para De Benito, quien calificó esta tendencia como «escalofriante», la mejor prueba de que esta destrucción de empleo se debe a la proliferación de las gasolineras desatendidas es que en 2015 se experimentó un crecimiento neto de 235 puntos de venta en nuestro país. De Benito subrayó que, a pesar de que no hay datos correspondientes a 2016, «todo parece indicar que esa tendencia de más puntos de suministro y menos empleos se verá acentuada», por lo que pidió al respecto una «legislación clara y, sobre todo, que se cumpla».

Gas Natural se suma a Endesa y recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.– El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Gas Natural Fenosa en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso ha sido publicado en el BOE y se suma al interpuesto por Endesa por la misma cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 9 de marzo y concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

Barcelona amenaza con «aumentar la presión» si las compañías eléctricas recurren de nuevo el concurso municipal de suministro eléctrico

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Europa Press.- El concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, ha advertido de que el consistorio «aumentará la presión» si las compañías vuelven a recurrir el contrato eléctrico municipal, después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público haya anulado el concurso. Badia sostiene que al tratarse de un servicio básico deben primar una serie de principios por encima del lucro: «Si finalmente no lo conseguimos, tendremos que ir a un cambio legislativo de mayor envergadura».

Badia ha defendido el concurso que presentó Barcelona, indicando que se hubieran «equivocado de no haberlo intentado», e insiste en que trabajarán en una nueva redacción que les permita vincular la pobreza energética al contrato de compra eléctrica sin que sea anulado de nuevo. El concejal critica que haya quien prime beneficios multimillonarios sobre las necesidades más básicas y considera que las grandes compañías eléctricas no quieren formar parte de su “solución”: «Con las pequeñas y medianas empresas estamos pudiendo avanzar más que con las grandes, lo que es lamentable».

En ese sentido, ha detallado que el ayuntamiento hará un contrato puente que estará vigente a partir del 26 de marzo y durante seis meses, al que podrán concurrir de nuevo todas las empresas. Un modelo que utilizarán hasta presentar su nueva propuesta de contrato. El convenio puente se basará en el contrato marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM), «que cita expresamente la ley de pobreza energética y que nunca ha sido recurrido». En cualquier caso, ha asegurado que es el último contrato que hará el municipio, ya que están desarrollando una operadora pública, y ha subrayado que el ayuntamiento debe ser «más valiente en la contratación pública».

Los vehículos más contaminantes no podrán circular entre semana por el área de Barcelona desde 2019

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Europa Press.- Los vehículos más contaminantes tendrán prohibida la circulación por Barcelona y otros 39 municipios del área metropolitana de lunes a viernes a partir del año 2019 independientemente del estado del aire, si bien esta restricción se empezará a aplicar desde el 1 de diciembre de este año solo en episodios de contaminación, que se producen entre 3-5 días anuales.

Lo ha explicado el consejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno autonómico catalán, Josep Rull, tras participar en el primer gran encuentro sobre contaminación en Barcelona, en el que también han participado el Ayuntamiento de la capital catalana, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona, y los departamentos autonómicos de Salud, Interior y Gobernación. El compromiso de la cumbre ha sido reducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico en un plazo de 15 años para alcanzar gradualmente los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta contaminación se reducirá un 10% en los próximos 5 años, según Rull.

La medida de restricción del tráfico afectará a vehículos anteriores a la categoría Euro 1: furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a coches matriculados antes del 1 de enero de 1997, lo que implicará a 106.018 vehículos, que suponen un 7% del parque móvil, y a 22.049 furgonetas, es decir, un 16%. Rull ha sostenido que estos vehículos con más de 20 años de antigüedad «contaminan tanto como 10 coches que utilizan combustible fósil«, ha lamentado.

El acuerdo afecta a 40 municipios declarados Zonas de Protección Especial del Medio Atmosférico (Àmbit-40) donde viven 4,3 millones de personas; incluye a poblaciones de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Oriental, no a todos los municipios del área metropolitana, y afectará indirectamente a Osona, Bages, Anoia, Maresme, Alt Penedès y Garraf. Además, los vehículos que no reciban distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel de antes de 2006, no podrán circular en el espacio comprendido por las Rondas de Barcelona, incluyendo estas vías, en episodios contaminantes a partir de diciembre, y desplegarán medidas para prohibirlos a partir de 2020.

Para incentivar la retirada de estos vehículos, crearán una tarjeta verde metropolitana, previsiblemente antes de verano, que dará 3 años de transporte público gratuito, de la que podrán beneficiarse los residentes del área metropolitana que den de baja un vehículo contaminante que no adquieran otro durante los 3 años de vigencia de la tarjeta. Asimismo, se plantean implantar un recargo sobre el precio de los carburantes para financiar la mejora de la tarifa del transporte público. Han acordado crear un órgano de coordinación para analizar el impacto de la contaminación del aire sobre la salud, que se reunirá anualmente, y otro de coordinación para el seguimiento de las conclusiones adoptadas, integrado por todos los agentes.

El vicepresidente del AMB, Antoni Poveda, ha anunciado que el organismo dejará de homologar taxis diesel en 2019 y que instalará espacios de aparcamientos de intercambio con el transporte público, park and ride, y ha pedido más carriles Bus-VAO y más financiación del transporte público por parte del Gobierno central. Según Rull, el acuerdo persigue mejorar la vida de la gente porque la calidad del aire es uno de los temas más preocupantes debido al impacto que tiene sobre la salud, ya que causa muertes prematuras, hecho que «interpela a las administraciones públicas a tomar decisiones muy drásticas y firmes».

La teniente de alcalde de Ecología de Barcelona, Janet Sanz, ha exigido al Gobierno central más financiación del transporte público, y ha advertido sobre el acuerdo: «Esta expresión de voluntad políticas es un paso adelante respecto a todo lo que se había hecho hasta ahora. Vamos tarde, pero todavía estamos a tiempo de resolver la situación«. El diputado de Espacios Naturales y Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, Valentí Junyent, ha destacado que la corporación provincial elaboró planes de calidad del aire de 17 municipios del Vallès Oriental y de los cinco más poblados del entorno de Barcelona: Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet.