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Los hogares españoles gastan unos 1.100 euros en energía al año

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Europa Press / EFE.- Las familias españolas gastaron en 2015 en energía 1.100 euros de media, en electricidad, gas y otros combustibles para uso doméstico, en 2015, según los datos de los indicadores Habits Big Data que elabora AIS Group. Esta cifra representa el 4% del gasto total medio de las familias españolas, cifrado en 27.400 euros al año, según el estudio elaborado por la firma sobre el gasto energético en los hogares.

Los datos corresponden a 2015 ya que es el último año del que existen datos relativos al gasto, por lo que para hacer una aproximación a 2016 se ha realizado un cálculo teniendo en cuenta la variación del IPC en cada provincia. El director de desarrollo de negocio de AIS Group, Agustí Amorós, destacó que en 2016 de media cada familia española habría destinado entre 15 y 20 euros más a energía, incrementándose el gasto medio hasta los 1.130 euros».

Según el estudio, los hogares con mayor gasto en energía fueron los de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Aragón. Así, las familias toledanas encabezan el ranking, con más de 1.520 euros en 2015 y, teniendo en cuenta el incremento del IPC en esta partida, habrían llegado a superar los 1.565 euros en 2016. Tras Toledo, el gasto más elevado sería el de Guadalajara, donde de media se habrían alcanzado los 1.450 euros en 2015 y casi 1.480 en 2016. Ciudad Real (1.416 euros), Soria (1.407 euros) y Cuenca (1.407 euros) completan la lista de las cinco provincias con el gasto medio familiar en energía más elevado de España.

El menor gasto en Canarias

Por su parte, las provincias canarias son donde los hogares destinaron menos a estos suministros energéticos en 2015, con algo menos de 660 euros. También se encuentran entre los más bajos el gasto en las provincias andaluzas, desde los 870 euros de Cádiz (880 euros en 2016) y Almería (890 euros en 2016), a los 920 euros de Sevilla y Granada (940 euros en 2016).

En lo que respecta a electricidad, el gasto medio familiar ascendió a 720 euros, el 2,6% del gasto total de las familias. Actualizando la cifra al IPC de 2016 para esta partida, el gasto habría ascendido hasta los 732 euros. Las familias baleares son con diferencia las que más dinero invierten en luz, 935 euros en 2015 y 950 en 2016 950, mientras que las que menos dinero gastaron fueron los habitantes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con menos de 625 euros en 2015 y entre 630 y 640 euros en 2016.

En lo que se refiere al gas, se registró un gasto medio por hogar de 275 euros en 2015, mientras que en el resto de combustibles la media se situó en 130 euros. Madrid fue la provincia donde el gasto medio de gas fue mayor, cada hogar en 2015 destinó 512 euros de media y 516 en 2016, y las Canarias volvieron a ser las provincias que presentaron un menor gasto, unos 35 euros tanto en 2015 como en 2016. En el caso de Baleares, a pesar de ser la provincia con mayor gasto en electricidad, presenta uno de los gastos más bajos en cuanto al gas, 122 euros en 2015 y 124 en 2016.

La Junta de Castilla-La Mancha desatiende su responsabilidad criticando la «mala gestión» del Gobierno ante la refacturación de la luz

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EFE.- La consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, criticó la «mala gestión» del Gobierno central que ha provocado que los castellanomanchegos tengan que pagar 5,86 euros en 2017 o 0,489 euros mensuales en su factura de luz para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

Franco se ha pronunciado así sobre la orden que prepara el Ministerio de Energía para que las comercializadoras refacturen la energía eléctrica consumida en 2013 por los clientes de Castilla-La Mancha, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña a fin de incluir los gravámenes impuestos por estas comunidades. Con esta orden ministerial, actualmente en tramitación, el departamento que encabeza Álvaro Nadal cumple los requerimientos del Tribunal Supremo, que ha determinado que los consumidores de cada comunidad autónoma deben costear los tributos que graven la tarifa eléctrica.

«No estamos de acuerdo en cómo se ha actuado en este tema por parte del Gobierno de la nación», ha afirmado la consejera, quien ha reconocido que «a la sociedad le enfada ser paganini de esta historia por la mala gestión por parte del Gobierno central». Ha argumentado que «fue un decreto que puso en marcha Rajoy en 2012 por el que había que equiparar de alguna forma en la facturación eléctrica las medidas tributarias en diferentes comunidades autónomas». Franco explicó que lo que se produjo en 2013 fue «un arrastre del reparto de 2012 sin equipararlo a la situación de 2013» y las eléctricas recurrieron ante el Tribunal Supremo «porque no estaban de acuerdo».

«Hay que preguntar a Rajoy, al Ministerio, quizá no lo hicieran en su día porque eso gravaba y repercutía en las personas que son los paganinis de una mala gestión del Ministerio en aquel momento», ha aseverado Franco. Con ello, ha recalcado que no son la administración competente en esta materia y «lo que sí hacen las administraciones autonómicas, Castilla-La Mancha entre otras, es gravar con tributos a las empresas energéticas para que el impacto medioambiental de las actividades que desarrollan sea el menor posible».

Energía prepara otra refacturación de la luz por orden del Supremo en las comunidades autónomas con tributos territoriales al sector

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobará una orden ministerial en la que recogerá una refacturación a los consumidores de electricidad de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. La refacturación se refiere a los tributos autonómicos aplicados durante el 2013.

La medida tiene como objetivo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio.  Esta refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes o la aprobada recientemente, en la que se revisa el margen de comercialización del PVPC de las comercializadoras de referencia, cuyo coste apenas supondrá un encarecimiento del 0,04%.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Energía se ve ahora obligada a tener preparada la orden ministerial antes del 20 de enero para evitar una multa del Supremo.

Según fuentes oficiales, el Gobierno amortiguará el impacto de esta medida en los ciudadanos, porque las cantidades no se empezarán a cobrar hasta 6 meses después de que se apruebe la orden ministerial y su pago se repartirá a lo largo de un año. Las comercializadoras deberán informar previamente a los consumidores y el recargo se incluirá en la factura en un concepto separado que especificará que se trata de un suplemento territorial por los tributos autonómicos del año 2013.

Según sus cálculos, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013. Por su parte, los usuarios de la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, o 0,065 euros al mes, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña, o 10 céntimos al mes, o los 0,05 euros anuales de La Rioja, o 0,004 euros más al mes.

Según consta en el borrador de orden ministerial sobre la medida, el importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual.

«El impacto económico en los consumidores es relativamente reducido, suponiendo los suplementos objetivos entre el 1,955% y un 0,006% sobre los peajes de 2013», afirma Energía en el borrador de orden ministerial. Conforme a la norma que prepara el departamento dirigido por Álvaro Nadal, los valores de cada uno de los suplementos territoriales se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Las empresas distribuidoras deberán calcular las cantidades correspondientes a cada uno de los conceptos de regularización.

Así se cumplirá con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y en el real decreto ley 20/2012, en los que se indica que, «en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma».

Esta redacción estuvo vigente durante 2013. En diciembre de ese año se aprobó la actual Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, en cuyo artículo 16 se mantiene esta filosofía de que los consumidores de cada territorio costeen los tributos de su zona. El Supremo considera que el Gobierno no puede ampararse en la falta de desarrollo de la norma para dejar de aplicar la medida.

Para dar cumplimiento a la medida, el Ministerio de Hacienda pidió a las comunidades autónomas afectadas la información relativa a los distintos tributos existentes en 2013 en los que se gravasen actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico. «Dichos requerimientos fueron atendidos de forma desigual por las distintas comunidades autónomas», advierte Energía, que informa además de que el Supremo le envió una providencia por la que apercibe con la imposición de multas coercitivas si antes del 20 de enero no remite la propuesta de orden ministerial para cumplir la sentencia.

La Plataforma contra el ATC envía al CSN un estudio «que demuestra que los terrenos no son seguros»

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Europa Press.- Mientras sorpresivamente Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre por qué no empezó todavía la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tal como se había decidido en Consejo de Ministros, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un estudio que, a su juicio, «demuestra que los terrenos del ATC no son seguros para albergar el almacén nuclear».

«Parece que 4 de los 5 consejeros del pleno del CSN, no quieren asumir que los terrenos no son adecuados y se sigue evaluando el proyecto del ATC. Por eso, la Plataforma les envía un estudio que demuestra que los terrenos no son seguros para albergar el almacén nuclear», han expresado desde la Plataforma, que considera que «cinco años después, el proyecto del cementerio nuclear está triplemente bloqueado», a lo que se añade que «los terrenos no son adecuados» y han dejado «de tener utilidad, pues las centrales nucleares han optado por los almacenes individuales (ATI) junto a sus reactores».

«El proyecto sigue sin arrancar, sin alguna de las numerosas autorizaciones y con la ciudadanía cada vez más opuesta», reiteraron desde esta plataforma. Los bloqueos administrativos al proyecto, según la Plataforma, son la «protección de la zona a través de la figura denominada Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA); la paralización de la declaración de impacto ambiental (DIA) en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; y la anulación del plan de ordenación municipal (POM) de Villar de Cañas«.

La plataforma rechaza que el Gobierno sea «incapaz de asumir la realidad y suspender definitivamente el proyecto» «Este Gobierno ha dejado de tener interés por gestionar los residuos nucleares y solo ve en el proyecto del ATC una oportunidad para hacerse con el control de las importantes sumas de dinero público que lleva aparejado«, ha declarado María Andrés, ganadera y portavoz de la plataforma. «Mientras pueda seguir adjudicando contratos, este gobiernos no dará el portazo al ATC», ha concluido Andrés.

Además, la plataforma asegura que «un número reducido de personas a los que les perjudica la paralización del proyecto del ATC, compuesto por el alcalde de Villar de Cañas, dos empresarios y la abogada que han contratado, ha recurrido la declaración de la ampliación de la ZEPA de El Hito». Hasta aquí, la Plataforma «poco tiene que decir, pero sí quiere denunciar que se pretendan defender intereses legítimos mediante la difusión de falsedades, como que los residuos nucleares se están enviando a Francia o que los agricultores se oponen a la declaración de la ZEPA».

Izquierda Unida y el ATC

Por su parte, los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, Félix Alonso, Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante han preguntado al Gobierno por qué no se ha puesto en marcha todavía la construcción de un ATC para residuos nucleares. «Cada día que pasa sin construir el ATC le cuesta al Estado 60.000 euros. Por tanto, estos años de retraso en la puesta en marcha del ATC podría suponer ya un coste añadido próximo a los 110 millones de euros. Además, cuando se informó al comienzo del coste total del proyecto se habló de cerca de 700 millones de euros, mientras que los últimos datos conocidos lo elevan a más de 1.000 millones», aseguran.

Por ello, los tres diputados han pedido al Ejecutivo que dé explicaciones sobre la situación actual del proyecto de construcción del ATC y sobre el calendario en que está prevista la puesta en marcha del mismo, así como si existe previsión de cambiar la localización del almacén. Entre las preguntas registradas, figuran también algunas acerca de los permisos para construir almacenes ATI en varias centrales nucleares. Por ello, los tres diputados pedirán al Gobierno que indique si prevé prolongar la vida útil de estas centrales y que aclare «qué sentido tiene construir un ATC para todas si cada una va a tener su propio ATI».

Castilla-La Mancha pide su fin

Asimismo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseveró que «tiene poco sentido seguir adelante con el proyecto» del ATC en Villar de Cañas y ha abogado por que el Gobierno «haga un replanteamiento serio del proyecto, lo paralice definitivamente, deje de destinar fondos públicos a algo que no tiene visos de futuro y haga un nuevo planteamiento para la gestión de los residuos dentro del Plan de Energía Nuclear». Martínez Guijarro subrayó que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha sigue «siendo la misma», es decir, en contra del desarrollo del ATC.

Considera el vicepresidente regional que en los últimos 5 años «han pasado muchas cosas desde el punto de vista técnico» que determinan que seguir adelante con el proyecto «tenga poco sentido». Así, se ha referido «a las dudas sobre la idoneidad de los terrenos, las cuestiones ambientales o el hecho de que las centrales nucleares estén construyendo sus propios ATI». Martínez Guijarro argumenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha «tiene un planteamiento claro que no ha variado ni un milímetro desde hace muchos años». De este modo, el Ejecutivo autonómico sigue considerando que «el futuro del desarrollo económico de Castilla-La Mancha no pasa por la energía nuclear ni mucho menos por ser el cementerio nuclear de los residuos de España».

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que no tiene sentido volver a plantear el ATC nuclear en Villar de Cañas

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EFE.– El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que «no tiene ningún sentido» volver a plantear la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) cuando las centrales nucleares están volviendo a construir almacenes temporales de residuos en sus instalaciones. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, volvió a ratificar la posición contraria de la comunidad autónoma a la construcción de un almacén centralizado de residuos radiactivos de alta intensidad en Villar de Cañas.

Hernando apuntó que las centrales están volviendo a construir almacenes ATI localizados en las propias plantas nucleares, por tanto, ha asegurado que «si se está realizando esa inversión, no tiene ningún sentido que volvamos a replantear un proyecto que desde su inicio los técnicos han valorado como inadecuado». «Y además ha habido una lamentable campaña de cacería de brujas dentro del Consejo de Seguridad Nuclear hacia esos técnicos», ha lamentado Hernando, quien ha insistido repetidamente en que si se están construyendo en las centrales instalaciones para sus propios residuos nucleares, no tiene sentido volverse a plantear el cementerio nuclear centralizado.

Podemos presenta en Castilla-La Mancha una PnL para prohibir los cortes de luz a los consumidores vulnerables

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EFE.- Podemos ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que exige al Gobierno central la puesta en marcha de diferentes medidas para garantizar el acceso al suministro eléctrico, entre ellas, prohibir los cortes de luz “a las familias más necesitadas”.

La formación morada pide que sean las compañías eléctricas las que se dirijan a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. La PnL, calificada por la Mesa de las Cortes y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, tiene como objetivo «garantizar el acceso al suministro eléctrico, entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana».

Entre otras medidas, solicita que se ponga fin a «los abusos tarifarios» y que se apruebe una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Del mismo modo, el grupo parlamentario de Podemos propone crear una «auténtica tarifa social» y sustituir el actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

Además exigen la devolución de los CTC y proponen realizar un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas y aplicar el tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado, según afirman, «un servicio esencial para la ciudadanía».

Villar de Cañas recurre la decisión de la Junta de ampliar la ZEPA de El Hito que bloquearía el ATC

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Villar de Cañas presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha del pasado octubre por el que se declaró la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno de la Laguna de El Hito, enclave cercano a los terrenos donde habría de construirse el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Este recurso ha sido presentado tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de la localidad conquense, que intenta impedir que se lleve adelante la delimitación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de este entorno, como decidió el Gobierno autonómico con el objetivo de entorpecer la construcción del ATC. Villar de Cañas considera que el decreto que se recurre «adolece de vicios y defectos procedimentales y legales, que lo hacen nulo de pleno derecho», ya que entre otras cosas carece de algunos estudios técnicos o científicos.

Se argumenta en este acuerdo adoptado que las intenciones del Gobierno autonómico con la ampliación de esta ZEPA, a raíz de las palabras del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en el momento de defenderla, «evidencian claramente que la única intención de la ampliación de la zona protegida aprobada es impedir la construcción del ATC y su Centro Tecnológico Asociado, sin considerar que los terrenos destinados a su construcción se encuentran en la superficie de Villar de Cañas», que carece de valor ornitológico. Desde el Consistorio consideran que esta declaración es un “acto arbitrario de abuso y fraude de ley».

A tenor del acuerdo adoptado, esta decisión «cercena una inversión de 900 millones de euros y el consiguiente desarrollo económico, humano, tecnológico e industrial para la comarca y para la provincia de Cuenca«. El decreto que se recurre «priva también a los ayuntamientos y entidades locales menores de gran parte de su autonomía local, cercenando, restringiendo o limitando, la capacidad decisoria del Ayuntamiento, del alcalde y de los concejales elegidos democráticamente, para atribuir prácticamente todas las competencias a los técnicos y funcionarios de la Administración autonómica en materia medioambiental«, argumentan.

«El ATC se acabará construyendo»

Por su parte, el alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, ha asegurado que va a «ganar» el recurso contencioso-administrativo que su Ayuntamiento ha interpuesto en el TSJCM contra la decisión del Gobierno autonómico de ampliar la ZEPA de la Laguna de El Hito para intentar paralizar las obras del ATC de residuos nucleares previsto en el municipio. En este sentido, aseveró que además de ganar esta batalla judicial, el ATC «se acabará construyendo», por lo que considera que el Gobierno autonómico «está engañando a todos los conquenses».

En su opinión, la ampliación de esta zona ZEPA «no tiene ni pies ni cabeza», perjudica a «700 agricultores de 8 pueblos», y podría acarrear la pérdida de «6 millones anuales durante muchos años» a Villar de Cañas, junto a la inversión prevista en el ATC. Por último, ha recordado que, cuando acabe el proceso judicial iniciado con este recurso contencioso-administrativo, pondrá personalmente una querella contra el Gobierno autonómico por haber intentado «dañar» al municipio.

La ampliación ya está “apuntalada”

Al respecto se pronunció el propio Francisco Martínez Arroyo, asegurando que aunque respeta que el Consistorio vaya a los tribunales, esta protección medioambiental «está apuntalada» y señaló que la postura del Gobierno regional es que ese espacio natural «es susceptible de ser protegido desde el punto de vista medioambiental«. Esta decisión, según ha señalado el consejero, fue tomada contando «con todos los elementos suficientes» y estuvo apoyada «en informes de carácter técnico que ponían de manifiesto que hay muchas especies, no solo las grullas, que hay que proteger», además de «una vegetación característica del suelo».

Tras ello, Martínez Arroyo criticó que «el alcalde de Villar de Cañas y una parte de la sociedad que pertenece al PP apuesten por un modelo energético basado en energías no renovables«, pero ha añadido que el Gobierno autonómico «apuesta por un modelo sostenible en el que la industria agroalimentaria sea compatible con la defensa del medio ambiente». Ahora, ha recalcado, lo que ocurre es que «no se podrán tomar decisiones unilaterales» como la de instalar el ATC «sin estar de acuerdo con la administración ambiental, que es la Junta«.

El titular de Agricultura ha incidido en que esta ampliación de la protección del entorno de la Laguna de El Hito está apuntalada ante cualquier recurso judicial, ya que se tomó la decisión con los informes pertinentes. «Ojalá la decisión de poner el ATC en Villar de Cañas hubiera tenido todos los informes técnicos necesarios que daban garantías. Los tribunales decidirán, pero espero que no haya ningún problema», ha finalizado.

La Junta de Castilla-La Mancha refuerza el convenio con Respol Butano para el Servicio de Emergencias 112

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EFE.- La Junta de Castilla-La Mancha va a reforzar el convenio y el protocolo de colaboración firmado entre el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 y Repsol Butano y que tiene por objeto el garantizar la coordinación ante cualquier suceso con la actuación de la compañía de suministro de gas.

Los responsables de ambas entidades han analizado los incidentes acaecidos en la región relacionados con gas, donde destaca la celeridad de respuesta y la comprobación de la afectación de la empresa en dichas incidencias. Los responsables de Repsol Butano y el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, incidieron en la necesidad de seguir avanzando en la coordinación para resolver en el menor espacio de tiempo aquellas emergencias relacionadas con el suministro de gas butano.

También se abordó la voluntad de avanzar en el aspecto formativo que establece el convenio de colaboración, encaminado a lograr que los organismos intervinientes en emergencias puedan realizar cursos especializados sobre tratamiento y extinción de incendios provocados por productos relacionados con Repsol Butano. Este protocolo operativo es un documento técnico cuya función es establecer una comunicación directa y bidireccional entre el 112 y Repsol Butano cuando se produzca alguna situación de emergencia en una instalación de esta empresa o haya algún incidente con sus productos.

Además, el protocolo viene derivado del convenio de colaboración firmado entre la Consejería y Repsol Butano gracias al cual se garantiza la coordinación entre los distintos organismos de la Dirección General de Protección Ciudadana y la empresa. También en el convenio se aborda la necesidad de impulsar la formación para actuar en las instalaciones de esta compañía como para poder hacer frente a incidentes relacionados con los productos que comercializa.

El plan contra la pobreza energética de Castilla-La Mancha concluye la primera fase con 6.054 ayudas

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EFE.- La primera fase de la aplicación del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha concluido con un total de 6.054 ayudas de 150 euros cada una que han beneficiado a cerca de 21.000 personas, el 44% de ellas menores y 407 más en situación de emergencia personal. Así lo detalló el diputado regional socialista José Luis Escudero, quien hizo balance de una primera fase que se ha saldado con 216 actuaciones de reposición del suministro.

Unos datos con los que Escudero se ha mostrado «muy satisfecho» porque demuestran que «el ejecutivo de García-Page está cumpliendo con los compromisos que alcanzó con la ciudadanía de la región, pero sobre todo y con especial atención con aquellos que han sido más castigados por la crisis y por el anterior gobierno de Cospedal». «No son anuncios, sino realidades que se han materializado en sólo 15 meses de gestión al frente del Gobierno regional», ha apuntado el diputado regional, quien ha recordado que la primera fase se inició sólo unos meses después de que García-Page tomara posesión de su cargo y aún así, ya se aplicó el pasado invierno.

Así, según Escudero, han resaltado que «eran medidas necesarias, urgentes e imprescindibles para ayudar a las familias que peor lo estaban pasando y tanto habían sufrido en la anterior legislatura». Escudero reivindicó que este mes se reanuda la segunda fase del Plan, «pionero en nuestro país», en la que se pretende conceder alrededor de 4.000 ayudas y cuenta, como novedad, «incluir medidas de ahorro en los hogares para que también gasten menos vía ahorro energético».

Escudero recordó que, al igual que durante la primera fase, se concederán ayudas por importe de 150 euros por familia para los meses de invierno de este año. Con este Plan, insistió, se contemplan cuatro actuaciones: paralización de procesos de corte de suministro, reposición urgente cuando hay un corte en las familias, ayudas contra la pobreza energética y plan de orientación para el ahorro energético».

Gas Natural Fenosa invertirá unos 190 millones de euros en distribución de electricidad en Castilla-La Mancha entre 2016 y 2019

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EFE.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, va a invertir en torno a 190 millones de euros en Castilla-La Mancha entre 2016 y 2019 para mantener y reforzar sus infraestructuras eléctricas en la comunidad autónoma, con el fin de mejorar el servicio que presta a sus 621.417 clientes de la región.

Para ello, invertirá 43,3 millones de euros durante 2016 y cerca de 147 millones en el trienio 2017-2019, según indicó el director de la zona Castilla de Unión Fenosa Distribución, Sergio Arana, que precisó que las inversiones en el próximo trienio será de 52,4 millones en 2017, de 45,2 millones en 2018 y de 49,1 millones en 2019. Asimismo, además de las inversiones recurrentes en mantenimiento y mejora en la red en la comunidad, durante los próximos años se van a llevar a cabo varios proyectos destacados en Castilla-La Mancha, donde suma casi el 50% de la cuota de distribución.

El proyecto de mayor dimensión para los próximos años es la nueva subestación de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y la línea de 132 kV que unirá esta localidad con el también municipio ciudadrealeño de Moral de Calatrava. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros y previsiblemente se iniciará en 2018, servirá para aumentar la capacidad de las redes de media y alta tensión en el entorno de Almagro y de Bolaños, lo que garantizará la conexión de los crecimientos futuros de la zona y reforzará la garantía del suministro.

Además, en 2018 iniciará en Guadalajara la construcción de la nueva línea Fuentes de la Alcarria-Fuentes de la Niña, de 23 kilómetros de longitud, que reforzará la alimentación eléctrica de la capital de la provincia y de su entorno ante posibles contingencias. Arana ha añadido que las inversiones previstas hasta 2019 contribuirán a aumentar la calidad del suministro en las zonas en las que Unión Fenosa Distribución suministra energía eléctrica.

En este sentido, ha destacado que la compañía ha mejorado sustancialmente el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión (TIEPI) en Castilla-La Mancha, el principal indicador de la calidad del servicio. Así, entre 2006 y 2015, el TIEPI bajó el 61%, hasta situarse el año pasado en 0,79 horas. En las dos provincias con mayor número de clientes, Ciudad Real y Toledo, el TIEPI mejoró el 60% (0,73 horas en 2015) y el 62% (0,78 horas en 2015), respectivamente, mientras que las provincias de Cuenca y Guadalajara cuentan con porcentajes similares de reducción de las interrupciones.

Arana ha explicado que Unión Fenosa Distribución tiene en la comunidad castellanomanchega más de 655.000 puntos de suministro, que suponen el 17% de los 3,7 millones de puntos de suministro principalmente en cuatro comunidades autónomas, además de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Galicia. Estos datos la convierten en la tercera empresa distribuidora en España con un 15% del total de la distribución nacional, ha indicado Arana. En Castilla-La Mancha cuenta con redes en 432 municipios de las cinco provincias de la región, en la que tiene 621.417 clientes, entre ellos 5.275 de media tensión, en tanto que 57 son de alta tensión y el resto de baja tensión.