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Desestimado el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra la suspensión del decreto medioambiental que obstaculizaba el ATC nuclear

Europa Press.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) desestimó el recurso de reposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la suspensión por parte de ese mismo tribunal de la ejecutividad del decreto de la Consejería de Agricultura por el que se ampliaba en 2016 la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realizaba la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria.

El TSJCM acordó en marzo suspender este decreto tras una sentencia del Tribunal Supremo que acordaba la suspensión cautelar del acuerdo del Ejecutivo regional, de julio de 2015, que dio inicio a una ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito, que afectaba a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y de residuos en Villar de Cañas (Cuenca). La sentencia del Supremo que suspendía cautelarmente, desde su raíz, el inicio del proceso de protección medioambiental por parte del Gobierno autonómico llevó al TSJCM a extender esa suspensión a la ampliación efectuada en 2016.

Un auto del TSJCM que el Gobierno presidido por Emiliano García-Page recurrió, pero que ahora rechaza el Alto Tribunal castellano-manchego al considerar que ninguno de los motivos impugnatorios de la Junta «tendrá favorable acogida, por no quedar desautorizada la corrección jurídica del auto recurrido». El Ejecutivo castellano-manchego reprochó al Alto Tribunal autonómico que su decisión «incurre en el vicio de falta de motivación, de no haber tenido en cuenta el periculum in mora, que es el peligro de un daño jurídico urgente y marginal derivado del retraso de la resolución definitiva, y de no ponderar los intereses en el conflicto».

Viesgo también recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Viesgo en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma a los ya interpuestos por Gas Natural Fenosa y Endesa ante la misma instancia judicial por esta cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 27 de marzo. La orden ministerial contra la que se presenta el recurso recoge una refacturación en el recibo de la luz para los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos que hace Energía, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

La ley antifracking de Castilla-La Mancha entrará en vigor a mediados de abril

Europa Press.- La ley antifracking por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica entrará en vigor a mediados de abril. La ley fue aprobada el pasado 9 de marzo en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, que se convierte así en la quinta comunidad autónoma que regula la fractura hidráulica.

La técnica del fracking consiste en la extracción de hidrocarburos gaseosos a elevada profundidad, mediante la fractura de la roca con explosivos y la inyección de agua con aditivos para extraer el gas, lo que, según el Gobierno regional que ha impulsado la ley, puede contaminar tanto el aire como las aguas, sobre todo los acuíferos subterráneos. La ley fue aprobada con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP, y con ella se impedirá en la práctica el fracking.

La ley antifracking incluye varias medidas para imposibilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe el plan estratégico sectorial.

Según Castilla-La Mancha, en la búsqueda de yacimientos energéticos no convencionales, como el gas de esquisto, las empresas empiezan a usar técnicas como la fractura hidráulica, también conocida como fracking, que plantea problemas específicos, en especial los relativos a la salud pública y el medio ambiente y generan conflictos socioambientales allí donde se pretenden emplear técnicas de fractura hidráulica. Si bien la Unión Europea ha incidido en la necesidad de elaborar una recomendación que establezca unos principios mínimos que ayuden a los Estados miembros en la exploración y producción de gas natural en formaciones de esquisto utilizando la fractura hidráulica y garanticen la preservación del clima y el medio ambiente, a nivel estatal existe una «insuficiente regulación de la materia».

Así, recuerda queson varios los permisos de investigación otorgados hasta el momento que afectan al territorio de la comunidad autónoma: Aries 1 y Leo en Albacete y Murcia (otorgados respectivamente por el real decreto); Esteros, Almorada y Nava en Albacete y Ciudad Real (otorgados por resolución de julio de 2012 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha); y Cronos en Guadalajara y Soria (otorgado por real decreto). No obstante, los permisos de Aries 1 y Nava han sido extinguidos.

Las autorizaciones de exploración, los permisos de investigación y las concesiones de explotación ya otorgados en el momento de la entrada en vigor de la ley, puesto que sus trabajos específicos quedan sujetos a autorización administrativa por el órgano competente sometida a evaluación de impacto ambiental en los casos que proceda, deben ser incluidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones querecoge esta ley, todo ello de acuerdo con los principios de prevención y cautela anteriormente citados, para la salvaguarda de los valores afectados, esto es, la salud humana y el medio ambiente.

Por otra parte, la presente ley de Castilla-La Mancha incluye, en una disposición final, la Modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para establecer como un supuesto más de los que requieren previa calificación urbanística en suelo rústico a los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracking.

El PP cree que los tribunales ven en el Gobierno de Castilla-La Mancha «intereses partidistas para entorpecer» el ATC

Europa Press.- El portavoz del grupo parlamentario popular, Francisco Cañizares, ha asegurado que los tribunales de justicia ven que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene ningún interés por proteger la Laguna del Hito, en Villar de Cañas (Cuenca), pues detrás de sus acciones hay «intereses partidistas para entorpecer» el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Así se pronunció después de que el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya suspendido el decreto de protección medioambiental del Ejecutivo autonómico.

A juicio de Cañizares, los tribunales «han enmendado la plana a García-Page y a su consejero», pues se han dado cuenta de que detrás de esas declaraciones no está el medio ambiente «sino intereses políticos enmascarados con el medio ambiente para entorpecer un proyecto que legítimamente una comarca de Castilla-La Mancha ha pedido para favorecer su desarrollo económico». Dicho esto, el portavoz de los parlamentarios populares afeó al Gobierno regional que no haya incluido en los presupuestos para 2017 ninguna partida para el plan de desarrollo alternativo al ATC que el presidente regional dijo que tenía para frenar la despoblación de esta comarca de Cuenca.

El TSJCM suspende el decreto castellano-manchego por el que se amplía la ZEPA para evitar el ATC de residuos nucleares

Europa Press.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) acordó suspender la ejecutividad del decreto de la Consejería de Agricultura del Gobierno autonómico por el que amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realizaba la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria. Así figura en un auto del TSJCM del 8 de marzo.

En julio de 2015, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas. Está ampliación, según el Gobierno castellano-manchego, prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno», algo que haría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del ATC en Cuenca».

ZEPA recurrida por Gobierno central

Posteriormente, en octubre de 2015 el Gobierno central presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCM contra este acuerdo del Consejo de Gobierno, ahora suspendido. Ya el pasado enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de este acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha al considerar que, en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto, «es más atendible» el de proseguir las actuaciones para la instalación del ATC, que pretende una «pronta y correcta» gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.

Castilla-La Mancha contra el ATC

Por su parte, el consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado ante el auto del TSJCM asegurando que no entra en el fondo del asunto y que, en todo caso, no impedirá que el Ejecutivo regional siga trabajando para evitar la instalación del silo en la provincia de Cuenca. Martínez Arroyo ha recordado que la decisión judicial del TSJCM es una suspensión cautelar, ante la cual ha mostrado «respeto», si bien no hace que desde su Consejería abandonen el «compromiso con el medioambiente».

«Estamos obligados a trabajar por la preservación de espacios naturales», ha dicho Martínez Arroyo, incidiendo en que esta decisión judicial se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo «que prioriza intereses nucleares sobre intereses medioambientales«. Pese al «respeto» a las sentencias judiciales, el consejero de Agricultura castellano-manchego ha afirmado que el Gobierno autonómico «siempre antepondrá los intereses de los ciudadanos y medioambientales a los intereses nucleares«, tras lo que ha subrayado que esos intereses nucleares «pasan por transportar desde toda la península residuos radioactivos a un basurero nuclear que quieren instalar en Villar de Cañas».

Gas Natural se suma a Endesa y recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

Europa Press.– El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Gas Natural Fenosa en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso ha sido publicado en el BOE y se suma al interpuesto por Endesa por la misma cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 9 de marzo y concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

La Comisión Europea admite a trámite una denuncia de las gasolineras desatendidas contra España por las prohibiciones de las autonomías

Europa Press.- La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) contra España por su inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas. La asociación señala que, tras varios meses en los que la Comisión realizó una investigación preliminar de los hechos denunciados por la AESAE, la semana pasada tomó la decisión de admitir a trámite el expediente.

Como parte del proceso, asegura, el Ejecutivo comunitario ha procedido a enviar la preceptiva carta al Estado español en la que se recogen los hechos fundamentales que constituyen la base del argumento de la Comisión y se esboza la valoración jurídica de los mismos. El Gobierno tendrá de plazo hasta el 8 de julio para presentar sus alegaciones. LA AESAE había presentado su denuncia en julio al considerar que las normativas autonómicas en contra de las gasolineras automáticas constituyen «una clara restricción al libre mercado», en línea con la posición del organismo regulador, la CNMC.

Entre las legislaciones incluidas en la denuncia de la AESAE se encuentran las de Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia, mientras que las que están en tramitación son las de Madrid, Asturias y Extremadura. Posteriormente, indica, esta denuncia fue ampliada el 16 de diciembre, con la Ley de Castilla y León y el proyecto legislativo en tramitación en Euskadi.

Unión Fenosa Distribución (Gas Natural) supera los 3 millones de contadores inteligentes instalados

Europa Press.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, ha superado la cifra de los 3 millones de contadores inteligentes domésticos instalados, lo que representa el 83% de sus 3,6 millones de puntos de suministro, de los que más del 96% están ya efectivamente integrados en el sistema de telegestión.

Por comunidades autónomas, la energética ha instalado ya más de 1,2 millones contadores en Galicia; cerca de 1 millón en la Comunidad de Madrid; más de 488.000 contadores en Castilla-La Mancha, y 281.000 contadores en Castilla y León. En todas las comunidades, la compañía ha superado el umbral del 80% de equipos sustituidos. La filial de Gas Natural Fenosa señaló que el cambio de los contadores continuará hasta el año que viene, cuando, según la regulación, todos los equipos domésticos de electricidad deben ser inteligentes.

El Tribunal Supremo eleva a 10,3 millones lo que debe pagar Red Eléctrica a Endesa por el apagón de 2007

Europa Press.- Al tiempo que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Endesa en contra de la refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas, el alto tribunal ha aumentado de 8,3 a 10,3 millones la cantidad que debe pagar la compañía Red Eléctrica a Endesa y concluye que las dos empresas fueron corresponsables del incendio de la subestación eléctrica Maragall en Barcelona el 23 de julio de 2007, que originó un gran apagón.

Así lo estableció el alto tribunal después de la estimación parcial de un recurso presentado por Endesa contra una sentencia de la Audiencia de Barcelona, dentro del litigio que mantenían desde hacía años las dos compañías eléctricas por el incidente que afectó a unos 320.000 afectados. El apagón se debió a la caída de un cable de 110.000 kilovoltios en la subestación de Collblanc, que se desplomó sobre el parque de transporte de REE de 220 kilovoltios y, como consecuencia, se perdió tensión en las subestaciones de Urgell y Maragall.

Recurso contra la refacturación territorial

Por otro lado, se admitió a trámite el recurso que la compañía eléctrica planteó en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. En un anuncio publicado en el BOE, el Supremo concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

La Junta de Castilla-La Mancha insta al Gobierno a «prohibir de manera taxativa» el fracking en todo el territorio nacional

Europa Press.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha instado al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias específicas en materia de energía, a realizar «una prohibición taxativa» de la práctica del fracking en toda España «al menos hasta que no haya garantías de que no hay ningún problema para la salud pública y para el medio ambiente».

Así lo ha solicitado el consejero durante su visita a Molina de Aragón, en Guadalajara, una de las zonas afectadas por los proyectos de fracking que pretendían implantarse en la región y «a los que no se puso freno durante la anterior legislatura», según ha recordado el Gobierno regional. Martínez Arroyo ha señalado también que Castilla-La Mancha será territorio libre de fracking a partir del día 9 de marzo, una vez que la Mesa de las Cortes dé luz verde a la ley elaborada por el Gobierno regional para hacer inviable en la práctica la fractura hidráulica en la región.

El consejero indicó que, para sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno regional contó con el apoyo de Podemos y deseó que «el PP se sume también a la prohibición del fracking en Castilla-La Mancha» para conseguir alejar de manera definitiva estos proyectos. El consejero reconoció «el esfuerzo y el trabajo» de las Plataformas que se crearon en su momento para luchar contra el fracking en Castilla-La Mancha y que contribuyeron «a que esta iniciativa haya llegado a buen fin», afirmó.

Además, el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias específicas para prohibir el fracking de manera directa, por lo que se ha elaborado una ley que «en la práctica» imposibilita el desarrollo de proyectos de fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha pretendían instalarse 5 proyectos de fractura hidráulica, que afectarían a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. Con la medida actual serán inviables en la práctica.