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Los restaurantes y oficinas de McDonald’s reducirán en 150 millones de toneladas sus emisiones de dióxido de carbono para 2030

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Europa Press.- La empresa de restauración McDonald’s reducirá 150 millones de toneladas métricas sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera en sus oficinas y restaurantes de aquí a 2030, según anunció la compañía. Así, McDonald’s declara su objetivo, aprobado por Science Based Targets Intitiative (SBTI), de reducir sus emisiones de CO2 equivalente en un 36%, más de un tercio del total, respecto a 2015.

Además, la empresa se compromete también a reducir en un 31% la intensidad de las emisiones en toda su cadena de suministro. Los objetivos que asume McDonald’s equivalen a eliminar 32 millones de coches de las carreteras durante un año o plantar 3.800 millones de árboles y cultivarlos durante 10 años. El objetivo, según McDonald’s, es seguir creciendo sin aumentar los gases de efecto invernadero.

Para alcanzar este objetivo, en colaboración con «miles de franquiciados» y proveedores, McDonald’s se centrará en las áreas que más impactan a la huella de carbono como son la producción de carne de vacuno, el consumo de energía en los restaurantes y el origen de la misma, los envases y residuos. Estas áreas combinadas, representan aproximadamente el 64% de las emisiones globales de McDonald’s. Así, trabajará con la cadena de suministro promoviendo prácticas de agricultura y ganadería sostenible, así como en sus oficinas y restaurantes, mediante el impulso de la innovación e implantando mejoras como iluminación LED, equipos de cocina y climatización eficientes, envases sostenibles y reciclaje en los restaurantes.

Hacer frente al cambio climático

El presidente y CEO de McDonald’s, Steve Easterbrook, indicó que construir un futuro mejor para el planeta requiere del compromiso de todos. «McDonald’s asume su responsabilidad y quiere aportar soluciones para hacer frente al desafío mundial que representa el cambio climático. Con este fin se ha marcado estos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Cumpliremos dichos objetivos trabajando en diferentes áreas como la agricultura y ganadería sostenibles, el consumo eficiente de energía, la promoción de las energías renovables y la reducción de los residuos e incremento del reciclaje», ha concluido.

En este contexto, McDonald’s recuerda que desde 2007 aplica mejoras en el diseño de sus restaurantes con la instalación de equipos, iluminación y sistemas de climatización más eficientes, que han permitido que el consumo eléctrico promedio de los restaurantes haya disminuido. Además de estas medidas de eficiencia energética, las oficinas corporativas en España, las cuatro Casas de la Fundación Infantil Ronald McDonald’s y más del 75% de los restaurantes compran energía 100% renovable desde 2016.

El director general de McDonald’s España, John Alves, ha destacado que desde la llegada de la empresa a España hace más de 36 años, ha mantenido un «firme compromiso con la preservación medioambiental del entorno donde realiza su actividad». «Estamos alineados con la política de sostenibilidad de la Corporación a nivel mundial, y con los nuevos compromisos en materia de reducción de emisiones», ha agregado.

Expertos en energías renovables ven preciso dotar al sector de un marco legal, técnico y económico que favorezca la inversión

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EFE.- Expertos en energías renovables han debatido en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) sobre la necesidad de dotar al sector de un marco legal, técnico y económico que favorezca la inversión en este tipo de energías. Así lo expusieron en el marco del Seminario de Economía Sostenible que les ha reunido para debatir sobre el futuro del sector y la reorientación de las políticas públicas.

Durante el encuentro se destacó que las políticas públicas han tenido en las dos últimas décadas un papel fundamental en la difusión de las energías renovables. Hasta hace poco, según explicó el coordinador del Seminario, el profesor de la UCLM, Miguel Ángel Tarancón, las políticas públicas de fomento de las energías renovables estaban orientadas a «primar el precio». Sin embargo, en la actualidad, y cuando algunas de estas fuentes son ya plenamente competitivas «lo que se intenta es establecer un marco legal, técnico y económico estable que favorezca la inversión en este tipo de energías».

El futuro, de las renovables

El profesor Tarancón ha asegurado que el futuro de las energías renovables en España es «muy bueno por necesidad». «No es que se pueda elegir entre renovables o no renovables, sino que están para quedarse, ya que aportan mucho valor añadido«, ha dicho el responsable de la actividad, quien ha matizado que «son el medio de cumplir con nuestros compromisos en cuanto al cambio climático y una posibilidad de aumentar la autonomía energética del país».

Dado el carácter multidisciplinar del sector, la jornada contó con la participación de economistas, ingenieros, investigadores e incluso políticos, quienes han opinado que del marco legal «dependerá en buena medida el éxito en la transición hacia un modelo sostenible basado en el uso intensivo de fuentes de energía renovable». Entre los participantes ha estado el director general de Industria, Energía y Minería de Castilla-La Mancha, José Luis Cabezas, quien ha insistido también en que las renovables «han llegado para quedarse», de ahí «la apuesta decidida» del Gobierno regional por ellas.

Canal de Isabel II instalará una microcogeneración eléctrica a partir de biogás en la depuradora de Boadilla del Monte (Madrid)

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EFE.- El Canal de Isabel II prevé implantar en la estación depuradora de aguas residuales de Boadilla una instalación de microcogeneración eléctrica a partir de biogás lo que, de manera indirecta, contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes y a combatir el cambio climático. Una medida que está en línea con la apuesta de la compañía por la eficiencia energética y el desarrollo de iniciativas para la producción de energía limpia aprovechando procesos que tengan sinergias con la gestión del agua.

Estas actuaciones se enmarcan en la línea 4 del Plan Estratégico 2018-2030 de Canal de Isabel II, para impulsar la calidad ambiental y la eficiencia energética. En ella se incluye el Plan de excelencia en depuración, que incluye programas de mejora y modelización de las plantas depuradoras. Dentro de esta línea estratégica, y como «plan estrella», Canal se ha fijado como objetivo lograr ser, en 2030, la primera empresa europea del sector del agua que produzca una cantidad de energía igual o superior a la que consume y hacerlo, además, a partir de fuentes renovables, como hidráulica, solar y biogás.

Los expertos aconsejan acabar con los pagos por capacidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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EFE.- Los tres expertos consultados en la comisión parlamentaria de cambio climático han coincidido en que la futura norma debe eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, que en España se canalizan a través de los pagos por capacidad, destinados a compensar al propietario por el mantenimiento de una central para que funcione cuando el sistema lo necesite.

El primer interviniente fue Yves Saint-Geours, embajador de Francia en España, quien ha detallado las claves de la Ley francesa de cambio climático, que establece un objetivo de 0 emisiones en 2050, así como presupuestos quinquenales de cuánto carbono se puede emitir para estar en consonancia con esa meta. El cumplimiento de esta ley es evaluado por un comité independiente. La norma lleva asociada una alianza para la descarbonización del transporte, una fecha para el abandono del carbón, 2022, y un calendario de cierre nuclear, que se establecerá este año.

Lara Lázaro, experta en cambio climático del Real Instituto Elcano, ha defendido que la ley española debe aspirar a la neutralidad en carbono en 2050, es decir, a no emitir más de lo que el país pueda absorber por sus mecanismos naturales, y debe desarrollar presupuestos de carbono periódicos para cumplir esa meta. Lázaro ha abogado también porque sea una norma transversal, revisable según la mejor información científica disponible, que cuente con un comité de evaluación permanente, así como con un inventario y calendario de eliminación de los combustibles fósiles.

Finalmente, Joan Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), ha subrayado que la futura ley debe ser «el instrumento» que permita «pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a un modelo de producción energética fundamentado en las renovables«. «A España le interesan las renovables: si las tenemos en casa, para qué vamos a comprar combustibles fósiles a precios caros y con oscilaciones importantes», ha incidido Grimalt, quien ha subrayado que con el gas natural, «aunque contamina menos, a nivel de lucha contra el cambio climático no ganamos nada».

La Alianza Solar arranca en India con 1.400 millones de dólares en ayudas para financiar proyectos renovables en países subdesarrollados

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EFE.- La Alianza Solar Internacional (ISA, en inglés) celebró en Nueva Delhi su conferencia fundacional con anuncios de ayudas por valor de unos 1.400 millones de dólares para transferir y financiar proyectos de energía solar en países en vías de desarrollo.

En el comienzo de la andadura de un proyecto impulsado por la India y Francia para auspiciar la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a los 61 países que ya se han unido a la alianza a «identificar sus necesidades y sus proyectos, y cuánta financiación necesitan». «Estamos obsesionados con los resultados concretos», enfatizó Macron. El gobernante francés se comprometió a destinar 600 millones de euros adicionales para proyectos solares con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), elevando a 1.000 millones de euros la cantidad dedicada a la cooperación hasta 2022. Durante la conferencia fundacional se anunciaron ayudas a 27 proyectos en 15 países miembros por valor de 1.392 millones de dólares.

Las iniciativas previstas incluyen la construcción de una planta de energía solar con 150 megavatios (MW) de potencia en Tanzania con un presupuesto de 385 millones de dólares y la instalación en Sri Lanka de 200.000 unidades solares en tejados para familias con bajos ingresos por 50 millones de dólares. Las medidas también incluyen el regadío de 2.500 hectáreas en Mali con energía solar, así como la electrificación de 550 edificios como hospitales y escuelas en zonas rurales de Benin.

La ISA, lanzada en 2015 por la India y Francia, tiene como objetivo recaudar un billón de dólares y generar una capacidad de 1.000 gigavatios solares hasta 2030, así como enrolar a 121 naciones situadas entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio con más de 300 días de luz solar al año en el proyecto, de las que 61 se han unido a la alianza y 32 ratificaron el acuerdo. Macron destacó que para alcanzar los objetivos de la alianza, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, será necesario encontrar inversores privados.

El primer ministro indio, Narendra Modi, destacó la necesidad hacer la tecnología solar más accesible. «Tenemos que asegurarnos de que una tecnología solar mejor y más asequible está disponible para todo el mundo. Tenemos que incrementar la proporción de energía solar», aseguró. Modi presentó la iniciativa como una medida complementaria para combatir el cambio climático, y reiteró su ambición de cambiar el modelo de la India, uno de los países más contaminantes del planeta, para depender más de las energías limpias y conseguir una producción de 175 GW en 2022. También se anunció la puesta en marcha de 100 centros de excelencia encargados de formar a 10.000 técnicos en energías solares en los países miembros.

A la conferencia fundacional de la ISA acudieron jefes de Estado y líderes de Australia, Mali, Togo y Bangladesh, entre unos 47 países que han ratificado el acuerdo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que estaba dentro del programa de asistentes no estuvo finalmente en la reunión. Francia, en representación de los países ricos, e India, como promotor de la iniciativa, lanzaron la misma durante la cumbre del clima de París (COP21) celebrada en noviembre de 2015. Presentada como un acto de «justicia climática» por el entonces presidente galo François Hollande, la intención de ambos países es lograr una transferencia de tecnología y financiación de las naciones desarrolladas a los países en vías de desarrollo.

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió abandonar el Acuerdo de París en 2017, el presidente francés ha instado a la comunidad internacional a incrementar la movilización y a comprometerse de manera firme con acciones concretas. Macron puso como ejemplo de acciones concretas a un grupo de unas treinta ingenieras especializadas en energía solar procedentes de zonas rurales en África, conocidas como Solar Mamas, que recibieron formación en la India para fabricar y reparar sistemas de iluminación para viviendas. «Nuestras Solar Mamas no nos esperaron. Empezaron a lograr resultados concretos. No esperaron porque algunos países decidieran simplemente abandonar el acuerdo de París», afirmó el francés, en una aparente referencia a Estados Unidos.

La nuclear aportó un 21,2% de la electricidad en España en 2017, según la SNE, que lamenta la fiscalidad soportada

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Europa Press / EFE.- La energía nuclear fue la primera fuente de generación eléctrica durante 2017 en España, según indicó la patronal eléctrica Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE), en la que concretó que los 7 reactores españoles aportaron el 21,2% de la electricidad.

El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, ha destacado que del total de la electricidad libre de emisiones generada en 2017, que supuso un 55%, 5 puntos menos que el año anterior, a la nuclear se debió en torno al 40%. En este sentido, Gago ha resaltado que la energía que produce el parque atómico español es «fiable, segura» y supone la «primera fuente de producción de la cesta energética» de España y estima que este hecho debe ser algo que debe considerar el Gobierno en su toma de decisiones de futuro, una vez disponga de las conclusiones del comité de expertos de energía sobre el marco energético nacional de cara a establecer una senda de futuro.

En total, ha precisado que en 2017 se alcanzó en España una producción neta de 262.665 millones de kilovatios hora de los que 55.612 (21,2%) fueron de origen nuclear. Además, añadió que a pesar del cierre de la central de Garoña (Burgos), en 2017 se ha consolidado un cambio de tendencia positivo en el consumo energético, que ha aumentado un 1,1% respecto a 2016. Cada central estuvo más de 7.850 horas de media conectada a la red eléctrica, lo que supone el 91,32% del tiempo del año de operación de manera «fiable» y «bien gestionada» durante el cual cada central invirtió aproximadamente unos 40 millones de euros, lo que garantiza que «todas» estén en disposición de «operar a largo plazo«.

En total, el 21,2% de la producción energética fue energía nuclear; el 18,3%, eólica; el 17,2%, carbón, el 14,2%, los ciclos combinados de gas natural; el 10,7%, la cogeneración y tratamiento de residuos; 7,8%, hidráulica; 5,2% solar fotovoltaica y térmica; 2,7% fuel y otro tanto de biomasa. Precisamente, Gago ha destacado que las bajas precipitaciones han contribuido a reducir la producción hidroeléctrica del tercer al sexto puesto en el mix mientras que aumentó la generación por carbón y gas natural, lo que ha disminuido el porcentaje de electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, esta bajó al 55%, cinco puntos menos que el año anterior.

Gago ha explicado que este descenso en la generación libre de emisiones se debe a la baja producción hidráulica, que, a consecuencia de la sequía y disminución de las precipitaciones, se redujo casi a la mitad. «Hay que remontarse a 1989 para alcanzar un dato menor en España», ha destacado. En la actualidad, según el presidente de la SNE, alcanzar los compromisos adquiridos por España respecto al medio ambiente «no se pueden acometer sin la aportación de la energía nuclear». Asimismo, Gago ha calificado la energía nuclear de «pilar fundamental de aportación a la cesta eléctrica, frente a una potencia instalada de las más bajas».

En total, desde que empezó a operar la primera central en España, la de José Zorita, en 1968, en estos 50 años que se cumplirán en julio, las centrales nucleares suman un total de 330 años de experiencia operativa y han evitado la emisión a la atmósfera de 40 millones de toneladas de CO2, con un total de 2 billones de kilovatios de electricidad producidos. Por ello, ha destacado que se trata de un sector maduro y con amplia experiencia.

En cuanto a la operación a largo plazo, el responsable de la SNE ha indicado que es una «tendencia internacional» que siguen países como Estados Unidos, operador al que sigue España, y donde 86 de las cerca de 100 centrales tienen permiso hasta 60 años y 3 están tramitando operar hasta 80 años. A su juicio, en España, «si se dieran las circunstancias» podrían producirse 1,2 billones de kilovatios hora. El documento de la SNE cifra en 27.500 los empleos directos e indirectos a tiempo completo generados por el sector y en 2.781 millones de euros su aportación al PIB.

Además, ha lamentado la alta carga impositiva que tiene este tipo de energía que, tras los últimos impuestos establecidos desde 2012, suponen más del 40% del coste de generación eléctrica. «Las centrales nucleares son viables técnicamente a largo plazo, pero con la carga impositiva actual a la industria no le salen las cuentas«, ha admitido. A nivel mundial, ha apuntado que la nuclear supone en torno al 11% de la electricidad y que la experiencia operativa del parque mundial asciende a 17.000 años de experiencia operativa que han evitado 40 millones de toneladas de CO2.

Entre otras cuestiones nucleares, Gago ha revelado que «a lo largo de este año» confía en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «espera conceder» las autorizaciones iniciales pertinentes para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado, que actualmente se encuentra «en proceso para iniciar la construcción«. Otros de los avances del año 2017 según Gago, son el hecho de que el parque nuclear ha terminado de implantar todas las medidas correctoras adoptadas después de las pruebas de resistencia a las centrales españolas para aprender lecciones del accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011.

Gago también ha valorado el despliegue de la Unidad de respuesta de la Guardia Civil para protección de instalaciones nucleares, dentro del modelo de seguridad desarrollado por los Ministerios de Interior y Energía, además del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, a lo largo de 2017 se ha implantado en la central de Trillo (Guadalajara) el servicio de apoyo de la Guardia Civil tras contemplar alguna «posible o potencial amenaza de seguridad física confidencial» y ha añadido que durante 2018 terminarán de implantarse los efectivos en el resto de las centrales (Ascó, Almaraz, Vandellós y Cofrentes).

Actualmente, un grupo de unos 35 agentes, por los que los titulares de las centrales pagan 61.000 euros por guardia civil al Estado, garantizan la seguridad física de las centrales de manera permanente en la planta. Gago ha añadido que esta medida de seguridad está costeada por cada titular de central y supone unos 4 millones de coste anual para cada emplazamiento. «Se ha detectado una nueva amenaza que es confidencial y la mejor forma para afrontarla es tener una fuerza de seguridad para repeler una agresión externa», ha justificado.

«La operación de las centrales nucleares es aliada de la lucha contra el cambio climático y para contener el precio de la electricidad», ha defendido Gago, quien apuesta por un diálogo y un marco regulador estable así como por incrementar la divulgación en la sociedad de la energía nuclear como fuente fiable y solvente. Por ello, el representante de la Sociedad Nuclear Española ha reclamado al Gobierno que considere «todos» los sistemas de generación a la hora de establecer el «equilibrio» en el mix energético español a largo plazo en el que opina que la nuclear debe formar parte porque se encuentran «en el mejor nivel de seguridad y fiabilidad«.

En esta transición energética, según ha advertido, un cierre precipitado, sin que existan las tecnologías renovables de respaldo y almacenamiento que la sustituyan, incrementaría los precios; impediría el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 y pondría en riesgo la continuidad de suministro. Finalmente, insta a que el Plan Integral de Energía y Clima que tendrá que aprobar el Gobierno reconozca la trascendencia de la nuclear en la consecución de los objetivos de fiabilidad, seguridad de suministro, competitividad y respeto al medio ambiente, para lo que ha reclamado un marco regulador estable y predecible a largo plazo.

Foro Nuclear integra la división nuclear de Unesa y unifica todas las actividades relacionadas con esta energía

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Europa Press / EFE.– La asamblea de socios del Foro de la Industria Nuclear Española ha aprobado por unanimidad la integración a partir de ahora en esta organización de todas las actividades nucleares de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). De este modo, la representación del negocio nuclear de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, eléctricas integradas en Unesa, la ostentará a partir de ahora Foro Nuclear, asociación que representa desde 1962 a toda la industria nuclear española.

«El sector nuclear español sale fortalecido con la integración», según destacó Foro Nuclear. Así, Foro Nuclear agrupa la división nuclear de Unesa con el objetivo de que el sector salga reforzado al integrar todas las actividades relacionadas con la energía nuclear en una única asociación. Foro Nuclear seguirá defendiendo, tal y como señala su presidente, Ignacio Araluce, la presencia de la energía nuclear en el mix eléctrico español «al tratarse de una fuente fiable, siempre disponible, capaz de liderar la producción eléctrica, ser la fuente que más horas funciona y la que más ayuda en la lucha contra el cambio climático, al no emitir CO2″.

«Todo esto hace que «las centrales nucleares sean esenciales en la transición energética de nuestro país», señala Araluce. La integración de la división nuclear de Unesa es, para Araluce, una buena noticia para todo el sector nuclear español, que ha definido como una industria «puntera, tecnológica, exportadora de productos, servicios y tecnología a más de 40 países y reconocida a nivel internacional». Un sector, en definitiva, «que apuesta por la I+D+i, generador de riqueza y empleo de calidad y que hay que dar a conocer, preservar e impulsar, algo que haremos intensamente en esta nueva etapa de Foro Nuclear», apunta.

La OCDE pide elevar la fiscalidad sobre la energía para combatir el cambio climático

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Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a los gobiernos elevar los impuestos sobre la energía para combatir los efectos del cambio climático, en vista de los lentos progresos registrados en esta materia. En un informe que analiza a 42 países que representan aproximadamente el 80% del consumo de energía global, la organización considera que es necesario endurecer la fiscalidad verde sobre la energía ya que está generalmente dominada por los impuestos indirectos y «sigue estando muy por debajo de su potencial».

En este sentido, el secretario general de la institución, Ángel Gurría, señaló que comparar la evolución de estos impuestos entre 2012 y 2015 arroja «un resultado desconcertante» ya que se han realizado o se están realizando «esfuerzos para aplicar el principio de quien contamina paga, pero los avances hacia el uso efectivo de los impuestos para reducir las emisiones nocivas son lentos». «Los gobiernos deberían hacer más y mejor», añadió.

Fiscalidad insuficiente y cambio climático

Así, en 2015, excluido el transporte por carretera, la OCDE afirma que el 81% de las emisiones no estaban gravadas. Mientras que en aquellos casos en que sí existían tasas impositivas, se encontraban por debajo de la estimaciones de los costes climáticos (30 euros por tonelada de CO2) para el 97% de las emisiones. A este respecto, el informe destaca que el carbón, que se caracteriza por sus altos niveles de emisiones y que representa casi la mitad de las emisiones de carbono en el consumo de energía en los 42 países, está gravado con las tasas más bajas o está totalmente exento de impuestos en casi todos los países.

De esta manera, la organización lamenta que, a pesar del «intenso debate», las tasas reales de impuestos sobre el carbono siguen siendo bajas ya que, aunque la cobertura con algún tipo de tasa aumentó del 1% al 6% en 2015, apenas un 0,3% de las emisiones de CO2 estaban gravadas con un nivel de impuestos que reflejara los costes climáticos.

Además, la OCDE apunta que los aumentos significativos de la fiscalidad verde se limitan en gran medida al sector transporte. Así, valora que en algunos países, como Francia, se están eliminando las tasas impositivas más bajas para el diésel en comparación con la gasolina, aunque considera que estos impuestos siguen «muy por debajo» de los niveles necesarios para cubrir los costes externos no relacionados con el clima en casi todos los países. Para Gurría, «el daño al clima y la calidad del aire por la combustión de combustibles fósiles puede contenerse, pero cuanto más tarde se demore, más difícil y costoso será afrontar este desafío».

Greenpeace pide al Gobierno el fin de la pobreza energética en España

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama al Gobierno que ponga fin a la pobreza energética en España y, por ello, participó en la movilización contra esta situación que afecta al 11% de las familias españolas. La ONG pide que el Gobierno deje de boicotear los «intentos de que la nueva política energética europea ponga a las personas y el planeta en el epicentro del sistema». Durante la movilización se reclamaron medidas «urgentes y estructurales» para erradicar este problema que afecta a más de 5 millones de personas en España.

«A veces hemos dejado de comer para poder pagar los recibos de la luz», denuncia Víctor, un hombre de 62 años en paro y con una discapacidad del 45% que vive con la renta mínima de inserción de 320 euros y que sufre dificultades para pagar el recibo. En este sentido, Greenpeace denuncia que la pobreza energética es «una de las muchas caras de la pobreza y un síntoma de las disfunciones de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como el bien de primera necesidad que es”.

Críticas al nuevo bono social

En este contexto, considera que el bono social de electricidad puesto en marcha por el Gobierno es «muy insuficiente» para acabar con la pobreza energética, por lo que exige un cambio en el modelo energético para frenar la contaminación y el cambio climático e impedir que los gobiernos «sigan siendo cómplices de la injusticia que representa que las corporaciones eléctricas impongan prácticas contaminantes de generación eléctrica con el beneplácito del gobierno mientras los derechos de las personas se ven vulnerados». Por ello, Greenpeace participó en la manifestación-pasacalles que exigió la declaración del Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética.

Bruselas concluirá en marzo si lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la contaminación

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Europa Press.- Mientras desde Unidos Podemos han pedido la comparecencia de la concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ante la comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados, la Comisión Europea confirmó que ha recibido «información adicional» de España y del resto de países con expedientes abiertos por contaminación atmosférica y ha explicado que tomará la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a mediados de marzo.

«Podemos confirmar que efectivamente todos los Estados miembros involucrados han presentado información adicional que ahora evaluaremos y después volveremos al asunto a mediados de marzo», ha señalado la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva. «En estos momentos no estoy en disposición de dar información más concreta sobre Estados miembros individuales», añadió después. España y los otros ocho países con procedimientos similares de infracción (República Checa, Alemania, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido) debían presentar documentación con medidas «adicionales, creíbles, a tiempo y efectivas» para atajar sus problemas con la calidad del aire.

De lo contrario, tal y como acordó a finales de enero el colegio de comisarios, Bruselas daría el último paso contemplado para este tipo de procedimientos, que es elevar el asunto ante la Justicia europea. Concretamente, el expediente abierto a España afecta Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), que han excedido de forma «continuada y persistente» los límites de partículas finas (PM10), así como a la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona y el extrarradio de esta última por sobrepasar los umbrales máximos de dióxido de nitrógeno (NO2).

El Plan A de Madrid

Por otro lado, el motivo de pedir la comparecencia de Sabanés en el Congreso es solicitar información sobre las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad, según Equo. El objetivo de esta comparecencia es responder a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y del comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, sobre la responsabilidad de ayuntamientos como el de Madrid en relación a los expedientes abiertos por Europa a España en materia de contaminación.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, denominado Plan A, que supondrá la puesta en marcha de una treintena de medidas para reducir la contaminación y la emisión de gases efecto invernadero, y para cumplir la legislación europea y nacional en materia de calidad del aire. Este plan pretende reducir un 23% los niveles de NO2 en 2020.