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Abogados ambientales piden a la ONU que inste a España a evitar el impacto de las centrales térmicas en menores

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Europa Press.- Las centrales térmicas de carbón que contribuyen a la contaminación y al cambio climático generan un impacto «urgente de abordar por el Estado» sobre la salud de la infancia, según un estudio, realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) junto a CIEL (Center for International Environmental Law), que fue presentado al Comité de los Derechos del Niño en la ONU para que recomiende a España que actúe y tome las medidas necesarias para evitar estos impactos.

El informe analiza los impactos de la política energética de España sobre la salud de la infancia a consecuencia de la contaminación y el cambio climático que generan las centrales térmicas de carbón y concluye que influyen en la contaminación del aire tanto española como fuera del territorio y contribuyen al cambio climático por sus emisiones efecto invernadero. Entre las recomendaciones, el documento insiste en la preocupación de los derechos de los menores por el impacto del funcionamiento de las centrales térmicas de carbón y en la calidad del aire que afecta «de forma directa» contra el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño tanto en España como fuera de su jurisdicción.

Evitar impactos de política energética

Asimismo, tiene en cuenta impactos derivados del cambio climático, al cual contribuyen las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero de estas centrales, que entran en conflicto con los artículos 24, 27 y 28 de la Convención. El abogado medioambiental de CIEL Sébastien Duyk asegura que con la contaminación provocada por las centrales de carbón, el Gobierno de España incumple con sus compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia. «El Gobierno tiene la obligación legal de evitar los impactos negativos de su política energética en la salud de los niños en España, así como en el clima», insistió.

Según el estudio Un oscuro panorama que presentó el IIDMA en 2017, las emisiones de las centrales de carbón se pueden relacionar con 10.521 casos de asma y 1.233 casos de bronquitis al año en la población infantil y sus costes sanitarios asociados alcanzan 1,14 millones de euros. En la actualidad, están en funcionamiento 15 centrales de carbón en España, que emiten 105.650 toneladas de SO2, 83.723 toneladas de NOx y 4.008 toneladas de partículas, que se relacionan con alrededor de 700 muertes prematuras anuales.

La directora del IIDMA, Ana Barreira, solicita al Comité de los Derechos del Niño que requiera a España medidas «de forma inmediata» para proteger los derechos de la infancia. «Es inconcebible que este tipo de impactos no se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, pues suponen un coste inasumible para la sociedad», ha manifestado Barreira que ve «necesario» un plan progresivo y ordenado de abandono del carbón, que comience por el cierre de las centrales térmicas ya que estas emisiones son incompatibles con los Derechos del Niño.

El Defensor del Pueblo propone cambios al ser eximida la regasificadora de Mugardos de presentar una evaluación de impacto ambiental

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo instó al Gobierno a que garantice la participación activa de un órgano ambiental antes de tomar la decisión de excluir a ciertos proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, como en el caso de la regasificadora de Mugardos (La Coruña).

Durante 2017 el Defensor realizó distintas actuaciones en defensa del medio ambiente y el entorno rural como, por ejemplo, la actuación de oficio que inició ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando conoció la decisión del Gobierno de eximir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la localidad coruñesa.

Respecto al caso, recuerda que dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para instalar dicha planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004, ya que al emitirse no contaba con el instrumento de planificación urbanística adecuado. El Defensor subraya que como la planta tenía que pedir autorizaciones nuevas, el Gobierno «decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento».

Por eso, la Institución recuerda que la ley de Evaluación Ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es «necesario» informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

«Así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada», señala el Defensor que, no obstante prosiguió sus actuaciones. En ellas ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

Durante 2017 el Defensor del Pueblo actuó también ante el posible riesgo sísmico de cuatro proyectos de gas en Doñana y continuó sus actuaciones ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población. La Institución tiene el cometido de supervisar que las administraciones realicen tareas de prevención, compensación, reparación de daños y restauración del medio e instar a que hagan un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales y de la contaminación e impacto ambiental. Finalmente, también pide a la administración en sus escritos que tenga en cuenta los aspectos ambientales en la normativa así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras.

Las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas para limitar las emisiones

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para limitar las emisiones a la atmósfera de contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas. La norma transpone la directiva comunitaria y actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), previsto en el anexo IV de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Tras la aprobación de este real decreto, las comunidades deberán mantener un registro de todas las instalaciones de combustión medianas.

Así, el decreto establece límites de emisión para instalaciones con una potencia térmica igual o superior a 1 megavatio e inferior a 50 megavatios de determinados contaminantes. La directiva establece valores límite para las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (polvo), así como mediciones para el control de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), procedentes de las citadas instalaciones. Estos valores entrarán en vigor a partir del 20 de diciembre para las instalaciones de combustión medianas nuevas, a partir de 2025 para las instalaciones existentes de más de 5 MW, y a partir de 2030 para las existentes de menos de 5 MW.

La eficiencia energética debe prevalecer

La nueva norma regula, entre otros aspectos, los permisos y obligaciones que deben cumplir los titulares de dichas instalaciones, su inspección por parte de las comunidades autónomas, la información a aportar para la evaluación y seguimiento de la norma así como el régimen sancionador por su incumplimiento. La eficiencia energética debe prevalecer en el desarrollo y explotación de estas instalaciones.

El real decreto actualiza también el CAPCA. Por tanto, se modifica el rango de potencia y el grupo establecido en el Catálogo de algunas actividades de combustión en el sector de la producción y transformación de la energía, así como de los sectores comercial e institucional, residencial y agrario, para poder aplicar los controles de emisiones establecidos por la Directiva europea. Con esta nueva legislación, ninguna instalación de más de 5 megavatios de potencia podrá estar en funcionamiento sin estar autorizada y registrada a partir de 2024 y las de menos de 5 MW de potencia deberán estar, en todo caso, registradas antes de 2029.

Para ello, las autoridades competentes de las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas, que deberá contar con la información que les deben proporcionar los titulares, relativa a datos técnicos y de funcionamiento de la instalación, combustibles, horas de funcionamiento, etc. Toda la información recogida por las comunidades autónomas será enviada al Ministerio, para que a su vez, el Estado pueda cumplir con las obligaciones de información a la Comisión Europea.

El Gobierno aprueba el Plan Aire II que incluye 52 medidas y una estimación económica de 276 millones de euros

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire II), que incluye 52 medidas y que tendrá una dotación presupuestaria de 276 millones de euros para su cumplimiento durante sus dos años de vigencia, según anunció el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Méndez de Vigo ha recordado que el primer Plan Aire es de 2013 y ahora el nuevo plan estará en vigor durante dos años. En este sentido, ha definido el plan como un «marco de referencia de la Administración General del Estado» teniendo en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos. Eso sí, precisó que la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos transfronterizos, así como para minimizar sus impactos negativos.

Méndez de Vigo ha dicho que el objetivo del plan, en el que están involucrados la mayor parte de los Ministerios, busca garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de calidad del aire en todos los ámbitos (nacional, europeo e internacional); reducir las emisiones a la atmósfera de aquellos contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas; mejorar la información disponible sobre la calidad del aire y fomentar la concienciación de la ciudadanía para la prevención y abordar a nivel nacional las superaciones del valor objetivo para la protección de la salud de los niveles de ozono troposférico que se producen en muchas ciudades.

Entre las principales medidas destacan, en el sector residencial, la puesta en marcha de incentivos económicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, con un presupuesto de 200 millones de euros. En el sector del transporte, el establecimiento de ayudas que permitan la renovación del parque automovilístico y el fomento de los vehículos de energías alternativas y menos contaminantes, con un presupuesto de 50 millones de euros; o un programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario, con un presupuesto de 13 millones de euros.

APP sobre calidad del aire

En total el plan contempla 52 medidas de las que 15 son responsabilidad del MAPAMA y, entre estas, destacan la adopción de un índice de calidad del aire a nivel nacional, homogéneo y comprensible, que elaborará el Ministerio de forma consensuada con las administraciones competentes en materia de calidad del aire (comunidades autónomas y entidades locales) para mejorar la información sobre la calidad del aire.

También se elaborará un protocolo marco en casos de episodios de alta contaminación para compartir índices y escenarios con las administraciones competentes (comunidades autónomas y entidades locales). Se trata, según el ministro, de un marco general común para la mejor comprensión de los españoles cuando se produzcan sucesos de contaminación atmosférica, independientemente del lugar del país en el que se produzcan. En este marco, el plan incluye el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que permita la difusión en tiempo real de datos de calidad del aire almacenados en la Base de Datos de Calidad del Aire del Ministerio.

La estimación económica de 276 millones de euros está, según el ministro portavoz, «en línea con los acuerdos» de la cumbre de París sobre cambio climático y con «el compromiso» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En ese contexto, explicó que el presidente ha participado en la cumbre One Planet Summit celebrada para dar un impulso al Acuerdo de París, que establece compromisos de reducción de emisiones, de aumento de renovables y eficiencia energética. Para Méndez de Vigo, esta cumbre demuestra que existe una coordinación para cumplir con estos acuerdos y un marco político de cooperación reforzada público-privada y con las grandes entidades y fondos de inversión para reducir al máximo las emisiones a la hora de planificar las inversiones.

Asimismo, ha destacado que las 100 empresas más contaminantes del mundo de los sectores de la energía y el transporte se han comprometido a reducir sus emisiones de carbono. «La mejora de estas variables en la valoración de la empresa será tan importante que los fondos podrán llegar a retirar su inversión en las sociedades que incumplan sus compromisos», advirtió.

Finalmente, recordó que el presidente anunció en París una cumbre de interconexiones eléctricas organizada por Francia, España, Portugal y la Comisión Europea y que tendrá lugar en Lisboa en 2018 y ha añadido que anunció la Ley de cambio climático y de transición energética que también se aprobará en 2018 para sentar las bases de una transición ordenada y eficiente que permitirá cumplir los compromisos.

El Gobierno de China advierte de que al menos 8 ciudades superan el nivel máximo de contaminación por el carbón

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Europa Press.- Gobierno de China alertó de que al menos 8 ciudades no cumplen con los requisitos medioambientales establecidos y superaron los niveles máximos de contaminación fijados por las autoridades. En los últimos años, Pekín ha tratado de modificar su política medioambiental. Tras anunciar la construcción de la mayor planta solar flotante del mundo, las autoridades han puesto en marcha la construcción de una ciudad bosque con 40.000 árboles en un intento por reducir sus emisiones.

La concentración de partículas conocidas como PM2,5 (con un diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras) en la localidad de Handan, en la provincia de Hebei, aumentó en un promedio de un 8,8% en octubre y noviembre, según el Ministerio de Protección Medioambiental chino. La ciudad se encuentra entre las más contaminadas del país. Entre los objetivos del Gobierno reside una campaña de invierno para reducir los niveles de polución a nivel nacional, la cual incluye una disminución mensual de entre el 10% y el 25% de las partículas PM2,5 en relación con el año anterior.

El ministerio chino ha señalado, a su vez, ciudades como Jincheng y Changzhi (en la provincia de Shanxi), Jining y Heze (en Shandong) y Kaifeng, Puyang y Zhengzhou (en Henan), como las más contaminadas. No obstante, los datos registrados muestran que los niveles de PM2,5 en 28 áreas urbanas disminuyeron un 22,6% hasta alcanzar los 65 microgramos por metro cúbico.

Pekín ha ordenado convertir millones de viviendas a la calefacción eléctrica o de gas para dejar de lado el carbón. A esto se ha sumado, además, la retirada de unas 44.000 calderas industriales en 28 ciudades. Sin embargo, los recientes cortes en el suministro de gas han obligado al Ministerio de Protección Medioambiental a retirar la prohibición de utilizar carbón en las viviendas, lo que multiplicó la polémica sobre la contaminación del aire en China. «Los gobiernos locales deben reforzar las inspecciones y tomar medidas para garantizar que se cumplan los objetivos en relación con la contaminación», señaló el organismo.

Madrid contempla prohibir las estufas de gas en las terrazas porque generan «un problema en la calidad del aire»

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Madrid contempla prohibir las estufas de gas en las terrazas porque entiende que están generando un «problema en la calidad del aire» de la capital, según avanzó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio, José Manuel Calvo.

Calvo ha admitido que el tema de las estufas de gas en las terrazas es algo que les «preocupa» y en la revisión que están haciendo en el Ayuntamiento de la ordenanza de terrazas «es una de las medidas que se contempla«. «Una de las medidas para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de gas es prohibir las estufas de gas en las terrazas porque entendemos que se está dañando el medio ambiente y generando un problema de calidad del aire a toda la ciudad», ha explicado.

China controla la emisión de dióxido de azufre, que se desborda por el carbón en la India

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Europa Press.- Observaciones por satélite de la NASA revelan que la India se está convirtiendo, si no lo es ya, en primer emisor de dióxido de azufre, que produce lluvia ácida y fomenta el efecto invernadero. Aunque China y la India siguen siendo los mayores consumidores de carbón del mundo, una nueva investigación encontró que las emisiones de dióxido de azufre de China cayeron en un 75% desde 2007, mientras que las emisiones de la India aumentaron en un 50%.

«La rápida disminución de las emisiones de dióxido de azufre en China excede las expectativas y proyecciones», dice el primer autor, Can Li, investigador asociado del Centro Interdisciplinario de Ciencia del Sistema Terrestre de la Universidad de Maryland y del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt. «Esto sugiere que China está implementando controles de dióxido de azufre más allá de lo que los modeladores del clima han tenido en cuenta», añade.

China e India son los principales consumidores mundiales de carbón, que por lo general contiene hasta un 3% de azufre. La mayoría de las emisiones de dióxido de azufre de los dos países provienen de centrales eléctricas a carbón y fábricas de carbón. En particular, Pekín sufre graves problemas de turbidez debido a las muchas fábricas de carbón y las centrales eléctricas ubicadas cerca y en contra del viento. A partir de la década de 2000, China comenzó a implementar políticas como multar a quienes contaminaban, establecer objetivos de reducción de emisiones y reducir los límites de emisiones. De acuerdo con los resultados del estudio actual, estos esfuerzos están funcionando.

«Los niveles de dióxido de azufre en China disminuyeron drásticamente a pesar de que el uso de carbón aumentó en un 50% y la generación de electricidad creció en más del 100%. Esto sugiere que gran parte de la reducción proviene del control de las emisiones», explica Li. A pesar del descenso del 75% en las emisiones de dióxido de azufre de China, la calidad del aire del país sigue siendo deficiente y continúa causando problemas de salud importantes. Esto puede deberse a que el dióxido de azufre solo contribuye del 10% al 20% de las partículas de aire que causan la neblina, según Li.

Por el contrario, las emisiones de dióxido de azufre de la India aumentaron en un 50% en la última década. El país abrió su mayor central eléctrica de carbón en 2012 y todavía tiene que implementar controles de emisiones como China. «Las mayores emisiones de dióxido de azufre de India no están causando actualmente tantos problemas de salud o neblina como lo hacen en China porque las mayores fuentes de emisión no están en la zona más densamente poblada de la India. Sin embargo, a medida que la demanda de electricidad crece en India, el impacto puede empeorar», comenta Li.

Para generar un perfil preciso de las emisiones en India y China para el estudio actual, los investigadores combinaron los datos de emisiones generados por dos métodos diferentes. Primero, los investigadores recolectaron cantidades de emisiones estimadas de los inventarios de la cantidad de fábricas, plantas de energía, automóviles y otros contribuyentes a las emisiones de dióxido de azufre. Estos inventarios, a pesar de ser fuentes de datos importantes, a menudo son incompletos, desactualizados o inexactos en los países en desarrollo. La segunda fuente de datos fue el Ozone Monitoring Instrument (OMI) en el satélite Aura de la NASA, que detecta una variedad de contaminantes atmosféricos.

Lo cierto es que las plantas de carbón de China están limpiando eficientemente el SO2 de sus chimeneas de escape. Al combinar el OMI y los datos de inventario, los investigadores generaron una estimación más precisa que cualquiera de las fuentes de datos por sí solas. Los estudios publicados anteriormente proyectaron que las emisiones de dióxido de azufre de China no caerían a los niveles actuales hasta 2030 como muy pronto. «Esos estudios no reflejaban la verdadera situación sobre el terreno», asegura Li, que concluye que su estudio destaca la importancia de utilizar mediciones satelitales para estudiar la calidad del aire, especialmente en regiones donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Barcelona y 11 grandes ciudades se comprometen a comprar solo autobuses ecológicos a partir de 2025 para reducir las emisiones

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Europa Press.– 12 grandes ciudades, incluida Barcelona, se han comprometido a comprar exclusivamente autobuses ecológicos a partir del año 2025 con el fin de reducir las emisiones de combustibles fósiles y proteger el Medio Ambiente de cara a 2030. Las 12 ciudades, entre las que están incluidas Londres, París, Los Ángeles, Barcelona, Copenhague, Quito, Vancouver, Ciudad de México y Ciudad del Cabo, alcanzan una población conjunta de casi 80 millones de personas y promoverán una política de «calles libres de combustible fósil».

Los alcaldes, algunos de los cuales forman parte del grupo C40, buscan frenar así el calentamiento global y han asegurado que «a partir de 2025 comprarán solamente autobuses sin emisiones y garantizarán que las principales áreas de sus ciudades tengan contaminación cero para 2030». Los ayuntamientos de muchas ciudades están estableciendo objetivos ambientales más estrictos que los impuestos por los Gobiernos de sus respectivos países, con el propósito de reducir la contaminación del aire y alcanzar las metas establecidas en el acuerdo de París 2015, con el que se pretende frenar las emisiones de gas que provocan el efecto invernadero.

Uso exclusivo de vehículos eléctricos

Caroline Watson, una experta en vehículos de baja emisión en el C40, ha asegurado que el acuerdo implica «un compromiso claro por escrito para que el sector privado fomente inversiones más ecológicas en las ciudades». Las zonas libres de emisión pueden derivar en más parques, áreas peatonales o carreteras de uso exclusivo de vehículos eléctricos o impulsados por hidrógeno, de forma que las ciudades sean lugares más atractivos para vivir.

«La contaminación del aire, producida por los vehículos de gasolina, está matando a millones de personas en ciudades de todo el mundo», ha declarado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien ha recordado que «estas mismas emisiones han provocado el cambio climático». La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, desveló que pretendía generar unas 165 hectáreas de espacio verde en los próximos años, aumentar los carriles para bicicletas y reducir el uso de los vehículos privados.

Ecologistas en Acción denuncia la contaminación por ozono que deriva del transporte y de las centrales térmicas

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Europa Press.- Cerca de 38 millones de españoles respiraron aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano en España, lo que supone el 81% de la población, y el 87% del territorio estuvo expuesto a niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, según las recomendaciones españolas la cifra se reduce hasta el 30% de los ciudadanos (27,6%), según el Informe La contaminación por ozono en el Estado español durante 2017 de Ecologistas en Acción, que destaca que esto supone uno de cada cuatro españoles (12,8 millones de personas) y que las comunidades autónomas con peor situación son Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Baleares.

Según el valor fijado por la Directiva 2008/50/CE y el Decreto 102/2011, las cifras de 2017 apuntan a un aumento de 2 y 3 millones de personas afectadas respecto a las evaluaciones de 2016 y 2015, y de 6 millones de personas más que las evaluaciones de 2013 y 2014. Es decir, que uno de cada cuatro españoles respira un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.

Además, la ONG denuncia que solo 5 de 12 comunidades autónomas han elaborado sus preceptivos Planes de Mejora de Calidad del Aire, de modo que las 12 restantes siguen sin contar con estos planes obligatorios. Se trata de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.

Estos planes son obligatorios cuando se superan los valores objetivo para la protección de la salud y/o la vegetación y, precisamente, la negativa de estas 12 comunidades a elaborarlos motivó que en 2016 se presentara una denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea, aunque esta queja se archivó en agosto de 2017 porque «el cumplimiento de los valores objetivo establecido para el ozono resulta complejo«. En este contexto, señala que el coste sanitario que se deriva de la contaminación por ozono troposférico supuso unos 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33% del Producto Interior Bruto (PIB) español, según el Banco Mundial.

Sin embargo, la ONG critica que pese a la vulneración de los límites legales, el Gobierno ha «aparcado sin fecha» el Plan Nacional de Ozono Troposférico y ha limitado las actuaciones previstas en cuanto a estudios científicos y la mejora de su medición. Entre las principales causas de este repunte, Ecologistas en Acción responsabiliza al aumento del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta del Gobierno «por las energías sucias en detrimento de las renovables».

Sobre este contaminante, la ONG explica que se forma en la baja atmósfera por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado (vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial. Además, señala que la evolución reciente de la contaminación está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las olas de calor, como resultado del cambio climático.

Por ello, considera que la contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden y recuerda que las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en España por exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2017. De estos, los más afectados son niños, mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

Finalmente, la ONG recomienda como principales vías de actuación la disminución del tráfico motorizados, la reducción de la necesidad de movilidad y potenciar el transporte público, así como facilitar el tránsito peatonal, el uso de la bicicleta en las ciudades o sustituir los disolventes orgánicos por agua y reducir de forma drástica la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón, o limitar las emisiones contaminantes de los barcos en el caso de puertos con importante tránsito.

Expertos en movilidad sostenible piden un foro institucional para coordinar acciones por la descarbonización del transporte

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Europa Press.- Una treintena de expertos recomienda la creación de un foro en el que participen todos los agentes y niveles institucionales para analizar los problemas de la movilidad y buscar acciones coordinadas de cara a la descarbonización del transporte para alcanzar una movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire.

En este sentido, expertos de distintas nacionalidades reclaman un enfoque integrado y un terreno de juego nivelado para gestionar la transición hacia una movilidad sostenible. Así, señalan que la descarbonización y la calidad del aire son los principales retos para la movilidad sostenible y que las mejoras tecnológicas y la gestión de la demanda son claves para una transición apropiada.

Propuestas de movilidad más sostenible

En la sesión han participado el director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Comillas ICAI-ICADE, Ignacio Pérez-Arriaga y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de BP España, Enrique González. En este marco se analizaron los retos y la contribución de las posibles soluciones tecnológicas o regulatorias, y formularon propuestas para una correcta transición hacia un sistema de movilidad más sostenible en términos económicos, ambientales y sociales.

En concreto, se han abordado los distintos problemas en transporte urbano, automovilístico, de mercancías, ferroviario o marítimo. Entre las necesidades principales han observado la importancia de incorporar la gestión de la demanda de movilidad, con soluciones regulatorias y urbanísticas e integrar la multiplicidad de soluciones posibles a nivel tecnológico, urbanístico o de combustibles alternativos así como de fiscalidad ambiental. Finalmente, insistieron en la importancia de que España y Europa miren más allá de sus fronteras y asuman papel como exportadores de tecnología o de conocimiento regulatorio, para lograr que el cambio hacia una movilidad sostenible tenga lugar a escala global.