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Dies Llovera, consejero del CSN a propuesta del PP, defiende su rigor y «más absoluta independencia» de motivaciones políticas

Europa Press.- El consejero de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies Llovera, emitió un voto particular en el que defiende su «más absoluta independencia de cualesquiera motivaciones políticas ajenas a las funciones del organismo regulador en el marco del proceso de evaluación de la renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El consejero votó la semana pasada a favor de cuatro puntos que figuraban en el orden del día relativos a ese proceso y ahora ha emitido una explicación de su voto en la que defiende que su toma de decisión se corresponde con el procedimiento que establece el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas que determinan el proceso de evaluación de las solicitudes de los titulares de las instalaciones nucleares y los requisitos a los que deben someterse y las modificaciones de diseño que deben estar aprobadas durante el proceso de evaluación de la solicitud de renovación de la licencia.

30 años de experiencia nuclear

En consecuencia, de acuerdo con el voto particular, añade que la práctica regulatoria se sigue de acuerdo con la normativa aplicable, con los procedimientos internos y, «en este caso también» con una guía de evaluación específica. Asimismo, en su toma de decisión favorable, Dies Llovera expone que su voto se basa también en sus «conocimientos y experiencia adquiridos durante más de 30 años de ejercicio profesional como profesor de ingeniería nuclear». En base a este bagaje, afirma compartir «plenamente» la fundamentación técnica de las propuestas como resultado de la «estricta aplicación de la normativa» y del seguimiento del procedimiento, además de «en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como consejero».

Respecto del procedimiento de Garoña en cuestión, explica que la evaluación de la seguridad nuclear y la protección radiológica no es un proceso abstracto y dependiente únicamente del buen saber y entender de los técnicos implicados y de los miembros del Pleno, sino que viene determinado por la aplicación estricta de la normativa aplicable y debe basarse en criterios técnicos. El consejero defiende que lo relacionado con Garoña se decide en el marco de las competencias del CSN, a cuyo pleno «le corresponde el ejercicio de todas las funciones resolutorias, de asesoramiento, supervisión y protección radiológica previstas» en la Ley y, por tanto, «adoptará cuantos acuerdos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de tales funciones.

Los plazos ya están marcados

Del mismo modo, añade que toda esta normativa «garantiza la transparencia y predictibilidad del proceso administrativo y determina con antelación los hitos administrativos que deben irse cumplimiento y los tiempos en que deben cumplirse», de modo que los expedientes analizados en el pleno del 3 de febrero respecto a la planta atómica de Garoña, «cumplen plenamente» tanto con los requisitos técnicos impuestos, como con los procedimientos administrativos e internos preestablecidos«. En todo caso, afirma que «ninguna» de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los procedimientos previstos para su aprobación, prejuzga la decisión final sobre la renovación de la autorización de la central, que continúa evaluándose, sino que son, de acuerdo con la normativa aplicable, requisitos regulatorios previos a dicha decisión.

Por último, subraya que, a su juicio, el pleno tiene la «responsabilidad de analizar en profundidad los argumentos técnicos que apoyan las propuestas, así como si han respetado las garantías administrativas y procedimientos; en base a ello cada consejero debe formarse su criterio y emitir su voto. Mientras, al CSN le corresponde determinar si las solicitudes son «compatibles con la seguridad nuclear, así como qué requisitos deben imponerse para mejorarla».

Fernando Castelló, consejero del CSN, advierte de que parar el proceso evaluador de la reapertura de Garoña podría ser «prevaricación»

Europa Press / EFE.- Fernando Castelló, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del Partido Popular, ha advertido de que interrumpir en estos momentos el proceso evaluador en torno a la solicitud de renovación de autorización de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) podría implicar incurrir en «prevaricación«. Castelló argumenta así su voto favorable a la decisión del pleno del CSN de la pasada semana sobre diversos aspectos relativos a la autorización de Garoña.

Además, precisa que la filtración del voto particular de Narbona, sin que se haya aprobado el acta definitiva en una reunión posterior del pleno, hace necesario difundir también la argumentación de su voto. «Aún en el caso de que en un acto de voluntarismo impropio de un regulador, el pleno del CSN se pudiera plantear que las circunstancias del entorno político, social o económico pudieran ser valoradas para interrumpir aplazar o demorar el proceso evaluador, se debería estudiar previamente si jurídicamente no estuviéramos incurriendo en un acto de prevaricación, o cuanto menos dicha actuación pudiera ser recriminada en sede judicial, por el titular, para reclamar posible perjuicios económicos o sociales, cuanto menos», alerta Castelló en la justificación de su voto.

Castelló advierte de que «en este momento» no dar respuesta por parte del CSN a un proceso administrativo sobre la nuclear de Garoña, como establece la legislación en vigor, sería por parte de este organismo dar respuesta «a criterios no establecidos en la ley y entrar en un debate político, actuando fuera del sentido de la independencia reguladora». «La dilación, el aplazamiento o la moratoria del proceso evaluador justificada por circunstancias políticas, sociales o económicas no tiene cabida en la consideración de los factores que por ley le competen al CSN, que son exclusivamente, la seguridad nuclear y la protección radiológica y nuestro debate debe estar siempre orientado sobre la justificación técnica de dicho objetivos y de ningún otro», asegura.

Además, el consejero añade que el CSN «ni se ha impuesto plazos para informar sobre este asunto, ni se los puede imponer; ni sobre este, ni sobre ningún asunto que le competa», señala. En este sentido, recalca que las evaluaciones se desarrollan sobre procedimientos reglados y en función de guías de evaluación que elabora previamente el cuerpo técnico del organismo y que «nunca una previsión de fechas se puede confundir con un plazo impuesto o decidido». «Decir lo contrario es querer engañar a la opinión pública y hacerle un flaco favor al prestigio y trabajo riguroso del regulador nuclear español», añade. El pleno del CSN apreció favorablemente varias actuaciones para la reapertura de Garoña, solicitada por el titular hasta 2031.

Castelló explica que la apreciación favorable de dichos puntos «no tiene un efecto inmediato», ya que serían de aplicación si se concediese la renovación de autorización solicitada, decisión que corresponde al Ministerio de Industria, departamento que ha solicitado al CSN información sobre la situación de la planta nuclear en materia de seguridad y protección radiológica. «El CSN no abre ni cierra centrales» asevera el consejero, quien subraya que «no es competencia del regulador». Apunta además que Garoña dispone de autorización y que su estado es de «parada de explotación» desde julio de 2013 y que son aplicables «los documentos oficiales de explotación para una central nuclear en situación de parada».

Castelló argumenta también en su voto que las especificaciones y modificaciones de diseño analizadas en el pleno del día 3 no son «la primera aprobación parcial que eleva al Pleno» y responden a requisitos que el CSN ha exigido a la central. Además el organismo requirió que «todas las modificaciones de diseño deberían ser apreciadas favorablemente». En su voto particular, subraya que desde el punto de vista de la concesión de licencia no serían necesarias, aunque «se considera conveniente», la aprobación de las evaluaciones parciales, sino el informe que el CSN evacúe sobre la solicitud de Nuclenor» (propietaria de Garoña).

PP de Álava: «no reabrirá»

Por su parte, el presidente del PP de Álava, Javier De Andrés, asegura tener la «convicción» de que Garoña «no se va a reabrir» por las condiciones de seguridad impuestas por el Gobierno del PP y el CSN. De Andrés considera que Garoña «lleva tres años cerrada porque económicamente no resulta rentable reabrir Garoña y no hay ningún indicativo real objetivo de que se vaya a reabrir». En ese sentido, indicó que, «así como la prórroga que dio el Gobierno socialista no le puso ninguna condición de seguridad adicional, el PP sí estableció hace más de tres años una serie de condiciones que hacían inviable la continuidad de Garoña, y se cerró en ese momento».

De Andrés ha señalado que la empresa «ha planteado las reformas» que se le han pedido y «va organizando una a una», pero «eso no hace viable Garoña». «Yo tengo la convicción de que no se va a reabrir porque las exigencias de seguridad que no cumple en este momento hacen que sea tan caro reabrirla como para que la decisión final sea la de cierre, que realmente es la situación que ya estamos viviendo», ha insistido. De Andrés ha reiterado que Garoña «ya está cerrada, aunque algunos parece que lamentan esta situación y quisieran que estuviera abierta para tener motivo de queja». «Yo creo que Garoña está cerrada y va a seguir cerrada», concluyó.

El CSN retomará este miércoles el análisis de los requisitos impuestos a Nuclenor para operar Garoña hasta 2031

Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) retomará este miércoles 3 de febrero el estudio del cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas exigidas a Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), de cara a la tramitación de su solicitud de reapertura hasta 2031.

El pleno del CSN llevaba en el orden del día del pasado 20 de enero varios puntos relativos a la solicitud de reapertura de Garoña, pero la discusión de estos puntos se aplazó a una próxima reunión. Asimismo, también se aplazaron asuntos respecto al almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), en conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno. Además, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfausen, no convocó una nueva cita para el 27 de enero, cuando habitualmente el pleno se reúne cada miércoles, y emplazó a los consejeros para 15 días después, el 3 de febrero.

Respecto a Garoña, este miércoles se estudiarán la revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas de Garoña y las propuestas relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos, aislamiento de la contención primaria, protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída de la cubierta del edificio de turbina tras un incendio, y a la ampliación de las condiciones de utilización del edificio de almacenamiento de material usado. En cuanto al ATC, se aplazó la valoración de la Instrucción Técnica sobre la aplicación al ATC de una directiva comunitaria.

Algunos de estos puntos del día corresponden a los requisitos establecidos por el pleno del CSN el 30 de julio de 2014 y tienen que ser verificados en un análisis de resultados de las inspecciones o la implantación de modificaciones de diseño antes de la carga de combustible y cuya apreciación deberá ser favorable. Pese a lo que se decida este miércoles, el proceso hasta que el pleno del CSN acuerde informar favorablemente o en contra de la solicitud formulada por Nuclenor de volver a producir electricidad en Garoña hasta 2031, no acabará aquí, pues aún quedan «al menos un par de meses» en concluir «todo lo que aún está pendiente«, según han explicado a fuentes internas del organismo regulador.

De acuerdo con estas fuentes, el ritmo está siendo más lento de lo que en un principio se preveía, algo que califica de «normal» en estos casos, en los que se requiere información adicional al titular. En este sentido, añadieron que los trámites avanzan a medida que los técnicos van teniendo su trabajo disponible para el pleno. Estas fuentes admiten que el proceso a veces ha sufrido acelerones y que parece que en este momento el debate en el seno del pleno se ha ralentizado.

Garoña está en situación de cese de explotación desde mediados de diciembre de 2012, aunque su permiso para producir electricidad expiró el 6 de julio de 2013 sin que el titular pidiera una renovación de su licencia. Sin embargo, un año después, en mayo de 2014, el consejo de administración de Nuclenor solicitó renovar la autorización de explotación de la central hasta el 2 de marzo de 2031, hasta cumplir los 60 años de operación.

Esta petición se basó en el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. La empresa, Nuclenor, considera que un marco temporal de explotación «de estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

El 30 de julio de 2014, el pleno del CSN aprobó una instrucción técnica con nuevos requisitos para volver a estudiar la petición de renovación de licencia de Garoña y su consiguiente entrada en funcionamiento, entre ellos una completa revisión de la vasija de su reactor. En concreto, se le exigía verificar el estado funcional y la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes para descartar defectos como el de la central nuclear belga de Döel.

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

Podemos /Equo pide en el Congreso que el Gobierno no reabra Garoña y que se derogue el decreto de autoconsumo

Europa Press / EFE.- El grupo parlamentario de Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a no reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos). El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, recuerda que su partido defendió en campaña el cierre definitivo de esta central nuclear y añadió que con esta iniciativa pretenden poner de manifiesto la «barbaridad» que está a punto de cometer «un gobierno en funciones».

En su proposición no de ley, Podemos señala que el Consejo de Seguridad Nuclear está dando pasos para avanzar en la reapertura de la central y para establecer compensaciones económicas a Nuclenor, la empresa propietaria, de cara a un futuro cierre. Esta fuerza política considera «inadmisible» que en la actual situación política se desarrollen medidas que «comprometen presupuestariamente a un futuro gobierno si decide cerrar la central nuclear». «Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha», sostiene el portavoz de Equo en su iniciativa, que consideró «inaceptable» que el Gobierno en funciones «tratase de activar el proceso» de reapertura de la planta atómica, teniendo en cuenta que la mayoría del nuevo arco parlamentario lo rechaza.

En este sentido, Uralde recuerda el acuerdo parlamentario sellado en diciembre de 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. En la iniciativa, se recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que le ha llegado el momento de ser desmantelada.

Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica de Garoña «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y además es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, «tristemente famosa» por protagonizar un «grave accidente» nuclear.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el gobierno del Partido Popular y la empresa propietaria (Nuclenor) están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo popular está utilizando el caso de la central nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

Por ello, la proposición no de ley planteada insta al Gobierno en el Congreso al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras». En la iniciativa, también plantea que el desmantelamiento de la instalación atómica contará con un calendario público de cierre definitivo durante el período, necesariamente de varios años, en el que se recoja también el consiguiente plan de reactivación económica de la zona.

Derogar la normativa de autoconsumo

Por otro lado, Podemos / Equo presentó otra proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno derogue «todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación». Uralde pretende con esta iniciativa fomentar el autoconsumo por motivos ecológicos, económicos y sociales con la aprobación de una normativa que reconozca el derecho a retribución por la energía vertida en la red y elimine cualquier tipo de peaje por el consumo instantáneo de energía autogenerada.

En la iniciativa, el dirigente ecologista subraya las «indudables ventajas» del autoconsumo energético, entre las que cita la reducción de costes en infraestructuras y mantenimiento, la reducción de la contaminación, el incremento del uso de renovables, el ahorro en la factura y la consecuente lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de un nuevo sector económico y la creación de puestos de trabajo. Por eso, Uralde critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya aprobado tanto el decreto de Autoconsumo, que impone peajes a esta modalidad de uso de energía, como la Ley del Sector Eléctrico, que exige a todo este tipo de instalaciones contribuir a los costes y servicios del sistema en igualdad de condiciones con el resto.

El CSN aplaza los asuntos relacionados con Garoña y el ATC ante las críticas de formaciones ecologistas como Equo

Redacción / Agencias.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el aplazamiento de los asuntos relativos a la central de Garoña (Burgos) y al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad, que tenía previsto abordar durante su pleno. La decisión coincide poco después de que formaciones como Equo y organizaciones ecologistas denunciaran que, durante este pleno, el CSN quería volver a poner en marcha el proceso de reapertura de la nuclear burgalesa, algo que consideraban «inaceptable» al estar el Gobierno en funciones.

Su aplazamiento a una próxima reunión, cuya fecha no se concreta, se hace «de conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno, como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN», comunicó el máximo organismo regulador en materia de protección radiológica y de seguridad nuclear del país. Garoña, el reactor nuclear más antiguo de España, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de su propietario, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola), que solicitó al CSN volver a operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años desde su puesta en marcha.

Se continúa evaluando la solicitud

El CSN remarcó que continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta atómica. Recuerda asimismo que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que después fue remitida al CSN para su evaluación. Los asuntos aplazados se refieren a la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento mejoradas de Garoña, cambios de diseño en sistemas eléctricos, aislamiento de su contención primaria y la ampliación de las condiciones de uso de un edificio de almacenamiento de dicha central nuclear. También se aplazó la evaluación de una instrucción técnica sobre la aplicación de una directiva europea al ATC previsto en Villar de Cañas (Cuenca).

«Al margen de la coyuntura política», el Consejo de Seguridad Nuclear, como organismo independiente del Gobierno, «continúa desarrollando de manera ordinaria su labor de evaluación y análisis de todos los asuntos de su competencia», añadieron. En los temas que sí se trataron, el pleno informó favorablemente de una modificación de Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de los dos reactores de Almaraz (Cáceres) relativa a las fuentes de corriente alterna, y aprobó la sustitución del vocal de Nuclenor en el tribunal de licencias del CSN para la nuclear de Garoña, así como diversos expedientes de instalaciones radiactivas.

«Inaceptable con Gobierno en funciones»

Previo a este aplazamiento, el portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, tachó de «inaceptable» que el Gobierno en funciones «trate de activar el proceso de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña», con el rechazo de la mayor parte de la oposición porque «no tiene el mandado ciudadano para hacerlo«. «Ha sido bastante indignante el conocer que de repente el CSN pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señala el nuevo diputado de Equo después de conocer que el pleno del órgano regulador tenía previsto estudiar cuestiones de carácter técnico necesarias para poder valorar la renovación de la licencia de la central nuclear.

El PSOE confirma en Burgos «anomalías» en la autorización de parques eólicos en Castilla y León

EFE.- El procurador socialista de las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, confirmó, tras una revisión de documentación en la Delegación Territorial de la Junta en Burgos, la existencia de «anomalías» en la tramitación y autorización de varios parques eólicos en la provincia, que asegura que es la más afectada por la «trama eólica» que investiga la Fiscalía Anticorrupción y que ha motivado la creación de una Comisión de Investigación en las Cortes regionales.

Izquierdo explicó que han empezado en Burgos una serie de visitas a las delegación territoriales de la Junta de cada provincia para avanzar en la investigación de presuntas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León. Burgos ha sido el comienzo porque se trata de la provincia más afectada, con 51 de los 182 proyectos cuestionados, aunque también tienen previsto visitar la semana que viene las delegaciones de Zamora, Soria y León.

El procurador socialista considera necesario depurar las responsabilidades políticas porque «a nadie se le ocurre que se puede producir un enriquecimiento como el que parece que existe en estos casos sin actuar de forma anómala y sin la connivencia del poder político». En su opinión, el Gobierno autonómico intenta entorpecer la labor de la comisión de investigación, donde se han rechazado las más de 50 comparecencias solicitadas por el PSOE.

El procurador socialista ha explicado que la práctica presuntamente irregular «se ha repetido en muchas de las tramitaciones de parques eólicos». «Una gran eléctrica formulaba la solicitud inicial pero el permiso de la Junta se retrasaba, en ocasiones años; después se daba entrada por cantidades mínimas a una constructora local y los trámites se resolvían, en ocasiones en unos pocos días; por último, la titularidad volvía a la eléctrica«, explicó. Un caso especialmente llamativo, en su opinión, es el de Iberdrola, que vendió por 24.000 euros una participación a Energía Global Castellana, una empresa propiedad del ex consejero delegado de la empresa pública Excal, que después vendió la misma participación por 47 millones de euros.

Además de Energía Global Castellana, el PSOE aprecia indicios de que puede haber ocurrido algo parecido con otra empresa del grupo Collosa, Promociones de Energía Renovable, y analizará los indicios de algo que podría ser similar con PH Energías Renovables, participada en un 60% por Iberdrola y un 40% por el grupo Pascual. En este último caso, ha apuntado que podría haber ocurrido lo mismo, porque Iberdrola cedió su explotación a la otra empresa, aunque todavía falta determinar si los dos parques eólicos concedidos a PH Energías Renovables también han vuelto a ser titularidad a Iberdrola y a qué precio.

Ecologistas en Acción exige el «cierre definitivo» de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- La Asamblea Federal de Ecologistas en Acción exigió al Gobierno central que «no otorgue un nuevo permiso de explotación a Garoña y proceda a su cierre definitivo por el riesgo que supondría la puesta en marcha de la central». A juicio del colectivo ecologista, en Garoña «el riesgo de accidente es demasiado grande, dado que el estado de la central es lamentable».

Ecologistas en Acción Indica que «Garoña está aquejada de numerosos problemas de seguridad entre los que destacan: la vasija está afectada por fenómenos de corrosión, así como las penetraciones de las barras de control, que son los auténticos frenos de la central; el sistema de protección contra incendios presenta graves deficiencias; al igual que numerosos sistemas eléctricos y de control».

Además, señala que «el reactor de Garoña es idéntico al número 1 de Fukushima, por lo que presenta sus mismas deficiencias y riesgos, sobre todo en los sistemas de venteo de gases; todavía no se han realizado las modificaciones impuestas tras las pruebas de estrés que, en todo caso, no garantizan la seguridad de la central; y sería imprescindible que edificara una torre de enfriamiento para dejar de calentar el agua del Ebro en exceso».

«Un accidente en Garoña podría suponer un episodio de contaminación terrible en la zona y más allá. Garoña se encuentra muy cerca de Euskadi por lo que su contaminación superaría las fronteras de Burgos y Castilla-León y, además, se podría contaminar el río Ebro con consecuencias espantosas sobre los cultivos, las ciudades e industrias ribereñas de Castilla-León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. El litoral mediterráneo también se vería afectado. Mantener esta central en funcionamiento sería jugar con fuego«, recalcan.

Señalan que «Garoña genera en su funcionamiento unas 15 Tm de residuos de alta actividad al año, que son peligrosas durante cientos de miles de años y para los que no existe solución», por lo que afirman que «la paralización definitiva de Garoña evitaría un aumento de los residuos a gestionar». A su juicio, «la electricidad que genera Garoña no es necesaria, como muestra el hecho de que lleva parada tres años sin ningún problema de suministro, y los puestos de trabajo que genera también están garantizados por su desmantelamiento».

«La posible continuidad de Garoña abriría la puerta a la prolongación de la vida de las centrales hasta los 60 años, lo que resulta inadmisible. Además, el proceso de la posible reapertura ha supuesto un desprestigio sin precedentes del Consejo de Seguridad Nuclear. Ante estos hechos, la Asamblea resuelve pedir el cierre definitivo de la central y proceder a su desmantelamiento a la mayor brevedad», finalizan desde Ecologisas en Acción.

Colectivos cántabros, vascos y burgaleses exigen al Gobierno vasco paralizar toda actividad relacionada con el fracking

Europa Press / EFE.- La Asamblea anti-fracking de Las Merindades y Norte de Burgos, formada por colectivos sociales cántabros, vascos y burgaleses, pidieron al Gobierno vasco la paralización de toda actividad de exploración y explotación de gas mediante la técnica del fracking por parte de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), dependiente del Ente Vasco de la Energía y que se encarga de la búsqueda del gas.

Miembros de la asamblea se concentraron en Bilbao, donde leyeron un comunicado en el que advirtieron a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, de las consecuencias que «para la salud y el medio ambiente de Castilla y León, Euskadi, Cantabria y otras regiones, así como para el suministro de agua potable al Valle de Mena, las Encartaciones y a todo el Gran Bilbao pueden tener las perforaciones proyectadas en la localidad burgalesa de Merindad de Montija». Los manifestantes portaban pancartas en las que se leían frases como Porque el agua y el aire no entiende de fronteras, fracking no, o Prohibición de fracking en Castilla y León.

«El pozo Angosto A, en la localidad de Loma de Montija, además de afectar seriamente y de forma negativa la forma de vida de esta zona, eminentemente agrícola, ganadera y turística, también pone en peligro el agua de ríos y acuíferos«, indicaron. En este sentido, incidieron en que esta actividad afectará a las dos vertientes de aguas de esta zona, el agua del Pantano de Ordunte y el río Cadagua. «También es necesario recordar que los permisos solicitados por SHESA en las áreas de explotación Enara 1 y 2 afectarán directamente al espacio Red Natura 2000 del río Zadorra y, además, al acuífero de calizas de Subijana, principal reserva de agua subterránea de Euskadi», auguraron.

Por otro lado, también aseguraron que existe otro peligro adicional como es la proximidad a estos permisos de la central nuclear de Garoña. «Las Merindades han sufrido movimientos sísmicos en más de una ocasión y se han registrado terremotos de intensidad nada despreciable y atribuidos al fracking en áreas en que con anterioridad a la aplicación de esta técnica se desconocían por completo», apuntaron. Por todo ello, exigieron al Gobierno vasco el cese total e inmediato de toda actividad relacionada con la exploración y explotación del fracking, sea dentro de Euskadi o en otros territorios.

El CSN da el visto bueno a mejoras necesarias para la reapertura de Garoña con el voto discrepante de Narbona

Europa Press.- El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó, por cuatro votos a favor y uno en contra, un informe favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear sobre la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la actualización de las curvas límite de presión y temperatura de la vasija del reactor de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

En la cuestión no ha habido unanimidad en el pleno, donde la consejera Cristina Narbona ha votado en contra porque la iniciativa va dirigida a la vuelta en operación del reactor de Burgos sin que el regulador atómico haya aclarado ni debatido de manera técnica y jurídica las «implicaciones» de la solicitud del titular, Nuclenor, de renovar su licencia hasta 2031, un periodo superior al de las Revisiones Periódicas de Seguridad, que se realizan cada 10 años, normalmente coincidiendo con las peticiones de renovar los permisos.

Según el pleno, el informe responde a los requisitos del CSN exigidos a Nuclenor en la Instrucción Técnica Complementaria sobre la documentación y los requisitos adicionales previos a discutir la solicitud de renovación de la central atómica burgalesa.

La actualización de las curvas de presión-temperatura (P-T) son calculadas para 40, 50 y 60 de operación correspondientes a los escenarios de arranque y parada en operación normal y de prueba hidráulica, así como para las condiciones de núcleo crítico. También se entiende que la vasija está en condiciones de vacío y se ha analizado la adecuación de las curvas de P-T a esta situación. Esta revisión sería aplicable «solo en el caso» de que el titular lograse una renovación de la autorización de su explotación.

Durante el pleno se ha puesto en evidencia las diferencias sobre la cuestión de Garoña, ya que además del voto en contra y voto particular presentado por la consejera Narbona, tanto el presidente, Fernando Martí, como el consejero Fernando Castelló Boronat, han adjuntado al acta del pleno del día 4 de noviembre sus respectivos votos particulares, a favor de la decisión y en contra de la postura de Narbona.

Así, en su voto particular, Narbona se reitera en el contenido de su voto particular emitido en julio de 2014 en el que discrepa de la decisión del pleno porque es «la primera vez en la historia» en España en que un titular de una central solicita renovar su autorización de explotación por más de 10 años y esto «implica la disociación automática» de las Revisiones Periódicas de Seguridad del tiempo de duración de las renovaciones de las autorizaciones de explotación. A su juicio, esto rompe «una buena práctica reconocida internacionalmente y asumida por el CSN desde la década de los años 90».

Además, afirma que también es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación comercial y esto supone un incremento de los residuos nucleares.

«La calidad de los procesos de regulación son inherentes y consustanciales a las garantías de seguridad», considera Narbona que no identifica el objetivo general de la mejora de la seguridad nuclear y radiológica en el «inédito» proceso de renovación que sigue el regulador sobre Garoña, ya que se ha iniciado la evaluación para su renovación sin que el Pleno haya aclarado aún si puede o no aceptar tal «anómala solicitud de Nuclenor».

Por ello, reitera su petición de que el pleno delibere y decida «cuanto antes» respecto a la vigencia de la práctica de asociar las revisiones periódicas de seguridad con el periodo de autorización de explotación. A este respecto, estima que si el pleno decide cambiar esta práctica tendría que explicar las mejoras técnicas y jurídicas que introduciría tal disociación en la seguridad nuclear y radiológica y, también, las implicaciones de operar un reactor a 60 años. «Hasta que esto no se produzca, esta consejera considera inadecuado proseguir con el proceso de evaluación de la central», concluye Narbona.

Del mismo modo, el presidente del CSN ha presentado su voto particular para justificar su voto favorable en el que el expediente votado está incardinado en el cumplimiento de los propios acuerdos del pleno del regulador atómico en julio de 2014 en el que se establecían una serie de requisitos a Garoña, como condición previa a estudiar su solicitud de renovación.

En su opinión y respecto al voto en contra de Narbona, Marti Scharfhausen argumenta que la reiteración de argumentos, opiniones y juicios de valor no introduce elemento novedoso alguno para la seguridad nuclear. «Considero que dicha reiteración sí menoscaba la credibilidad de este organismo regulador, cuya misión no es otra que garantizar la seguridad nuclear», concluye el presidente.

Asimismo, estima que se repiten conceptos separados como asociar o identificar los periodos de tiempo de la revisión periódica de seguridad para analizar tendencias e incorporar lecciones, con el nuevo tiempo por el que se solicita o se revisa las condiciones de las seguridad para la operación a largo plazo, siempre a futuro.

Por su parte, el consejero Castelló Boronat es más exhaustivo en su explicación de voto y sus opiniones respecto a su compañera Narbona. En concreto, recuerda que el argumento de Narbona sobre la necesidad previa de un debate técnico y jurídico sobre la propia solicitud de Nuclenor «en su momento sólo contó con un solo voto» y que el pleno adopta las decisiones por mayoría.

A su juicio, la existencia o no de un debate amplio sobre un proceso regulatorio, no puede ni debe predeterminar el voto concreto sobre un asunto que técnicamente está «perfectamente soportado y argumentado» por el cuerpo técnico.

De este modo, opina que la reiteración de los argumentos ya expuestos y conocidos por Cristina Narbona en su momento, «fundamentados en el error conceptual» de confundir los mecanismos de evaluación» de una revisión periódica de seguridad sobre los diez años pasados, con los de la evaluación para la continuidad de Garoña en el futuro «no pueden utilizarse de forma reiterada, en contra de la amplia mayoría de los miembros del Pleno, ya que pueden confundir a la opinión pública y menoscabar la credibilidad del regulador nuclear.

Castelló califica de «extemporáneo» plantear este tipo de cuestiones que no son objeto de lo que se está analizando en el pleno y que, de hecho, ya han sido objeto de análisis por parte del mismo o que lo serán en su momento.

En definitiva, el consejero estima que la «buena» práctica regulatoria es «respetar los procedimiento y los tiempos» que conllevan los trámites y las evaluaciones técnicas y «ceñirse» a las cuestiones que son «realmente» la competencia del organismo y «no introducir elementos de debate ajenos y sesgados por debates políticos o circunstanciales».

Del mismo modo, critica la «predisposición para disturbar la toma de decisión» sobre la cuestión introduciendo elementos de análisis del proceso regulador.

En ese sentido, advierte de que la «previa disposición de «alguno» de los consejeros a emitir su voto sobre un asunto concreto, en función de un posicionamiento general y amplio en el que se pueda encontrar dicho asunto, «puede interpretarse como estrategia política estrictamente como un debate regulatorio sobre una propuesta técnica.

«La existencia o no de un debate amplio sobre un proceso regulatorio no puede ni debe predeterminar el voto concreto sobre un asunto, que técnicamente está perfectamente soportado y argumentado por el cuerpo técnico», manifiesta el consejero.

Finalmente, insiste en que en su opinión, «no parece oportuno ni conveniente que se aproveche cada ocasión que se incluye en el orden del día un asunto relativo a una instalación determinada, en este caso Santa María de Garoña».