EFE.- Los presidentes de las empresas Andrade Gutiérrez y Odebrecht fueron detenidos por la Policía en el marco de las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras, que llega así a dos de las más importantes constructoras de Brasil, con operaciones en decenas de países. Otávio Azevedo y Marcelo Odebrecht han sido acusados de fraude en licitaciones y formación de cartel.

Ambas compañías señalaron que las detenciones de sus directivos «no eran necesarias» ya que consideraron que las empresas están colaborando debidamente con las investigaciones. Odebrecht «siempre ha estado a disposición» para esclarecer los hechos, indicó la empresa, mientras que la firma Andrade Gutiérrez se manifestó en el mismo sentido. No obstante, al anunciar las detenciones, el comisario Igor Romário De Paula afirmó que las autoridades esperaban una «mayor colaboración de esas empresas», a las que se refirió como «dos compañías destacadas en la economía brasileña y en el mercado internacional«.

Odebrecht y Andrade Gutiérrez, al igual que otras 25 firmas, son investigadas por su supuesta participación en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, durante la última década, según indicaron, se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares. De acuerdo a la policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores en hasta un 4% y repartían las diferencias entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas.

El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima apuntó que las pruebas obtenidas «no dejan dudas» en relación a que Odebrecht y Andrade Gutiérrez «capitaneaban el plan dentro de Petrobras«. Dos Santos Lima sostuvo que «existen indicios concretos y muchos documentos» que, para las autoridades, «confirman que ellos tenían dominio de todo». También dijo que esos indicios «apuntan que las empresas estaban implicadas como un todo» y que esas maniobras «eran en realidad una práctica de negocios» y no corruptelas de algunos de sus directivos. Explicó además que, hasta donde se ha comprobado, la mayor parte del dinero obtenido por esas dos empresas mediante las corruptelas era depositado en cuentas en otros países, entre los que citó Suiza, Panamá y Mónaco.

De Paula afirmó que las detenciones practicadas constituyen «un recado claro de que la ley vale efectivamente para todos y de que no importa el tamaño de la empresa, el poder económico o la influencia en la sociedad» si se ha incurrido en delitos. Además de esos dos ejecutivos, la policía brasileña detuvo a otras diez personas vinculadas a estas empresas, así como convocó a declarar a otros 47 sospechosos.

Por el caso también se investiga a medio centenar de políticos, que en su mayoría integran la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros. Entre los detenidos, está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, quien está acusado de presionar a las empresas que obtenían contratos con Petrobras para desviar parte del dinero obtenido hacia las arcas de esa formación.

El PT y otros partidos políticos de Brasil implicados en el caso admitieron que han recibido apoyo financiero de las empresas investigadas, pero en todos los casos sostienen que esos recursos fueron debidamente declarados antes las autoridades fiscales y electorales. No obstante, según la policía, las empresas eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal. El escándalo sacudió al Gobierno de Rousseff y afectó a la economía de Brasil, que se encamina hacia la recesión.