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Podemos critica que las corporaciones locales tengan que cofinanciar la factura eléctrica de los consumidores atendidos por los servicios sociales

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Europa Press.- Lucía Martín, diputada de En Comú Podem, coalición electoral integrada en el Congreso en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, criticó que el reglamento sobre el bono social anunciado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, delegue en las corporaciones locales el pago del 50% de la factura no abonada por los usuarios vulnerables para evitar el corte de luz.

«Nuevamente, el Gobierno no asume sus competencias y piensa más en el beneficio de las grandes eléctricas que en proteger a los consumidores más expuestos por la pobreza energética», concluyen desde En Comú, que cree que los requisitos previstos por el Ejecutivo para que las familias puedan acceder al bono social «significan liquidar de facto el principio de precaución», que impide efectuar un corte de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. En este sentido, Martín destaca que es «inadmisible» que la garantía de acceso a los suministros básicos para las familias en situación de vulnerabilidad esté condicionada a que las grandes compañías eléctricas tengan antes garantizado el cobro de la mitad de las facturas que no han podido pagar.

Por último, Martín ha criticado el pacto alcanzado por el PSOE con el Gobierno del PP, tildando de «lamentable» el papel de la formación socialista y recordando que cuando presentaron el acuerdo su portavoz en la Cámara, Antonio Hernando, decía que «mientras unos protestan, nosotros buscamos soluciones». «El resultado de aquel pacto PPSOE está a la vista de todos: El PSOE aceptó dejar exclusivamente en manos del Gobierno el desarrollo y la concreción de todas las cuestiones sensibles que anunciaba el decreto ley, a cambio de poder aparecer para colgarse la medalla de la lucha contra la pobreza energética», lamentó.

La Alianza contra la Pobreza Energética critica que los criterios de renta del nuevo bono social excluyen a «muchas familias»

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Europa Press.- La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha criticado que los criterios de renta del nuevo bono social son para ingresos muy bajos y dejan a «muchas familias fuera de su protección». La protección consiste en un descuento que oscila entre el 25% y el 40% de la factura y solo incluye protección contra los cortes de suministros para los casos severos y en riesgo de exclusión, con rentas inferiores a 399,38 euros, como máximo de 1.065 en familias numerosas.

El borrador del real decreto solo contempla la protección contra los cortes de suministros en caso de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social y siempre que la comunidad autónoma o el ayuntamiento se comprometa a asumir el 50% de la factura. Energía calcula que solo el 45% de los hogares con derecho a recibir el nuevo bono social de la luz finalmente solicitará la ayuda, según la memoria económica del borrador. La memoria afina el coste estimado del nuevo bono social, que ascenderá a 236 millones de euros al año, un 17,8% más que los 200 millones actuales.

Energía calcula que solo el 45% de los beneficiarios del bono social lo pedirá; la OCU pide simplificar los trámites

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone simplificar las categorías de los beneficiarios del bono social y de los trámites de renovación, así como la eliminación o revisión de los límites de consumo impuestos para los hogares. Precisamente el Ministerio de Energía calcula que solo el 45% de los hogares con derecho a recibir el nuevo bono social de la luz finalmente solicitará la ayuda, según consta en la memoria económica del borrador de real decreto sobre la materia.

La memoria afina el coste estimado del nuevo bono social, que será superior al actual y que cubrirá tanto a los consumidores vulnerables como a los severos. Según Energía, este coste ascenderá a 236 millones de euros anuales, un 17,8% más que los cerca de 200 millones actuales. Al estimar el número de hogares que podrán acceder al bono social, el departamento dirigido por Álvaro Nadal recuerda que la obtención de la ayuda requiere que el interesado lo solicite y considera “improbable que la totalidad de ellos llegue a hacerlo«.

Energía ha calculado ahora el número de hogares potencialmente beneficiarios y, sobre la estimación, ha aplicado una «tasa de aceptación» del 45%. El resultado es una previsión de 2,5 millones de hogares. Esta cifra es superior a la actual, de 2,44 millones de usuarios, al tiempo que, como defiende Energía, se reparte de una forma más adecuada, ya que el criterio de renta permitirá cubrir las necesidades de personas que, pese a su situación, antes no podían beneficiarse del bono.

Para hacer sus cálculos, el Ministerio ha segmentado los hogares en función de los umbrales de renta y de los distintos tipos de familia, en función de si es numerosa o si tiene menores o personas en circunstancias especiales. Posteriormente, para cada nivel de unidad familiar con un determinado umbral de renta, ha contabilizado el número de hogares. Tras incluir los correspondientes a discapacitados y a víctimas de violencia de género y terrorismo, ha obtenido la cifra final de potenciales beneficiarios, a los que ha aplicado la «tasa de aceptación».

Como hay una media de 2,5 personas por hogar en España y como la aspiración es proteger 2,5 millones de hogares, Energía concluye que la cobertura del bono se extenderá a más de 6 millones de personas, una cifra superior a los 4,5 millones de personas que, según Eurostat, podrían sufrir pobreza energética, señala Energía. «Por tanto, el volumen de hogares estimado que se derivan de la metodología de asignación del bono social de este real decreto es más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España», asegura.

Propone eliminar límites de consumo

Por su parte, la OCU recuerda que «aún quedan asuntos pendientes para garantizar que accedan al bono quienes tienen derecho y poner coto a los 4,5 millones de personas en situación de pobreza energética».Por esto, aunque la reforma del bono social «mejora la situación anterior», OCU apunta algunas líneas de mejora del borrador.Concretamente, la organización propone la simplificación de las categorías de los beneficiarios usando como referencia una renta per cápita y no por hogar.En este sentido, OCU aplaude la protección de los hogares con menores, pero señala que puede estar mejor atendida si se identifica a esos hogares como «colectivos especiales».

Por otro lado, desde la organización ven necesario la simplificación de los trámites, de manera que sea posible la identificación automática de los beneficiarios del bono social cada año.Asimismo, OCU defiende la eliminación, o en su caso, «revisión de manera crítica», de los límites del consumo impuestos para los beneficiarios del bono social ya que, asegura, el beneficio que supone se verá lastrado por los límites del consumo mensual. OCU denuncia que estos límites perjudican especialmente a los hogares sin gas natural, con calefacción eléctrica y con varios miembros.

De igual modo,desde la organización señalaron que, excepto los hogares en exclusión social cuya factura será gratuita, «la factura a pagar por el resto es lo suficientemente importante pese al descuento como para no dar pie al derroche energético«.Finalmente, la organización ha reclamado la importancia de un «compromiso de la Administración» con el fin de identificar correctamente al colectivo en riesgo de exclusión social.Por el contrario, una falta de voluntad política o de presupuestos «puede provocar grandes diferencias en la protección de los hogares en situación crítica».

El nuevo bono social costará unos 230 millones de euros e impondrá límites a cada beneficiario del consumo bonificado

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Europa Press.- El nuevo bono social de la electricidad tendrá un coste de entre 203 y 235 millones de euros, frente al de entre 180 y 200 millones actual, y aspira a proteger a unos 2,5 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. También se limitará el consumo bonificado, es decir, el número de kilovatios hora (kWh) que se ve beneficiado del descuento que supone el bono social.

Por ejemplo, el derecho a percibir el bono social de la luz para las familias numerosas estará limitado a un consumo de energía de 3.600 kilovatios hora (kWh) al año, según consta en el borrador del decreto por el que se regula el bono social. Concretamente, este descuento tanto para los considerados como consumidores vulnerables, que asciende al 25% del recibo, como para los vulnerables severos, que será del 40% de la factura, será aplicado teniendo en cuenta el límite de energía suministrada previsto para el periodo de facturación. Por encima de este límite, la energía suministrada le será facturada según la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

Este límite máximo de energía bonificada para cada una de las categorías de consumidores se calculará prorrateando la energía anual máxima establecida para cada una de ellas entre el número de días que conforman el período de facturación. Así, para el caso de las familias numerosas, este límite máximo será de 3.600 kWh al año por hogar, mientras que para las unidades familiares en que sus miembros sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, será de 1.680 kWh anuales.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló que al final el Gobierno ha considerado «que era mejor» incluir a las familias numerosas, aunque subrayó que el derecho al bono social «va a tener limitado el consumo» y «no se van a financiar lujos». «Un consumo normal de una familia normal. El bono social es para niveles de consumo habituales«, aseveró. Energía ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su preceptivo informe, el borrador de real decreto que desarrolla el bono social de electricidad, después de definir los criterios de renta para que sea percibido.

Para que un consumidor sea considerado vulnerable y pueda acogerse al bono social que le da acceso a un descuento del 25% en su factura, se tendrá en cuenta el nivel de renta de su unidad familiar referido al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En concreto, podrán acceder al bono social las unidades familiares sin menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, las unidades familiares con un menor a cargo que dispongan de una renta anual menor o igual a 2 veces el IPREM, así como aquellas que cuenten con dos menores a cargo y que ingresen una renta anual menor o igual a 2,5 veces el IPREM.

Además, los umbrales de renta anteriores se verán incrementados en 0,5 veces el IPREM para las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y para aquellos hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33%. Asimismo, podrán acogerse al bono social, además de todas las familias numerosas, aquellas unidades familiares en las que todos los miembros que tengan ingresos sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima.

Para el caso de los consumidores vulnerables conformado por una unidad familiar sin menores que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, que en 2017 se sitúa en unos 7.455 euros al año en 14 pagas, este límite máximo de consumo para tener derecho al bono social será de 1.200 kWh al año, mientras que para las unidades familiares con dos menores y que cumplan los criterios de renta será de 2.040 kWh anuales y para las familias con un menor y que puedan por renta acogerse a la ayuda será de 1.680 kWh anuales.

Por otra parte, se crea una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos, para aquellos hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables severos tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura. Las familias numerosas o los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima, serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior a 2 veces el IPREM o 1 vez el IPREM respectivamente.

También se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas. Estos consumidores serán considerados esenciales y no se les podrá suspender el suministro. Esto será financiado por medio de la financiación adicional que liberará el sistema eléctrico (10%) y que complementará la aportación de los servicios sociales (50%) y del propio bono social (40%).

Lucha contra la pobreza energética

Por su parte, Navia destacó que el bono social cubrirá un conjunto de consumidores ligeramente superior al que disfruta actualmente de la ayuda, al tiempo que lo hará de forma más eficiente, al vincular su percepción a criterios de renta. Para elaborar la nueva regulación, el Gobierno parte de las cifras de Eurostat según las cuales cerca del 10% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. El objetivo del bono social será proteger mediante descuentos en el recibo de la luz a 2,5 millones de hogares, lo que equivale a unos 7 millones de personas. Navia también destacó mejoras en los procesos de notificación y avisos de impago.

Los usuarios del bono social descienden un 1,1% en 2016 pese a aumentar entre familias numerosas o de desempleados

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Europa Press / EFE.- El promedio de consumidores acogidos al bono social de electricidad ascendió a 2,42 millones a cierre de 2016, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, a pesar del aumento más del 10% entre familias numerosas y hogares con todos los miembros en situación de desempleo.

Según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descenso en 2016 se debe, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, al menor número de consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW). Este grupo de beneficiarios del bono social, que es el más numeroso entre los distintos perfiles de usuarios con derecho a la ayuda, ascendió a 1,79 millones en el promedio de 2016, un 4,2% menos que en 2015 y el 72,7% del total de beneficiarios.

Aparte de potencias inferiores a 3 kW, el bono social también lo pueden disfrutar los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Los pensionistas que recibieron la ayuda en 2016 fueron un promedio de 322.060, un 5,5% más y el 13,7% del total, mientras que entre las familias numerosas hubo 216.139 beneficiarios, un 14,9% más y el 9,4% del total. Entre las familias en desempleo se produjo un incremento del 12,8%, hasta 73.571 usuarios, representando el 3,23% del total.

Los beneficiarios del bono social consumieron el año pasado 2,29 millones de megavatios hora, un 4% más que en 2015. De ese consumo, el 56,4% corresponde a los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kw; el 20,2% a las familias numerosas; el 18,1% a pensionistas; y el 4,5% a desempleados. Las familias numerosas son las que más consumen de media (4.013 kilovatios hora anuales), seguidas por los desempleados (2.611 kilovatios hora anuales) y los pensionistas (2.408 kilovatios hora anuales). Los que consumen menos son los usuarios con potencias contratadas inferiores a 3 kw (1.351 kilovatios hora anuales).

Como parte del desarrollo normativo del nuevo mecanismo de financiación del bono social, el Ministerio de Energía prevé un nuevo sistema de reparto de la ayuda en función de la renta. Energía considera que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta», lo que consideran que justifica vincular la ayuda al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con esta definición, «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo«, así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

Energía asegura que no dedicará el superávit tarifario a la indemnización a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asegura que la disposición adicional incluida en el proyecto de Presupuestos para 2017, en la que se recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar indemnizaciones por fallos judiciales en ejecución de sentencias derivadas de la normativa del sector eléctrico, no tiene por objetivo cubrir los cerca de 500 millones de euros de compensación a las eléctricas por haber sufragado el bono social en los últimos años.

«Es una previsión genérica y no tiene en cuenta que sea para una sentencia u otra», afirmó Navia en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Energía para explicar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, añadiendo que, en el caso del bono social, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo que da la razón a las compañías, el Gobierno «va a pelear donde corresponde, en los tribunales».

Así, el secretario de Estado subrayó que la finalidad de esta medida es corregir el hecho, «que se da con relativa frecuencia», de sentencias derivadas de distintos periodos regulatorios que representan costes transcurridos unos años para los Presupuestos. En este sentido, subrayó que si las indemnizaciones por sentencias atrasadas se pagaran siempre con cargo a los Presupuestos, «se generaría un incentivo perverso» a hacer «regulaciones agresivas», que, de ser rechazadas, luego la pagarían otros Presupuestos dentro de varios años. Eso es contrario a un principio fundamental, que el sistema eléctrico tiene que ser sostenible por sí mismo», añadió al respecto.

Ambición en fomentar eficiencia energética

Además, Navia destacó también la convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley, con una cuantía de hasta 60 millones de euros. «Su finalidad es permitir acelerar el despliegue de renovables por vías adicionales a la subasta que ya está en tramitación», indicó. En materia de eficiencia energética, Navia afirmó que el Gobierno es «claramente ambicioso», como lo demuestran los esfuerzos desde el IDAE, aunque advirtió que se tiene que procurar que ese nivel de ambición «vaya acompasado con los otros agentes implicados».

Por lo que respecta a la reducción de la deuda del sistema eléctrico, que es a lo que, según la Ley del Sistema Eléctrico de 2013, era a lo que debía destinarse los superávits que el sistema español alcanzó desde entonces, ha señalado que desde que se introdujo la reforma el déficit se ha ido reduciendo cada año en 2.000 millones de euros, corrigiendo los «costes acumulados en el pasado». Navia considera que «sin esa losa» podrían ser más ambiciosos.

Respecto al carbón, apeló al resto de grupos políticos a pronunciarse respecto a si apoyan o no la presencia de la generación de las térmicas en el mix energético español. «Pensamos que hay un espacio necesario para que sigan estando, como se vio en el episodio de enero «, reconoció. Así, afirmó que la primera decisión que se debe tomar es ponerse de acuerdo en si se quiere seguir teniendo una parte de térmica en el mix eléctrico. «Es lo lógico y lo razonable», añadió.

Energía afirma que una auditoría de las centrales nucleares «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad que cuestiona Iberdrola

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.

Así se pronunció Navia sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su voluntad de no reabrir Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear. En este sentido, Navia aseguró que «responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido». «Es una cosa que hay que echar cuentas», añadió al respecto. Así, consideró que hay que cumplir el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). «Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto», indicó.

Navia considera que el cierre definitivo de Garoña «no supondría un cambio respecto a la situación actual», ya que está parada desde hace años. «Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso sobre cuál es la mejor fórmula. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear», añadió al respecto. Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.

En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que próximamente se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, al Consejo de Estado y, «en paralelo, a Europa». Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene abierto más tiempo el plazo de aportaciones de las distintas partes.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

Energía impedirá a las comercializadoras eléctricas sacar a un usuario del bono social hacia el mercado libre sin advertírselo expresamente

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Europa Press.– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prohibirá a las comercializadoras de electricidad suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma implicará la pérdida de la ayuda. Esta novedad forma parte de las medidas recogidas en el borrador de reglamento de desarrollo del bono social de electricidad, que fue remitido por Energía a las distintas comunidades autónomas.

El borrador recoge tres novedades normativas encaminadas al refuerzo de la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables. Entre ellas figura la de que el nuevo comercializador «deberá informar expresamente» al consumidor con bono social de que «la suscripción del nuevo contrato en mercado libre implicará que no resulte aplicable la percepción del bono social». Otra de las novedades es que las comercializadoras deberán incluir en sus reclamaciones a los consumidores con impagos en su factura que estén en el mercado libre la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social.

Junto a esto, Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable. El borrador también obliga a las comercializadoras eléctricas a actualizar al menos una vez a la semana el listado con los consumidores a los que ha remitido la primera o, en su caso, segunda notificación de impago.

Esta lista se remitirá a las comunidades autónomas, que designarán por su parte un centro directivo para recibir esta información e informar a las distintas administraciones del territorio. De esta forma, «las autoridades competentes en materia de servicios sociales dispondrán permanentemente de un listado actualizado de los impagos en su territorio». Las comunidades autónomas podrán usar la información del listado para incluir a los consumidores en sus distintos programas de asistencia social. También estarán obligadas a notificar a las comercializadoras de referencia los nombres de los usuarios que están siendo atendidos por sus servicios sociales.

Al abordar el nuevo principio de asignación del bono social, Energía reconoce que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta«, lo que justifica, según sus consideraciones, vincular la ayuda a un indicador como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En este sentido, reconoce que con la actual definición «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo», así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

La OCU pide más protección para los consumidores vulnerables en la nueva normativa para regular el bono social de electricidad

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confía en que la nueva legislación del bono social eléctrico «mejore la protección» de aquellos consumidores más vulnerables y que también «agilice y simplifique» los trámites para poder acogerse a él. La asociación pide «la colaboración» de las comercializadoras para evitar situaciones de desamparo, «facilitando proactivamente» el ofrecer el bono social a las familias más desfavorecidas y mejorando la comunicación con la Administración para evitar cortes de suministro.

Para OCU, el bono social, según lo conocido, presenta, «graves deficiencias», como la ausencia de una definición de consumidor vulnerable, lo que supone que muchos hogares con serias dificultades no tuvieran acceso a él, o la falta de información para los consumidores sobre el mismo y cómo acogerse a él, «lo que hacía que el bono social fuera inaccesible para los potenciales beneficiarios por desconocimiento». Asimismo, la asociación considera necesario abordar también problemas «más graves» asociados a la pobreza energética y los cortes de suministro.

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla la legislación sobre el bono social. Entre las medidas recogidas en el borrador, figura el hecho de que los impagos deberán reclamarse mediante hasta tres comunicaciones fehacientes antes de iniciar el proceso de corte de suministro. Además, el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago, siendo cuatro meses si está reconocido como consumidor vulnerable severo. Precisamente se trata de una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.