Redacción / Agencias.- Mientras el sindicato UGT propone sustituir el bono social eléctrico por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta, el PSOE considera que su propuesta de que todas las empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico se encarguen de la financiación del bono social dará seguridad jurídica al nuevo mecanismo y reducirá las opciones de que sea recurrido con éxito ante los tribunales, según la portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio.

La propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de Podemos, implica que no solo las comercializadoras de electricidad, ya sea de mercado o reguladas, asuman los cerca de 190 millones anuales de coste del bono social, sino que lo hagan también las empresas con actividades reguladas, entre ellas las que realizan actividades de transporte o distribución. Para Lucio, esta medida sería «más razonable» y «aportaría más seguridad jurídica». «Lo que nos importa es que se resuelva la financiación del bono social y que se tramite como proyecto de ley», lo que permitirá a su grupo parlamentario ofrecer aportaciones, añadió.

Cinco Días y El Confidencial adelantaron que el PSOE y Podemos quieren ampliar la financiación del bono social a todas las empresas con actividades en el sector, lo que haría también partícipes a compañías como Red Eléctrica de España, Acciona o Abengoa, aparte de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, presentó recientemente en el Congreso la propuesta del Gobierno para financiar el bono social mediante las aportaciones de todas las comercializadoras, tanto de mercado como reguladas, pero no otras empresas. Así, el Gobierno prevé aplicar un nuevo mecanismo que sustituya al anterior, anulado por el Tribunal Supremo y por el que las empresas con actividades verticalmente integradas deben financiar la ayuda.

A finales de noviembre, el pleno del Congreso aprobó sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Podemos el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no quiso votar en contra y optó por la abstención. Según el texto, el Congreso reconoce la energía «como un bien público y común» y por este motivo se insta a establecer «garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales».

La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una «tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta», que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), estimados en más de 3.500 millones de euros, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa. Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad y gas, y exige a las compañías publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

UGT propone tarifa social reducida

Por su parte, el sindicato UGT instó al Gobierno a sustituir el bono social eléctrico, el descuento del 25% al que pueden acogerse los consumidores más vulnerables, por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta. UGT considera que el bono social, al que se acogen unos 2,4 millones de hogares en nuestro país, no protege realmente a los que más lo necesitan y ha reclamado al Ejecutivo que asegure el acceso universal a suministros como la luz y el gas “para proteger a los grupos más vulnerables y con renta más bajas”. El sindicato también solicita el establecimiento de un IVA “súper reducido” para todos los bienes y servicios vinculados a la energía.

Según UGT, desde 2011, los recibos de los suministros se incrementaron muy por encima de la inflación, la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%, lo que supone que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder afrontar los recibos. UGT recordó que actualmente España cuenta con 666.600 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos y existen 1.438.300 familias con todos sus miembros activos en paro.

El sindicato ha denunciado que la cobertura de prestaciones para paliar la pobreza, como las rentas mínimas de inserción, que rondan los 420 euros y cubren a un 5,61% de la población, «no son suficientes» para cubrir las necesidades más básicas. Asimismo, el sindicato ha pedido que se desarrolle un plan estatal de lucha contra la pobreza, se incrementen las ayudas de emergencia social, tanto en la cobertura de las rentas mínimas como en su cuantía, y que se establezca un sistema de garantía de rentas, ya que es «básico» para acabar con la pobreza.

UGT resaltó que las situaciones de necesidad son propias tanto de personas sin ningún tipo de ingresos como también de aquellas con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades más «básicas». En este contexto, ha apuntado que es necesario dar una respuesta a las familias que tienen más dificultades para pagar la energía, tanto por la falta de energía como por las tarifas «abusivas» del sector eléctrico. «Las situaciones de pobreza actuales nos indican que las políticas formuladas en nuestro país no suponen ni la prevención ni la solución para la lucha contra la pobreza y la exclusión social», denunció UGT.