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El suministro eléctrico del sector público de la Comunidad Valenciana, a licitación por 133 millones de euros

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EFE.- La Consejería de Hacienda y Modelo Económico ha sacado a licitación el acuerdo marco del suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la administración de la Generalitat, entidades autónomas y entes del sector público por 133,74 millones de euros durante dos años. Esta licitación, según figura en el BOE, se realiza a través del servicio de compras de la Generalitat.

El precio estimado anual del suministro es de 66,7 millones de euros (58 millones más un 15% por posibles modificaciones), inferior al del año pasado, que fue de 71 millones de euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 12 de septiembre. El Acuerdo Marco para la contratación del suministro eléctrico a través de la Central de Compras establece los criterios para la selección de las empresas comercializadoras de electricidad que posteriormente podrán presentar ofertas para el suministro eléctrico de los distintos puntos de suministros de la Generalitat. En total, la Generalitat cuenta con cerca de 1.350 puntos de suministros, con 42 minilicitaciones previstas para su abastecimiento eléctrico.

La novedad de la convocatoria de este año es que se han incluido diversas cláusulas que facilitarán la participación de pymes en la contratación del suministro de energía eléctrica por parte de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes del sector público. En la anterior convocatoria solo las grandes compañías tuvieron acceso, según explicaron fuentes de la Consejería de Hacienda. Así, se ha contemplado una rebaja de los requisitos de solvencia exigidos, ya que las que quieran presentar ofertas sólo deberán acreditar el disponer de un volumen anual de negocio comercializando electricidad de, al menos 40 GWh, y los criterios medioambientales también tendrán más peso en el actual acuerdo marco.

Además, será posible optar a minilicitaciones, ya que una vez determinadas las empresas que van a participar (es decir, aquellas que se han presentado y que cumplen las condiciones) cada organismo del Gobierno autonómico realizará minilicitaciones de sus puntos de suministro, de forma que las empresas podrán optar a pequeños lotes. El objetivo que persigue el Ejecutivo al realizar esta licitación centralizada es conseguir un mejor precio de mercado en la contratación de energía eléctrica, fomentar la participación y competencia entre los comercializadores de energía (grandes empresas, pymes y cooperativas) sin excluir a ninguno, y fomentar el uso de renovables.

El gas licuado por canalización sube un 2,1% a partir de este martes en su parte variable

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El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá a partir de este martes un 2,1%, según una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situará desde este martes en 63,4227 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 62,1130 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subirá un 2,75% a partir de este martes, hasta los 48,8318 céntimos por kilogramo. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete (transporte) y la cotización entre el euro y el dólar. También se han tenido en cuenta los costes de comercialización establecidos en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas dictada el pasado mes de julio.

Viesgo emite 400 millones en bonos a 10 años y recurre las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética en 2016

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EFE / Europa Press.- La eléctrica Viesgo, antigua E.ON España, ha cerrado una emisión de bonos a 10 años con la que ha captado 400 millones de euros, con un cupón fijo del 2,875%. La compañía detalló que el 80% de los inversores han sido fondos de países de la Unión Europea, principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania.

Se trata de la segunda emisión de bonos de la empresa, tras la operación cerrada en noviembre de 2015, en la que captó 500 millones de euros. El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, señaló que “esta operación nos permite mejorar nuestra estructura de deuda, alargando su plazo medio de vencimiento, estabilizando nuestros costes financieros con un tipo de interés fijo muy competitivo y dando continuidad a la estrategia de diversificación de nuestras fuentes de financiación».

Recurre Fondo de Eficiencia Energética

Viesgo también ha recurrido ante el Tribunal Supremo, como ya han hecho el Grupo Villar Mir, BP, Repsol o Cepsa, el esquema de reparto de las aportaciones económicas durante 2016 por parte de las distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética. En concreto, el Supremo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio en el que se recoge la admisión a trámite del recurso presentado por la empresa contra la orden ministerial con los importes correspondientes a cada empresa.

Todos estos recursos se dirigen contra la orden ministerial 359/2016 y se suman a los presentados por un amplio número de empresas contra las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el año 2015. La orden fija una aportación económica obligatoria al fondo en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol, incluida la filial de Butano, son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones). Aparte de los 218 millones de aportación para 2016, la resolución de Industria fija para el 2016 un objetivo de ahorro agregado de 262.000 toneladas o equivalente de petróleo, o de 3.046,51 gigavatios hora (GWh).

La asignación de obligaciones de 2015 fue denunciada por Gas Natural Fenosa, GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. La medida también fue denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales ya han decidido por separado denunciar la orden ministerial ante la misma instancia. Otras empresas del sector que presentaron denuncias son las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, Galp, Saras, Shell y BP.

El precio del gas licuado por canalización sube un 0,6% en su parte variable

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Europa Press / Servimedia.– El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subió un 0,57%, según una resolución del Ministerio de Industria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con lo que suma así dos meses consecutivos al alza. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situó en 62,113 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 61,7582 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subió un 0,75%, hasta los 47,5221 céntimos por kilogramo frente a los 47,1673 céntimos del mes anterior. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar. También se han tenido en cuenta los costes de comercialización establecidos en una resolución de Industria dictada el pasado mes de julio.

Los precios establecidos no incluyen el Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido en la península y Baleares, ni el Impuesto Especial de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. Tampoco contemplan el impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos en Ceuta y Melilla.

BP España es la primera empresa en recurrir las aportaciones obligatorias al Fondo de Eficiencia Energética de 2016

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Europa Press / EFE.- La sala tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de BP España en contra del esquema de reparto de aportaciones económicas durante 2016 por parte de las distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética. Esta admisión a trámite,publicada en el BOE, es la primera que realiza el Supremo en relación con el reparto de obligaciones en 2016 desde que el pasado 21 de marzo se publicase la orden ministerial con los importes correspondientes a cada empresa.

El recurso de BP, que ya denunció como hizo un amplio número de empresas las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el 2015, se dirige contra la orden ministerial 259/2016, en la que se fija una contribución de esta empresa al fondo por cerca de 19 millones. La orden fija una aportación económica obligatoria al fondo en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida. Según el BOE, se abre un plazo de 9 días para que pueda personarse como demandada cualquier persona con interés legítimo.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol, incluida la filial de Butano, son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones). Aparte de los 218 millones de aportación para 2016, la resolución de Industria fija para el 2016 un objetivo de ahorro agregado de 262.000 toneladas o equivalente de petróleo, o de 3.046,51 gigavatios hora (GWh).

Contra la orden de 2015

Aparte de BP, la asignación de obligaciones de 2015 fue denunciada por Gas Natural Fenosa, GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. La medida también fue denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales ya han decidido por separado denunciar la orden ministerial ante la misma instancia. Otras empresas del sector que presentaron denuncias son las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, Galp, Saras, Shell y la propia BP.

El Tribunal Supremo también ha admitido a trámite recursos de empresas que van desde los productores de electricidad Acciona, HC (filial de EDP España) y E.ON España hasta los instaladores eléctricos de Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie). La norma está recurrida además por los pequeños comercializadores, representados por la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, así como por la comercializadora Nexus y por las pequeñas distribuidoras de electricidad integradas en Cide HC Energía, que también ha recurrido la orden de peajes de acceso de energía eléctrica para 2016.

Alcanzia Energía seguirá operando como comercializadora tras archivar Industria el procedimiento de inhabilitación

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Europa Press.- Alcanzia Energía seguirá operando como comercializadora eléctrica tras la decisión del Ministerio de Industria de cerrar y archivar el procedimiento de su posible inhabilitación, según el BOE. La compañía valora el archivo «como una muestra más de la amplia solvencia económica de la empresa, que le ha permitido afrontar este procedimiento con las máximas garantías de éxito», pero también como un gran paso para la mejora de la competencia en el sector eléctrico. Alcanzia Energía cuenta con más de 10.000 clientes repartidos en todo el territorio nacional.

El Supremo admite un recurso de los colegios de peritos e ingenieros contra el decreto de eficiencia energética

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Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales contra el decreto que traspone la directiva europea sobre eficiencia energética. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recurso fue interpuesto en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo y admitido a trámite el 10 de marzo.

El pasado febrero, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto 56/2016, por el que se traspone la directiva europea relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas. La normativa establece la obligación de realizar auditorías energéticas para las grandes empresas de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio para mejorar su consumo energético. Este decreto busca impulsar la eficiencia energética en ámbitos, además de las auditorías energéticas, como el de la acreditación de auditores y proveedores de servicios energéticos o la promoción de la eficiencia del suministro energético.

Además, el real decreto establece los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos, que deberán acreditar su cualificación en materia energética mediante titulación universitaria o de formación profesional, o bien acreditando su competencia profesional teórica y práctica. Los proveedores de servicios energéticos deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil. En la sede electrónica del IDAE existirá un listado de proveedores de servicios energéticos habilitados.

Endesa, Shell y Disa recurren la contribución obligatoria al fondo de eficiencia energética

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EFE.– Endesa, a través de Endesa Energía XXI y Endesa Energía, Shell España y Disa, a través de Disa Red Servicios Petrolíferos, han recurrido la normativa sobre contribuciones obligatorias al fondo nacional de eficiencia energética. Según figura en el BOE, los recursos se dirigen contra distintas cuestiones relacionadas con este fondo, que se nutre de aportaciones de empresas. Por otra parte, la Asociación de Empresas Eléctricas (Aseme) recurrió ante la Audiencia Nacional la orden ministerial sobre el reparto de las cantidades a financiar del bono social de 2015.

El Supremo admite un recurso de Cataluña en contra del cargo de Castor a la factura del gas

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EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del gas para 2015, al oponerse a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura del gas. Según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Supremo acordó la admisión a trámite el pasado 23 de diciembre, un año después de la aprobación de la orden ministerial.

La Generalitat aseveró que el recurso cuestiona que se considere como «costes del sistema» los gastos de mantenimiento de la infraestructura del Castor y que, por tanto, se autorice la repercusión de éstos en la tarifa que pagan los usuarios. La administración catalana considera que el coste de mantenimiento de la instalación, en su actual estado de hibernación, no puede cargarse a usuarios y consumidores dado que, entre otras razones, se trata de una infraestructura que nunca ha entrado en servicio, según el departamento de Empresa y Empleo. La cuota de mantenimiento de la instalación se eleva a unos 17 millones de euros al año.

La orden de peajes de gas establece los pagos que tienen que efectuar consumidores y productores para sufragar los costes regulados del sistema gasista, como la distribución o el transporte, así como el destino de esos fondos. Desde 2015, entre los costes regulados también figura el mantenimiento del almacenamiento de gas Castor, ubicado frente a las costas de Castellón e hibernado (cerrado temporalmente) con el objetivo de garantizar la seguridad después de registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

La Generalitat de Cataluña se ha pronunciado en diferentes ocasiones contra del pago de la indemnización prevista para los promotores del proyecto Castor, que asciende a unos 1.350 millones de euros y que se cargará en la factura del gas durante 30 años. Así, la administración catalana presentó en el primer trimestre de este año el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y ésta decidió elevarlo al Tribunal Supremo.

Cantabria autoriza a Naturgas la instalación de una planta satélite de gas natural licuado en Corvera de Toranzo

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EFE.- La Dirección General de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria concedió la autorización administrativa para la instalación de una planta satélite de gas natural licuado en el término municipal de Corvera de Toranzo. En concreto, según publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la autorización, concedida a Naturgas Energía Distribución, incluye también la construcción de las instalaciones, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de su utilidad pública.

Esta empresa había solicitado la autorización administrativa el 14 de septiembre y había sido sometida a información pública mediante anuncio en el BOC del 5 de noviembre y en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de octubre. Durante el periodo de exposición pública no se formularon alegaciones, ni por parte del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo ni de los particulares afectados, propietarios de los terrenos en los que va a ir ubicada la instalación.

La planta se situará en el norte de San Vicente de Toranzo. Contará con un depósito de almacenamiento, una instalación de regasificación, un recalentador eléctrico, una estación de regulación y medida, un equipo de odorización y dispositivos de seguridad, entre otras instalaciones. El presupuesto de las instalaciones objeto de esta autorización asciende a la cantidad de 166.473,48 euros y el plazo máximo para la construcción y puesta en servicio de la planta será de 6 meses, desde la notificación de la resolución que la autoriza.