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Energía lanza la aplicación telemática para que las compañías eléctricas comprueben que el solicitante del bono social cumple los requisitos

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Europa Press.- El Ministerio de Energía ha lanzado la aplicación telemática que permite a las comercializadoras de referencia comprobar que el solicitante del bono social eléctrico cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que pone en marcha esta plataforma, que permitirá así agilizar los trámites para los solicitantes del bono social.

No obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a su comercializadora de referencia de la declaración o declaraciones de los miembros de la unidad familiar, relativas al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. Además, la aplicación telemática será de aplicación en todo el territorio, salvo en el País Vasco y Navarra. Con la puesta en marcha de esta aplicación informática el Gobierno permitirá certificar que un cliente tiene derecho al bono social eléctrico sin que la comercializadora acceda a sus datos de renta.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social, que se financiarán entre las empresas comercializadoras y las administraciones públicas al 50%. Además, para este tipo de consumidores las comercializadoras de electricidad no podrán proceder al corte de suministro en caso de impago.

Asimismo, el descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético. Los consumidores que actualmente ya disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovación, disfrutando así del descuento en su factura durante todo el período invernal.

La nueva subasta de interrumpibilidad se celebrará entre el 18 y el 22 de diciembre

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Europa Press.- El Ministerio de Energía y Turismo y Agenda Digital convocó para la semana comprendida entre el 18 y el 22 de diciembre la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad que ofrecen las industrias consideradas grandes consumidoras de electricidad. En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Secretaría de Estado de Energía fija estas fechas para la celebración del procedimiento y explica que los bloques de potencia interrumpible se asignarán para los 5 primeros meses de 2018.

En estas pujas, los grandes consumidores lanzarán ofertas por entre 6 y 10 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 540 y 900 MW, y por entre 340 y 412 bloques de 5 MW, que suman entre 1.700 y 2.060 MW, según consta en la resolución ministerial. Según el texto, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 150.000 euros, frente a los 270.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW.

En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta procedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros. Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente. El escalón de bajada de precio será de 1.000 euros por MW. En el caso de que se realicen subastas de desempate, el escalón de bajada de precio será una décima parte del establecido en el apartado precedente.

En esta ocasión, el Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abría la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante la temporada eléctrica 2018, según constaba en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la interrumpibilidad

Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir entre las industrias el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. La primera subasta generó críticas de varias empresas, especialmente Alcoa, por no obtener un precio competitivo para la electricidad. La última subasta de interrumpibilidad se saldó con un coste para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

El gas licuado por canalización sube un 5,4% en su parte variable

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Europa Press / Servimedia.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha subido un 5,4%, según una resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que encadena tres meses al alza tras subir un 6,7% en septiembre y un 9,9% en agosto. Concretamente, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 81,0564 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 76,8931 céntimos del mes anterior.

Sube un 6,7% a granel

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subió un 6,7%, desde los 62,3143 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 66,4776 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la media mensual de la cotización entre el euro y el dólar.

Los precios establecidos no incluyen el Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido en la península e Islas Baleares, ni el Impuesto Especial de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. Tampoco contemplan el impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Unión Fenosa Gas se adjudica el suministro de gas a centros penitenciarios por 4,27 millones

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Europa Press.- Unión Fenosa Gas Comercializadora se ha adjudicado el suministro de gas natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por 4,275 millones de euros. El contrato ha sido tramitado mediante un procedimiento ordinario y abierto, y la formalización del mismo se produjo a finales de julio, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el importe neto del contrato adjudicado por la compañía asciende a 3,533 millones de euros, siendo su importe total 4,275 millones de euros.

El gas licuado por canalización baja un 5,5% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización bajó un 5,5%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización se situó en 65,5570 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 69,4146 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible ha subido hasta 1,57 euros al mes, en contraste con los 1,56 euros previos, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel bajó un 7,1%, desde los 54,9068 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 50,9782 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima o el flete.

El butano sube otro 5% para absorber el déficit pendiente

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Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano experimentó una subida del 5% con la que habrá quedado prácticamente absorbido el déficit que acarreaba esta actividad en los últimos bimestres, según una resolución de la Dirección General de Política Energética publicada en el BOE. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona más los impuestos se situará en 14,88 euros y acumulará una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja.

En esta ocasión, se ha producido un descenso en el precio de la materia prima que, sin embargo, no ha podido redundar en un abaratamiento de la bombona, sobre la que pesaba un déficit procedente de bimestres anteriores, en los que precisamente no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. El Economista explica que con esta subida Energía evita una batalla legal con el sector tras haber estado vendiendo a pérdidas durante los últimos meses. En esta ocasión, no obstante, se reduce ligeramente la retribución que reciben principalmente los distribuidores. La subida es la máxima permitida por el actual sistema de revisión de precios. Con ella, el butano acumula 6 revisiones bimestrales al alza.

Una subida acumulada del 32%

Por entonces, la bombona tocó suelo tras una secuencia de caídas que la abarataron un 35% desde los niveles de 2015. De hecho, el butano se encuentra aún un 19% por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015, a pesar de las subidas. Eso sí, la subida de ahora se produce tras las del 5% en mayo, marzo y enero de este año, del 4,7% en noviembre y del 4% en septiembre del 2016. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y marzo de 2016. En enero de 2016, el precio máximo aumentó un 3%.

El nuevo incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el quinto que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos.

Piden otros instrumentos de cálculo

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno que establezca otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas de la bombona de butano a fin de garantizar la protección de los intereses económicos de todos los consumidores y evitar «precios excesivos». Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que el precio del butano, que se actualiza bimestralmente por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, acumula ya seis subidas consecutivas desde julio de 2016.

Energía da más tiempo a las centrales nucleares de Trillo, Cofrentes y Ascó para pedir la renovación de su licencia

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las órdenes ministeriales por las que se concede más tiempo a las centrales nucleares de Trillo I, Cofrentes y Asco I y II para la solicitud de la renovación de su licencia de operación.

Conforme a la orden ministerial, cuyo borrador fue informado favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), las centrales ya no tendrán que solicitar la renovación tres años antes del vencimiento de las mismas, sino un año antes o, previsiblemente, dos meses después de la aprobación del Plan Integral de Energía y Clima que prepara el Gobierno. Es decir, la nueva norma establece que la solicitud de renovación podrá presentarse cuando el Gobierno haya aprobado su planificación energética, contemplada en el Plan Integral de Energía y Clima, en el que establecerá los objetivos de cara a cumplir los compromisos del Acuerdo del Clima de París.

El Gobierno justifica la modificación en la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las plantas nucleares puedan plantearse «teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación», una vez ponderado el papel que deberá jugar la energía nuclear en el mix. Para el Gobierno, esto «favorecerá su coherencia con la política energética”, señala la orden. Sin embargo, en el caso de que esta planificación no estuviera aprobada, dos meses antes de la fecha en que el titular tiene que presentar la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) de la central, se podrá presentar la solicitud de la renovación «con ocasión de tal presentación».

En el caso de Cofrentes (Valencia), propiedad 100% de Iberdrola, la autorización de 10 años expira el 20 de marzo de 2021, mientras que para Ascó I (Endesa 100%) y II (Endesa 85% e Iberdrola (15%), finaliza el 2 de octubre de 2021. Para Trillo I (Guadalajara), participada por Iberdrola (48%), Gas Natural Fenosa (34,5%), EDP (15,5%) y Nuclenor (2%), concluye el 17 de noviembre de 2024. Con esta modificación, las centrales nucleares contarán con más plazo para conocer la planificación energética y optar así o no a pedir una nueva renovación de su licencia.

La propuesta del Gobierno sí que mantiene el plazo de 3 años para que los titulares de las centrales nucleares presenten un conjunto de documentación asociada a la eventual operación a largo plazo. Se trata del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; las revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado y la Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10., que incorpora la experiencia internacional en materia de RPS en los países de nuestro entorno así como los documentos generados en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El pasado junio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya concedió más tiempo para la solicitud de la renovación de su licencia de operación a las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós II (Tarragona), que eran las que antes expiraban. En el caso de Almaraz, participada en un 53% por Iberdrola, en un 36% por Endesa y en un 11% por Gas Natural Fenosa, tiene permiso de operación hasta el 8 de junio de 2020, mientras que en la de Vandellós II, en la que Endesa tiene un 72% e Iberdrola un 28% del capital, la caducidad está fijada para el 26 de julio de 2020.

El gas licuado por canalización sube un 1,1% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha subido un 1,1%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. Concretamente, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se ha situado en 69,4146 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 68,6449 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,56 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha subido un 1,4%, desde los 54,1371 céntimos por kilogramo previos hasta 54,9068 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

Energía publica la orden que da más tiempo a Almaraz y Vandellós para pedir la renovación de su licencia

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha publicado en el BOE la orden ministerial en la que se concede más tiempo a las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós II (Tarragona) para la solicitud de la renovación de su licencia de operación.

Conforme a la orden ministerial, cuyo borrador fue informado favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), las centrales ya no tendrán que solicitar la renovación este mes de junio, sino un año antes del vencimiento de las mismas o, previsiblemente, dos meses después de la aprobación del Plan Integral de Energía y Clima que prepara el Gobierno. La central de Almaraz, participada en un 53% por Iberdrola, en un 36% por Endesa y en un 11% por Gas Natural Fenosa, tiene permiso de operación hasta el 8 de junio de 2020, mientras que en la de Vandellós II, en la que Endesa tiene un 72% e Iberdrola un 28% del capital, la caducidad está fijada para julio de 2020.

Conforme a la normativa anterior, las centrales debían solicitar la autorización de renovación tres años antes de la fecha de vencimiento, esto es, el pasado 8 de junio para el caso de Almaraz y el 26 de julio para Vandellós. La nueva norma publicada en el BOE establece que la solicitud de renovación podrá presentarse cuando el Gobierno haya aprobado su planificación energética contemplada en el Plan Integral de Energía y Clima, en el que establecerán los objetivos de cara a cumplir los compromisos del Acuerdo del Clima de París.

El Gobierno justifica la modificación en la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las plantas nucleares con autorización de explotación vigente puedan plantearse su futuro «teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación» una vez ponderado el papel que deberá jugar la energía nuclear en el mix.  «Favorecerá su coherencia con la política energética y redundará en una mayor previsibilidad de las mismas», señala la orden ministerial que establece que las centrales podrán presentar su solicitud de renovación una vez se disponga de la citada planificación.

No tomarán decisión hasta 2019

Sin embargo, en el caso de que esta planificación no estuviera aprobada dos meses antes de la fecha en que el titular tiene que presentar la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) de la central, el titular podrá presentar la solicitud de una nueva autorización «con ocasión de tal presentación». Esa fecha se ha fijado en el 31 de marzo de 2019, cuando los titulares de Vandellós II y Almaraz I y II deberán presentar al Ministerio para que lo remita al organismo regulador, entre otros documentos, la RPS mencionada, una revisión de estudio probabilista de seguridad, un análisis del envejecimiento, un análisis de la experiencia acumulada de explotación durante el periodo de vigencia de la autorización que se quiere renovar.

Con esta modificación, las centrales nucleares contarán con dos años más de plazo para conocer la planificación energética nacional y optar así o no a pedir una nueva renovación de su licencia, algo que con esta modificación, podrán esperar hasta mediados de año de 2019. La propuesta del Gobierno fue informada favorablemente por el pleno del CSN, aunque con el voto en contra de Cristina Narbona. Sin embargo, la propuesta mantiene el plazo de 3 años de plazo para que los titulares de Almaraz y de Vandellós presenten un conjunto de documentación asociada a la eventual operación a largo plazo.

Así, a la central cacereña le expiraba este plazo el jueves 8 de junio y, según confirmó el responsable de Relaciones Institucionales de la central nuclear de Almaraz, Aniceto González, la documentación requerida ya ha sido remitida al Ministerio para su traslado al regulador. González ha señalado que el CSN deberá ahora iniciar el análisis y evaluación para posteriormente emitir un informe sobre la continuidad o no del funcionamiento de la planta. Ahora la planta dispondrá de dos años para solicitar oficialmente su renovación. En el caso de Vandellós, aún cuenta con algo más de un mes, hasta el 26 de julio próximo, para entregar los mismos documentos que Almaraz.

Acciona se suma a los recursos en el Tribunal Supremo en contra del Fondo de Eficiencia Energética

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de Acciona Green Energy Developments en contra de la orden ministerial que desglosa por empresas energéticas la cuantía de la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para 2017. Este recurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue admitido a trámite el pasado 5 de junio.

La aportación al Fondo de Eficiencia Energética para 2017 ha sido también recurrida por Gas Natural Fenosa, Repsol, Cepsa, Galp Energía, Disa, Shell, Tamoil, Audax Energía, Villar Mir Energía o Fortia Energía, entre otros. Las empresas energéticas aportarán más de 205 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderá a Repsol, Endesa y Gas Natural Fenosa, las tres compañías que mayor volumen de energía venden en España.

En concreto, Repsol, a través de todas sus filiales, aportará más de 42 millones de euros al fondo, mientras que Endesa contribuirá con más de 29 millones de euros y Gas Natural Fenosa con casi 27 millones de euros, según la orden del Ministerio de Energía en la que se fijan las obligaciones de aportación al fondo. Además de estas compañías, destaca la aportación al fondo de Cepsa, con 23,6 millones de euros, e Iberdrola, con 15 millones de euros.

La aportación obligatoria al fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología, en proporción al volumen de ventas de energía. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales durante el año 2015.