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La Junta de Extremadura subvencionará el acceso a calderas de biomasa a las pymes

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EFE.- El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, anunció la próxima apertura de una línea de subvenciones directas para facilitar que las pymes extremeñas puedan sustituir las calderas convencionales por otras de biomasa. El objetivo de esta nueva línea de ayudas, de la que también se podrán beneficiar las calderas de tipo doméstico, es «intentar generalizar» el uso de la biomasa para uso térmico por parte de las pequeñas y medianas empresas de la región.

«El plazo normal para este tipo de convocatorias es de entre 3 y 4 meses, pero vamos a intentar acortarlo al máximo con el fin de que pueda estar lista en julio o, en el peor de los casos, en septiembre», destacó Navarro, que concretó que el compromiso de la Junta para 2016 en el ámbito de la biomasa es trabajar en dos líneas: facilitar la oferta de biomasa de origen forestal y generalizar su uso tanto a nivel doméstico como industrial. «Las ventajas del uso de la biomasa son enormes, de ahí la importancia de que este sector rompa definitivamente y empiece a ser conocido por todos», subrayó Navarro.

Castilla-La Mancha plantea usar la biomasa para el suministro energético de los edificios públicos

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EFE.- La Junta de Castilla-La Mancha plantea utilizar la biomasa como forma de suministro energético en algunos de sus edificios y extender el proyecto que hay en el hospital Virgen de la Luz, de Cuenca, aprovechando los restos de las campañas de limpieza de prevención de incendios.

Así lo indicó el delegado del Gobierno regional en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien, según indicó, la Junta mantuvo una reunión con el Consejo de Administración de Energías Renovables Tarazona (ERTA), empresa que se ha convertido en «la segunda a nivel nacional en implantación de biomasa agroforestal». El Gobierno regional «estudiará la posibilidad de utilizar en el futuro la biomasa en edificios públicos, caso de los hospitales», que se sume al proyecto de aplicación de este combustible en el hospital conquense Virgen de la Luz, y «no se descarta que pudiese utilizarse en otros complejos hospitalarios o edificios públicos«.

La Junta quiere también «aprovechar tratamientos selvícolas de las campañas de prevención de incendios forestales para su posterior transformación en biocombustibles», añadieron. La novedosa forma de suministro de energía es la que produce Energías Renovables Tarazona (ERTA), que cuenta con 15.000 toneladas en stock, de las 33.000 producidas al año. La Junta ha destacado la trayectoria de esta empresa nacida en 2011, que orientó su principal línea de negocio a la fabricación, producción y distribución de biocombustibles sólidos, con un volumen de negocio de unos seis millones de euros anuales.

Reciben la carta de despido 119 de los 143 trabajadores de Elcogas

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EFE.- 119 trabajadores de los 143 que integran la plantilla de la central termoeléctrica Elcogas de Puertollano (Ciudad Real) han recibido la carta de despido. Así lo indicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, para el que fue «una jornada muy larga, muy dura y muy triste». Los trabajadores abandonarán el próximo martes 15 la central, en la que llevan varias semanas encerrados, una vez sea ejecutado el despido, según el ERE de extinción que ha presentado la empresa.

Hasta entonces, continuarán presionando y reivindicando la recolocación en las empresas eléctricas propietarias de la central, Endesa, EDF y EDP, a las que demandarán «que actúen de la misma manera que lo ha hecho Iberdrola, recolocando al 16% de los afectados por el ERE», indicó Alcaide. A partir del día 15, permanecerán en la central 22 trabajadores hasta el último trimestre de este año. Se encargarán de la retirada de residuos químicos y lubricantes de los equipos para dejar la planta en condiciones de desmantelamiento.

Después, media docena de operarios se encargará durante un año del desmantelamiento de la central y la retirada de los equipos. Sin embargo, Alcaide confía en que antes de que comience el desmantelamiento de la central, en próximos meses, haya un nuevo gobierno en España «que apueste por esta tecnología limpia» y en que el proceso sea reversible y se recupere la actividad de Elcogas con el plan de viabilidad que presentó la empresa y rechazó el Ministerio de Industria.

Alcaide criticó al ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, que «lo único que le interesaba era retrasar 3 meses el cierre de la central para que no le afectara en las elecciones, para al final desentenderse de esta empresa«, aseguró el presidente del comité de empresa. A su juicio, el Ministerio «sólo tenía que haber dado soluciones con una regulación adecuada, para que Elcogas pudiera hacer las inversiones necesarias para trabajar con biomasa, coque de petróleo y carbón de baja calidad, para producir electricidad de una manera limpia».

APPA Biomasa reclama 645 MW nuevos de biomasa para cumplir los objetivos de renovables de 2020

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Europa Press / Servimedia.- APPA Biomasa considera que no se cumplirán los objetivos de biomasa previstos en 2020 en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 si no se adjudican 645 megavatios (MW) nuevos de biomasa. En este sentido, la sección de Biomasa de APPA indica que los 200 MW adjudicados en la subasta de enero son «claramente insuficientes» para llegar a los 1.587 MW, que contempla el PANER puesto que actualmente hay 742 MW instalados a los que se sumarían los 200 MW subastados.

De los 1.587 MW, que contempla el Paner, 1.187 MW corresponden a biomasa sólida y 400 MW a biogás. Por otro lado, la Planificación Energética 2015-2020 del Ministerio de Industria prevé la instalación de 8.537 MW renovables nuevos, de los que 275 MW, según el documento, corresponden a biomasa. Para cumplir los objetivos del PANER, la Planificación, en lugar de los 275 MW previstos, debería haber contemplado la instalación de los 645 MW mencionados, de los que 470 MW serían de biomasa sólida y 175 MW de biogás, señala APPA.

En el caso de que las nuevas adjudicaciones se hagan mediante subastas, APPA Biomasa pide al nuevo Gobierno que se corrijan los requisitos de adjudicación de la subasta de enero para evitar resultados «poco realistas» como los que en ella se dieron. «El actual Gobierno desoyó las recomendaciones de los productores, que pedían entre otras cosas que se limitara la participación a empresas de un mismo grupo para impedir que agentes externos al sector de la biomasa pudiesen distorsionar el resultado y se terminaran adjudicando bloques de potencia que, finalmente, pudieran no ser ejecutados», señala.

La asociación considera que el mecanismo de adjudicación finalmente adoptado era «permeable a la especulación y muy excluyente, especialmente para las pequeñas cogeneraciones con biomasa en industrias y las plantas pequeñas y medianas de biomasa, que no podían competir en la subasta debido a las grandes diferencias en economía de escala». Ante esta circunstancia, APPA Biomasa pide un «apoyo sostenido» al sector por los beneficios energéticos, ambientales y sociales que la generación con esta tecnología renovable conlleva. Más concretamente, APPA demanda que las instalaciones de biomasa no tengan límite máximo de producción de 6.500 horas, como no lo tienen las instalaciones de cogeneración, y que se elimine el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica.

La CNMC estima un ahorro de 1.267 millones al sistema por la falta de incentivos en la subasta de renovables

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima un ahorro de 1.267 millones de euros en los próximos 25 años para el sistema eléctrico como resultado de que la subasta de renovables celebrada el pasado mes de enero se cerró sin incentivos.

En su informe sobre la subasta, en la que se asignó 500 megavatios (MW) de eólica y 200 MW de biomasa con tanta presión competitiva que los incentivos quedaron reducidos a cero, el superregulador señala que los sobrecostes máximos estimados para el sistema derivados de la percepción del régimen retributivo específico por las instalaciones eólicas con una vida útil de 20 años se estimaron en 600 millones de euros, mientras que para los 200 MW de las instalaciones de biomasa con una vida útil de 25 años eran de 667 millones de euros. No obstante, dado el resultado de la subasta, el sobrecoste para el sistema eléctrico de la subasta fue «nulo por este concepto».

En el caso de las instalaciones de biomasa, se contempla una retribución a la operación (Ro) para ellas de entre 65 y 69 millones de euros al año en el periodo 2017 a 2020, aproximadamente.  El regulador también considera que, en próximas subastas, debería considerarse incrementar el tamaño mínimo de cada bloque a ofertar, al objeto de evitar adjudicaciones por cantidades de potencia extraordinariamente pequeñas.

Asimismo, la CNMC considera que las próximas subastas de renovables el volumen máximo de calificación, que constituye el límite de cantidad máxima por el que cada participante va a ofertar para cada producto en la subasta, debería ser «vinculante». De esta manera, el organismo señala que se constituye un compromiso firme de aceptación de este volumen por cada uno de los productos al valor estándar de la inversión, lo que da más certidumbre sobre la presión competitiva existente antes de la subasta, en línea con lo que sucede en otras subastas energéticas administradas por OMIE.

Asimismo, Competencia propone otras series de cambios para las futuras subastas, como la modificación del criterio de adjudicación de los bloques aceptados por productos en el caso de que la curva agregada de oferta y la demanda del sistema crucen en un segmento horizontal y haya tramos con una cantidad ofertada inferior a la cantidad a repartir en dicho segmento.

El Centro Tecnológico Cartif desarrolla en Laguna de Duero (Valladolid) un proyecto de eficiencia energética basado en renovables y rehabilitación

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EFE.- El barrio de Torrelago, en Laguna de Duero (Valladolid) y una de las primera zonas residenciales dormitorio de Castilla y León, está demostrando en Europa cómo los hogares puede ahorrar energía combinando renovables y técnicas de rehabilitación. El Centro Tecnológico Cartif, con sede en el Parque Tecnológico de Boecillo, coordina el proyecto Cityfied, con un presupuesto global de 48,6 millones, subvencionado parcialmente por la Unión Europea, y en el que también participan dos ciudades más: Lund (Suecia) y Soma (Turquía).

El proyecto, que en Cartif coordina el ingeniero Alí Vasallo, especialista en estructuras y edificios, comenzó a desarrollarse en abril de 2014, aunque la previsión es que esté completamente finalizado en 2019. Se eligió el barrio de Torrelago por representar una tipología de vivienda muy extendida en España en la que se basaron las llamadas ciudades dormitorios y que en Valladolid tiene otros ejemplos, como el Parque Arturo León, muy cercanos al desarrollismo que se propagó en la década de 1970 y principios de 1980.

Ya se ha completado en Torrelago la transformación de 12 de los 31 bloques,unas 1.500 viviendas, algunas de las cuales ya han podido comprobar el funcionamiento del nuevo sistema de calefacción y las ventajas de un aislamiento adecuado de las viviendas. El proyecto de Torrelago, con un presupuesto de 16 millones de euros, consiste en crear una red de calefacción centralizada y alimentada por una única caldera de biomasa, completada con instrumentos precisos para una regulación de la temperatura acorde con las necesidades de cada espacio. Esta caldera estará apoyada por otra de gas natural que entrará en funcionamiento únicamente cuando la demanda alcance su punto más alto y solamente para agua caliente sanitaria.

Por otra parte, también se lleva a cabo el revestimiento de los edificios con un aislamiento exterior mediante una capa de poliestileno expandido de 8 centímetros que, según Vasallo, aunque no supone una gran novedad funciona «bien». Con la combinación de las dos técnicas, la utilización de las energías renovables, como fuente de calor y un aislamiento de la vivienda adecuado, según los cálculos de Susana Gutiérrez, investigadora de Cartif, la reducción de la demanda de energía se puede situar entre el 40% y 50%.

Según Vasallo, una calefacción sostenida con biomasa lanzará menos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que los combustibles fósiles mientras permite alcanzar en invierno un calor confortable. De acuerdo con los estudios previos, solamente en Torrelago se podrán reducir las emisiones de dióxido de carbono en 3.500 toneladas por año, unas 10.300 si se suman lo previsto en Lund y en Soma. Los coordinadores del proyecto en el centro tecnológico de Cartif aseguran que otras ciudades europeas ya han mostrado interés en conocer los primeros resultados, de los que se ofrecerá un avance en un encuentro internacional que se celebrará en marzo en Udine (Italia), pero los definitivos no se conocerán hasta 2019.

Aunque ya se completaron 12 bloques, los inicios contaron con la oposición de un grupo minoritario de vecinos que plantearon demandas colectivas en los juzgados, que después fueron rechazadas por los juzgados de Primera Instancia números 5 y 15 de Valladolid. Lo cierto es que los vecinos tendrán que afrontar económicamente una parte del proyecto, ya que el 50% lo financia la Unión Europea, pero sus aportaciones se pueden cubrir con el ahorro que les suponga la factura energética, según los coordinadores, quienes aseguran que el mayor riesgo lo asumen las empresas socias de la iniciativa, Veolia y 3IA Ingeniería.

El Cabildo de Gran Canaria muestra un rechazo unánime a la planta de biomasa de Ence

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EFE.- El pleno del Cabildo de Gran Canaria rechazó de forma unánime la instalación de la planta de biomasa proyectada por la empresa ENCE en el puerto de la Luz de la capital grancanaria, así como en cualquier otro lugar de las islas, según comunicó la corporación. En la moción se expone que la planta no soluciona el problema de la dependencia energética, ya que la mayor parte del combustible procedería de fuera del archipiélago.

Asimismo, la moción alerta sobre el riesgo de introducción de plagas que supone la importación de biomasa tropical de África y Sudamérica y de los efectos negativos para la salud y la vegetación que quedaron acreditados en el informe de sanidad ambiental del Gobierno canario en relación al proyecto de la planta proyectada. Asimismo, la planta proyectada estaría situada a 850 metros del Paisaje Protegido de La Isleta, afectaría asimismo tanto a la fauna y la flora como a los valores paisajísticos de este espacio.

El texto subraya que la declaración de interés estratégico de esta infraestructura pone de manifiesto la falta de planificación del Gobierno de Canarias y le insta a definir un mix energético realista para las islas. Frente al modelo de producción de energía «centralizado», al que según la moción responde este tipo de plantas, el Cabildo reivindica un modelo «distribuido», en el que puedan tener cabida las pequeñas y medianas empresas canarias del sector renovable, que se ve reflejado en la creación del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.

El pleno del Cabildo consideró que una planta cuya afección a la salud y riesgo para el medio ambiente quedaron acreditados no debería tener cabida en ningún lugar del archipiélago, aunque «respeta» la autonomía del resto de instituciones de Canarias para tomar decisiones a este respecto en el ámbito de sus competencias. Esta unanimidad llega después de que la empresa Ence renunciara a la instalación de la planta en el muelle de la Esfinge y anunciara su intención de buscar otro emplazamiento en Gran Canaria.

EWEA cree que la subasta eólica fue «demasiado pequeña» y APPA habla de «distorsión» por los requisitos de la biomasa

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Redacción / Europa Press.- Mientras APPA-Biomasa denuncia que Industria «desoyó» sus recomendaciones para corregir los requisitos de la subasta para 200 megavatios (MW) de biomasa, lo que a su juicio terminó por «distorsionar el resultado», la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) ha considerado que la subasta eólica en la que se adjudicaron 500 megavatios (MW) fue «demasiado pequeña» para satisfacer la demanda y cree que España «corre el riesgo» de no cumplir los objetivos de 2020 en renovables.

Asimismo, EWEA critica que la subasta no tuvo una fase de precalificación, fundamental para establecer la viabilidad técnica y financiera de los proyectos. «Sin criterios rigurosos de precalificación, no hay garantías de que los promotores sean capaces de desarrollar los proyectos», añade. Así, el consejero delegado de la patronal europea, Giles Dickson, considera que «por desgracia, esta primera subasta envía las señales equivocadas al mercado«, ya que había demasiados proyectos compitiendo por «demasiada poca potencia».

Consecuentemente, Dickson cree que las subastas bien diseñadas deben incluir requisitos de precalificación para asegurar que los adjudicatarios puedan instalar sus proyectos, ya que, sin ello, «el Gobierno convierte la subasta en una lotería». Para la patronal, el Gobierno «está fallando» en proporcionar a los promotores el grado adecuado de apoyo y sin claridad sobre cuándo tendrá lugar la próxima ronda de subastas, «la industria no tiene suficiente visibilidad para tomar decisiones de inversión futuras».

Denuncia requisitos de la subasta

Por su parte, la sección de biomasa integrada en la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), considera que la subasta «era excluyente, permeable a la especulación e incluía condiciones poco realistas, que dificultarán que se materializaran los proyectos y conseguir financiación». Por ello, considera que la presión sobre ciertas empresas las ha empujado a entrar en esta subasta a «cualquier precio y ofertar reducciones del 100% sobre la retribución a la inversión de salida».

Asimismo, pide a Industria «un apoyo sostenido al sector» y que no se límite a subastar potencia «esporádicamente», sino que se establezcan subastas periódicas, que permitan alcanzar el objetivo a 2020 de 1.350 MW. De no ser así, subraya que no se alcanzará el objetivo previsto para biomasa pues la potencia instalada actualmente no llega a los 800 MW y la subasta, en caso de que se materializasen los proyectos, solo añadiría otros 200 MW.

Una subasta extravagante

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La reciente subasta de potencia eólica y biomasa ha tenido un resultado sorprendente. Sorprendente por el hecho que ningún operador eólico actual haya resultado adjudicatario de la potencia resultante. Sorprendente por el descuento del 100% del incentivo ofertado. Y sorprendente porque, de facto, la oferta ganadora del grueso de la potencia eólica va mucho más allá (la renuncia del incentivo se conseguía con un 52% de reducción del incentivo) al reconocer un coste de su inversión (capex) cero, lo que implica, que el beneficio teórico es infinito.

El resultado tiene varias lecturas: la primera, dado que un proyecto sujeto a este modelo retributivo no es financiable por el sistema bancario, conllevaría que el operador adjudicatario procedería a su financiación completa con fondos propios. Esto es, como se dice en el argot de los submarinistas, a pulmón. Tanto es así que, en fuentes sectoriales se especula con dos posibilidades: una, de que la oferta se haya formulado así por un error de cálculo; o dos, con que finalmente no llegase a ejecutarse, lo que supondría que en 2020 los adjudicatarios perdiesen los avales constituidos, a razón de 20.000 euros por MW. Una vez explicadas las consecuencias financieras y corporativas de esta subasta quedan, en segundo lugar, sus derivadas.

De forma inmediata, el hecho de que, eventualmente, no se ejecuten finalmente esos proyectos sería una solución políticamente inocua para los responsables actuales dado que Nadal y Soria habrán pasado seguramente a mejor vida institucional y, entonces, échales un galgo. En paralelo, se detraen consecuencias respecto a la visión y respeto hacia lo empresarial del Ejecutivo. De forma más extensa, una segunda reflexión tiene que ver con la insignificante cantidad de potencia ofertada tras 4 años en blanco y las previsiones de necesitarse 6.400 MW eólicos. En este sentido, la estrategia seguida por el Ejecutivo apunta a que ha sido la de crear una falsa “escasez” para conseguir este resultado a la desesperada cuya demanda ha quintuplicado la oferta realizada.

Lo que se pone en cuestión es que pueda ser replicable este modelo de subasta para los 5.900 MW restantes con este resultado cuando el Ejecutivo, tras reconocer la necesidad de este volumen de nueva potencia eólica, proceda a convocar y organizar la preceptiva subasta. La reclamación del sector renovable ha sido que se proceda a convocar esa macrosubasta ya.

Por otra parte, la comunicación política asociada al resultado de la propia subasta también ha resultado ser especialmente llamativa. Por un lado, se ha marcado el acento, de forma ciertamente ufana, en el hecho de que ninguno de los operadores existentes en el mercado fuese adjudicatario de esta potencia, tratándose de un outsider. Hecho que ha dejado especialmente mal cuerpo y que evidencia los propios resabios podemitas de la comunicación institucional oficial hacia lo empresarial.

Además, Industria ha tratado de aprovechar el resultado extemporáneo para hacer comparativas con los costes de las primas resultantes de la época Zapatero. Para ello, ha utilizado como término de comparación, con enorme descaro estadístico, los costes de la tecnología fotovoltaica de 2009, cuyas realidades comparadas son muy diferentes. Algunas comparaciones son odiosas, pero unas especialmente más que otras. Todo ello como insinuación al proceso de desenlace de los arbitrajes internacionales actualmente en fase de resolución. Para Industria, ha sido una pieza en una “campaña extremadamente pueril” con ese alcance.

Por tanto, esta subasta, anunciada para que se produjera en el período preelectoral y posteriormente aplazada, deja dudas de que sus conclusiones y resultados sean proyectables al futuro. Una lectura inercial y tosca de los mismos puede llevar a equívocos. Al propio Gobierno en funciones.

Soria niega que lo presentado por Elcogas sea un plan de viabilidad al pedir una retribución específica

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseveró que la empresa operadora de Elcogás «no ha presentado ningún tipo de plan de viabilidad» y que lo que el Ministerio no contempla es que pueda tener un régimen retributivo especifico. En este sentido, Soria explicó que lo que se presentó por la empresa es la «reiteración» de que la térmica de Puertollano «pueda tener un régimen retributivo específico como tiene la generación renovable», e indicó que «ese no es el caso».

«Cuando planteen un plan de viabilidad el Gobierno lo estudiará, pero de momento no han planteado absolutamente ninguno», subrayó el ministro. Previamente, el comité de empresa de la planta había señalado que el Ministerio de Industria les trasladó que «no se permite la inclusión de la central en un régimen retributivo propio» en este momento. Según, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, la planta de Puertollano sí se podría incluir en el futuro en un régimen retributivo específico si realizara la hibridación. Elcogas había propuesto producir electricidad con una hibridación de coque de petróleo, carbón y un 30% de orujo de aceituna (biomasa) para poder acceder así al régimen retributivo específico.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, explicó que el Ministerio de Industria estima que la inclusión de la empresa en un marco regulatorio específico es de «difícil aplicación» porque supondría un «cambio de calado» en la legislación del sistema energético para el que se dispondría de «muy poco tiempo». Además, según añade, el Gobierno considera que las ayudas que Elcogas pide para cubrir el periodo de dos años de transición hacia la hibridación con biomasa podrían ser consideradas por la Unión Europea como «ayudas de Estado» y, por tanto, prohibidas por la legislación comunitaria.

«No es un no rotundo; hay obstáculos y para salvarlos hay que sentarse a negociar», incide Crespo, que considera que el Ministerio «ve bien el punto final al que tiene que llegar Elcogas, pero no el cómo y eso es lo que hay que negociar«. Ante esta respuesta, el comité de empresa de Elcogas, que ha señalado que no conoce «al detalle el contenido de la comunicación para saber exactamente qué dice el Ministerio y cuáles son las intenciones de los socios», solicitó una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Asimismo, han solicitado una reunión con el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque «desde que se abrió el conflicto, los trabajadores han dado toda la información a la Junta para que intercedan, aporten y hablen con el Ministerio y con la empresa». Por otro lado, Crespo ha señalado que los trabajadores de Elcogas ya tienen convocada una manifestación el martes 26 de enero en la puerta del Ministerio de Industria. Además, desde el lunes 25 de enero, los trabajadores de Elcogas se encerrarán en la planta de Puertollano, también como medida de protesta por el cierre de la empresa, previsto para el próximo 31 de enero.

Crespo recordó «al Ministerio y a la empresa que fueron los que pusieron el problema sobre la mesa y lo tienen que resolver». «No podemos estar en Europa diciendo que se van a reducir las emisiones de CO2 y en España, que tiene la central más avanzada y donde se quema el carbón de forma más limpia, a la que se quiere además incorporar la biomasa, decir que nos lo vamos a cargar de un plumazo», sentenció. La planta térmica de Elcogas está participada por Endesa e Iberdrola, HC Energia, la italiana ENEL y la francesa EDF. Tiene 320 megavatios (MW) de potencia y da empleo directo a 150 personas.

«Que la Junta aporte dinero»

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez, indicó que la solución para Elcogas pasa porque el Gobierno regional aporte dinero y que el rechazo del plan de viabilidad por parte del Ministerio de Industria se ha basado en cuestiones técnicas. En este sentido, Velázquez ha demandado que en los presupuestos de 2016 se contemplen medidas complementarias «que se materialicen con una cantidad concreta» «Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha», indicó Velázquez, que recordó que el Ejecutivo socialista dijo que no quería aportar ayudas que complementaran las del Gobierno central.

Según el diputado del PP, «si existiera ese compromiso político y no solamente palabrería y se utilizara el presupuesto para lo que se tiene que utilizar, que es para solucionar los problemas de muchos ciudadanos, quizás empezaríamos a hablar de la solución de Elcogas en breves fechas«. Por ello reiteró que la solución «depende del presupuesto de 2016» y de la voluntad política del presidente autonómico manchego, Emiliano García-Page. Asimismo, cuestionó el planteamiento de Podemos de que se regionalice la empresa. Intentar hacer públicas empresas «no soluciona el problema», aseguró Velázquez, que lo ve como «una medida anacrónica, de las políticas viejas que quiere intentar traer Podemos a Castilla-la Mancha».

«Un verdadero plan de viabilidad»

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, aseguró que el Ministerio de Industria lo que demanda es un «verdadero plan de viabilidad» sobre Elcogas porque lo que ha presentado la dirección de la empresa «es simplemente un documento». «El Ministerio dice que no es un plan de viabilidad, que es simplemente un documento, y lo que pide es un verdadero plan técnico de viabilidad para una planta de biomasa hibridada», explicó.

De tal forma, añadió, que «el Ministerio de Industria está abierto a nuevas ofertas, pero también pide que la Junta apoye también, junto con el Ministerio, para que Elcogas sea viable en un futuro». «No puede ser que solamente sea una Administración la que este tirando del carro, la que ha dicho que va a ayudar, la Administración del Estado, y la Junta de Castilla-La Mancha lo único que hace es esperar«, ha concluido Gregorio.