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La Comisión Europea aprueba los planes de apoyo de Luxemburgo y Malta a las energías renovables

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EFE / Europa Press.- La Comisión Europea aprobó los planes de Luxemburgo y Malta para apoyar la generación de electricidad mediante fuentes de energía renovables, al considerar que se ajustan a las normas comunitarias sobre ayudas de Estado. Los sistemas de apoyo de Luxemburgo y de Malta permitirán aumentar en esos dos países la producción de electricidad a través de las energías renovables.

El Ejecutivo comunitario considera que estos sistemas de apoyo no distorsionan indebidamente la competencia, lo que se encuentra entre los objetivos energéticos de la Unión Europea. Luxemburgo elaboró planes para apoyar la producción de energía renovable mediante el pago de primas para respaldar a operadores de instalaciones de producción de energía eólica, solar, biogás, energía hidráulica y de biomasa. El presupuesto de esta medida ascenderá a aproximadamente 150 millones de euros entre 2016 y 2020.

Respecto a Malta, ese país notificó a la Comisión Europea sus planes de apoyar a los operadores de plantas solares fotovoltaicas. La ayuda se otorgará a través del pago de primas sobre el precio del mercado. Los desarrolladores de plantas eólicas terrestres también pueden optar a ayudas si la ubicación elegible recibe el consentimiento durante la vigencia del plan de apoyo. El presupuesto se situará en aproximadamente 140 millones de euros entre 2016 y 2020.

La Comisión Europea analizó los planes de Luxemburgo y Malta bajo las directrices sobre ayudas de Estado para la protección medioambiental y la energía, que permite a los países miembros apoyar la producción de electricidad a través de fuentes energéticas renovables con ciertas condiciones. La Comisión consideró que las medidas alentarán el desarrollo de instalaciones de generación de energía renovable y ayudarán a Luxemburgo y a Malta conseguir sus objetivos de energía renovable en 2020.

Bruselas permite a Francia apoyar a las plantas de generación combinada de calor y electricidad tras descartar ayudas de Estado

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Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado los planes de Francia para apoyar a las plantas de generación combinada de calor y electricidad usando gas natural, al considerar que el esquema cumple con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. En concreto, el Ejecutivo comunitario concluyó que la estrategia de Francia incrementará la proporción de electricidad generada por fuentes renovables y reducirá la contaminación, al mismo tiempo que limitará las distorsiones a la competencia causadas por el propio apoyo público.

Además, Bruselas estima que la estrategia francesa reducirá sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y mejorará la eficiencia energética, en línea con los objetivos energéticos y climáticos. Así, Francia podrá apoyar de forma pública a aquellas centrales de generación combinada de calor y electricidad de alta eficiencia con una producción de hasta un megavatio (MW). Esto, calcula la Comisión, ayudará a París a cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones mediante el despliegue de alrededor de 7 MW adicionales de capacidad de generación.

El tipo de ayuda dependerá del tamaño de la planta. De esta forma, las instalaciones con una producción máxima de 1 MW se beneficiarán de ayudas en forma de primas reguladas a precio de mercado. Por su parte, aquellas centrales con una producción de hasta 300 kilovatios (kW) recibirán ayudas bajo la forma de tarifas reguladas. Las directrices del Ejecutivo comunitario sobre ayudas de Estado para protección medioambiental y energía permiten a los Estados miembros prestar apoyo estatal a centrales de generación combinada, aunque sujeto a ciertas condiciones. El objetivo de estas normas es poder alcanzar los objetivos energéticos y climáticos con el mínimo coste posible para los contribuyentes y sin distorsionar el mercado único.

El Parlamento Europeo insta a España y a otros países «rezagados» a impulsar el uso de energías renovables

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Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que se subraya que en muchos países de la Unión Europea ya se ha alcanzado el objetivo de que las energías renovables representen el 20% del consumo en 2020, y al mismo tiempo insta a España y a otros Estados «rezagados» (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Hungría y Reino Unido)» a «hacer más» para impulsar su uso.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, defendió que «la Unión Europea debe continuar a la cabeza en desarrollo de renovables», por lo que ha afirmado que «los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para 2020». El Parlamento Europeo, además, recalcó la importancia de utilizar todos los mecanismos de financiación para garantizar el acceso al capital y lograr alcanzar el 20% de energía procedente de fuentes renovables en 2020. De la misma forma, los eurodiputados han insistido en fijar un objetivo vinculante del 30% para 2030, frente al 27% actualmente previsto, estableciendo objetivos individuales que cada país tenga que alcanzar.

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado otra resolución en la que piden aplicar la legislación comunitaria más rápido y de manera completa con el objetivo de aumentar la eficiencia energética al 20% en 2020. En este sentido, los eurodiputados han recalcado que este objetivo no se logrará «sin aplicar todas las normas comunitarias al respecto» y han insistido en pedir un objetivo de eficiencia energética del 40% para 2030 y en hacer obligatorio el compromiso de los países. Asimismo, el Parlamento Europeo pidió medidas para impulsar la inversión en autoconsumo, al mismo tiempo que remarcó que un mercado integrado es clave para el desarrollo de las energías renovables y para reducir los costes.

Por su parte, el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, indicó que la Comisión Europea presentará en el segundo semestre del año sus propuestas para revisar las directivas referentes a las energías renovables y a la eficiencia energética. Arias Cañete aseguró que un punto «fundamental» de la revisión de la directiva será los esquemas de apoyo a las energías renovables, con lo que tratará de consolidar «el cambio hacia un sistema basado en el mercado para mecanismos de apoyo a las energías renovables y hacia la convergencia de esquemas de apoyo nacional».

Además, el comisario español recordó que el Ejecutivo comunitario está finalizando su análisis sobre el régimen retributivo de las renovables en España y aseguró que Bruselas dialogará con las autoridades españolas «si identifica algún incumplimiento». En esta línea, Arias Cañete apuntó que se están teniendo encuentra las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que ha avalado las decisiones tomadas por España, y ha señalado que, con respecto a las ayudas de Estado, España ha comunicado tanto el antiguo de primas como el nuevo régimen de retribuciones. «La Comisión tiene la obligación de analizar si son compatibles con el mercado interior», concluyó Arias Cañete.

El Tribunal de la Unión Europea confirma la ilegalidad del apoyo alemán a las renovables

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EFE.- El Tribunal General de la Unión Europea desestimó el recurso presentado por Alemania para defender su régimen de apoyo a las energías renovables y ha dado la razón a la Comisión Europea en su conflicto con el Gobierno de Merkel en cuanto a que se trata de ayudas de Estado incompatibles con la legislación comunitaria.

Alemania había solicitado la anulación de la decisión de la Comisión Europea de 2014 en la que consideró ilegal el régimen de ayudas germano en apoyo a la electricidad de fuentes renovables y para grandes consumidores de energía. Con la sentencia, este tribunal sienta jurisprudencia para los países de la Unión Europea sobre las ayudas estatales a las renovables. La asociación alemana de consumidores de electricidad había presentado una denuncia ante la Comisión Europea en la que alegó que constituían «ayudas incompatibles con el mercado interior» determinadas medidas previstas por la ley que establecía una nueva regulación para las renovables.

El tribunal determinó que esta ley pretendía establecer «una política pública de apoyo a los productores de electricidad» fijada por el Estado y que los fondos generados por el recargo en la tarifa, administrados colectivamente por los gestores de redes de transporte, «permanecen bajo la influencia dominante de los poderes públicos». Así que determinó que esos fondos implican un recurso de Estado y que las competencias atribuidas a esos gestores de redes permiten concluir que «no actúan por su propia cuenta, sino como gestores, asimilados a una entidad que ejecuta una concesión estatal, de una ayuda concedida mediante fondos estatales».

Por todo ello, el Tribunal consideró legítima la decisión de la Comisión Europea en que señaló que la ley alemana «implicaba fondos estatales en el sentido del artículo 107 TFUE». Este artículo se refiere a ayudas «incompatibles con el mercado interior en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

Todos los costes de acceso, en juego en Europa

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A propósito de la investigación de Competencia de la Unión Europea, decíamos ayer, una de las cuestiones que más han sorprendido a estas autoridades comunitarias es el volumen de las mismas y, a la vez, la carencia de estudios de demanda que avalasen estos incentivos. Aplicado a nuestro país el problema es que, con la sobreoferta existente de capacidad de generación y con la caída de demanda acumulada en los últimos años, aún no recuperada, desde las autoridades comunitarias no se aprecia justificación de su necesidad.

En el caso español, esto cobra especial relevancia en la medida en que se computa dentro del recibo de la luz en forma de costes de acceso, de forma que este apartado creció exponencialmente respecto a la evolución del coste de la energía consumida. Ya hay campañas en la red evidenciando tal desproporción. Cada estratagema de solución a problemas pasados genera nuevos problemas y éste es uno que se está larvando. Son varios los aprendizajes a extraer de esta situación:

En primer lugar, esta investigación respecto a los conceptos incluidos en los costes de acceso es algo que se veía venir y sobre lo que ya se había advertido en numerosas ocasiones y por numerosas voces expertas. Otra cosa es la voluntad férrea y marcada de no darnos por enterados de las malas noticias, o incluso de la ley de la gravedad si se diera el caso, habilidad que en España permite mirar hacia otro lado en lo que se refiere a las condiciones de competencia y el derecho comunitario.

Además, por su inclusión en la tarifa en forma de cuña gubernamental, el volumen de la misma es enorme para el consumidor español doméstico, empresarial e industrial. Por muy sofisticados que sean los sistemas de los que se han servido los sucesivos gobiernos para articular estas ayudas, su cuantía ha perdido cualquier relación con la realidad, la comparación y la necesidad. Aunque se adjudique mediante una subasta, si lo que se subasta no tiene correlato con su necesidad, es una cuestión que tarde o temprano se evidencia por si sola.

En segundo lugar, existe un consenso tácito entre nuestros políticos en el que se diluye la percepción de ayuda de Estado o de subvención en estos mecanismos, sin entrar en una valoración objetiva de los mismos. Por desconocimiento, por aquiescencia política o simplemente por evitarse problemas de opinión pública en la esfera representativa o deliberativa. La ortodoxia económica se ha perdido en el maremágnum de las declaraciones respecto de lo que se quiere oír. ¿Se imaginan al parlamento español interino votando en contra de estas tres figuras (ayudas al carbón, pagos por capacidad y pagos de interrumpibilidad) por ser ayudas de Estado, de forma semejante a las iniciativas que se están llevando contra la energía nuclear, el fracking o Garoña?

En tercer lugar, existe otro consenso, el consenso social, alrededor de estas ayudas y sus “finalidades”. Incluso los propios consumidores domésticos tienen una postura pública ausente, es decir, de mirar para otro lado aunque se sufraguen desde el recibo, dado que prefieren la vía de la intervención final administrativa en los precios que la ortodoxia basada en la formación de los mismos a través del mercado y, de forma aditiva, con los elementos que se incluyen en los peajes. Los consumidores y su representación son tolerantes a las subvenciones y los subsidios cruzados que encierran.

En efecto, existe un ambiente social que es propicio a estos mecanismos y ayudas, aunque suponga una factura del suministro más alta, plato de la balanza que se oculta. Que prefiere acudir a la demagogia y a la crítica de grano gordo a los precios eléctricos, tensionar los enfrentamientos antiempresariales que son de mucha más fácil venta, cuestionar el mercado mayorista o recurrir a la sempiterna cantinela de los windfall profits de los retroprogresivos, que atacar el problema, principal en términos cuantitativos, que es la cuña gubernamental incluida en los costes de acceso, criticando las subvenciones o sobreinversiones aunque sea lo sustancial por volumen. Evidentemente en una cultura económica y política como la española tan esquemática, eso no es sexy.

En cuarto lugar, todo procede del fracaso de una liberalización fallida e incompleta, que debería haber partido de la limpieza del recibo de esos costes; en ese caso, probablemente, los precios de la energía para los consumidores domésticos, empresariales e  industriales, necesitados de competitividad, serían otros. Toda cuestión que sea considerada como subvención o como decisión política deberían cargarse en los Presupuestos Generales del Estado.

Adenda. Queda por saber qué ocurre y qué consideran las autoridades de competencia europeas, respecto de la “pieza separada” de los pasados modelos retributivos de las tecnologías renovables en régimen especial, claramente desbordados, exagerados y desproporcionados en ciertas tecnologías, pero cuya alteración en la denominada reforma eléctrica tiene efectos sobre la seguridad jurídica y la retroactividad en las inversiones en el Reino de España. El Gobierno español, por mano del Ministerio de Industria en la etapa Soria, intentó conseguir una declaración semejante, es decir, que fueran considerados como ayuda de Estado, como parapeto contra los arbitrajes y conflictos judiciales abiertos. Lo que está claro es que tenemos mucho en juego en este títere. Casi todos los costes de acceso. Veremos.

La Comisión Europea advierte a varios países, entre ellos España, sobre los pagos por capacidad para asegurar el suministro eléctrico

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EFE / Europa Press.- Bruselas lanzó una advertencia a los países europeos sobre los mecanismos que ponen en marcha para garantizar el suministro de electricidad, en los que detectó «importantes lagunas» y posibles mejoras, a la vez que pidió comentarios de los señalados para proseguir su investigación. «Los mecanismos de capacidad inútiles y mal concebidos pueden falsear la competencia, obstaculizar los flujos transfronterizos de electricidad y llevar a los consumidores a pagar su electricidad demasiado cara», señala la Comisión.

La institución refleja estas preocupaciones en un primer informe no concluyente, en el que recoge los hallazgos preliminares de la investigación que abrió hace un año para determinar si las ayudas públicas que los países conceden a estos sistemas destinados a evitar apagones, conocidos como «mecanismos de capacidad», cumplen con las normativas europeas de competencia. «La investigación de la Comisión muestra que los mecanismos de capacidad pueden reforzar la seguridad en el suministro de la electricidad», señala Bruselas. Sin embargo, la Comisión Europea cree que «muchos estados miembros deben probar un mayor rigor a la hora de afirmar que son necesarios y durante su diseño, de modo que estén mejor orientados y sean más rentables» ya que detectan “deficiencias significativas”.

Por ejemplo, en el caso de España y otros países como Alemania o Italia, la Comisión identificó unos mecanismos en el que el precio por el suministro eléctrico no es determinado a través de un proceso competitivo o por el propio mercado, sino que se establece por el propio Estado o es negociado bilateralmente con el proveedor eléctrico. «Esto crea un riesgo de que se pague de más, de modo que se estaría subvencionando al proveedor», avisa la Comisión, que señala que estos Estados podrían estar pagando a las compañías por encima de precio de mercado para garantizar el suministro.

Por otro lado, el estudio preliminar indica que muchos de los mecanismos de capacidad no permiten a los potenciales suministradores o tecnologías participar en el sistema, un hecho que Bruselas considera ineficiente y critica que puede limitar «innecesariamente» la competencia entre compañías eléctricas. Asimismo, la investigación critica que las plantas eléctricas de otros Estados miembros «muy excepcionalmente» pueden participar en los mecanismos de capacidad nacionales. En este sentido, asegura que sólo Bélgica, Alemania e Irlanda abren sus sistemas a «alguna forma» de  participación directa, pero que aún así existen restricciones.

Vestager: “múltiples posibilidades para mejorar”

«Hay que evitar que las empresas y los consumidores europeos sufran cortes de energía y los mecanismos de capacidad pueden reducir este riesgo. Al mismo tiempo, se debe asegurar que no se obligue a los consumidores a pagar su electricidad demasiado cara y que no se falsee la competencia», afirmó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Vestager afirmó que los países tienen «múltiples posibilidades para mejorar» la forma en que determinan si hace falta crear uno de estos mecanismos o no, así como su diseño, y avisó de que uno bien concebido debe ser «abierto» y tener en cuenta las «posibilidades de suministro transfronterizo de electricidad en la Unión Europea».

Durante este año de investigaciones, Bruselas ha analizado 28 mecanismos instalados en 11 países: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia. Ahora, el Ejecutivo comunitario invita a los países, los actores en el sector eléctrico y a otras partes interesadas a que presenten hasta el 6 de julio sus propias observaciones sobre las primeras conclusiones de la propia Comisión. Una vez que las observaciones sean recogidas, la Comisión publicará un informe final sobre los resultados de la investigación en el máximo de un año, un trabajo que además alimentará los trabajos de las futuras normas sobre el mercado eléctrico que la institución espera presentar en el curso de este año.

El objetivo de la investigación es recabar información sobre estos mecanismos de capacidad para examinar, en particular, si garantizan un suministro seguro de electricidad sin distorsionar la competencia ni el comercio en el mercado único. Así, la Comisión reunió información sobre mecanismos de capacidad pasados, actuales y planeados para el futuro de estos 11 países. Posteriormente ha categorizado estos mecanismos de capacidad en seis principales tipos. El más común, según el Ejecutivo comunitario, es lo que denomina una reserva estratégica, a través de la cual el Estado miembro paga a un planta eléctrica concreta para estar operativa en caso de necesidad. La investigación apunta que existe una tendencia «positiva» hacia mecanismos más abiertos e inclusivos.

Industria no renuncia a lograr un mecanismo para el carbón nacional aceptado por Bruselas mientras recibe duras críticas desde Asturias

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Redacción / Agencias.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas ante lo que considera la «desidia» del Gobierno, que no renuncia a lograr un mecanismo para incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas que sea aceptado por la Comisión Europea, indicó el Ministerio de Industria.

Industria asegura que el Gobierno «sigue trabajando por el sector del carbón» y que el ministro José Manuel Soria se reunió la semana pasada con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la posibilidad de que Bruselas «acepte algún tipo de mecanismo de ayudas para garantizar la quema de carbón nacional». Industria argumenta que la caída del precio internacional del carbón está provocando «un cierre abrupto de las minas en lugar de un cierre ordenado hasta el 2018», tal y como prevé la Decisión de la Unión Europea.

El Gobierno también apela a la necesidad de poner en marcha un mecanismo sobre la base de la necesidad de garantizar la seguridad de suministro energético del país. Vestager se mostró «comprensiva con los argumentos españoles», si bien supeditó cualquier tipo de ayuda a que sea compatible con el régimen europeo, para lo cual siguen trabajando equipos técnicos de la Comisión Europea y de Industria.

El ministro argumentó que, «a pesar de los avances en la legislatura anterior», España es un país «con muy pocas interconexiones *con el resto de Europa», de modo que es «vulnerable» de cara a la seguridad de suministro y precisa fuentes autóctonas. La Comisión Europea no se opone a este tipo de ayudas, siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad europea, indica Industria. «El compromiso comunitario es por tanto estudiar la posibilidad de una vía legal que permita a España cierta compensación a la quema del carbón nacional hasta el año 2018″, añade.

Asturias critica desidia del Gobierno

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas, lo que llevaría a la minería a una situación crítica por la «desidia» del Gobierno. «Debemos estar a tiempo de disponer de un sistema pese al tiempo que se ha perdido y que es achacable al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Industria», apuntó Fernández después de que la Unión Europea haya cuestionado el modelo propuesto por el Ejecutivo.

El presidente asturiano denunció también que la situación del sector carbonero «no tiene que ver con el hecho de que el Gobierno esté en funciones sino con la desidia de un Gobierno que ha intentado condenar a la minería». En relación con este asunto el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, indicó que la Comisión Europea «no ha cerrado la puerta» a la puesta en marcha en España de un nuevo incentivo al consumo de carbón nacional, pero que es necesario estudiar su encaje en la normativa europea.

El Parlamento respalda al carbón

Asimismo, el Parlamento asturiano aprobó una iniciativa de Izquierda Unida que muestra su respaldo al futuro de la minería del carbón que ha salido adelante por unanimidad aunque durante el debate se ha producido un duro intercambio de acusaciones entre el PSOE, el PP y Podemos. La iniciativa plantea promover desde Asturias junto a sindicatos, partidos y ayuntamientos una posición común que permita revertir en el seno de la Unión Europea, y en colaboración con otras comunidades autónomas y con el Gobierno central, la decisión adoptada en 2010 de suprimir a partir de 2018 todas las ayudas a explotaciones deficitarias.

La Cámara asturiana se compromete con la defensa del carbón y de su explotación como recurso natural de forma sostenida y sostenible «como un derecho irrenunciable y fundamental para Asturias» y exige del Gobierno central que habilite, tal y como prevé el vigente Plan del Carbón, los mecanismos que garanticen el consumo de hulla nacional. La ausencia de dicha regulación, a cuya renovación Bruselas sigue poniendo obstáculos, favorece según el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico, el uso de hulla importada con cuyo coste el carbón nacional «no puede competir».

Para el portavoz socialista, Jesús Gutiérrez, en el frente común que plantea la iniciativa aprobada «no puede estar el PP porque es meter al zorro donde usted quiera» dado que incumple sus compromisos con el sector y alberga «al igual que Podemos, gente que siente desprecio por la minería». Previamente el parlamentario de la formación morada, Héctor Piernavieja, había criticado que el plan de cierre del sector fue «firmado y sellado» por PSOE y PP en las últimas décadas en las que además «dilapidaron el dinero que debía servir para construir un tejido económico alternativo».

PP se suma al compromiso

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Emma Ramos, recordó que su partido fue el «único» que luchó contra el cierre de las minas en la década de los años noventa y logró que Bruselas ampliara hasta 2018 el plazo para seguir subvencionando la producción, una decisión que ha considerado «difícil» de revertir por la Unión Europea. Para el diputado de Foro, Pedro Leal, si España deja de producir hulla se «dispararía» el precio de la importada de Colombia, China o Sudáfrica mientras que Armando Fernández, de Ciudadanos, ha emplazado al Gobierno a cumplir lo pactado en el Plan del Carbón, pero abogó por «no volver la cabeza a un pasado que no volverá».

La minería del carbón genera aún en Asturias entre empleos públicos y privados más de 3.000 puestos de trabajo directos y constituye la principal actividad económica de comarcas como la suroccidental donde operan empresas amenazadas de cierre si no se recupera la garantía de suministro para producir electricidad. El vigente Plan del Carbón contemplaba que el único recurso energético fósil de que dispone España supusiera el 7,5% de la producción eléctrica en el mix energético nacional y la hulla es la segunda fuente de generación en España tras las centrales nucleares tras consumir en los últimos años una media de 21 millones de toneladas de las que 18 son importadas.

Castilla y León también reivindica

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en poder convencer a la Unión Europea por la vía de la «garantía de suministro» e insistió en que la puerta de las ayudas a la minería «no está cerrada«. Tras recordar que la orden del carbón que había preparado el Ministerio de Industria también fue informada desfavorablemente por la CNMC, al considerar que se trataba de ayudas de Estado contrarias a la normativa europea, Del Olmo ha defendido el «nuevo planteamiento» del ministro José Manuel Soria a la Comisión Europea.

Unió pregunta a la Comisión Europea por su investigación sobre Castor

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Europa Press.- El eurodiputado de Unió, Francesc Gambús, registró tres preguntas en el Parlamento Europeo para recibir información sobre la investigación de la Comisión Europea sobre el almacén subterráneo de gas Castor. Quiere saber los detalles de la «desproporcionada compensación» económica de 1.350 millones de euros a la promotora del almacén. No es la primera vez que Gambús critica que la compensación a Castor está repercutiendo en la factura de todos los ciudadanos. Además, denuncia que podría ser considerada «ayuda ilegal del Estado, lo que rompería las normas comunitarias de competencia».

Bruselas investigará a Francia por posibles ayudas de Estado en el sector eléctrico

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea abrió dos investigaciones en profundidad para aclarar si los planes de Francia para poner en marcha un mecanismo nacional de capacidad eléctrica, que conllevaría remuneraciones a proveedores, y la licitación de una nueva planta eléctrica de gas en Bretaña respetan la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado.

En concreto, el Ejecutivo comunitario piensa que estos planes para remunerar la capacidad eléctrica podrían, en el caso del nuevo mecanismo, favorecer a ciertas compañías sobre sus competidores y obstaculizar la entrada de nuevos actores y, en el caso de la nueva planta eléctrica de gas, apoyar únicamente un solo tipo de tecnología. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha asegurado que «Francia tiene un interés legítimo en asegurar la seguridad de la oferta energética para su población y protegerla contra el riesgo de apagones». «Nuestro papel es cerciorarnos de que se haga de una forma rentable y competitiva, para que los precios de la electricidad estén bajo control», precisó.

Los mecanismos de capacidad son medidas diseñadas para garantizar el suministro de electricidad, los cuales además ofrecen ingresos adicionales a los proveedores. Según la Comisión Europea, Francia pretende implementar un mecanismo nacional con el que persigue asegurar una capacidad de producción de electricidad suficiente para satisfacer la demandas, especialmente durante el invierno. En este sentido, Bruselas sostiene que la forma actual en la que Francia concibe este sistema favorece a ciertas compañías frente a sus competidores y potenciales actores del sector. Además, la Comisión evaluará si los objetivos del mecanismo pueden ser alcanzados a través de medidas «menos costosas y distorsionadoras», además de estudiar si permite inversiones en nueva capacidad.

En relación a la licitación de una nueva planta eléctrica de gas en Bretaña, que busca incrementar la capacidad de generación en una región que carece de una buena conexión con la red nacional, Bruselas opina que únicamente apoya a un tipo de tecnología y «no está abierta a otras soluciones potenciales«, como otras que también están siendo implementadas en la región, otros tipos de generación eléctrica, gestión de la demanda o soluciones de almacenamiento. Por otro lado, el Ejecutivo comunitario considera que existe un riesgo de crear un mercado subsidiario dependiente en el que los inversores sólo desarrollen proyectos en base a licitaciones «que garanticen ayudas de Estado», lo que podría agravar los problemas.

EDF recurrirá la devolución de ayudas que le exige Bruselas

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EFE.- La eléctrica francesa EDF, en la que el Estado conserva la mayoría del capital, anunció que va a intentar anular, con un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la decisión de la Comisión Europea que le obliga a devolver 1.370 millones de euros obtenidos con medidas fiscales y que Bruselas equipara a una subvención. Eso sí, de momento EDF toma nota de la decisión de la Comisión Europea y «procederá al reembolso de las sumas exigidas».

En este sentido, la eléctrica francesa también indicó que esta sanción tendrá consecuencias sobre sus cuentas para este año y el principal exigido, 889 millones de euros, afectará negativamente en sus cuentas del primer semestre del año mientras que los intereses financieros, estimados en 488 millones, impactarán el resultado neto. Para la segunda mitad del año, la devolución de ese dinero se traducirá por un incremento del endeudamiento financiero en unos 900 millones de euros.

Un dictamen a favor de la compañía del Tribunal de Luxemburgo hizo que el Estado francés pagará en 2009 a EDF 1.224 millones de euros, que la compañía había tenido que devolverle en 2004, ya que la Comisión Europea consideró ese dinero una ayuda pública ilegal. Pero Bruselas reabrió el expediente en mayo de 2013 y ahora insta a Francia a recuperar 1.370 millones de euros, al estimar que las medidas fiscales en favor del grupo estatal son subvenciones públicas incompatibles con las normas comunitarias.