Redacción / Agencias.- El mandato de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo estuvo marcado, en el ámbito de las políticas relacionadas con su departamento, por aspectos como las medidas puestas en marcha en la llamada reforma energética para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico, un lastre de 30.000 millones de euros de agujero que por lo menos no ha crecido en los dos últimos años, o la polémica por las prospecciones petrolíferas en Canarias.
Soria también ha tenido que abordar otras cuestiones como la expropiación de YPF a Repsol en 2012, el preconcurso de Abengoa, la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los sucesivos planes Pive de apoyo a la compra de vehículos, la apuesta por el fracking o las controversias acerca de Castor, el autoconsumo, Garoña o el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC). En la parte final de la legislatura, la caída del precio del petróleo marcó el pulso del sector y se presentó como un «viento de cola» para la economía. Soria abandona el departamento tras no haber sido capaz de dar explicaciones sobre su aparición en los papeles de Panamá y su relación con empresas offshore, cayendo en numerosas contradicciones.
El mandato de Soria comenzó con la aprobación, en enero de 2012, de la llamada moratoria verde, por la que se suspendía de forma temporal la instalación de nueva potencia renovable incentivada mediante primas. Dos meses después, Industria aprobó un primer recorte de costes regulados del sistema eléctrico, especialmente a la distribución y a los pagos por capacidad, para contener el déficit de tarifa. También en marzo de 2012, Industria se vio forzada a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a refacturar el recibo de luz a millones de consumidores para repercutir las subidas que no aplicaron ni el PSOE en su última revisión trimestral antes de salir del Gobierno ni el PP nada más llegar al poder.
Para acabar con el déficit de tarifa, el departamento dirigido por Soria abordó dos grandes reformas, una en 2012 bajo el mandato de Fernando Marti como secretario de Estado de Energía, consistente en una batería de impuestos eléctricos que contribuyó al cierre temporal de Garoña, y otra en 2013 acometida por el sucesor de Marti, Alberto Nadal, y centrada en los costes regulados. Tras alertar en varias ocasiones del riesgo de quiebra del sistema eléctrico, Nadal presentó un conjunto de medidas por las que los contribuyentes asumirían 900 millones de costes extrapeninsulares, los consumidores una subida del 3,2% en el recibo y las empresas del sector un recorte de 2.700 millones, además de un nuevo esquema retributivo para las renovables.
Este recorte a las tecnologías renovables, que se sumó a los aplicados en la última etapa del PSOE, puso al sector en pie de guerra. Los inversores han presentado recursos ante distintas instancias en España y ante los organismos de arbitraje internacional, que por el momento ya han avalado las medidas aplicadas por el exministro Miguel Sebastián. En todo caso, la reforma energética puso fin al déficit de tarifa que se generaba cada año y permitió que en 2014 el sistema eléctrico arrojase un superávit de 550 millones de euros, que podría verse incrementado en otros 900 millones en 2015. Está por ver si las medidas serán capaces de revertir las subidas del recibo de la luz iniciadas en 2005.
Tras la reforma, se produjo en diciembre de 2013 la polémica de las subastas eléctricas. El mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, alcanzó ese mes cotas históricas e hizo que la subasta del 19 de diciembre para fijar la tarifa de luz para el primer trimestre de 2014 concluyese con un alza del 11% del recibo. El Gobierno suspendió la puja alegando las «circunstancias atípicas» detectadas por el recién creado regulador, la CNMC, y puso en marcha el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y la nueva tarifa por horas, que se ha convertido en todo un reto tecnológico, al permitir, para el caso de los contadores inteligentes, la facturación hora a hora.
En el sector eléctrico, la legislatura también ha estado marcada por la subida del término fijo de la electricidad, con la que el Gobierno garantizaba los ingresos del sistema pese a empeorar la señal de ahorro en el consumo, y por el real decreto de autoconsumo, especialmente criticado por el llamado impuesto al sol, por el que estos productores también deben sufragar los costes regulados del sistema. Finalmente, Industria eximió provisionalmente a los consumidores domésticos de pagar cargos por la parte variable de la electricidad autoproducida. El decreto sigue siendo objeto de polémica por incluir fuertes multas y trabas administrativas.
En gas, el Ministerio también reformó los aspectos fundamentales del sistema para atajar un incipiente déficit aunque con menos polémica y en menos tiempo; mientras que en carburantes se introdujeron algunos cambios legislativos para intentar elevar la competencia. En este capítulo energético, Industria se ha dejado, no obstante, algunos temas pendientes como la reforma del mercado mayorista eléctrico, el refuerzo de la eficiencia energética o de los proyectos de interconexiones. También una promesa electoral del PP de 2011: la reapertura de la central nuclear de Garoña, instalación que sigue a la espera de conocer su futuro mientras lleva parada desde 2012. Por otro lado, ha mantenido un conflicto constante durante la legislatura con el carbón.
Por otro lado, la decisión del Gobierno de permitir a Repsol la exploración del subsuelo en aguas canarias generó un fuerte encontronazo entre el Gobierno de Paulino Rivero y la Administración central. La movilización en contra de las prospecciones vino acompañada de la convocatoria de un referéndum cuyos términos anuló el Constitucional y que a efectos prácticos no tuvo mayor repercusión, ya que en enero de 2015 Repsol anunció que bajo las aguas de Canarias hay gas, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción. Además, tampoco llegó a realizar otros dos sondeos para los que tenía permiso, uno opcional.
Durante la etapa de Soria al frente de Industria se han aprobado un total de 8 ediciones del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con un importe total de 1.100 millones de euros. Asimismo, se ha impulsado la adquisición de vehículos eléctricos con el Plan Movele, dotado con 20 millones de euros, y del actual Movea, con 10 millones de euros. Igualmente, el Ministerio ha participado en el Plan PIMA Aire (38 millones de euros).
