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KPMG se hace con las auditorías de Acciona e Iberdrola tras entrar en vigor la nueva Ley de Auditoría

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Europa Press.- KPMG es la firma que más empresas del Ibex ha conseguido este año con el objeto de auditar sus cuentas, con 4 nuevas compañías, seguida por PricewaterhouseCoopers (PwC), que ha conseguido 3, según los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, se trata de las que menos auditorías del selectivo español han perdido, una cada una.

En concreto, KPMG dejará de auditar las cuentas de Acerinox, pero auditará las de Acciona, Aena, BBVA e Iberdrola. Por su parte, PwC no auditará este año las cuentas de Aena, pero sí las de Acerinox, Telefónica y Viscofan. Por su parte, Deloitte ha perdido la auditoría de Acciona y BBVA, pero se ha hecho este año con la de Mediaset y compartirá con PwC la de Técnicas Reunidas; mientras que EY dejará de auditar en 2017 las cuentas de Iberdrola, Mediaset, Telefónica y Viscofan.

En total, Deloitte auditará las cuentas de 12 empresas del Ibex y PwC las de 11, mientras que KPMG se encargará de elaborar los informes de 8 y EY los de 5. Además, algunas compañías del selectivo ya han anunciado que cambiarán de auditor en 2018, como es el caso de Caixabank, que sustituirá a Deloitte por PwC; Gas Natural Fenosa, que cambiará a PwC por EY, y Repsol, que sustituirá a Deloitte por PwC.

Estos cambios se producen después de que el 17 de junio de 2016 entrase en vigor la nueva ley de Auditoría, una adaptación de la directiva europea que fomenta la rotación y endurece incompatibilidades, al fijar un periodo máximo de rotación de 10 años y limitar el tiempo consecutivo en que una firma puede auditar las cuentas de una empresa. No obstante, este periodo máximo de rotación es ampliable a otros 4 años si se celebra un concurso público y si se realiza la labor junto con otro nuevo auditor.

Las cinco empresas del Ibex que más ingresos aportan a sus auditoras, por encima de los 15 millones de euros, son Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Telefónica y ACS. La primera sustituyó el año pasado a Deloitte por PwC y las tres siguientes compañías han procedido a la renovación este año, por lo que solo queda pendiente ACS por nombrar una nueva auditora, para lo que tiene de plazo hasta 2020.

Las gasolineras advierten de que la obligación de contratar un auditor puede costarles 50 millones de euros

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Europa Press.- La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) considera que la nueva regulación que prepara el Ministerio de Energía, en la que se obliga a las gasolineras a contratar a un auditor externo para verificar las ventas y los descuentos realizados, tendrá un coste adicional de entre 15 y 50 millones de euros para el sector.

La asociación realiza estas consideraciones tras analizar el borrador de real decreto elaborado por Energía en el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte. La obligación de contratar un auditor afectará a las estaciones de servicio que venden más de 500.000 litros al año, sin excepción. La mayor parte de las estaciones de servicio vende volúmenes superiores a esta cifra.

La CEEES advierte de que el Gobierno indica en el borrador del decreto que la implantación de la auditoría no tendrá costes para el sector, cuando «la realidad es muy diferente». «Una auditoría como la que propone el Ministerio de Energía podría costar entre 1.500 y 5.000 euros», afirma. Esta circunstancia obligaría al sector a desembolsar entre 15 y 50 millones de euros al año. «En la situación en la que estamos los empresarios de estaciones de servicio afrontar el abono de esas cantidades resulta insostenible», indicó el presidente de la CEEES, Jorge de Benito.

Por este motivo, los servicios jurídicos de la confederación están estudiando detenidamente el borrador del real decreto y presentarán alegaciones al texto para defender los intereses de los empresarios españoles de estaciones de servicio y de «todos los consumidores», ya que el sobrecoste de las auditorías puede trasladarse al precio final de venta, «pues resultará del todo inviable asumirlo por parte de las gasolineras«. «El sistema de envío de precios de los carburantes al Ministerio de Energía es absolutamente transparente, por lo que no resulta ni necesario ni oportuno someterlo a una auditoría», asegura CEEES.

Energía afirma que una auditoría de las centrales nucleares «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad que cuestiona Iberdrola

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.

Así se pronunció Navia sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su voluntad de no reabrir Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear. En este sentido, Navia aseguró que «responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido». «Es una cosa que hay que echar cuentas», añadió al respecto. Así, consideró que hay que cumplir el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). «Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto», indicó.

Navia considera que el cierre definitivo de Garoña «no supondría un cambio respecto a la situación actual», ya que está parada desde hace años. «Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso sobre cuál es la mejor fórmula. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear», añadió al respecto. Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.

En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que próximamente se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, al Consejo de Estado y, «en paralelo, a Europa». Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene abierto más tiempo el plazo de aportaciones de las distintas partes.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.

El Congreso respalda facilitar los cambios estacionales de la potencia eléctrica contratada con el rechazo del PP y de C’s

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Europa Press.- Tras recordar la existencia de unos costes fijos en el sistema eléctrico, el PP se opuso a una moción que consideró «insolidaria» después de que el pleno del Congreso respaldara una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para fomentar que el usuario pueda cambiar la potencia eléctrica contratada en función de la temporada. La iniciativa salió adelante tras recabar los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PP y Ciudadanos votaron ambos en contra.

El texto aprobado mediante proposición no de ley pide al Gobierno crear un nuevo contrato de potencia estacional. Apuesta por adaptar la legislación para que sea posible «adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico». Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.

En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría “modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación”, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año. Asimismo, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico «para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables».

Los republicanos catalanes lamentan que el precio de la energía es un «enorme lastre» para las empresas, sobre todo las pymes, y critican que la normativa actual limite los cambios posibles de potencia a uno al año. Esto impide que los usuarios puedan optimizar su perfil de consumo o modular su demanda en función de los diferentes ciclos de producción que se dan en un año, y lleva a que la potencia contratada acumulada alcance los 150 GW a pesar de que la capacidad máxima del sistema sea de 110 GW y la demanda real esté apenas en 45 GW.

«Es un desajuste muy importante que genera unos ingresos extraordinarios al sector que no están justificados», critica Esquerra, señalando que las tecnologías actuales, que permiten realizar cambios de potencia de forma remota, hacen indefendibles estas limitaciones. ERC advierte de que esta falta de flexibilidad podría incluso contravenir la normativa comunitaria en materia de consumo, por lo que pide que se apliquen todas las modificaciones normativas necesarias para potenciar los contratos de potencia estacionales «al menos para determinados sectores», de modo que se puedan producir «ahorros muy importantes» sin mermar la calidad del servicio y sin imponer complicaciones administrativas o técnicas.

El PP habla de “insolidaridad”

Por su parte, el PP se opuso a una iniciativa de ERC para promover cambios de potencia en la factura eléctrica contratada según temporadas, una idea que considera «insolidaria» pues recuerda la existencia de costes fijos. «Tenemos que pagar unos costes fijos independientemente del consumo», subrayó el portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, que acusó a Joan Capdevila, de ERC, de no entender el concepto de suficiencia de tarifa. Capdevila había retado al PP a apoyar su iniciativa para comprobar si en el Gobierno «manda más» el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el de Energía, Álvaro Nadal.

«Con el sentido de su voto sabremos si están más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Si manda más De Guindos o Nadal», inquirió el diputado de Esquerra, Joan Capdevila, durante la defensa de esta proposición no de ley.Capdevila ha recordado que las pymes españolas «son las que pagan la factura eléctrica más cara» y que la parte fija «no hay manera de tocarla», refiriéndose a ella como «uno de los intocables del señor Nadal». «Es como si en la factura el hotel te cobra el precio del minibar aunque no lo hayas tocado», puso como ejemplo.

La iniciativa ha desencadenado una avalancha de críticas al modelo energético por parte de los grupos de la oposición, independientemente de su cercanía a la iniciativa.Por parte del PSOE, su portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha criticado que este modelo es «contrario a la eficiencia energética», puesto que el peso de los costes fijos hace que consumir más o menos no tenga influencia en el coste final. «El modelo eléctrico acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y la hacen menos competitiva», ha dicho.

Josep Vendrell, diputado de En Comú, instó a revisar no sólo este factor, sino «el conjunto del sistema». Algo que cree que debe «abordarse con urgencia», a pesar de que el Gobierno no tiene «ninguna voluntad» de hacerlo. «Al contrario, el ministro dice que hay que resignarse», espetó. Aunque reconoció que la iniciativa pudiera beneficiar a algunas empresas, Vicente Ten Oliver, diputado de Ciudadanos, indicó que también favorecería a los ciudadanos que tienen más de una vivienda. «Queremos reducir el precio de la luz, pero a todos», aseveró, tras calificar la propuesta como «un parche«.

Ciudadanos exige una auditoría y eliminar el impuesto sobre la electricidad para reducir la factura de la luz un 6%

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Redacción / Agencias.– Ciudadanos presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para auditar la factura de la luz y una proposición no de ley en la que exige que se elimine el impuesto especial sobre la electricidad que se mantiene desde 1997, de modo que la factura que los consumidores pagan por la luz se reduzca en algo más del 6%.

La portavoz adjunta y responsable de Energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, explicó que en enero el precio de la luz batió cotas que no se alcanzaban desde 2013 y su objetivo es que «los ciudadanos no sigan pagando los errores políticos que se cometen en la Cámara Baja o por los sucesivos Gobiernos», recordando que el impuesto especial de la electricidad fue creado en 1997 por José María Aznar para financiar las ayudas al carbón aunque después el de José Luis Rodríguez Zapatero lo incrementó. Más de 20 años después, esas ayudas se han reducido de 1.000 millones al año hasta apenas 25 millones en 2016, pero la recaudación del impuesto especial sigue utilizándose para financiar a las comunidades autónomas.

Por eso, Ciudadanos cree que se debe aprovechar la reforma del sistema de financiación autonómica para asegurar que las comunidades reciben el dinero que necesitan sin tener que recurrir a este tipo de fuentes de ingresos. Así se podría suprimir el impuesto especial sobre la electricidad, que grava con un 5,11% el término de potencia contratada y el consumo del período facturado. A esa cantidad se suma el IVA, lo que eleva el efecto fiscal del gravamen hasta el 6,186%. Además, Ciudadanos recuerda que incluyó en el acuerdo de investidura la exigencia de realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, y reclamó un análisis de la factura para saber qué cargos se están repercutiendo a los ciudadanos.

Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rechazó la posibilidad de eliminar este impuesto porque sería necesario incrementar otra figura impositiva para hacer frente a los compromisos de reducción del déficit público. Algo que Ciudadanos rechaza, alegando que «hay mucho dinero que no se sabe dónde está» y que podría utilizarse para compensar la pérdida de recaudación. Como ejemplos, Rodríguez ha mencionado los fondos utilizados para rescatar a las concesionarias de las autopistas radiales o las cajas de ahorros, las cantidades no exigidas a los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012, o los ahorros que podrían obtenerse eliminando el Senado o las Diputaciones.

Sube el mercado entre semana

Lo cierto es que después del fin de semana el precio de la electricidad en el mercado mayorista empezó la semana al alza, ya que el lunes se situó en 49,66 euros el megavatio hora (MWh), un 3,9% más que el viernes, cuando marcó una media diaria de 47,77 euros el MWh, según OMIE, el operador del mercado. Sin ir más lejos, el precio del lunes fue un 67% superior al del domingo (29,76 euros el MWh), pero no se trata de una comparación homogénea porque los fines de semana el coste de la energía suele muy inferior al de los días laborables, ya que la demanda baja al reducirse la actividad industrial y empresarial.

En cualquier caso, los precios en el mercado mayorista están ya lejos de los 91,88 euros el MWh marcados el pasado 25 de enero, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013 y que se alcanzó en plena ola de frío y con la actividad hidroeléctrica y eólica bajo mínimos. La reciente moderación de los precios mayoristas se debe a la subida de las temperaturas y a las mejores condiciones meteorológicas. El mercado mayorista, también conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Rajoy asegura que el sector eléctrico está “auditado de una manera continua” y rechaza las medidas propuestas por Iglesias (Podemos)

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Redacción / Agencias.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó las propuestas que le ha planteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras las últimas subidas del precio de la luz y ha defendido que el modelo eléctrico «está auditado y se audita de una manera continua» por lo que ha insistido en que no se plantea medidas adicionales tras la pregunta de Iglesias sobre cuánto tiene que subir el precio de la electricidad para que el Gobierno «tome cartas en el asunto».

Iglesias le propuso a Rajoy en el Congreso cinco medidas para abaratar el recibo eléctrico: hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España y, si refleja que están muy alejados del precio final, acometer un cambio del sistema de fijación del precio y limitar los «abusos del oligopolio«. De hecho, Rajoy aseguró estar sólo de acuerdo con la primera, si bien ha matizado que «el modelo ya está auditado y se audita de manera continuada».

Asimismo, Iglesias planteó gravar los denominados beneficios caídos del cielo de las centrales nucleares e hidroeléctricas; recuperar la gestión pública de estas centrales hidroeléctricas «cuando caduque la concesión», para «evitar que se esté especulando sobre el agua embalsada»; suprimir el impuesto al sol para favorecer el autoconsumo, y reducir el IVA del recibo del 21% actual al superreducido del 4% o «al menos» al reducido del 10%, en línea con países como Italia (10%), Reino Unido (5%) o Bélgica (6%).

Rajoy vinculó las subidas de precios de este mes tanto a la evolución de las materias primas en un 112% del petróleo, un 130% el gas y un 113% el carbón, y a las condiciones meteorológicas con menos agua y viento que obligaron a producir con centrales más caras. Rajoy recordó que estas subidas afectan a la parte de energía del recibo, que suponen alrededor del 35%, mientras que los peajes que fija el Gobierno y que suponen un 40% llevan tres años congelados e incluso bajaron un 2,8% el año pasado. Rajoy también reivindicó que sin las medidas tomadas para poder congelar esos peajes «estaríamos en una situación peor».

En este sentido, Rajoy ha indicado que la situación de parálisis de varias centrales nucleares en Francia también contribuye al encarecimiento del recibo de la luz. De hecho, Rajoy apuntó que esta situación también se está viviendo en otros países, como Francia, Suiza, Italia o Bélgica, en donde el precio de la electricidad «ha subido más que en España«. El presidente subrayó que producir electricidad con energía hidroeléctrica, «agua o viento», es más barato que con petróleo. «Esto es increíble que haya que explicarlo, porque parece que no se entiende, pero es así. Las condiciones meteorológicas no han ayudado», sentenció.

Iglesias le ha vuelto a afear a Rajoy la presencia de políticos en los consejos de administración de las eléctricas. ¿No le parece impresentable?», le ha apuntado Iglesias. El mercado eléctrico mayorista (pool) cerró enero con unos precios elevados, prácticamente el doble que hace un año, que se traducirán en un alza del recibo de la luz de alrededor del 28,56% para los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones del total de 25 millones de consumidores eléctricos.

Nadal descarta modificar el actual sistema del mercado mayorista eléctrico y reivindica que la reforma Soria fue una auditoría “increíble”

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha descartado realizar una nueva auditoría del sector eléctrico, tal y como pide la oposición, ya que el trabajo que se realizó en la auditoría del sistema eléctrico que sirvió de base para la reforma que ejecutó el anterior Gobierno del PP fue «increíble» e impidió que el recibo de la luz «aumentara un 40%». Asimismo, Nadal descartó cualquier modificación en el actual diseño del mercado mayorista de la electricidad y su sistema marginalista.

En comparecencia en el Congreso para explicar el comportamiento de los precios de la energía, Nadal explicó que el actual sistema «funciona igual» para 23 países europeos y señaló que tan solo hay «una fuerte discusión» en el paquete de invierno de la Unión Europea respecto a cómo retribuir a las energías térmicas. «Si hacerlo solo con puntas o retribuir con pagos por capacidad. La postura española sobre esta cuestión es prudente, ya que con falta de interconexión no es fácil decantarse por un sistema u otro», indicó al respecto.

Nadal señaló que esta espiral alcista en los precios tiene como razón principal un cúmulo de factores que van desde «la tensión de precios internacionales de las materias primas», con el petróleo, el gas y el carbón doblando y triplicando su precio con respecto a hace un año, a la situación «muy específica» vivida en Europa con la parada de centrales en el parque nuclear francés. Respecto a la situación en Francia, Nadal valoró la «coherencia europea» de España en la situación extrema que vivió la pasada semana el país vecino de mantener al 100% la interconexión para ayudar a cubrir sus necesidades energéticas ya que hubo momentos en los que estuvo a punto de tener que realizar cortes eléctricos.

A todo ello, se han unido los problemas con la exportación del gas de Argelia, que han encarecido todavía más este producto, y las condiciones meteorológicas en España, con producción eólica «muy inferior a lo habitual» y unas reservas hidráulicas que están «tremendamente bajas». «Lo que ha hecho que la posibilidad de utilización de la hidráulica es prácticamente nula», destacó. De esta manera, apuntó que el precio de la electricidad se ha duplicado respecto a enero del 2016, pasando de 32 euros por megavatio hora (MWh) en enero de 2016 a un promedio de 72 euros en 2017. Esta situación de «escasez energética» tiene efectos en el conjunto del mundo, un aumento del precio que es «claramente perjudicial» para España.

No obstante, Nadal insistió en que esta subida en los precios de la electricidad es un problema a escala europea y que han tenido en España un “comportamiento mejor” que la mayoría de los países de nuestro entorno, con precios inferiores a los registrados en Francia, Bélgica o Italia. Así, Nadal, aseguró que en el pasado ya ocurrieron episodios alcistas como el vivido estos días con el precio de la electricidad y que no es descartable que vuelvan a darse, «ya que es típico del mix» energético español. «El nivel de precios récord anterior se alcanzó en 2013 y tampoco es una situación que no va a volver a darse», subrayó al respecto el ministro.

Además, el ministro señaló que ante las subidas de precios se deben aumentar las medidas de vigilancia y recordó que se pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe para saber si ha existido algún comportamiento irregular, ya que en el actual contexto se ha dado «el río revuelto», y «hay que evitar que haya ganancias de pescadores», indicó. Nadal también subrayó que el Gobierno comparte «la enorme preocupación social» que hay por esta subida en los precios de la electricidad, ya que también afecta a la capacidad económica y a la capacidad de crear empleo, «ya que el encarecimiento de la misma lleva a que la competitividad de las empresas se vea comprometida».

A este respecto, Nadal insistió en la preocupación del Gobierno por «el diferencial de precios» que se ha estado marcando en el mercado del gas, para lo que, además del informe de la CNMC, se han adoptado medidas encaminadas a mejorar su funcionamiento y que se traslade y abarate la electricidad. Así, recordó el anunció de la creación de la figura de un creador del mercado de mercado en el Mibgas, en la figura de Gunvor International, y la activación de los trámites para que los operadores dominantes del sector del gas, que son Gas Natural Fenosa y Endesa, se vean obligados a presentar ofertas en esta plataforma de negociación, medidas que confía en que empiecen a «ser una realidad».

Nadal afirmó que el creador de mercado del gas conseguirá una mayor liquidez en el mismo y podría repercutir ya en la moderación del precio de la electricidad. Se trata de contar con «más gas y más barato», que reduzca el coste de esta energía, que es en la actualidad «especialmente caro» y «está marcando en esta punta invernal los altos precios» de la factura, puesto que el gas se utiliza para generar la electricidad.

Finalmente, Nadal valoró la decisión del Gobierno de congelar el componente fijo de la factura, los peajes, que representan aproximadamente el 60% de la factura, en una situación de precios al alza en el mercado eléctrico como el actual. En un momento de «crisis energética y de crisis invernal» como el actual, esto ayuda «sustancialmente a mitigar el impacto», aseguró. «Lo que depende directamente de la política», dijo el ministro, se han aprobado normas para congelarlo, lo que supone «cero incremento de precios en la parte que depende del Gobierno».

Nadal reivindica la reforma Soria

Por otro lado, Nadal señaló que cuando escucha de la oposición la petición de una auditoría adicional de costes del sector eléctrico «es como si me dicen que tenemos que poner a las empresas de seguridad privada a ver si está actuando bien la Guardia Civil». «Proyecto por proyecto, instalación por instalación. Durante año y medio los funcionarios estuvieron revisándolas de una en una y creando un estándar. Con esto se redujeron 5.000 millones de euros el coste general del sistema, sin contar la parte de las renovables, que fueron 2.000 millones», añadió al respecto.

La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

Hablemos de costes y precios

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La comparecencia del ministro de Energía en el Congreso al hilo de la evolución reciente de los precios de la electricidad en España permite hacer una retrospectiva de lo que ha sido esta crisis de invierno de 2017, generalizada en toda Europa. Iba con la lección aprendida y con una importante preparación técnica y metodológica.

Álvaro Nadal ha realizado una explicación académica de lo que es un mercado, sus reglas y sus consecuencias; los efectos de la escasez en esta coyuntura. Escasez que proviene de unas condiciones climatológicas determinadas y adversas: un país que produce alrededor de un 20% con energía hidráulica y otro 20% con energía eólica, si ve mermado el recurso eólico o hidráulico, tiene escasez. Una escasez derivada también de los flujos internacionales de la energía por la exportación a Francia de electricidad dado que una parte significativa de su parque nuclear está parado. Una evidencia, además, que la energía en el mercado de generación francés es más cara aún que en España y/o que nos eligen frente a otros países suministradores.

Los beneficios de que una actividad esté en régimen de mercado son claros: se consigue que todas las tecnologías compitan, obteniendo precios medios finales eficientes, y los propios agentes determinan la forma de aplicar sus recursos de forma eficiente. Además nuestro mercado ofrece signos muy claros de eficiencia y sus precios resultantes han transmitido las señales que se derivan de las condiciones del mismo, bien la escasez actual o bien la abundancia cuando hay días que se efectúan las casaciones a cero en el pool.

Es la escasez la que hace que unos años el aceite sea más caro que otro, teniendo prácticamente los mismos costes de producción. O que la verdura se haya puesto en precios de pata negra por las heladas. Bienes de primera necesidad y condiciones climatológicas: ¿Les va sonando?  Los resultados de las investigaciones que se han realizado en el pasado y las que defienden los propios agentes del sector reflejan la eficiencia del mercado. Si un mercado no es eficiente, no transmite correctamente las señales de escasez o de abundancia, como sería un mercado intervenido en el que el consumidor artificialmente puede tener precios bajos fijados políticamente, abocándolo a consumir de forma ineficiente por un ejercicio mal entendido de «protección».

El ministro aprovechó para soltar alguna pulla sobre determinados componentes de los costes de acceso, sobre todo en nuestro pasado de despilfarro en ciertas tecnologías. A la vez, los socialistas no quieren ni oír hablar de los desmanes en la fijación retributiva y gestión de autorizaciones de potencia renovable de la época Zapatero. Eso sí, la oposición está alineada claramente con las posiciones anti mercado: desde Ciudadanos hasta los partidos de izquierda insisten en reclamar una auditoría de costes del sistema eléctrico, otra más, destinada a acabar con el mercado. Cuánto más próximas son las ideas de los grupos parlamentarios a Podemos más partidarios son de la intervención, con Izquierda Unida planteando directamente la nacionalización.

Pedir la auditoría ya es un clásico. Pero que un suministro se sufrague por un sistema de costes reconocidos, significa que en el precio de un café, por ejemplo, se calcule el precio de los gramos de café que se ponen en la carga de la cafetera, el escandallo del coste del agua que se incluye en la taza, la distribución del tiempo horario del camarero que lo prepara, más la repercusión de los costes directos e indirectos del establecimiento dónde se sirve (alquiler del local, luz, limpieza, etc…) y que se fije un tipo de interés que lo retribuya.

Un sistema que hace que por un café se pague lo que cuesta el café al dueño de la cafetería. Pero un sistema que también incentiva que, por ejemplo, el local tenga mucho, mucho mármol, por el simple motivo de que va a reflejarse en los costes. Obviamente, la economía de mercado no funciona así y lo que determina el precio del café, entre otros factores, es la abundancia o no de sitios en los que tomar café en una zona, con los establecimientos compitiendo entre sí, con sus diferentes precios, para captar clientes. Economía de mercado. Europa. Siglo XXI.

Podemos pide en el Congreso auditar los costes para elaborar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad

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Europa Press / EFE.- Mientras el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha sugerido el establecimiento de una horquilla de precios para los consumidores domésticos de energía, Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad refleje «adecuadamente» el coste de generación de cada tecnología y realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico.

En su iniciativa, firmada por el diputado Josep Vendrell, el partido pide que las modificaciones legislativas en el sistema de fijación del precio eléctrico tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas. También que se encamine a garantizar el acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía; y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los «enormes impactos» ambientales asociados a la generación eléctrica.

Asimismo, la iniciativa pide realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en España. El resultado de la auditoría será la base para el diseño del nuevo sistema de fijación de precios. De igual forma, reclama establecer de forma inmediata un cargo por la diferencia entre el coste y el precio de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares.

También se propone reformar la parte regulada de la tarifa. Para ello deberá reducirse la parte fija en función de la potencia contratada, aumentar la parte variable en función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados. La iniciativa también demanda recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para “evitar el uso especulativo” del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable.

En la iniciativa, Podemos denuncia el aumento del recibo de la luz, con una tendencia «claramente al alza» desde hace más de una década. En esta línea, se refiere al repunte de los precios del pool, que superaron los 90 euros por megavatio hora (Mwh) en parte por la ola de frío, el parón nuclear francés y el encarecimiento de las materias primas, como han subido también «en toda Europa», pero en el caso de España cree que se agudiza por los «problemas regulatorios y de competencias que han convertido el sistema en un mecanismo injusto de extracción de rentas».

Por otra parte, Podemos también ha registrado una batería de preguntas al Gobierno ante la escalada del precio de la electricidad en el mercado durante las últimas semanas, situándose en niveles de 2013, lo que podría suponer una subida de 100 euros anuales en el recibo, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Así, pregunta al Gobierno si una mayor presencia de las renovables en el mix eléctrico favorece la reducción del precio de la electricidad y si ha calculado el precio de mercado si hubiera instalada en España el doble de capacidad en renovables.

También se interesa sobre si el Ejecutivo ha cuantificado el impacto que tendrá el incremento del consumo de gas y carbón en la balanza de pagos, así como el aumento de las emisiones de CO2 y sobre si tiene previsto alguna medida o mecanismo de compensación que permita a España mantener sus compromisos internacionales respecto a la reducción de emisiones de gases invernadero. De igual forma, le pregunta sobre el calendario que prevé para impulsar el Pacto de Estado por la energía comprometido en el programa de investidura del presidente.

En este contexto, Podemos quiere saber si el Ejecutivo se plantea incorporar la reforma de la regulación del sector eléctrico, el sistema de fijación de precios y la estructura de la tarifa, dado que España tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa. Junto a estas preguntas, Podemos pregunta al Gobierno si tiene sospechas o indicios de que se hayan producido manipulaciones fraudulentas de los precios del mercado y si considera que los ingresos de las hidroeléctricas y nucleares en el mercado son «razonables», teniendo en cuenta sus costes de generación.

Fijar una horquilla al consumidor

Por su parte, Vega de Seoane cree que los consumidores domésticos no están preparados para aprovecharse de la fluctuación en el precio por horas de la energía, por lo que ha propuesto reflexionar sobre la necesidad de establecer una banda de precios, con un mínimo y un máximo, para los consumidores domésticos. Eso evitaría generar alarma social y daría más estabilidad al sistema, según ha afirmado. Asimismo, Seoane lamenta que los consumidores estén pagando los «disparates» que se hicieron en el pasado con el despliegue «masivo» de energías renovables, especialmente «fotovoltaicas», a un coste que actualmente sería «25.000 millones de euros inferior». «Lo hicimos rematadamente mal y lo estamos pagando ahora. Y eso quien debería pagarlo son los contribuyentes», indicó.

Los agricultores critican sobrecostes millonarios

Por otro lado, la Unió de Llauradors denuncia que el incremento del precio de la energía (electricidad y gasóleo) provocará que los agricultores y ganaderos valencianos tengan un sobrecoste de 111 millones de euros si se mantiene en ese estatus alcista. Según La Unió, un estudio elaborado por sus servicios técnicos indica que de esta cantidad, 69,5 millones de euros corresponderían a la factura de la electricidad y los 42 restantes a la del gasóleo.

Los sectores ganaderos más afectados, añade La Unió, por esta subida de los costes energéticos son el avícola y el porcino, sobre todo por el gasóleo empleado para la calefacción de las granjas. En el caso del avícola esta situación repercutiría en un aumento del 26% en los costes de producción, mientras que en el porcino sería del 4%. Los cultivos donde más se nota la subida de los costes de la energía son los de secano, principalmente el olivo (con un incremento del 16%), el almendro (del 14%), la viña (10%), la fruta de verano (4%), los cítricos (4%).

El sindicato recuerda además que el precio de la energía (gasóleo y electricidad) representa para la agricultura un 12% de los costes directos y un 3% de los costes totales, mientras que para la ganadería suponen casi un 13% de los costes totales. Del mismo modo, pide que vuelvan a establecer tarifas especiales de electricidad para el sector agrícola como existía hasta 2008, y un gasóleo profesional agrícola que es una reivindicación histórica del sector.