Entradas

La Fundación Renovables defiende en el Congreso el cierre programado de las nucleares antes de 2024

Europa Press.– El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, defendió, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024. Ferrando trasladó su preocupación por la posibilidad de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno prevé enviar próximamente a Bruselas, posponga el cierre total de las centrales nucleares hasta el año 2035, lo que supondría alargar la vida útil de algunas de estas instalaciones más allá de los 40 años.

Ferrando también tuvo la oportunidad de exponer las propuestas de la Fundación Renovables en torno a la cuestión nuclear y responder a los distintos planteamientos expuestos por los representantes de los Grupos Parlamentarios tras su intervención. Según indicó la organización, Ferrando explicó que la Fundación Renovables propone el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024 porque «son insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad».

La Fundación Renovables señaló que su propuesta lleva implícita una auditoría técnica sobre el estado de cada central y la definición de la fecha de cierre en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. A estos efectos, considera que los propietarios «tienen que asumir todos los elementos de coste en cuanto a cobertura de riesgos y a las dificultades de gestionabilidad, así como las inversiones para mantener el máximo grado de seguridad».

Los auditores europeos denuncian los escasos resultados del apoyo de la Unión Europea a las energías renovables innovadoras

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha denunciado que los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar la captura y el almacenamiento de carbono y a las energías renovables innovadoras «no han tenido los efectos esperados», así como que el impuso a programas similares «contribuyó escasamente a la realización de proyectos y a obtener resultados».

Los auditores europeos han evaluado dos programas destinados a apoyar la captura y el almacenamiento de carbono y las energías renovables innovadoras, que son el Programa Energético Europeo para la Recuperación y la iniciativa NER300. Para ello visitaron proyectos en España, Alemania, Países Bajos, Polonia y Reino Unido. Ambos programas contaban con 3.700 millones de euros y fijaron objetivos «ambiciosos», según el Tribunal de Cuentas europeo, que ha recordado que la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones al menos un 40% para 2030. Tras sus visitas, los auditores comunitarios constataron que el Programa Energético para la Recuperación contribuyó «positivamente» al desarrollo del sector eólico marino, pero «no alcanzó sus ambiciones en el ámbito de la captura de carbono«.

A su vez, critican que el programa NER300 tampoco generó «proyectos de éxito» en este campo, así como que «realizó escasos progresos en su apoyo a la demostración de una gama más amplia de tecnologías en el ámbito de las energías renovables innovadoras«. El Tribunal de Cuentas considera que fue el propio diseño de la iniciativa NER300 lo que «limitó» la capacidad de la Comisión Europea y los Estados miembros de «responder de forma eficaz a los cambios en las circunstancias. «La complejidad de los procesos de selección de proyectos y toma de decisiones y otras características del diseño limitaron la flexibilidad del programa», apunta.

A nivel general, los auditores señalan que ambos programas se vieron afectados por «condiciones adversas» para la inversión que, unidas a la inseguridad de los marcos reglamentarios y las políticas, «obstaculizaron o retrasaron el progreso de muchos proyectos de energía procedente de renovables y de captura de carbono«. En consecuencia, recomiendan mejorar la toma de decisiones del próximo Fondo de Innovación y mejorar su coordinación interna para hacer más coherente el apoyo de la Unión Europea y garantizar la rendición de cuentas de ambos programas.

«La Unión Europea se esfuerza por ser el líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Para cumplir su objetivo, tendrá que aprender de la experiencia de fracasos anteriores, diseñar mejores mecanismos de apoyo a las tecnologías innovadoras con baja emisión de carbono y garantizar una rendición de cuentas plena de los recursos utilizados«, ha resumido el miembro del Tribunal de Cuentas Samo Jareb.

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

Ribera agradece a Sánchez su «confianza» para afrontar la descarbonización de España tras ser nombrada ministra para la Transición Ecológica

Europa Press.- Teresa Ribera, la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, regresa al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez como nueva ministra para la Transición Ecológica, un gran ministerio que aglutinará todas las competencias energéticas y medioambientales con el que pretende acelerar la senda de la descarbonización de España para un futuro próximo.

En este sentido, la nueva ministra para la Transición Ecológica ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «confianza» después de que este anunciase la nueva composición de su Ejecutivo. «Gracias Sánchez por la confianza, gracias a los que cada día trabajáis por un mundo más justo, en el que prosperidad no esté reñida con equidad ni límites ambientales. #TransiciónEcológica #ConstruyendoUnFuturoComún», ha sido el mensaje que Ribera ha compartido en la red social Twitter. La nueva ministra de Transición Ecológica fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, además de directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y entre 2008 y 2011.

Ribera, que presidía en el PSOE el Consejo Asesor para la Transición Energética hasta ahora, sentará las bases de acuerdo a las propuestas socialistas en esta materia que pasan por, entre otras cuestiones, abandonar el carbón y cerrar las centrales nucleares a medida que cumplan sus 40 años de vida útil. Recientemente, Ribera ha manifestado que la transición ecológica es un desafío «complejo» puesto que requiere visión de conjunto coherente en «todos los ámbitos» de la vida, tanto en el marco constitucional y financiero como en el sistema fiscal y en las políticas de empleo.

En base a esta concepción, a finales de marzo, hace apenas 2 meses, el Consejo Asesor presentó su esquema a este respecto, que pasa por alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y reducir las emisiones de CO2 según los compromisos del Acuerdo de París.

Además, quiere promover un «gran Pacto de Estado» de la Energía que permita una política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. Para ello, el documento contempla aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización. Además, se prevé modificar la Ley de Contratación Pública para que ésta incluya los nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.

Entre las medidas energéticas más concretas, según la propuesta socialista, también está prohibir el fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos así como el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas vayan cumpliendo 40 años de vida útil. Apuesta igualmente por el autoconsumo energético y reformar el denominado Impuesto al Sol, así como acometer una reforma del mercado eléctrico que incluya una auditoría de los costes regulados que están integrados en la tarifa eléctrica, así como el nuevo mercado gasístico.

Por otro lado, plantea la creación de un Fondo Verde para la transición energética que se alimente con parte del nuevo impuesto al CO2 y que se destine a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. En cuanto a las ciudades, el consejo ve necesaria la aprobación de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos en el sector.

Los geólogos ya ponen deberes

Por su parte, el Ilustre Colegio de Geólogos ha celebrado la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de Transición Energética y Medio Ambiente a cuyos titulares, Pedro Duque y Teresa Ribera, pide que impulsen la descarbonización en España. En este sentido, el colectivo profesional celebra la creación de ambos Ministerios con los que espera que se impulse «con decisión» las energías renovables, la descarbonización y que se apueste por un pacto por la energía. Además, desea al nuevo Gobierno que apoye a la energía geotérmica a la que considera que es «la gran olvidada hasta ahora» por «todos» los responsables políticos.

Los geólogos piden a Ribera que impulse «decididamente» las energías renovables y aproveche para firmar un pacto por la energía para cumplir con los compromisos ambientales europeos. Además, el Colegio espera de Ribera que muestre su apoyo por la energía geotérmica que en la actualidad se cita «muy de pasada» en el informe de expertos sobre la descarbonización de la economía española. En ese sentido, los geólogos esperan que se revierta esta situación porque la geotermia es además una «energía cuyos costes de implantación son asumibles y no debería dejar de considerarse en ningún proyecto de construcción que requiera de suministro energético limpio y continuado».

Ciudadanos plantea auditorías presenciales obligatorias para certificar la eficiencia energética de los edificios

Europa Press. – Ciudadanos plantea endurecer la normativa sobre eficiencia energética de los edificios, y pone sobre la mesa, entre otras medidas, que esta certificación pase por una auditoría presencial obligatoria por parte del técnico, y que esta sea vinculante.

Esta es una de las propuestas que la formación naranja ha llevado ante el Congreso, a través de una proposición no de ley registrada por su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, para su debate y votación ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Otra de las medidas planteadas por Rodríguez es que estos técnicos, además de contar con titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, tengan acreditados conocimientos específicos sobre eficiencia energética.

Asimismo, demandan sistemas de control e inspecciones periódicas, que se realizarían junto a las comunidades autónomas, «a un alto número de inmuebles» con el fin de comprobar la validez de los datos tanto administrativos como técnicos presentes en estos certificados, y exigir el cumplimiento a todos los edificios que estén obligados a exhibir esta etiqueta.

Algunas debilidades

Todo esto se produce después de señalar en la exposición de motivos de su iniciativa varias de las «debilidades» que aparecen en la aplicación de este sistema de certificados regulada.

Así, aseguran que en estos momentos, no existe una obligación a realizar comprobaciones o inspecciones presenciales -lo que ha causado la proliferación de plataformas que lo realizan de forma remota- o que los propios técnicos designados como competentes para realizar las certificaciones no tienen por qué contar con conocimientos necesarios.

Además, tampoco se valora que las medidas planteadas para obtener la certificación sean técnicamente viables, ni se realiza la comprobación completa de los datos base del edificio utilizados para expedir el certificado ni las inspecciones necesarias para vigilar el cumplimiento.

Informe de resultados

Por todo ello, Ciudadanos reclama que toda medida de mejora que se plantea sea técnicamente viable y que pueda aplicarse en futuras rehabilitaciones o mejoras del inmueble.

Y con ello, se elaboren informes sobre los resultados obtenidos de los edificios certificados, pudiendo así comprobar el impacto de las mejoras a nivel de emisiones y establecer que los edificios en régimen de alquiler, bien sea vivienda o terciario, exhiban en el interior del mismo su etiqueta de eficiencia energética para el conocimiento de sus inquilinos.

 

Oriol Castro o Quique Dacosta, entre los chefs que se suman al Círculo de eficiencia energética de Gas Natural Fenosa

Europa Press.- Gas Natural Fenosa ha presentado el Círculo de Eficiencia Energética, una iniciativa a la que se han adscrito una docena de chefs de reconocido prestigio internacional como Oriol Castro (dos estrellas), Quique Dacosta (tres estrellas) o Ricard Camarena (una estrella), entre otros, con el objetivo de fomentar la eficiencia energética en el sector de la hostelería, según indicó la compañía.

Asimismo, se han unido a la iniciativa los chefs Marcos Morán (una estrella), Juan Mari Arzak y Elena Arzak (tres estrellas en España y una en Londres), Rodrigo de la Calle (una estrella), Nacho Manzano (dos estrellas), Diego Guerrero (dos estrellas), Mario Sandoval (dos estrellas), Martín Berasategui (ocho estrellas), Ángel León (tres estrellas), y Sergio y Javier Torres (dos estrellas).

De este modo, el proyecto busca ayudar a los propietarios de establecimientos de restauración a tener un consumo de energía responsable, para lo que pone a su disposición diferentes herramientas, entre las que destaca Smart Energy Tool, un servicio que analiza los datos de consumo energético de un negocio para dar información útil que permita ahorrar tiempo y recursos en la gestión de la energía. Además, un equipo de expertos de Gas Natural Fenosa realizará una auditoría «energética» personalizada a cada restaurante, con el fin de aconsejar las mejores prácticas en sus hábitos de consumo energético permitiendo, de esta forma, el ahorro de costes y la reducción del impacto medioambiental.

El Congreso, sin el PP, urge al Gobierno a «reformar en profundidad» el mercado eléctrico y auditar los costes

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado una iniciativa por la cual se insta al Gobierno a realizar una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico con el fin, entre otras cuestiones, de impulsar un nuevo sistema de fijación de precios, acorde al coste de generación de cada tecnología, y realizar una auditoría de los costes. La iniciativa, impulsada por Unidos Podemos y finalmente pactada con el PSOE y Ciudadanos, encontró la oposición del PP, PNV y UPN, que han votado en contra.

El texto aprobado por el Congreso insta al Gobierno a «reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia efectiva y al mínimo coste posible», con el fin de «compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética» con «un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento». En este punto, el Congreso pide al Gobierno reducir «la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones», en referencia a los cambios de las retribuciones a las renovables, y «avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por renovables».

Nuevo sistema para fijar precios

En este sentido, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a adoptar «las medidas necesarias para evitar la sobreremuneración en el mercado eléctrico, especialmente en centrales que se benefician actualmente de una disparidad entre el precio de coste y el precio real». Como ejemplo, el Congreso propone «un gravamen para terminar con los beneficios caídos del cielo o excluirlos del mercado como en otros países». Precisamente, la iniciativa también insta al Gobierno a modificar el sistema de fijación del precio de la electricidad, «y del mercado específicamente», para que «refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables».

Así, el Congreso quiere que el sistema «tenga como objetivos básicos facilitar la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente, la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas, la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica«.

Asimismo, reclama la realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico «incluyendo un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país«. También llama a «reformar la parte regulada de la tarifa», con el fin de reducir el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar la parte variable en función del consumo, «incentivando la eficiencia y el ahorro energético». Por último, el Congreso pide garantizar que la energía hidroeléctrica generada en las centrales cuyas concesiones caduquen «no sea utilizada con fines especulativos». Inicialmente, el texto propuesto por Unidos Podemos abogaba por recuperar la gestión pública de estas centrales.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea pide acelerar la reducción de emisiones para luchar contra el cambio climático

EFE / Europa Press.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea asegura que los Estados miembros no cumplirán sus objetivos para rebajar las emisiones contaminantes para 2030 si continúan al ritmo de reducción actual. «Los objetivos de la Unión Europea para 2030 y 2050 no se alcanzarán sin significativos esfuerzos adicionales y todos los sectores tienen que contribuir», indicó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en un informe sobre cambio climático.

El informe del Tribunal de Cuentas europeo afirma que el «gran hincapié» sobre la mitigación se refleja en los objetivos de la Unión Europea en materia de clima y energía. Concretamente, el bloque comunitario se ha fijado objetivos de reducción de emisiones, de aumento del peso de energías renovables en el consumo energético y de aumento de la eficiencia energética para 2020 y 2030. Así, la Unión Europea se ha fijado como meta reducir las emisiones contaminantes en un 20% para 2020 y en un 40% para 2030, respecto a 1990, para llegar en 2050 a un recorte de entre el 85% y el 90%.

En todo caso, el estudio advierte de que estos objetivos de reducción de emisiones no se lograrán sin «importantes esfuerzos adicionales». Para alcanzar esos objetivos en 2030, los auditores consideran que «los esfuerzos anuales de reducción de emisiones tendrán que incrementarse en un 50% en la próxima década». Y advierten que «el cambio más significativo, no obstante, tendrá que venir más allá de 2030», cuando el ratio de reducción de emisiones tendrá que multiplicarse «por tres o cuatro» para alcanzar las metas fijadas para 2050.

«La Unión Europea tiene que recortar las emisiones de gases invernadero y también adaptarse al cambio climático. Las proyecciones actuales muestran que se necesitan más progresos para lograr los objetivos de 2030 y 2050 sobre reducción de emisiones», indicó el auditor responsable del informe del Tribunal de Cuentas sobre el cambio climático, Phil Wynn Owen. Uno de los ámbitos clave que identifican los auditores es la producción energética para el transporte, la industria, los hogares y la agricultura, que es responsable del 79% de las emisiones invernadero de la Unión.

«Una parte importante del plan de la Unión Europea es el establecimiento de un mercado interno que permita el tránsito libre y sin fronteras del gas y la electricidad en la Unión Europea», subrayó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Ese órgano reconoció «progresos significativos en algunas partes de la Unión Europea» pero destacó que «aún no se ha alcanzado un mercado interno energético» porque «los cuellos de botella persisten debido a la inexistencia o la infrautilización de infraestructuras de electricidad y gas«.

«Por ejemplo, las interconexiones de electricidad y, en su caso, las líneas internas todavía tienen que mejorar en el suroeste de Europa, como España y Francia, y en países europeos del norte y el este como Alemania, Polonia y la República Checa», indicaron. En cuanto a las energías renovables, añaden, se detecta una «falta de rendimiento y obstáculos a la inversión», mientras que en la energía nuclear los auditores han hallado un «incremento de los costes y retrasos» y señalan también que no se está produciendo una transición «suficiente» hacia un transporte bajo en emisiones.

Los auditores señalan en su informe que, si bien el Acuerdo de París busca limitar el alza de las temperaturas a final de siglo en menos de 2ºC respecto a los valores preindustriales, se trata de una proyección global, de manera que afectaría de diferente forma a distintos territorios del mundo. Incluso alcanzando esa meta, las temperaturas podría subir «entre 3°C y 4°C en la mayor parte de España«, agrega el Tribunal de Cuentas con datos del Centro Común de Investigación de la Unión Europea.

Por último, el Tribunal de Cuentas europeo ha consultado 269 informes de auditorías. Algunas conclusiones de estos estudios son la falta de efectividad y obstáculos de las inversiones, mientras que ha lamentado el hecho de que la transición a un transporte bajo en carbón no se ha desarrollado lo suficiente y que en el área de la adaptación se han centrado principalmente en las inundaciones.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio pide a Nadal sustituir las nuevas auditorías por una declaración responsable

Europa Press.- La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) rechaza la imposición de nuevas auditorías a las gasolineras y sugiere que, en el caso de que se decida continuar adelante con esta propuesta, se sustituya esta obligación por una declaración responsable. La asociación ha presentado alegaciones al borrador de real decreto del Ministerio de Energía acerca de la exigencia de auditorías a las gasolineras.

CEEES recuerda su estimación de que la imposición de auditorías a las estaciones de servicio puede tener un coste cercano a los 50 millones de euros que, en última instancia, acabará afectando a los consumidores finales. La asociación rechaza las auditorías y propone que, solo en el caso de que se «demuestre, explique y justifique necesario el control de los datos» de las estaciones de servicio, se sustituya la obligación que quiere implantar el Gobierno por una «declaración responsable sobre la veracidad y exactitud de los datos remitidos«. Las alegaciones se dirigen al real decreto que prepara el Ministerio de Energía para modificar el RD 1597/2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos.

En sus alegaciones, formuladas en el trámite de informe del borrador ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la confederación propone al gabinete que dirige el ministro Álvaro Nadal la «eliminación de la obligación de que un auditor independiente acredite la veracidad de la información remitida por los titulares de las instalaciones». Como muestra de su «buena voluntad» al redactar las alegaciones, CEEES asegura que otra de sus propuestas consiste en que, en caso de que Energía no acceda a eliminar la obligación de auditoría, permita al menos «que queden exentos de la obligación los sujetos que hayan declarado ventas inferiores a un millón y medio de litros para todos los productos en el ejercicio anterior».

Cada una de las auditorías que propone el Gobierno tienen un coste de alrededor de 5.000 euros, «una cantidad demasiado elevada para poder ser asumida por las maltrechas cuentas de explotación de no pocas estaciones de servicio, que han visto drásticamente reducido su volumen de ventas en los últimos años debido al descenso de la demanda y a la competencia desleal a la que se ven sometidas por parte de las gasolineras desatendidas», indica CEEES.

Nadal no ve «mal» una revisión de los impuestos creados en 2012 a la nuclear para comprobar si son «adecuados»

Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que «no está mal» que se acometa una revisión que permita establecer cómo de «adecuados» son los impuestos establecidos por el Gobierno en 2012 a la tecnología nuclear. «Hay que hacer un análisis serio. No está mal que hagamos una revisión y veamos qué adecuados son los dos impuestos que pusimos», afirmó el ministro.

Desde su punto de vista, resulta conveniente realizar un análisis económico «serio» sobre las tecnologías hidráulica y nuclear «que revele quién tiene razón» acerca de si son rentables o no lo son. «No comparto la idea de que las nucleares no son rentables», ha apuntado el ministro, para quien esto se comprueba al ver las cotizaciones en Bolsa de las empresas propietarias.  «Las nucleares son las que hay en España. Si se pudiera poner una nuclear cuando se quisiese, se podría ver la rentabilidad», inquirió Nadal, para quien al afirmar que las centrales nucleares no son rentables «se juega con la falta de conocimiento del regulador, que no tiene un mecanismo de mercado que revele cuánto de rentable es eso«.

Los dos impuestos a los que aludió el ministro se refieren a los de la Ley 5/2012, que entraron en vigor en enero de 2013 y que, entre otras cosas, condujeron a Iberdrola y a Endesa a detener la actividad de la central nuclear de Garoña. La ley contemplaba varios impuestos a las actividades del sector eléctrico con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa. De los gravámenes, dos afectan a la nuclear, que son el que se aplica específicamente a los residuos y el del 7% a la producción de electricidad. Este último impuesto será analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el Tribunal Supremo haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.

Por otro lado, Nadal ha afirmado que la energía nuclear debe mantenerse en el mix energético porque, de no ser así, el recibo de la luz se encarecería un 25%. Según ha dicho, es un coste «excesivo» para la sociedad liberarse de los residuos nucleares a cambio de encarecer el recibo de la luz en un 25%. «Sube un 25% porque esa oferta ahora es insustituible con la tecnología que tenemos hoy y con la que tendremos los próximos años».

Para Nadal, lo primero es «la decisión pública de qué mix queremos para los próximos años». «Desde mi punto de vista la energía nuclear tiene que contar», ya que, según ha explicado, no existe ninguna tecnología que consiga trabajar continuamente sin emitir CO2 y a precio de mercado. Según el ministro, su objetivo es «que no suba el precio» de la electricidad, así como cumplir los objetivos medioambientales. «El objetivo de otros sí es que suba el precio», ha apuntado Nadal, que considera que «eso es lógico» pero que no se pueden «poner de acuerdo».