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Foro Nuclear advierte de que sin nucleares España no podrá cumplir los compromisos climáticos adquiridos en la Cumbre de París

Europa Press.- El nuevo presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido la presencia de la energía nuclear en España como elemento clave para cumplir con los acuerdos internacionales del clima a los que se ha adherido España pues, según ha explicado, el país no podría afrontar los compromisos adquiridos en la Cumbre de París si ahora mismo se cierran las centrales.

En un debate en el Congreso, Araluce ha señalado que las centrales nucleares «tienen futuro» en España, al menos un periodo que es necesario «guste o no guste» el uso de esta energía. El motivo, según ha señalado, es que hay «un mix energético determinado» en la actualidad que, si se desmantela, requeriría un «esfuerzo de inversión gigantesco». En concreto, el presidente de Foro Nuclear ha señalado que toda la generación eléctrica española produce 260 terawatios/hora, de los que 100 son térmicos (con emisiones de CO2), 40 hidráulicos, 60 nucleares y 60 renovables. De modo que, si se plantea el hecho de suprimir las nucleares y reducir las emisiones, habría que buscar alternativas para 160 terawatios/horas en el mix español.

«Si en España se consiguen 60 terawatios de renovables con una instalación de 30 gigawatios, habría que instalar otros 30 gigawatios para sustituir a las nucleares por otra energía limpia, más otros tantos si se quiere llegar a cumplir las cifras acordadas a las que España se ha comprometido como país y reducir las emisiones de CO2«, apuntó Araluce, para recordar que las instalaciones actuales de energías renovables «han costado mucho» en tiempo e inversión.

Además, señaló que estas energías tienen una gran variabilidad porque dependen de agentes externos y, en caso de excesiva producción, habría que invertir en modelos de almacenamiento. «Estos significa una instalación masiva de bombeos y de baterías; se podrían usar acumuladores en todas las casas, que costarían 3.000 euros por vivienda», indicó Araluce. A su juicio, el debate actual debería ser sobre «cuánto acotar el periodo de vida de las nucleares» pero no su desmantelamiento porque, según estima, no se podría cumplir con la demanda de energía de los españoles.

Con este último planteamiento coincide el portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, que ha reconocido que no se podrían desmantelar las energías nucleares inmediatamente porque, ahora mismo, la sustitución se realizaría con gas y carbón, energías muy contaminantes. Por ello plantea a las autoridades «un calendario de cierre aceptable» que se trabaje entre todos los actores, expertos y políticos, con el fin de que el desmantelamiento de nucleares se realice con la seguridad de que hay una energía renovable preparada para cubrir la demanda.

En este sentido, Castejón criticó que durante años se hayan hecho grandes inversiones en renovables en España y ahora parezca que se «hayan olvidado» de este sector. Además, pidió la derogación del conocido como impuesto al Sol y ha recordado a las autoridades que los costes de las fotovoltaicas «no son los mismos que hace 10 años» y ha asegurado que esta energía «puede competir en el mercado energético actual sin problemas». En referencia al gasto comentado por Araluce en baterías y bombeos, Castejón destacó la existencia de «nuevas tecnologías de almacenamiento» y de baterías más modernas que «no son el futuro, sino el presente».

También participó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Portugal, Pedro Soares, en la que es su segunda visita al Congreso en lo que va de año. El país vecino se encuentra inmerso en el debate nuclear, pero no por lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) que se va a construir en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a 140 kilómetros de la frontera portuguesa y en las cercanías del Tajo, que abastece de agua a una parte del país.

Soares expresó la preocupación que existe por el posible alargamiento de la vida útil de Almaraz y ha destacado que los ciudadanos portugueses «no quieren producción eléctrica a partir de energía nuclear por razones económicas y por estrategia energética. «Existe la percepción de que la energía nuclear no es segura, no es inagotable y no es medioambientalmente responsable«, señaló Soares, para explicar que el 53% de la energía producida en el país vecino es de origen renovable. Además, se han comprometido a que este porcentaje suba al 60% en 2020 y a eliminar toda energía de origen fósil en 2050.

La Plataforma contra el ATC ve «paradójico» que la SNE pida agilizar esta instalación cuando se están construyendo almacenes individuales

Europa Press.- La Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) ha considerado una «contradicción» que el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, solicite «agilizar la construcción del ATC, reconociendo que se está implantando el modelo alternativo: los ATI, almacenes temporales individuales, en las centrales nucleares”. “Construir los ATI más el ATC supone un importante sobrecoste», consideró la plataforma.

Así reaccionó esta plataforma después de que Gago haya considerado necesario poner fin al retraso en la construcción y la entrada en funcionamiento del ATC porque está generando un «sobrecoste». La plataforma ha lamentado que Gago no haya realizado «una autocrítica a la opinión general de rechazo de este tipo de energía», sin mención «a la necesidad de que la industria nuclear asuma las responsabilidades inherentes a una actividad de tan alto nivel de riesgo».

Para la plataforma, «es escandaloso que las empresas que están ganado ingentes cantidades de dinero gracias a la energía nuclear presionen al gobierno para que agilice la construcción del ATC». «No hay que olvidar que el almacén nuclear, en caso de que se llegue a construir, se pagaría con fondos públicos», han aseverado. Por su parte, la Plataforma contra el silo se encuentra ultimando los preparativos para la 8ª marcha a Villar de Cañas que se celebrará el 7 de mayo, con similar recorrido al de las siete ediciones anteriores.

José Antonio Gago, nuevo presidente de la Sociedad Nuclear: «España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban»

Europa Press.– El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, considera que «España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban claramente» debido a la opinión contraria predominante entre la sociedad, a consecuencia de «muchos titulares que van a las emociones de las personas». Sin embargo, reclama abrir el «melón» del debate sobre el almacenamiento geológico profundo (AGP), para almacenar a largo plazo los residuos nucleares, porque es «una cuestión de Estado».

Gago ha lamentado la desinformación y el rechazo de este tipo de energía por «miedo», por «desconocimiento» o por los tres accidentes significativos (Three Miles Island, Chernobil y Fukushima) por los que entiende que cuente con «cierto rechazo ideológico«. Sin embargo, el presidente de la organización, que asumió su cargo el pasado marzo, ha explicado que, a mayor conocimiento de esta tecnología, hay una mayor aceptación, de modo que su objetivo es lograr un mayor entendimiento de los españoles de la energía del átomo porque asegura que tiene «muchas cosas positivas beneficiosas para la sociedad».

Para ello, una de las posibles medidas que se plantea es revisar los libros de texto para evitar posturas marcadas y contrarias a la nuclear así como fomentar la captación de talento entre los jóvenes para que se dediquen a un sector de alta cualificación y bien remunerado que permita dar el relevo a la actual generación que inició el programa nuclear en España y que «se irá jubilando«. En este marco, considera también que es crucial para el sector ser «más visible», con datos y argumentos objetivos en el «necesario debate» que debe hacer España sobre el futuro energético a medio y largo plazo y el papel de transición que puede jugar la nuclear.

Entre estos atributos se ha referido a la estabilidad que proporciona a la red de distribución porque es una «energía de base», así como al hecho de que la energía nuclear no emite gases invernadero, por lo que puede jugar un papel relevante en la lucha contra el cambio climático y para que el país pueda cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París. «Queremos poner en valor esta energía en el mix de generación energética y entendemos que su papel en el futuro es inexorable en el paso hacia las renovables que tendrá lugar a tanto en este país como en otros», ha comentado.

Otro de los aspectos más controvertidos de la energía nuclear son los residuos nucleares del combustible gastado que genera y, a este respecto, considera que es necesario poner fin al retraso en la construcción y la entrada en funcionamiento del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) porque está produciendo «un sobrecoste» que se tiene que trasladar en la tasa que los operadores de las centrales nucleares pagan a laEmpresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) por la encomienda de su gestión futura.

Al mismo tiempo, además de este retraso «con coste», ha añadido que mientras tanto las centrales están teniendo que construir almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta. Se trata, según ha explicado, de una instalación sencilla, de hormigón, que aloja los contenedores de combustible. Solo el de Ascó, según Gago, que es el director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), ha tenido un coste de unos 13 millones de euros, un importe que se integra en el balance de costes y cuyo impacto real sobre la tasa que se paga a Enresa es de un promedio de 6,9 euros por cada megawatio hora.

Respecto a la ubicación del futuro ATC asegura que «cualquiera de los emplazamientos» que se evaluaron para acogerlo cumplían los requisitos y ha defendido que el proceso fue transparente. Aunque por «motivos sentimentales» le habría gustado que el lugar elegido hubiera sido Ascó, asegura que el emplazamiento de Villar de Cañas es «igual de seguro» pero puede que sea más costoso a nivel económico«. «No tengo duda de que el emplazamiento es bueno, viable y perfectamente adecuado si el CSN lo ha avalado», ha confiado.

Por otro lado, más allá del almacenamiento para los próximos 70 o 100 años en el ATC, ha advertido de que es preciso «abrir el melón del almacenamiento a largo plazo porque, en cuestiones fundamentales para el Estado, no hay que esperar». «El debate hay que plantearlo y otros países tienen ya identificados los emplazamientos, cuentan con laboratorios subterráneos o instalaciones de demostración que son aceptados por la sociedad civil», ha subrayado. En este contexto ha puesto de ejemplo a los países escandinavos y cree que en España se debería seguir un modelo similar al proceso de participación que se ha seguido en el ATC.

El presidente de la SNE ha asegurado que «ninguna» de las condiciones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para poder volver a operar es «extraordinaria» sino «similares» a las exigidas al resto del parque atómico español. «No vemos obstáculos técnicos. Todo lo que se ha pedido a Garoña ya lo tienen o lo están implantando el resto de las centrales españolas, puesto que muchas de las condiciones son mejoras que resultaron de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima«, ha afirmado.

La planta burgalesa solicitó en 2014 un permiso para poder volver a generar electricidad hasta 2031 pero Gago considera que el CSN «le habría puesto las mismas condiciones si hubiera pedido operar hasta 2021». Ahora recaerá en la propiedad de Garoña la decisión de analizar la viabilidad de estas inversiones porque no ve obstáculo al hecho de que Garoña tenga más de los 40 años de vida. «Esa cifra es como si a usted le dicen que está programado para vivir 60 años y llega ese día, está bien y no se muere«, comparó, al tiempo que recuerda que próximamente Almaraz y Vandellós podrán pedir la renovación de su licencia.

Otro de los asuntos abordados pasa por conocer cómo le afectaría en términos nucleares y energéticos a España una hipotética secesión de Cataluña del resto de España. Así, preguntado por esta cuestión, el presidente de la SNE asegura que «lo que no ocurrirá nunca será que se pongan fronteras a la red de distribución». Asimismo, precisó que las tres centrales nucleares situadas en Cataluña, Ascó I y II y Vandellós II, aportaron en 2016 en torno al 9,5% del consumo energético nacional, es decir, que del 21,2% con que contribuyó la nuclear a la producción eléctrica de España, el 9,5% provino de las plantas catalanas.

Las Cortes valencianas piden desmantelar la central nuclear de Cofrentes en 2021 y el PP augura que subiría la luz

EFE.- El portavoz de Industria del PP en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana, Vicente Casanova, ha señalado que el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), provocaría a corto plazo incrementos de coste de la tarifa e impactos ambientales «inasumibles» después de que las Cortes valencianas aprobaran, con los únicos votos en contra del PP, pedir al Gobierno central «el cierre y desmantelamiento» de Cofrentes cuando finalice el actual período de prórroga de funcionamiento, en marzo de 2021.

También reclaman que no se autorice la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear «por ser innecesario», ya que esta infraestructura dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021. Así lo recoge una iniciativa presentada conjuntamente por el PSOE, Compromís y Podemos, en la que Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra, y que también propone instar al Gobierno a modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables.

El PP se ha opuesto al cierre al asegurar que la Comunidad Valenciana «no dispone de un parque de renovables suficiente» para cubrir la energía producida por Cofrentes, y Ciudadanos ha criticado que se plantee el cierre sin un plan energético alternativo ni un plan económico para los trabajadores y la región. El diputado de Compromís, Juan Ponce, encargado de defender la iniciativa, se ha alegrado de que «por fin» la mayoría de la Cámara diga «sí al cierre definitivo de Cofrentes» por responsabilidad, solidaridad, economía y porque hay que luchar contra el cambio climático.

Compromís ve Fukushima en Cofrentes

Ponce ha advertido de que las centrales nucleares «son peligrosas, y más las viejas», y ha considerado que «no es tan complicado» ni «tan imposible» que en Cofrentes se pudiera producir «la gran catástrofe» sucedida en Fukushima en 2011, que «nadie pensó que pudiera pasar y pasó». Además, ha recordado que Alemania cerrará todas sus centrales nucleares en 2022, con menos horas de sol que España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar que el 20% de la energía total consumida sea renovable.

La parlamentaria de Ciudadanos, Rosa García, ha acusado al Gobierno de la Comunidad Valenciana de hacer en este caso lo mismo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las políticas medioambientales impulsadas por Barack Obama, que ha decidido «eliminar de un plumazo» sin tener un plan de contingencia ni justificar los motivos. «Ustedes han hecho lo mismo. Atacan Cofrentes por sectarismo», según García, quien pidió que antes de cerrar esta central nuclear en 2021 «traigan informes sobre el grado de impacto energético y el impacto sobre el empleo y la economía de la zona», al tiempo que abogó por un Pacto de Estado en esta materia.

El socialista, David Cerdán, ha dicho que no están pidiendo el cierre de Cofrentes, sino que no se prolongue vida útil en 2021, con el fin de «acabar con el oligopolio y con la estafa eléctrica de este país», y ha asegurado que la iniciativa planteada es «de responsabilidad y sentido común». «Nada hay más irresponsable, sectario y demagógico e ideológico que la defensa infame y vergonzosa que hacen de un sistema eléctrico que es una estafa», ha criticado Cerdán, mientras que, desde Podemos, Beatriz Gascó acusó al PP de convertir en «chantaje» cualquier decisión.

PP contrario a cerrar Cofrentes

El diputado del PP, Vicente Casanova, asegura que el cierre de Cofrentes tendría «graves consecuencias», como ha ocurrido en Alemania, con el incremento de la tarifa eléctrica un 25%, al tener que recurrir en gran medida al gas natural (ciclos combinados), y de las emisiones de dióxido de carbono un 50%, y sustituirla por energías renovables en 2021 implicaría la construcción de 2.040 aerogeneradores o 26.000 hectáreas de paneles solares. Para Casanova eso «no es razonable», sobre todo teniendo en cuenta que en dos años no se construyó ningún aerogenerador y se instalaron muy pocos paneles solares, y ha señalado que «no hay necesidad de retirar» estas instalaciones, sino que hay que garantizar, con informes y controles, que sean fiables.

Además, la utilización de ciclos combinados llevaría, según ha dicho, a «fuertes» incrementos de las emisiones de CO2 y, por tanto, al «incumplimiento de los compromisos ambientales, que obligan a nuestro país a reducciones del 20% en 2020 y del 30% en 2030». Casanova ha incidido en que las energías renovables todavía no están en disposición de suplir la aportación de Cofrentes y el resto de nucleares al sistema eléctrico nacional y ha señalado como responsable a la «paralización» del Plan Eólico por parte de la Generalitat, que ha provocado que en los dos últimos años no se haya instalado «ni un solo megavatio renovable«, por lo que planteó mediante una enmienda reactivar este programa.

Para el portavoz popular «esta propuesta sería ambientalmente un desastre» y ha añadido que, aunque hay que seguir incrementado el parque de renovables, el cierre de Cofrentes u otras centrales nucleares en 2021 crearía un «colapso del sistema eléctrico». Según el portavoz popular, «la posición del PP es ir incrementando la aportación de las renovables, tanto como se pueda, e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y garantizar el funcionamiento fiable del sistema eléctrico, clave para el desarrollo del país». Casanova concluyó que le tranquiliza que sea el Gobierno central el que, «a la luz de los oportunos informes», debe tomar la decisión final de prorrogar la autorización.

También propone que el Gobierno central solo conceda una nueva autorización de explotación de la central a partir de marzo de 2021 si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que se cumplen todos los requisitos de seguridad y del estado de la instalación, que se autorice la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radioactivos como solución temporal hasta que no se disponga del centralizado y que se incentive la instalación de energías renovables. Según Casanova, se trata de una propuesta «realista y viable».

«Hay que apostar por las renovables de modo que con el tiempo se pueda plantear seriamente la sustitución de las nucleares, y la Comunidad Valenciana debe velar para ir incrementando la aportación de las renovables e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y que se garantice la fiabilidad del sistema eléctrico sin incrementos inasumibles de la tarifa«, manifestó.

El Congreso veta una visita de diputados al Parlamento de Portugal por su posicionamiento contrario al almacén nuclear de Almaraz

Europa Press.- La Mesa del Congreso ha negado su permiso para la visita de una delegación de la Comisión de Energía al Parlamento portugués. Una visita destinada a analizar la situación del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), obras cuya paralización es reclamada por la Cámara lusa.

En el escrito remitido por la Mesa del Congreso no se precisan los motivos, si bien fuentes parlamentarias han señalado que el viaje no se considera oportuno habida cuenta de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, acaba de realizar una visita bilateral a Lisboa y que en próximas semanas ya se va a celebrar una cumbre interparlamentaria entre los dos países, prólogo de otra entre los dos Gobiernos.

No obstante, fuentes de la comisión critican la decisión de la Mesa del Congreso ya que, a su juicio, se trata de una «visita de cortesía obligada, más allá de mantener la buena relación entre ambos países«. En este sentido, recordaron que se trata de un tema que afecta a ambos estados, ya que la central de Almaraz, en Cáceres, se encuentra próxima a la cuenca del Tajo. En su momento, el Parlamento portugués votó de forma unánime en contra de la construcción del ATI.

Mediación europea, solución en curso

Portugal también envió a principios de año a su ministro de Medio Ambiente a negociar sobre el tema con su homóloga en España, Isabel García Tejerina, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo, lo que llevó al país vecino a presentar una queja formal ante la Unión Europea. Finalmente, la Comisión Europea medió entre ambos países para evitar el choque judicial. Para las fuentes consultadas, la negativa de autorizar la visita puede deberse también a que «no conviene más presión» internacional sobre esta tema.

La visita al Parlamento portugués era la respuesta a una invitación que el Congreso realizó al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, que visitó el Congreso de los Diputados en enero para tratar este mismo tema. Entonces, el parlamentario luso pidió al Gobierno de España que hiciera del caso de Almaraz una «cuestión ibérica» y trasladó la importancia que esta materia tiene en su país, ya que este ATI se construirá a menos de 100 kilómetros de la frontera.

España ve en la visita de Portugal y la Comisión Europea a Almaraz un «primer paso» de comunicación y coordinación

Europa Press.- Delegaciones de Portugal y de España, junto a representantes de la Comisión Europea, visitaron las instalaciones de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para conocer de primera mano el estado de las obras del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos. Según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se trata de un «primer paso» de comunicación. Así, el objetivo del encuentro es informar de las medidas de seguridad y de protección medioambiental del futuro.

Las delegaciones visitaron el emplazamiento del ATI y se les ha informado sobre el procedimiento y el análisis que se ha llevado a cabo para «garantizar la seguridad del almacén desde el punto de vista medioambiental y de seguridad nuclear». En la visita han participado también representantes del Consejo de Seguridad Nuclear. Se trata de «un primer paso de comunicación y coordinación» con las autoridades portuguesas tras el reciente «acuerdo amistoso» suscrito entre España y Portugal, por el que el país luso retiró su denuncia ante Bruselas. Según dicho «acuerdo», España se comprometió a informar en «todo momento» de los «pormenores» del proyecto de construcción del ATI de la central cacereña en el plazo de «dos meses», explica el Ministerio.

El Gobierno considera el ATI que tiene proyectado construir en Almaraz como una infraestructura necesaria ante la saturación de las piscinas de combustible gastado de la central nuclear. Ahora, con el acuerdo con Portugal, se abre ese periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por el presidente de España, Mariano Rajoy y por su homólogo de Portugal, Antònio Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén.

Tejerina garantiza «toda la transparencia”

Por su parte, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que España aportará toda la transparencia e información necesaria tanto a la Comisión Europea como a Portugal con respecto a la construcción del ATI en Almaraz. «España quiere dar toda la transparencia e información necesaria tanto a la Comisión como a nuestros vecinos y amigos portugueses», ha expresado Tejerina, antes de recordar que el Gobierno se ha comprometido a que Lisboa «pueda hacer todo el seguimiento» y a «facilitar toda la información».

«Desde una visita física para ver las instalaciones hasta la información que se requiera antes de seguir adelante con este proyecto, que cumple con las exigencias europeas y con las exigencias españolas en materia de medio ambiente y de seguridad nuclear», destacó Tejerina, que aseguró que España está ofreciendo «todas las garantías» y está cumplimiento «todas las obligaciones» que tiene con respecto a la construcción del ATI. En este sentido, preguntada por las razones de España para no elaborar un informe transfronterizo, Tejerina argumentó que el almacén es «una piscina estanca» que «no tiene mayor impacto medioambiental que lo que tiene un movimiento de tierras».

Garantías plenas en la seguridad

«En el entender de los técnicos, no hay un impacto transfronterizo», ha subrayado, para después incidir en que el almacén está a más de 100 kilómetros de la frontera y destacar que en ese espacio «también hay territorio español». También señaló la ministra que el Consejo de Seguridad Nacional ha dado garantías de que no existen incidencias desde el punto de vista de la seguridad. Por último, Tejerina ha enfatizado que un acuerdo amistoso como el alcanzado con Portugal «ha sido siempre el deseo del Gobierno español» y ha remarcado que el proyecto avanzará «conforme al acuerdo» alcanzado con Lisboa.

El Gobierno confía en que el ATI nuclear de Almaraz empiece a funcionar este año pese al acuerdo con Portugal

Europa Press.- El Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) podría empezar a operar en el plazo previsto inicialmente, es decir, a finales de 2017, a pesar del acuerdo adoptado con Portugal por el que España se compromete a hacer al país luso partícipe del proceso de autorización. La solución al conflicto se prevé para finales de abril.

Según señalaron fuentes del Ministerio de Energía, el acuerdo no contempla parar las obras de construcción de la instalación, sino que España se compromete a no autorizar de momento la operación o funcionamiento. El plazo establecido para que Portugal pueda conocer toda la información, documentación, presentar las propuestas y las «alegaciones que deseen» y visitar la instalación en la central nuclear cacereña es de dos meses. Por ello, desde Energía confían en que «el ATI no se va a retrasar».

Energía está «satisfecha» por el acuerdo alcanzado, puesto que lo lógico es resolver estos «conflictos» en un «corto espacio de tiempo». Además, Energía recuerda que la razón para construir el ATI tiene que ver con el nivel de saturación de las piscinas de combustible gastado en Almaraz y con el retraso previsto en la entrada en operación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). En todo caso, insisten en que la autorización de construcción «sigue adelante» y que la de funcionamiento «sigue prevista para finales de año».

Finalmente, el Ministerio ve el conflicto «dentro de la normalidad» del diálogo «continuo» entre los dos países. El ministro luso de Medio Ambiente, Joao Matos, anunció el 16 de enero que Portugal denunciaba a España ante la Comisión Europea porque, según aseguró, el Ejecutivo español no le proporcionó la documentación e información relativa a la instalación del ATI en Almaraz (Cáceres). Por otro lado, fuentes de la central nuclear han señalado que el ATI, que «consiste en una losa de hormigón sobre la que se depositarán los bidones con residuos nucleares», comenzó a construirse a mediados del mes de febrero.

Ecologistas en Acción lamenta que Portugal ceda ante las presiones y retire su denuncia por el ATI nuclear de Almaraz

Europa Press.- Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de Portugal haya retirado y no haya sido «capaz de mantenerse firme en su denuncia» sobre las «irregularidades» cometidas en el proceso de licenciamiento del almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y que ceda a las “presiones, parece que demasiado fuertes, del Gobierno de España y de la Comisión Europea, con su oferta de acelerar las interconexiones energéticas”.

Ecologistas, como integrante del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), interpuso en enero un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español de autorizar el ATI en Almaraz porque considera que se ha ignorado el impacto transfronterizo de la obra. En su recurso advertían de que una hipotética fuga radiactiva del ATI podría afectar al embalse de Arrocampo y acabar en el río Tajo, con lo que la contaminación afectaría muy probablemente a Portugal, como recuerdan que ya sucedió en 1970, cuando se produjo un escape de agua radiactiva de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que llegó hasta Lisboa.

En este contexto, el Gobierno de Portugal denunció el pasado 16 de enero a España ante la Unión Europea para que las autoridades comunitarias se posicionaran ante el proceso de autorización del ATI de Almaraz. Ecologistas en Acción sostiene que España contravino los protocolos internacionales de Kiev, Aarhus y Espoo, así como varias directivas europeas, al autorizar el ATI sin consultar al Gobierno portugués. Por ello, Portugal no pudo abrir un periodo de consulta en el que interponer alegaciones al almacén de residuos, tal y como pudieron hacer las personas y organizaciones interesadas en España.

Por ello, la asociación advierte a Portugal de que con la aceptación del ATI está «aceptando de facto la prolongación del funcionamiento de la central nuclear hasta los 60 años» y desoye la voz de la mayor parte de la ciudadanía portuguesa (las encuestas muestran que más del 90% de la población lusa muestra su oposición a la central) y del Parlamento portugués, que se posicionó en contra del ATI y del alargamiento de la vida de Almaraz. Para el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que los reactores nucleares pasen los 40 años de diseño supone un «riesgo inaceptable» porque las condiciones de seguridad se degradan con el envejecimiento.

Portugal retirará su denuncia ante Bruselas sobre el ATI nuclear de Almaraz para que España permita intervenir a expertos lusos

Europa Press.- Los Gobiernos de España y Portugal cerraron un acuerdo «amistoso» para resolver la disputa por la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas mientras Madrid accede a trasladar toda la información «relevante» del proyecto en materia de medio ambiente y seguridad nuclear. El Ministerio de Energía expresó su «satisfacción» con el acuerdo «de buenos vecinos» con Portugal.

La solución fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antònio Costa, en una declaración conjunta firmada también por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha ejercido de mediador entre las partes. El compromiso pactado establece «un proceso de consulta y diálogo constructivos» entre Madrid y Lisboa, con el objetivo de resolver la controversia creada.

El acuerdo incluye la visita de expertos portugueses y de la Comisión a la central cacereña «en los próximos días», según detalla la Comisión, «tan pronto como sea posible«. Irán representantes de las direcciones de Medio Ambiente y de Energía del Ejecutivo comunitario, así como miembros del Gabinete de Juncker. El objetivo es conocer la tecnología y las características de seguridad previstas en la central.

Se abre un periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por Rajoy y Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén. Ese tiempo se empleará, por contra, para «examinar y tomar en consideración» las reservas lusas al proyecto y para contemplar medidas para abordar estas dudas.

Aunque los términos del acuerdo no obligan a España a detener los trabajos ni a emprender una evaluación de impacto medioambiental, las autoridades españolas sí deberán «abstenerse» de toda medida que pueda ser «irreversible», según indicó el portavoz comunitario en materia medioambiental, Enrico Brivio. Ello supone que las obras «pueden continuar, pero antes debe producirse una consulta» con las autoridades lusas, ha insistido Brivio, para quien es «prematuro» decir si será necesaria una evaluación de impacto, tal y como reclamaba Portugal, o quien debería asumir los costes de ese estudio.

Bruselas explicó que el diálogo reforzado pretende servir de plataforma para la «consulta y evaluación conjunta» de la situación y para entender si la evaluación de impacto medioambiental «es necesaria» o bien la información ofrecida por el Gobierno español será «suficiente». «Es el inicio de un proceso basado en la confianza mutua entre las dos partes», apuntó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

En su declaración conjunta, Rajoy y Costa han explicado que en un contexto de «inmensos desafíos» para la Unión Europea, las controversias entre Estados miembros que son «aliados tradicionales» deben resolverse «rápidamente», en un espíritu de cooperación y consenso. Se trata de un pacto que «prueba la cooperación pragmática» de los dos países y la voluntad de la Unión Europea de «resolver problemas». En este contexto, y tras las garantías de las autoridades españolas, el Gobierno portugués retirará la denuncia presentada el pasado mes de enero ante la Comisión Europea en contra de España por incumplimiento de la legislación comunitaria.

La mediación de Juncker se inició el pasado 3 de febrero en Malta, según Bruselas, en el marco de la cumbre europea que se celebró en Valeta y que propició un encuentro con las partes en los márgenes de la reunión a Veintiocho. El diálogo entre las partes permitió, además, expresar el compromiso de «acelerar» los trabajos del grupo de alto nivel del Suroeste de Europa en materia de interconexiones de gas y electricidad, para conectar la Península Ibérica con el resto de mercados europeos.

Energía: acuerdo «de buenos vecinos»

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expresó su «satisfacción» por el acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal sobre la disputa acerca del ATI nuclear de Almaraz, según indicaron fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El acuerdo responde al comportamiento «lógico entre buenos vecinos», que desean resolver cualquier diferencia «pronto y bien», y «así se ha hecho entre dos países que siempre han mantenido el diálogo sobre el asunto», explican las fuentes. La consecución del acuerdo se produce poco después de los encuentros celebrados entre las máximas autoridades portuguesas en competencia medioambiental y Nadal y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Greenpeace pide al Congreso que asegure la independencia del CSN mientras AMAC defiende alargar el funcionamiento de las centrales nucleares

Europa Press.- La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) ha defendido en el Congreso de los Diputados el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y ha criticado que «todo el mundo tome decisiones y opine» sobre el futuro de estas plantas «sin tener en cuenta a la población que hay detrás». Por su parte, Greenpeace pidió en el Congreso que se asegure la independencia y transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La portavoz de la organización sobre temas nucleares, Raquel Montón, reivindicó en su comparecencia, ante la ponencia encargada de las relaciones con el CSN en la Cámara Baja, la misión del regulador, así como la necesidad de que sea independiente y transparente para garantizar la seguridad nuclear del país. Además, ha reclamado el poder legislativo como garante del buen funcionamiento del organismo. La organización ecologista considera que la independencia del regulador nuclear está en riesgo debido a las dudas sobre la imparcialidad de su presidente, Fernando Martí, que era secretario de Estado de Energía cuando fue elegido, un cargo directamente relacionado con las instalaciones nucleares, y en concreto con Garoña.

Asimismo, la organización ecologista reivindicó que los partidos políticos exijan responsabilidades ante lo que consideran «una nefasta gestión» de este organismo y del Gobierno en relación a la central nuclear de Garoña. Para Greenpeace ha quedado demostrado el tratamiento «escandaloso» que se está llevando con esta central nuclear ya que el CSN «pone en riesgo la seguridad nuclear con el informe emitido» para la reapertura. Greenpeace considera que para 2017, el CSN tendrá que afrontar el desmantelamiento de Garoña, así como la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, y el proceso de Almaraz (Cáceres), “cuyo cierre progresivo deberá ser planificado próximamente para evitar un nuevo fiasco como el que está sucediendo con Garoña”.

Los municipios sí quieren nuclear

Sin embargo, desde AMAC lo tienen claro. «Para nosotros es nuestra fábrica, de kilovatios, pero una fábrica, nos da trabajo», reivindicó el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal, que denunció que el cierre de estas plantas dejan «pueblos abandonados sin ningún plan de desarrollo alternativo de actividad económica», un reto para las corporaciones municipales porque «el Estado no asume» esta nueva situación. «Si nadie hace nada puede convertirse en una depresión económica importante» señaló el también alcalde de Vic (Tarragona).

Durante la comparecencia, el gerente también abordó la construcción de los Almacenes Temporales Individuales (ATI) de residuos nucleares y que, según ha indicado, suponen «una política de hechos consumados que no es pactada con los municipios y que éstos están asumiendo» sin que así constara en el Plan General de Residuos. «Esto ha ocurrido por el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC)», prevista en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), apuntó el gerente de AMAC, quien representa a las más de 70.000 personas que pueblan áreas próximas a las centrales nucleares.