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Enresa apunta a problemas financieros si las nucleares cierran a los 40 años y ve más económico construir el ATC

EFE.- El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Juan José Zaballa, calcula que si no se construye un Almacén Temporal Centralizado (ATC), los desechos se tendrán que guardar en los almacenes individualizados de cada planta nuclear (ATI), lo que es «extremadamente» más caro, alrededor del «triple«. Asimismo, Zaballa apuntó a posibles problemas financieros para desmantelar las centrales nucleares españolas en el caso de no prorrogarse su actividad más allá de los 40 años.

Enresa explica que el fondo del que dispone para las operaciones de desmantelamiento de todos los reactores asciende a aproximadamente 4.600 millones de euros. En 2028, fecha en la que la última de las centrales acaba su vida útil prevista de 40 años (Trillo, Guadalajara), el fondo sumaría 6.500 millones gracias a la generación de electricidad y recursos de estas instalaciones, una cifra que «habrá que preguntarse si es suficiente» o, por contra, si por motivos financieros es aconsejable incrementar ese periodo. La ampliación a 60 años es una de las peticiones de Unesa, la patronal de las empresas eléctricas.

Madrid acoge una conferencia internacional

«Un informe del Tribunal de Cuentas dice que no es suficiente», aseveró Zaballa, que preside esta semana una conferencia internacional de la Agencia de la Energía Atómica (OIEA) sobre la clausura de instalaciones nucleares retiradas del servicio y restauración ambiental de emplazamientos con contaminación radiactiva. Acompañado por el subdirector general de la OEIA, Juan Carlos Lentijo, el presidente de Enresa ha recordado que, si el cierre de la última nuclear española se produce en 2028, las labores de desmantelamiento no empezarán antes del 2031. Este posible escenario supondrá un «esfuerzo muy importante de financiación» y de disponibilidad de localizaciones para los residuos nucleares, agregó Zaballa.

Por ello ha explicado que «siempre hay estrategias» para sortear posibles dificultades derivadas del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad en el municipio conquense de Villar de Cañas. En este sentido, Enresa está «a la espera» del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que debe pronunciarse sobre un recurso en contra de la decisión del Gobierno regional socialista de declarar la zona del ATC de especial protección medioambiental. En el caso de que no haya un ATC, los desechos deberían almacenarse en los ATI, posibilidad «extremadamente» más cara según  Zaballa.

España prevé gestionar 188.000 m3 de residuos nucleares, más de la mitad de muy baja actividad

Europa Press / EFE.– España calcula que la cantidad estimada de residuos nucleares de baja y media actividad a gestionar en función de su parque nuclear será de 188.000 metros cúbicos (m3), de los que un 54% serán de muy baja actividad. Así consta en el Informe Nacional sobre la aplicación de la directiva europea para la gestión responsable y segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, de agosto de 2015, el primer informe nacional remitido por España a la Unión Europea en materia de residuos.

Además de las plantas atómicas, el ámbito industrial, médico y de investigación contribuyen a generar desechos radiactivos, pero en mucha menor magnitud. El documento recuerda que en España los residuos radiactivos de baja y media actividad son almacenados definitivamente en el Centro de Almacenamiento de El Cabril. El combustible nuclear gastado, salvo el de la planta de Vandellós I, clausurada en 1989 por un grave accidente, se guarda actualmente en las piscinas de los reactores y en los almacenes temporales individualizados (ATI) de Trillo, José Cabrera (en desmantelamiento) y Ascó.

Asimismo, especifica que hasta 2014 se habían generado en España un total de 57.300 m3 de residuos radiactivos, de los cuales el 70% corresponden a residuos de baja o media actividad. En este sentido, señala que la estimación de la generación futura de residuos radiactivos y combustible gastado se ha basado en que no se contempla la opción del reprocesado del combustible nuclear gastado y en un parque nuclear actual de 5 centrales nucleares con 7 reactores en operación hasta los 40 años de funcionamiento, una central nuclear parada (Garoña) y 2 reactores en desmantelamientos.

El informe también señala como hipótesis para esta estimación la previsión de puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) a principios de 2018 y de un Almacén de Espera de Contenedores (AEC) a mediados de 2017, con un periodo de operación de éste de 60 años. Asimismo, se basa en el desmantelamiento inmediato de las centrales nucleares de agua ligera a iniciar 3 años después de su parada, y con duración de 7 años. En el caso de Vandellós I, se prevé ejecutar la última fase de su desmantelamiento a partir de 2030 con una duración de 6 años.

España asegura disponer de la infraestructura «necesaria» para la gestión segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, desde el punto de vista institucional, administrativo, técnico y económico-financiero. Las mayores previsiones de generación de residuos radiactivos de baja y media actividad corresponden a Cofrentes, con 3.316 metros cúbicos; Almaraz (Cáceres), con 2.062 metros cúbicos; Ascó, 1.948; Vandellós II (1.061); Garoña (939) y Trillo (907). A ello hay que sumar un capítulo aún mayor: los desechos derivados del futuro desmantelamiento de las plantas, que rozarán los 128.000. Por otro lado, el inventario de combustible gastado refleja que el total a gestionar en el futuro ascenderá a 19.740 elementos de combustible.

En la categoría de residuos de alta actividad se incluyen básicamente los residuos procedentes del reprocesado del combustible del reactor desmantelado Vandellós I en Francia, que retornarán en breve a España. De acuerdo con el principio de Quien contamina paga, el 99% de los ingresos que alimentan el Fondo de Enresa para la gestión de los residuos proceden de las tasas que pagan los titulares de las centrales u otras instalaciones nucleares o por los generadores de residuos radiactivos fuera del ciclo del combustible nuclear.

El informe, en cuya redacción participaron el CSN, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), los titulares de las planas nucleares y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, también explica que la propia Enresa, como responsable de elaborar el inventario nacional, está revisando la metodología empleada hasta el momento para la estimación de las cantidades de residuos a gestionar, “considerando las incertidumbres asociadas” y que está previsto finalizar el ejercicio en junio de 2016, con la edición de un nuevo inventario con los datos cerrados al finalizar 2015. De hecho, el CSN está evaluando actualmente la petición de Nuclenor para la renovación de la licencia de explotación de Garoña.

Municipios del entorno de Garoña se oponen a un ATI sin garantía de que vaya a construirse el ATC

Europa Press / EFE.- Los municipios del entorno de la central de Santa María de Garoña mostraron su oposición a la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos (ATI) si no hay garantías del traslado de los mismos a un Almacén Temporal Centralizado (ATC) como el previsto en Villar de Cañas (Cuenca) y además no hay un plan alternativo de desarrollo para esta zona.

Así lo han expresado los alcaldes de una docena de localidades burgalesas y dos alavesas ubicadas en el entorno de la central, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina en Quintana Martín Galíndez para analizar las posibles consecuencias de su cierre. En concreto, asistieron a la reunión los alcaldes de las localidades burgalesas de Bozoo, Cascajares de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta Urria, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina y los de las alavesas de Lantarón y Valdegovía.

Todos ellos, ante las informaciones que apuntan a un posible planteamiento de Iberdrola de cerrar la central, han criticado la «falta de interés» de la empresa Nuclenor de mantener informados a los municipios del entorno sobre las decisiones que se toman y afectan a sus vecinos, «a pesar de las constantes declaraciones de voluntad de transparencia«, según comunicaron. Además, consideran que esta decisión puede ser «más grave» por los «vaivenes» a la hora de decidirse sobre la continuidad, dado que ha provocado el «abandono» y la «desaparición» del Plan de Desarrollo Económico Alternativo a la Central Nuclear que el Estado puso en marcha en 2009, cuando se publicó el decreto de cierre de la planta.

No al ATI sin ATC

De la misma forma, han criticado lo que a su juicio entienden como la verdadera voluntad: «la explotación de un territorio aislado de pequeños municipios a su interés y el abandono cuando sus intereses les llevan a otra parte». Este grupo de municipios considera «más rechazable» aún esta filosofía en el caso de Garoña al pretenderse la construcción de un almacén de combustible gastado, el «residuo radiactivo más peligroso», al aire libre «sin ningún plan de desmantelamiento del mismo», ya que en estos momentos consideran que no se puede confiar en un supuesto ATC como garantía de su posterior traslado.

De esta forma, estas localidades acordaron reafirmar su voluntad de trabajar conjuntamente para «hacer frente» a la situación que se causa con un posible cierre de Garoña y la intención de construir un almacén de residuos de alta actividad en el emplazamiento de la central nuclear mientras no existan «garantía» de un plan de desarrollo para la zona nuclear y también de su traslado futuro a un almacenamiento adecuado. Asimismo, reclaman a Nuclenor, al Estado y a Castilla y León un plan de desarrollo alternativo de la zona incluida dentro de los 10 kilómetros de la central nuclear que asegure un futuro «digno» a los vecinos de los pueblos que han convivido con la central durante más de 40 años.

Estos municipios recuerdan que las zonas aledañas a Zorita, «sufren» las consecuencias de un cierre nuclear y que, como el resto de centrales, «van a sufrirlas en un futuro no muy lejano». Este conjunto de localidades ha recordado que el cierre de la central nuclear de Garoña, según el estudio realizado por el Colegio de Economistas de Burgos con la financiación de Nuclenor, causará unos efectos «altamente negativos» en el entorno de la central, que serán «peores» para la zona más cercana a la misma, cuya dependencia a la instalación «es mayor por cuanto este tipo de instalaciones, si bien suponen una cantidad importante de puestos de trabajo, no generan ningún tipo de economía alrededor que permanezca a su cierre».

Los grupos del Congreso piden al presidente del CSN que adelante su comparecencia a la próxima semana

Europa Press.- Los grupos del Congreso han solicitado este miércoles al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, comparecer en la Cámara Baja la próxima semana para que, entre otros temas, aclare si habrá o no una posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) o conocer cuál es la situación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, ante una inminente disolución de las Cortes el próximo 3 de mayo.

Fuentes del CSN han confirmado que el propio Martí había solicitado comparecer a petición propia el 5 de mayo, dos días después de que previsiblemente vayan a disolverse las Cortes. Es por ello por lo que los distintos portavoces parlamentarios se han reunido este miércoles, en la ponencia del Congreso encargada de las relaciones con el órgano regulador, y le han solicitado adelantarla.

Desde Podemos indicaron que la comparecencia de Martí se ha solicitado para el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril, últimos días de pleno de esta legislatura en caso de que se mantenga la falta de acuerdo de investidura, aunque todavía se desconoce si el presidente del órgano regulador podrá acudir o no a la Cámara.

«Una actitud esquiva»

Por su parte, en un comunicado, las socialistas Pilar Lucio y Patricia Blanquer han denunciado que tanto el PP como Martí, «han mantenido una actitud esquiva y han obstaculizado los procedimientos utilizando la interinidad del Ejecutivo para alargar los tiempos y no comparecer de forma urgente en el Congreso».

Ante la decisión del CSN de continuar con el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña, tomada el pasado febrero, recuerdan que todas las formaciones, salvo el PP, solicitaron al órgano regulador «la interrupción temporal de este proceso hasta la formación de un nuevo Gobierno».

Por su parte, el PP confirma que, como coordinador de la ponencia, se ha manifestado al CSN la necesidad de que comparezca la próxima semana Martí, ante la previsible disolución de las Cortes, y dadas las peticiones de «todos» los grupos parlamentarios.

La postura del CSN

Mientras, desde el CSN recuerdan que fue el propio órgano regulador el que ya el pasado 11 de febrero pidió comparecer a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso.

En todo caso, especifican que no recibió respuesta por parte del Parlamento hasta el 18 de abril, cinco días después de que se constituyera dicha ponencia, momento en el que fijó como «primera fecha disponible» para acudir a la Cámara el próximo 5 de mayo.

El emplazamiento del ATC es “apto” según los informes del CSN, que contemplan soluciones de ingeniería para sortear algunas dificultades

Europa Press / EFE.- Los informes entregados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Transparencia Internacional reflejan dudas sobre la bondad de la ubicación del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, y proponen una panoplia de soluciones para sortear las dificultades detectadas por el organismo regulador. La difusión de los documentos, enviados a dicha ONG y publicados en la web del CSN en la pestaña «transparencia», se deriva de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente).

De hecho, en su respuesta, el CSN considera «fundamental que reciba el conjunto de documentos técnicos que justifican la propuesta de dictamen técnico» que fue aprobada por el pleno del CSN en su reunión de 27 de julio de 2015. Por ello entrega 4 informes más de los exigidos para una correcta comprensión del dictamen técnico. Dicha decisión técnica recoge limitaciones del terreno del ATC de Villar de Cañas y las condiciones y soluciones de ingeniería que se tendrían que imponer a la construcción de dicha instalación para que los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica se cumpliesen según los mejores estándares de seguridad.

En estos informes se concluye con carácter general que los terrenos son aptos para albergar el futuro ATC de residuos atómicos español, pese a que se plantean algunas dudas existentes en materia de la composición profunda de los terrenos o la posible existencia de fallas tectónicas desconocidas porque faltan datos de geología y geomorfología. Esta falta de datos en los estudios que dan lugar a «incertidumbres en aspectos relevantes que sirven de base a otras áreas de conocimiento, como geoquímica, sismicidad, hidrogeología y geotecnia». Así consta en dos informes, uno de la Universidad de Cantabria y otro de la empresa estadounidense URS, que han sido tenidos en cuenta por el CSN en la evaluación del emplazamiento de Villar de Cañas.

Así, un informe de la Universidad de Cantabria subraya que «la capacidad portante del terreno es elevada y su deformabilidad ante la aplicación de cargas es reducida», por lo que la ubicación es «idónea» para construir el ATC. El informe añade que hay que prestar «especial atención» a los detalles constructivos: no hacer sondeos excesivamente profundos si no son indispensables; cementar los sondeos en cuanto sea posible, no recurrir a voladuras para la excavación y cuidar el control del flujo de agua. En todo caso, los ingenieros no han detectado huecos de disolución de yesos y valoran ese hecho como «factor positivo», por lo que ve la solución de diseño envolvente como una precaución adicional.

Asimismo, se concluye que los ensayos realizados sobre el potencial expansivo del terreno son correctos y adecuados y que los ensayos de inundación bajo carga son «especialmente representativos del proceso». Los expertos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos valoran como un aspecto «muy positivo» la no presencia de anhidrita. En cambio, reconoce que los terrenos plantean «problemas derivados de la expansividad o de la disolución de yesos», aunque propone como la solución «más eficaz» la elección de soluciones estructurales, geotécnicas y constructivas para reducir el riesgo de modificación de los regímenes existentes de tensiones y de flujo de agua. «Las soluciones de cimentación superficial mediante losas rígidas son muy adecuadas», aconseja.

Las soluciones contrarrestan los inconvenientes

Otro de los documentos, firmado por técnicos del área de ciencias de la tierra del CSN, concluye que no se puede afirmar que el terreno sea idóneo debido a características «desfavorables» como la presencia de materiales yesíferos y arcillas en contacto con el agua. Para autorizar la obra, cree necesario medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo, limitando la activación de fenómenos de disolución y expansividad durante la excavación, construcción y operación. También exige, entre otras cuestiones, un plan de vigilancia del terreno con finalidad geotécnica e hidrogeológica, que verifique la eficacia de estas medidas.

Otro informe de evaluación del área de ingeniería mecánica del CSN determina que es aceptable la solución estructural de Enresa para afrontar los posibles riesgos (carácter expansivo de las arcillas y la activación de disolución de yesos). No obstante, pide a Enresa un análisis en detalle de todas sus actividades y un constante control para poder identificar la aparición de procesos de hinchamientos del terreno o de disolución de yesos.

Otro de los informes entregados, elaborado por la ingeniería URS España, con fecha de 29 de julio de 2015, afirma que en los trabajos de Enresa faltan datos o se minusvaloran riesgos. Se dispone de información «insuficiente» sobre la red de fracturación del subsuelo o la posible presencia de rellenos kársticos en profundidad y bajo el río Záncara. En todo caso, URS valora que hay ausencia de tectónica reciente tanto en el emplazamiento como en el entorno, pero subraya que no se puede afirmar que no hay fallas activas en el entorno inmediato y se muestra en desacuerdo con Enresa sobre el riesgo de un seísmo, ya que en su opinión «no es descartable» un terremoto de 5,5 de magnitud.

Tampoco comparte los impactos que Enresa prevé en cuanto a la disolución de minerales en el subsuelo por las aguas subterráneas. Según la estatal, el agua subterránea está en equilibrio con el medio rocoso por lo que los procesos de disolución derivados de la interacción agua roca no pueden generar riesgo de «subsidiencia apreciable», afirmación que la consultora no comparte.

En cuanto a la inundabilidad, este informe de evaluación no plantea problemas relevantes y coincide en que los cálculos de Enresa son adecuados y «suficientes para asegurar la idoneidad del emplazamiento frente al riesgo de inundación». La conclusión es que los terrenos seleccionados están «claramente considerados a salvo de inundaciones«. Respecto al estudio hidrogeológico presentado por Enresa en 2012 estima que «carece del nivel de detalle necesario para dar respuesta a un esquema conceptual de funcionamiento hidrogeológico lo suficientemente sólido que permita elaborar un modelo matemático que simule adecuadamente flujo subterráneo en el medio y pueda emplearse como herramienta predictiva».

De hecho, en materia de hidroquímica, la evaluación de URS advierte de que aunque las aguas saturadas en yeso no tienen en principio capacidad de disolución de este mineral, es probable que en el subsuelo se produzcan, de acuerdo con las simulaciones presentadas, la disolución de otros minerales, con «potenciales efectos sobre las características geotécnicas». Los extensos informes difundidos han formado parte del proceso de decisión en la evaluación del CSN sobre el emplazamiento elegido por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 para albergar el ATC en España.

Transparencia Internacional celebra la publicación de los informes del CSN sobre el ATC aunque denuncia que están «cercenados»

Europa Press / EFE.- El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, valoró de forma «positiva» que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya entregado los informes sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), reclamados por la ONG a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero lamenta que estos documentos estén «cercenados» con “páginas tachadas en negro» en algunos de ellos.

«Teníamos ciertas dudas de que nos fueran a dar los informes, así que la valoración es positiva», indicó Lizcano, que explicó que el presidente del CSN y la secretaria general se reunieron con ellos para informarles de que los iban a entregar y a publicar algunos más de los solicitados. De este modo, señaló que el regulador ha publicado 4 informes más además de los 2 que, a su juicio, «cuestionaban» el emplazamiento de Villar de Cañas (Cuenca) como lugar adecuado para albergar el ATC, donde se conservarán durante un siglo los residuos de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas.

En concreto, ha explicado que han recibido los dos informes que mostraban una «opinión desfavorable» y «para contrarrestar», otros cuatro estudios con soluciones técnicas para solventar los problemas que podría tener la instalación, aunque no estiman el coste económico de estas medidas. «Lo principal es que se ha conseguido que se publiquen estos informes porque tienen un interés social», subrayó. Transparencia Internacional publicará en su página web los informes técnicos sobre el emplazamiento del ATC.

Sin embargo, Lizcano lamenta que en los informes están «tachados todos los documentos que han servido de base» a los autores para llegar a sus conclusiones. «Ese es el mayor inconveniente que hemos visto, porque se ha cercenado la información. En el informe de la ingeniería URS España, uno de los más importantes, hay 8 páginas finales en las que debían aparecer las conclusiones, que han sido tachadas en negro, por lo que creemos que esas circunstancias faltan a la transparencia que se esperaba «, señalaron desde la ONG. También lamenta Lizcano que se haya procedido de la misma forma en el documento de los técnicos del área de Ciencias de la Tierra del CSN.

«Nosotros advertimos que ciertos informes encontraban riesgos para la instalación del ATC en Villar de Cañas», relató Lizcano, que señaló que por este motivo acudieron al CSN «para que nos diera las informaciones al respecto sobre cómo se había elegido Villar de Cañas frente a 8 candidaturas, cuando éste lugar, según informes técnicos hidrológicos aparecía en último lugar«. «En los informes que se habían realizado, y que hasta ahora no teníamos, se desaconsejaba que se ubicara en esa zona porque podía haber elementos radiactivos que perjudicaran a la población», ha señalado. Si había otros criterios, Lizcano argumenta que «queríamos saber cuáles eran, por lo que pedimos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente) que nos los remitiera».

Martí (CSN) explica a Transparencia Internacional los informes sobre el ATC de Villar de Cañas

EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, informó durante una hora al presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, sobre las características de dichos informes, relativos a la idoneidad y condiciones de seguridad de la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad (ATC), en Villar de Cañas. A finales de febrero pasado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó en una resolución que el CSN remitiese 2 de los 6 documentos solicitados por Transparencia.

Lizcano añadió que el plazo de entrega de la documentación expira el 10 de abril, según sus cálculos, y el 13 de abril según el CSN, momento a partir del cual los hará públicos. El organismo regulador en materia nuclear solicitó hace un par de semanas una prórroga al Consejo de Transparencia para el envío de la documentación, debido a que necesitaba cerciorarse de que no incurría en posibles conflictos con protección de datos, propiedad intelectual o secreto profesional de los autores de los estudios.

El ATC, con un presupuesto superior a los 900 millones de euros, consiste en una nave blindada con paredes de casi 2 metros de espesor, y guardará 6.700 toneladas de combustible gastado y de residuos de alta actividad de las plantas nucleares en cápsulas selladas. En 2010, 8 localidades presentaron sus candidaturas para acoger el ATC nuclear: Zarra (Valencia), Santervás de Campos (Valladolid), Ascó (Tarragona), Albalá (Cáceres), Congosto de Valdavia (Palencia), Melgar de Arriba (Valladolid), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas. El informe técnico final colocó a la localidad conquense en el cuarto lugar, después de Zarra, Ascó y Yebra.

El pasado 30 de mayo, el Tribunal Supremo rechazó los recursos de los ayuntamientos de Ascó y Yebra contra la decisión del Gobierno de elegir a Villar de Cañas , porque «nada obligaba» a escoger al municipio con mayor puntuación en la valoración técnica. Según la sentencia del alto tribunal, el criterio de la Comisión Interministerial que elevó la propuesta al Consejo de Ministros no era vinculante para el Gobierno.

La Plataforma anti ATC denuncia que Enresa adjudica trabajos en Villar de Cañas «a dedo» y con el proyecto paralizado

EFE / Europa Press.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha denunciado que la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) ha adjudicado por tercera vez de forma directa unos trabajos relacionados con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, aunque el proyecto está «paralizado». Según indicaron, es la tercera vez que Enresa realiza una adjudicación sin someterse al trámite de oferta pública, pero esta vez ha sido la de mayor cuantía, de unos 300.000 euros.

Este proyecto se adjudicó al mismo grupo de empresas constituidas en una Unión Temporal de Empresas que actualmente se encuentran realizado sondeos de 200 metros en los terrenos designados para construir el ATC, según la Plataforma. Se trata de trabajos de caracterización de los terrenos para el ATC, complementarios a los que se están realizando en cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), del informe para la autorización previa o de construcción emitida por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La Plataforma ha indicado que se concentrarán, junto con el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), para protestar frente a la sede de Enresa el 28 de marzo. La portavoz de la Plataforma, María Andrés, subrayó que Enresa «debería ser absolutamente escrupulosa en la adjudicación de dinero público y, en este caso, ni siquiera se han guardado las formas». Además, recordó que el ATC está «paralizado» desde julio por la ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito puesta en marcha por el Gobierno regional y también porque no tiene ni «planeamiento urbanístico» ni «ninguno de los cuatro permisos pertinentes».

Finalmente, añadió que los abogados de la Plataforma están estudiando las contrataciones por si procediera tomar alguna medida. Asimismo, este colectivo ha aplaudido que el CSN tenga que entregar a Transparencia Internacional España algunos informes relacionados con el ATC, y recordó que la Plataforma también había pedido estos informes. Por ello confía en que el CSN, «ante este toque de atención, cambie su forma de actuar e incremente su transparencia«.

«No hay nada que ocultar»

Por su parte, el delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, señaló, sobre la presentación de los informes del ATC, que «todo lo que clarifique este situación es bueno», pues a su modo de ver «no hay nada que ocultar». Así respondió Gregorio sobre la solicitud del CSN al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una prórroga de 15 días para entregar los informes que este órgano le instó a entregar a Transparencia Internacional. Además, sobre la denuncia de la Plataforma sobre los contratos adjudicados por Enresa, Gregorio señaló que «es una cosa que tendremos que mirar».

El CSN pide más tiempo para entregar los informes sobre el almacén nuclear de Villar de Cañas

EFE/Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido 15 días adicionales para poder cumplir con la exigencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de entregar varios informes sobre el futuro almacén de residuos de alta radiactividad de Villar de Cañas (Cuenca) a la ONG Transparencia Internacional.

A finales del pasado mes de febrero, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud de esta oenegé para conocer los estudios técnicos realizados sobre la idoneidad y condiciones de seguridad de la localización conquense.

En su resolución, con fecha 24 de febrero, emplazaba al organismo regulador en materia nuclear a facilitar la documentación a Transparencia Internacional en el plazo de quince días hábiles.

Sin embargo, han pedido duplicar el plazo para hacerlo. En concreto, el Consejo de Transparencia les requirió el 7 de abril la entrega. Si bien, desde el CSN piden estos 15 días de gracia porque se han puesto en contacto con la Universidad de Cantabria y la empresa URS, por si estos informes pudieran tener «limitaciones derivadas del secreto profesional o de la propiedad intelectual o industrial». De este modo, se permitiría suprimir aquellos datos que pudieran «atentar contra esos derechos».


Por su parte, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, ha valorado como «una noticia positiva» la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de entregar tales informes, aunque ve «negativo e inconveniente» la petición para ampliar su plazo puesto que se trata de una «información muy sensible e importante» para la sociedad que no debería retrasarse.

Además, Lizcano ha explicado que en el momento en el que obren en su poder los difundirá ya que son estudios de «utilidad pública».

En su resolución, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluye que se entregue a esta ONG los informes de carácter geotécnico e hidrogeológico sobre la idoneidad y condiciones de seguridad de la ubicación del ATC, así como el presentado por la empresa URS en relación a las condiciones del terreno de la futura instalación.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente y está adscrito, a efectos puramente organizativos, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El CSN tiene 15 días para entregar a Transparencia Internacional 2 informes que podrían cuestionar el emplazamiento del ATC

Europa Press / EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene 15 días hábiles para entregar a la ONG Transparencia Internacional copia de 2 informes sobre la idoneidad y condiciones del emplazamiento elegido para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca). Así consta en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó parcialmente las reclamaciones de esta ONG para acceder a una información que considera relevante para los ciudadanos.

Concretamente, la resolución, adelantada por el diario El País, insta al regulador nuclear a remitir en 15 días hábiles al presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, varios informes. Se trata del informe del propio organismo regulador, de carácter geotécnico e hidrógeológico sobre la idoneidad y condiciones de seguridad del emplazamiento elegido para el ATC y que hayan servido para adoptar la propuesta de dictamen técnico. Además, le insta a remitir a la ONG copia del informe presentado por la consultora americana URS sobre las condiciones de terreno y emplazamiento del ATC en Villar de Cañas.

El Consejo de Transparencia desestima sin embargo otras peticiones al CSN, como el informe sobre la adjudicación del emplazamiento, una nota informativa de los técnicos de Ciencias de la Tierra del regulador sobre el sitio elegido, otro informe presentado por los geólogos sobre las condiciones de los terrenos, así como otro documento sobre la aprobación del emplazamiento, teniendo en cuenta el informe desfavorable de los geólogos del propio organismo. Igualmente, desestima la solicitud de Transparencia Internacional para que el regulador le entregue información sobre la cuantía del proyecto al entender que habrá un sobrecoste, pues entiende que el ámbito económico no es competencia del CSN.

No existe una obligación legal

Mientras, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, explicó que hace meses pidieron información al regulador para conocer los criterios por los que se había elegido Villar de Cañas para albergar el ATC, a tenor de informaciones que apuntaban a la falta de idoneidad del sitio elegido para albergar los residuos radiactivos de las centrales por los riesgos de contaminación y afectación de la salud pública. Lizcano considera que esta información puede ser relevante y de interés para los ciudadanos por lo que ahora espera que en el plazo de 15 días el regulador le remita estos informes porque «aunque no hay una obligación legal, es un organismo oficial nombrado por el Parlamento», según subrayó.

Fuentes del Consejo de Transparencia indicaron que el portal estudia y responde todas las solicitudes al ser su cometido velar por la transparencia de las instituciones. Lizcano ha indicado que son informes que «desaconsejan este emplazamiento, tal y como veremos cuando se hagan públicos«. Aunque los informes todavía no obran en poder de Transparencia Internacional, Lizcano ha garantizado que en el momento que los tengan su asociación los hará públicos porque «consideramos que algo como esto es de interés social».