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Continúa la polémica entre el Gobierno del País Vasco del PNV y la oposición de Bildu a cuenta del fracking

Europa Press / EFE.– La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, reafirmó que la posición de los técnicos de la sociedad vasca de hidrocarburos SHESA ante el fracking es la misma que defiende el Gobierno vasco, en respuesta a las declaraciones realizadas por el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, quien denunció que Tapia «miente» al asegurar que el Ejecutivo autonómico ha renunciado al fracking para extraer gas natural.

Maeztu aseguró que, en una ponencia celebrada en Cantabria, un técnico de SHESA afirmó que el uso de la técnica de fracturación hidráulica para extraer gas no convencional es «un proceso industrial maduro y absolutamente viable tanto técnica, económica, como medioambientalmente». En este sentido, Tapia ha reconocido la labor «ejemplar» realizadas por la sociedad de hidrocarburos de Euskadi, que ha realizado estudios «relevantes a lo largo de muchos años, actuando bajo normas estrictas de profesionalidad». Asimismo, ha señalado que los técnicos de SHESA «evidentemente» defienden la misma posición que el Gobierno vasco porque «son técnicos de una sociedad parte del EVE, que depende del Departamento».

«Que en un determinado momento la técnica del fracking pueda ser controvertida y no cumplir todos los requisitos medioambientales que nos gustaría, no obstaculiza que sigamos haciendo un seguimiento de cómo se trabaja en otros países, tecnologías utilizadas y de cómo se intentan obtener hidrocarburos», ha precisado, antes de señalar que «otra cosa es el hecho de que vaya a implantar determinadas tecnologías, ámbito que depende del Gobierno«. Por último, ha subrayado que «evidentemente, cualquier técnico tiene la obligación, no solo de estar formado en las últimas tecnologías y de todo lo que aparece en el mundo en el ámbito de los hidrocarburos, sino también de asistir a los encuentros» que hablen de esos ámbitos.

EH Bildu arremete contra Tapia

EH Bildu resalta que SHESA sostiene que el fracking es una técnica «viable», lo que pone de manifiesto que la consejera “mintió” el pasado 7 de julio al señalar que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque a «día de hoy» no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, Dani Maeztu indicó que el técnico de SHESA afirmó entonces que «España tiene que aprovechar sus recursos de hidrocarburos no convencionales» porque «no hacerlo sería un factor limitante para la economía, de pérdida de competitividad».

Maeztu ha advertido de las contradicciones en los mensajes del Gobierno Vasco y de SHESA en torno a esta cuestión, y ha pedido a la consejera que comparezca en la Diputación Permanente de la Cámara de Vitoria para aclararlo y presentar la Estrategia Energética Vasca 2016-2030. El parlamentario de EH Bildu ha acusado al Gobierno Vasco de seguir destinando recursos al fracking y le ha exigido que cierre la sociedad SHESA y renuncie a los permisos de hidrocarburos no convencionales.

Fracking Ez considera insuficiente que Tapia diga que renuncian a usar esta técnica y pide acabar con SHESA

EFE.- La plataforma Fracking Ez calificó de «insuficiente» el anuncio del Gobierno del País Vasco de que renunciará a utilizar esta técnica para extraer gas y ha recordado que el Ejecutivo autonómico mantiene vigentes los permisos de investigación de hidrocarburos. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, había anunciado que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 renuncia a utilizar el fracking para extraer gas porque a «día de hoy» no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medioambiente.

La plataforma Fracking Ez, que recogió 100.000 firmas contra el uso de esta técnica en el País Vasco, ha opinado que si el compromiso del Gobierno autonómico es «claro y decidido», debería conllevar que deje de subvencionar «a sociedades públicas dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos y comenzar a apostar de verdad por las energías renovables«. Para este colectivo, el anuncio de Tapia también es «contradictorio» porque la consejera dijo que sólo usarán técnicas convencionales para explorar o explotar este recurso cuando fue precisamente «la imposibilidad de extraer ese gas con las citadas técnicas, lo que llevó al Gobierno Vasco a iniciar los contactos para tratar de aplicar el fracking«.

Por tanto, «el Gobierno Vasco ha malgastado más de 10 años de inversiones públicas en mantener unos permisos y continuar subvencionando a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) para volver al mismo punto donde estaba: la incapacidad de extraer el gas mediante técnicas convencionales. Una carísima pérdida de tiempo», ha subrayado. Finalmente, este colectivo recordó que el Gobierno Vasco «sólo ha perdido un permiso de investigación, previsiblemente el de Angosto, mientras que se mantiene la titularidad de todos los demás permisos que afectan a un gran porcentaje del territorio».

El Gobierno del País Vasco renuncia al fracking en su estrategia energética 2016-2030 aunque el anuncio resulta insuficiente para Bildu

EFE.- EH Bildu, segunda fuerza política en el parlamento de Vitoria, acusó a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, de no decir «toda la verdad» al asegurar que se renuncia a utilizar el fracking ya que esa «amenaza» sigue «viva». Tapia anunció que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno del País Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente.

Esta estrategia contiene medidas dirigidas a mejorar la política de ahorro y eficiencia energética de Euskadi para caminar hacia el objetivo de «consumo cero de petróleo para usos energéticos» en 2050, con las energías renovables como principal fuente de suministro energético y con el gas natural como energía de transición. Tapia avanzó que para la extracción del gas natural, el Ejecutivo autonómico «renuncia» al uso de técnicas no convencionales, como el fracking. «Vamos a usar única y exclusivamente técnicas convencionales en exploraciones y posibles explotaciones de gas natural como hasta ahora», ha insistido la consejera.

Esta postura supone que el Gobierno autonómico no utilizará el permiso de exploración que afecta al territorio alavés y burgalés. Según subrayó, esta decisión no implica pérdida económica alguna para las arcas públicas vascas. En esta zona se continuará analizando la posibilidad de extraer gas, pero tal y como hizo hincapié, «trabajando única y exclusivamente con métodos convencionales». Tapia destacó que la estrategia presentada coloca al gas natural como energía de transición entre 2050 y 2100, año en el que para el Gobierno Vasco sería deseable que «desapareciese la dependencia energética de los combustibles fósiles».

Así, la consejera subrayó que las líneas de actuación claves para avanzar hacia un modelo energético más sostenible son la eficiencia energética y las energías renovables. Para lograrlo, la estrategia apunta medidas para las que serán precisas inversiones por valor del 4.930 millones de euros, 920 provenientes de fondos públicos. La apuesta por las renovables se traduce en que el Gobierno Vasco planea alcanzar en 2030 una cuota de esta fuente de energía en consumo final del 21% y que llegue al 40% en 2050.

Tapia ha subrayado que la administración pública debe dar ejemplo con la reducción del consumo energético en sus edificios en un 25% en 10 años, con la implantación de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables en el 25% de sus inmuebles, y con la incorporación de vehículos alternativos en su parque móvil. De cara al transporte por carretera, el Gobierno de Iñigo Urkullu se plantea alcanzar una cuota del 25% de energías alternativas. Con todo ello, Tapia ha considerado que Euskadi puede contribuir a frenar el cambio climático con la reducción de gases de efecto invernadero. Esto supondría la reducción de las emisiones con respecto al 2005 en al menos un 40% en 2030 y en un 80% a 2050.

Bildu critica al Gobierno vasco

Tras estas afirmaciones de la consejera, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que Tapia «intenta confundir» a la opinión pública porque mientras los permisos de exploración de gas natural estén en vigor «la amenaza del fracking seguirá viva«.En opinión de Maeztu, si el Gobierno Vasco quiere tener credibilidad contra el fracking «debe renunciar a los permisos que posibilitan esta técnica».»Lo que tienen que hacer es cerrar Shesa, la empresa pública que crearon para promover el fracking y renunciar a los permisos de exploración que contemplan el uso de esa técnica», que siguen vigentes, insistió el parlamentario.

Iberdrola tendrá el 8,1% de la nueva Gamesa-Siemens y dos consejeros

Servimedia / EFE.– Mientras se suceden las reacciones del Gobierno central, el Ejecutivo autonómico vasco o el sindicato UGT a la fusión de Gamesa y el negocio eólico de Siemens, Iberdrola indicó que tendrá un 8,1% del capital social de la nueva Gamesa resultante. En el marco de este proceso, la compañía eléctrica, como accionista de referencia de Gamesa con una participación hasta el momento del 19,686%, ha cerrado un acuerdo con la compañía alemana, que ha sido remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para apoyar la fusión.

Este acuerdo, según Iberdrola, tiene por objeto fundamental la defensa de todos los accionistas de Gamesa y, en especial, de los minoritarios, garantizándose mediante este pacto que el control ejercido por Siemens tenga los correctos contrapesos y controles internos, una adecuada presencia de independientes en el Consejo y una apropiada gestión de la Sociedad, mediante la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. El acuerdo de accionistas entre Iberdrola y Siemens garantiza, además, la representación de la primera en el máximo órgano de gestión de la Sociedad resultante: 2 de los 13 miembros del consejo de administración serán consejeros dominicales de Iberdrola, que no podrán participar en las decisiones comerciales de Gamesa que afecten a clientes competidores de Iberdrola.

La eléctrica asegura que siempre respaldó, desde el comienzo de las negociaciones, el acuerdo entre ambas empresas con el objetivo de crear un líder mundial en la fabricación de aerogeneradores eólicos con sede en España. En esta línea, el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, afirma que «estamos muy satisfechos de haber podido contribuir a la creación del mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, que tendrá su sede en España, cotizará en las bolsas españolas y en el que Iberdrola seguirá siendo un accionista destacado«. Tras meses de conversaciones, Iberdrola considera que la combinación de Gamesa y Siemens dará lugar a una empresa con un potencial y una fortaleza que no tendrían por separado.

Iberdrola valora también los beneficios que con la operación obtendrán todos los accionistas minoritarios de Gamesa, que ha tenido presentes en todo el proceso de negociación de su acuerdo con Siemens. Así, los accionistas de Gamesa recibirán un importe de 3,75 euros por acción vía dividendo extraordinario, que se abonará en los 12 días hábiles tras la culminación de la fusión y que supondrán más de 200 millones para la eléctrica, y se beneficiarán de las sinergias estimadas de 230 millones de euros anuales en términos de resultado de explotación.

UGT pide conocer más detalles

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) indicó que la dirección de Gamesa ha mostrado su disposición para informar «de primera mano» al sindicato de los contenidos del acuerdo de integración con Siemens en el marco de la reunión que se ha solicitado para conocer el alcance y los detalles de la citada fusión.

El Gobierno no se posiciona

Quien no se ha pronunciado es la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que rechazó hacer valoración alguna tras el Consejo de Ministros sobre la fusión de Gamesa con la compañía alemana Siemens. «El Gobierno no valora decisiones empresariales», sentenció Sáenz de Santamaría, que señaló que el Ejecutivo «se centra en fortalecer la inversión y los puestos de trabajo».

Oportunidad para la industria vasca

Asimismo, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, indicó que la fusión entre Gamesa y Siemens es una «oportunidad para el posicionamiento de la industria vasca en el mundo» al tiempo que mostró su satisfacción porque la sede de la nueva compañía que surge de este acuerdo se mantendrá en Zamudio (Vizcaya). Además, ha subrayado la importancia de que esta fusión se haya llevado a cabo en un ámbito «prioritario» para Euskadi, como es el de la energía, y ha hecho hincapié en que con esta operación la industria vasca «fortalece su posicionamiento a nivel mundial» porque «se abren nuevas oportunidades» tanto para Gamesa, como para otras firmas del País Vasco en los mercados exteriores.

«La dimensión que se adquiere y el nuevo socio empresarial deben ser elementos que fortalezcan las capacidades de Gamesa, sin perder arraigo y compromiso con Euskadi», defendió Tapia, que recordó que está por definir el cierre detallado de esta operación y aseguró que el Gobierno vasco «lo seguirá de cerca» con el deseo de que «se mantenga el compromiso con la industria vasca» y de que «las consecuencias de la operación reviertan en la industria auxiliar de Euskadi». La unión de ambas empresas creará un fabricante de aerogeneradores líder en Alemania, India, Reino Unido, México y Canadá. La cartera de pedidos se divide entre servicios de operación y mantenimiento (un 41% del total), eólica marina (33%) y eólica terrestre (26%).

Cancelada la búsqueda de gas en la costa del País Vasco porque “no es viable actualmente» según el Gobierno autonómico

Europa Press / EFE.- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, indicó que el proyecto para buscar gas en la costa vasca se cancela porque, «lamentablemente, en estos momentos no es rentable», a la vez que aseguró que su cancelación no supone que se descarte al gas «como energía de transición entre el petróleo y una energía totalmente renovable».

Tapia habló así de la cancelación del proyecto gestado para buscar hidrocarburos en el Golfo de Vizcaya, tras 9 años de trámites previos y una inversión de más de 3 millones de euros. Según explicó, «no sólo en la costa vasca» se cancelan este tipo de proyectos, sino que «en muchas costas que son parecidas a la nuestra, muy profundas y con más complicaciones, lo que supone un coste más elevado para sacar el gas o el petróleo, están cancelándose estos proyectos o, como mínimo, están paralizados, a la espera de que los precios de los hidrocarburos se eleven o, por lo menos, los costes de extracción sean más bajos».

«Este proyecto podría haber supuesto otro lugar para extraer gas, pero, lamentablemente, en estos momentos no es viable y se ha cancelado», ha reiterado la consejera vasca. No obstante, ha asegurado que la cancelación de este tipo de proyectos no significa que el Gobierno del País Vasco descarte al gas natural» como energía de transición entre el petróleo y una energía totalmente renovable». «No podemos pasar de una energía basada totalmente en el petróleo a una energía completamente renovable, sino que hay que realizar esa transición y `País Vasco es un muy buen ejemplo de cómo se debe hacer», destacó.

Tapia indicó que «los años dirán cual es la evolución, hacía donde vamos y cómo mejoran las tecnologías para poder extraer ese gas y ese petróleo en otros lugares». Según señaló, la estrategia del Gobierno vasco contempla que las emisiones «deben ser cada vez menores, y que debemos ir hacia ese Carbono 0». En la Cumbre de París, recordó, «se aprobó un manifiesto, que firmamos el Gobierno vasco y numerosos ayuntamientos, y el objetivo es ese». En ese sentido, ha añadido que, «hasta que la energía sea totalmente renovable, necesitamos gas» y, por ello, «se puso en marcha la Gaviota, pero ya se agotó, y ahora se utiliza como depósito».

País Vasco explora en Sudáfrica posibles oportunidades en materia de energías renovables

EFE.- Los gobiernos del País Vasco y Sudáfrica analizan las posibilidades de colaborar en materia de energía y, más concretamente, en lo que respecta a las energías renovables. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, se reunió con el ministro de Desarrollo Económico de Sudáfrica, Ebrahim Patel, a quien trasladó su interés por explorar este mercado desde el punto de vista empresarial y abrir fórmulas de colaboración.

Tapia viaja acompañada por representantes de una docena de empresas vascas asociadas al clúster de la energía. Por este motivo, previamente, Tapia se había reunido con el director general de Comercio y Energía, Lionel October, responsable de las entidades IPP Unit, la unidad encargada de realizar todas las convocatorias públicas dependientes del Ministerio de Energía de Suráfrica, con la que el grupo de ingeniería Sener mantiene ya una línea de colaboración. En esta reunión, en la que participaron representantes del Gobierno del País Vasco y empresas del clúster, la unidad dependiente del Ministerio de Energía de Sudáfrica avanzó sus previsiones de futuras convocatorias y licitaciones relacionadas con las energías renovables, según comunicó el Ejecutivo autonómico.

El parlamento autonómico pide a Urkullu que impida el desarrollo de los permisos para proyectos de fracking en País Vasco

Europa Press / EFE.- El Parlamento vasco, con el apoyo del PNV, pidió al Gobierno autonómico que, ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley vasca que en la práctica impedía la utilización en Euskadi del fracking para la extracción de gas, utilice su participación en los permisos a la empresa pública Shesa, para «impedir» que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación, exploración y/o explotación mediante fractura hidráulica «tanto dentro como fuera de Euskadi».

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley 6/2015 de medidas adicionales de protección del medioambiente, más conocida como ley antifracking, aprobada por el Parlamento vasco. Esta ley faculta a las Administraciones Públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV, partido del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, se abstuvieron.

Esta decisión del Constitucional supone la suspensión de determinados artículos de la norma hasta el pronunciamiento del Tribunal. Ante esta situación el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, anunció que País Vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. Además, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, adelantó que desde el Ejecutivo se va a realizar un «análisis jurídico” para saber si puede retomar los proyectos de fracking. Señaló que, en todo caso, únicamente se llevan a cabo los estudios medioambientales previos. También precisó que los permisos que hay, en estos momentos, «no son exclusivos» del Gobierno vasco ni de su sociedad pública Shesa sino que están compartidos con una empresa americana.

Ante esta ambivalente posición, todos los grupos de la oposición criticaron que el PNV haya firmado también el acuerdo parlamentario en el que se reclama al Gobierno de Urkullu que en los permisos en los que participe el Ejecutivo utilice su participación en la empresa pública Shesa para «impedir» que se lleven a cabo ningún proyecto de fracking. También se insta al Gobierno vasco a «no consignar partida económica alguna en futuros ejercicios presupuestarios para proyectos de fracking«. Por último, reclama al Ejecutivo autonómico que utilice «todas las herramientas jurídicas dentro del marco competencial reconocido en el Estatuto» para defender la ley vasca «aprobada por amplia mayoría en el Parlamento» ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.

Para los partidos de la oposición, la postura del PNV ante el debate parlamentario planteado por PSOE y EH Bildu responde a sus intereses electorales. La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, preguntó al PNV por qué apoya la enmienda cuando «quieren seguir apostando por la investigación del fracking y  utilizar las competencias vascas para que Euskadi sea más nacionalista y no para que los vascos vivamos mejor». «¿Cómo es capaz de firmar esta enmienda cuando su discurso va en contra de lo que aquí se dice?», preguntó Rojo al PNV.

Críticas entre PNV y socialistas

Asimismo, aseguró que «el fracking vino a Euskadi de la mano del PNV» durante el Gobierno de Ibarretxe y cree que el PNV se abstuvo en la votación de la ley «porque había una campaña electoral y ahora tienen otra». «No se creen nada de lo que dice. Dan ganas de retirar el último punto porque es una vergüenza que hayan firmado esta enmienda», aseveró. Por el mismo motivo, la socialista acusó a los nacionalistas de «engañar a los ciudadanos» y aseguró que «el Gobierno recentralizador del PP ha echado un capote al PNV» con su recurso contra la ley.

El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que la labor del Gobierno vasco debe ser evitar el fracking y cree que la postura del PNV es «contradictoria» y que el doble juego que se lleva con el tema del fracking se debe a la «esquizofrenia electoral del PNV». «Lo mismo que votan en Madrid a favor de la prohibición del fracking, votan a favor de la Ley del sector de Hidrocarburos que da amparo legal al fracking; lo mismo que van a votar hoy a favor de que no se utilice el fracking, la consejera dice ayer que van a analizar jurídicamente si pueden reactivar el fracking. Basta ya de doble mensaje con el fracking. Basta de ambigüedades», reclamó.

El parlamentario del PNV Javier Carro, por su parte, defendió que el uso de la técnica del fracking debe estar «muy bien atado jurídicamente» y recordó que por ese motivo, su partido solicitó durante la tramitación de la ley «más reforzamiento» con una moratoria de cinco años y el asesoramiento de un comité científico. Tras recordar al PSE la foto del lehendakari Patxi López durante su viaje en Estados Unidos a favor del fracking, Carro acusó a los socialistas de perder la «licencia social» por la «actitud»  del gobierno de López, que no «hablaba de las consecuencias» de la técnica.

Carro defendió que «una cosa es la obligación de la investigación que tiene un gobierno y otra el precio que tienen que pagar por ello» y ha pedido que no se «engañe a la ciudadanía» ya que en Euskadi «no hay ni un solo pozo de fracking y esperemos que así siga siendo». «Tenemos que investigar nuestros recursos naturales pero no a cualquier precio por eso creemos que esta técnica no es la apropiada», insistió. Carro explicó que la consejera «ha defendido la investigación y no el fracking porque se trata de permisos para investigar los recursos que hay, pero no con esa técnica«. También ha planteado que los permisos para hacerlo deben estar en manos públicas y no privadas.

Desde el PP, Carmen López de Ocariz acusó al PNV de no ser claros en relación a la acción del Gobierno respecto a esta técnica «cuando es arte y parte», con el pasado de Ibarretxe . Asimismo, defendió que primero es necesario ver la ubicación, entorno, orografía y hacer informes medioambientales ajustados al pozo y permiso concedido. «Apostamos por explorar y explotar los recursos energéticos a nuestro alcance pero no de cualquier manera. Es necesario proteger las zonas más sensibles», insistió. La popular ha advertido de que esta técnica «ha sido un éxito dónde y cuándo tenía que ser, pero ahora no es rentable«. Además, instó al Gobierno vasco a cumplir lo que el Parlamento autonómico aprueba en esta materia.

El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley vasca sobre el fracking y País Vasco habla de “injerencia absoluta”

EFE.- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, tachó de «injerencia absoluta en el autogobierno» el recurso del Ejecutivo de España contra la ley vasca sobre la fractura hidráulica, aprobado por el Consejo de Ministros y que reclama la inconstitucionalidad de varios preceptos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica (fracking).

La fractura hidráulica consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo. La ley vasca se aprobó en 2015 a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía el fracking de manera genérica, pero elevaba tanto los requisitos para poder desarrollar esta técnica que prácticamente la impedía. En concreto la norma vasca permite a las instituciones de Euskadi vedar el uso de la fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre la zona y sobre otras competencias relativas al aprovechamiento de hidrocarburos.

Ante un caso similar, el Tribunal Constitucional anuló las leyes de Cantabria y La Rioja que prohibían el uso de esta técnica, por lo que se entiende que esa doctrina es trasladable al caso actual. El Gobierno entiende que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental.

Considera además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al equiparar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma. Por último, el Gobierno considera que la norma vasca incluye en su ámbito los hidratos de metano enterrados en el mar (una nueve fuente de energía), una competencia que, según el Constitucional, no es autonómica a no ser que lo prevea su Estatuto de Autonomía o lo exija la naturaleza de la competencia a ejercer.

Gobierno autonómico vasco: «injerencia absoluta»

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, señaló que este recurso es una «mala no, malísima noticia» porque supone que el Gobierno «no reconoce las capacidades y competencias» que el Estatuto de Gernika otorga al Ejecutivo autonómico. Por tanto, añadió Tapia, recurrir ante el Constitucional la ley vasca sobre el fracking «injiere directamente» en las decisiones de las instituciones de Euskadi. La consejera adelantó que el Gobierno vasco analizará cómo puede hacer frente a este recurso cuando conozca con detalle los argumentos en los que se basa.

Plataforma antifracking critica al Gobierno

Asimismo, la plataforma Franking Ez recordó que la norma vasca es una ILP y por tanto «el resultado de la opinión de una mayoría social» que se «movilizó» contra esta técnica. «En ese sentido, el recurso no se puede enmarcar en una simple maniobra jurídica, sino que es un ataque y una vulneración de la soberanía popular», señaló la plataforma, que criticó el «sinsentido» que supone que un Gobierno haya recurrido la norma, cuando este mismo partido respaldó la ley en el Parlamento Vasco. Fracking Ez denunció además «la más que posible complicidad del Gobierno vasco en este recurso» y pidió al Ejecutivo de Urkullu que»desista, a través de Shesa, de los permisos» que tiene relacionados con la fractura hidráulica.

País Vasco acusa al Gobierno de no tener voluntad de rebajar los impuestos a la energía

EFE.- La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, acusó al Gobierno de no tener voluntad política para rebajar los impuestos de la factura eléctrica a industrias intensivas en electricidad, lo que pone «en juego» la competitividad de muchas empresas y el futuro laboral de cientos de trabajadores.

En este sentido, Tapia insiste en denunciar que los sectores productivos industriales de consumo intensivo soportan en Euskadi costes de electricidad «notablemente superiores» a los de sus competidores directos europeos. Recuerda que, en comparación con países como Francia y Alemania, esta diferencia en costes asciende respectivamente a un 33% y un 27% más, lo que representa un «grave condicionante» para su competitividad. La consejera considera urgente poner en marcha medidas con celeridad como en Alemania, donde hay exenciones fiscales para sectores de gran consumo energético.

En el caso de Euskadi, asegura, el Gobierno Vasco no dejará de presentar ante el Ministerio de Industria propuestas con medidas y alternativas para superar una desventaja competitiva que afecta a la industria vasca. Pero alerta de que estas demandas no están siendo acogidas por el Gobierno con la trascendencia y celeridad que requiere el asunto, lo que demuestra la «nula voluntad política» del Estado. La consejera reconoce que la evolución de los precios de la electricidad hace que la competitividad de las empresas siga siendo un foco de preocupación prioritario para el Gobierno Vasco.

Tapia pone en valor los avances que se han logrado en País Vasco en relación a la eficiencia energética, con la diversificación de fuentes de energía, el desarrollo de renovables, políticas públicas, la implementación de nuevas tecnologías y la sustitución de fuentes como el petróleo y el carbón por el gas natural. También destaca los planes energéticos impulsados por municipios vascos con la colaboración del Ente Vasco de la Energía, que están provocando una mejora del consumo y un ahorro en las facturas. Así, la consejera señala que las políticas de eficiencia energética han logrado ahorros «equivalentes al 40% de la demanda energética vasca actual».

El Gobierno del País Vasco pide a Industria que rebaje la tarifa eléctrica a las empresas electrointensivas

EFE.- El Gobierno del País Vasco va a reclamar al Ministerio de Industria que rebaje los impuestos de la factura eléctrica a las industrias intensivas en el uso de energía, como las siderúrgicas, lo que permitiría reducir «a la mitad» el coste de sus tarifas y garantizar su competitividad. Así lo indicó la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, tras reunirse en Vitoria la Mesa del Acero.

En este sentido, Tapia anunció que el martes va a entregar en el Ministerio de Industria un informe que recoge tres medidas concretas que son «eficientes» y que se pueden tomar a «cortísimo plazo», «incluso en una situación de interinidad» como la del actual Gobierno, para hacer frente al alto coste energético de las empresas. En primer lugar incidió en la necesidad de abaratar la tarifa eléctrica rebajando de «forma drástica» los impuestos que deben pagar las industrias, con el objeto de que la factura que se abone sea más acorde con el coste de la generación de la energía.

También reclamó una rebaja en los peajes eléctricos que las empresas vascas tienen que pagar y que, según indicó, son mucho mayores que las comunidades limítrofes. Recordó que estos peajes ya se han bajado un 50% pero incidió en que se debe rebajar otro 50% con el objetivo de equiparse a las autonomías vecinas. La tercera medida que van a plantear es la modificación del sistema de interrumpibilidad al que acceden las grandes empresas consumidoras para garantizar “la seguridad jurídica que no existe en la actualidad”. Tapia subrayó que la situación que atraviesa el sector del acero requiere de actuaciones urgentes y que son medidas «imprescindibles» para que el sector industrial sobreviva y sea competitivo.