Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha acusado a Iberdrola de «falta de flexibilidad y de alternativas» para dar con una solución que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia), ya que su deseo es dejar de contar con el carbón en su mix, y reafirmó su intención de seguir adelante con el real decreto para endurecer los motivos para cerrar centrales.
En rueda de prensa conjunta con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, tras la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Nadal subrayó que el único compromiso de la energética ha sido el de que estas dos centrales seguirán operando hasta 2020. «No ha habido ninguna alternativa realista de venta de las centrales a otro operador», apuntó.
Asimismo, Nadal defendió que estas dos centrales de carbón sigan abiertas ya que, si no fuera así, la factura de la luz de las familias españolas se elevaría en 2,5 euros anuales. «Cerrarlas supone pagar 2,5 euros más de recibo de la electricidad», añadió el ministro basándose en los cálculos de una simulación de Euphemia, el algoritmo común para toda Europa que se encarga de gestionar la formación de precios para la electricidad mayorista. Además, reafirmó que existe «un interés general claro» en mantener estas centrales abiertas, ya que si no fuera así supondría «peores precios, costes mayores para el consumidor, la industria y un efecto sobre la economía local».
Nadal indicó que el presidente de Iberdrola ratificó que su decisión es «eliminar de su mix el carbón», decisión que considera que sí que puede ser tomada por Iberdrola, aunque mostró su extrañeza por el hecho de que no amplíe también esa política al gas, pero aseguró que «otra cosa» es cerrar unas centrales «que tienen rentabilidad y tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico».
Así, acusó a la compañía de no haber sido capaz de explicar, si su deseo es eliminar las plantas de carbón de su balance, «por qué no quiere vender». «No ha habido ningún compromiso por parte de la empresa», indicó Nadal, quien aseguró que a Iberdrola no le ha parecido adecuado partir de un precio de venta de la central cerrada, «achatarrada, sin el plan social y los costes medioambientales del cierre», que la empresa ha valorado en 35 millones.
Por ello, el ministro insistió en que estas centrales «ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad y tienen viabilidad», por lo que abogó para que se puedan vender a terceros a través de un proceso que podría ser «muy competitivo«. De esta manera, advirtió que se seguirá adelante con la tramitación del decreto «tal y como está», e incluso añadió que le gustaría poder desarrollar una legislación «más amplia, con rango de Ley».
Por su parte, los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias mostraron su apoyo al Gobierno en su defensa de «combinar la lucha contra el cambio climático con la transición energética» en defensa del interés general. Asimismo, Herrera acusó a Iberdrola de cambiar sus planteamientos en los últimos tiempos de manera «injustificada», como ocurrió con la central nuclear de Garoña, que finalmente se decidió cerrar. Así, Herrera respaldó «la línea que ha marcado el ministro» e hizo un llamamiento a los grupos políticos del Congreso de los Diputados «para que sean receptivos a dar el mayor respaldo posible, a poder ser con valor de Ley, para endurecer los motivos por los que las eléctricas pueden decidir cerrar una central».
Mientras, el presidente de Asturias, Javier Fernández, defendió la permanencia de estas centrales de carbón desde «el punto de vista de la política global asturiana, que tiene una marcada política industrial». Fernández consideró que una empresa debe tener libertad para «deshacerse de una central», pero valoró que debe ser el Gobierno «quien debe decidir si es o no posible» cerrarla.
Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, se ha referido al encuentro y ha manifestado que espera que, o bien Iberdrola reconsidere su decisión o bien el Ministerio ejerza sus competencias administrativas para impedir el cierre. «Hay suficientes y buenas razones para que Iberdrola rectifique», sentenció el portavoz del Gobierno asturiano, que ha reiterado que un «cierre precipitado» de las instalaciones que utilizan carbón para producir energía puede propiciar un incremento del precio de la electricidad y una nueva reconversión industrial en Asturias.
La intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos«. Nadal explicó que mediante este decreto se pretende adoptar medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro. Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son «coherentes» con los instrumentos de planificación energética.
«Pongamos que una compañía quiere cerrar una central argumentando que no es rentable. El decreto nos permite analizar si esa central es necesaria para mantener el suministro, si el cierre es adecuado por motivos medioambientales o de precio o bien si otro agente quiere encargarse de ella. Unos pueden tener sus estrategias empresariales, pero el Gobierno tiene que controlar que esto se hace bien», señaló.
Nadal aboga por tratar de mantener en el mix energético las tecnologías que son baratas, como la nuclear o el carbón, y ha señalado que el cierre de las centrales nucleares encarecería el precio de la tarifa eléctrica un 25%, mientras que la clausura de las centrales térmicas de carbón supondría un sobreprecio del 15% en las horas punta, es decir, en los días más fríos del invierno o en los más calurosos del verano.
