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Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

La CNMC se opone al decreto que dificulta el cierre de centrales eléctricas porque introduce excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de decreto del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica al considerar que introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios adicionales al de seguridad de suministro para denegar el cierre de las centrales como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

Propone ayudas de Estado ilegales

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio, la CNMC cree que es «muy complejo» y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, «lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea«.

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario. Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente. Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (el 50% del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar 3.000 MW de potencia interrumpible. En el caso de las dos centrales térmicas para las que Iberdrola ha solicitado su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo, en el horizonte 2020-2030, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual. Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales, en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón, y el crecimiento de la demanda. Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual, excepto la mitad de las centrales de carbón, se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.

El Gobierno prevé que la factura de la luz baje este año por una mayor estabilidad meteorológica y del crudo

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha aventurado un descenso para este año de la factura de la luz por la estabilidad de los precios del petróleo y de las condiciones meteorológicas en relación a lo ocurrido en 2017. «Un año tan malo como 2017 no vamos a tener. La tendencia es una mejora de los precios. La meteorología y el petróleo están más estables y eso va a ayudar a los precios», asegura Nadal.

El ministro ha señalado que la factura doméstica normal en enero se ha reducido un 14,4%, una cifra que obedece a que el año pasado hubo muchos problemas de energía, especialmente en Francia, que encarecieron el recibo en España. Nadal abogó por mantener las centrales nucleares, de carbón y de gas e incrementar la producción a través de las renovables, lo que permitiría cumplir con los objetivos de CO2 y de renovables. «España va a ser de los pocos países de la Unión Europea que va a cumplir con sus objetivos de renovables. Hay que cumplir con los objetivos medioambientales, pero también de precio», matizó.

El PSOE seguirá pidiendo paralizar los proyectos de almacén gasista en Doñana porque “los ciudadanos están antes que la especulación»

Europa Press.- El senador socialista por Huelva, Amaro Huelva, asegura que el PSOE va a seguir pidiendo al Gobierno central en las distintas Cámaras la paralización de los proyectos para el almacenamiento de gas natural en el subsuelo del entorno de Doñana ya que «los ciudadanos deben estar antes que la especulación».

Amaro Huelva ha remarcado que «el Gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y no por el de Gas Natural», por lo que asegura que el PSOE «seguirá en la brecha para pedir que se paren», sobre todo tras las peticiones de los Defensores del Pueblo, del CSIC y el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa, cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido».

«No sabemos qué organismos tienen que pronunciarse más al respecto», ha señalado el socialista, que ha dejado claro que realizarán más acciones para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, «dé la cara», para lo que insta también al PP onubense y al andaluz, ya que «no pueden ser cómplices de las aberraciones contra Doñana». Amaro Huelva expresó su preocupación por «la obsesión del Gobierno por seguir adelante con el proyecto del gas haciendo caso omiso a todas estas sugerencias», incidiendo en el convencimiento de que el proyecto en conjunto «es perjudicial y contrario a la integridad del espacio natural«.

Tras recordar que su grupo ha presentado una proposición no de Ley para pedir la paralización de estos proyectos, el socialista ha asegurado que el Gobierno, con estos subproyectos, «quiere convertir a Huelva en un gran almacén de gas porque se convertiría en receptora de casi la tercera parte del gas almacenado en España». En esta línea, ha dejado claro que el PSOE ya alertó de que «la división en 4 subproyectos era un gravísimo error y ha supuesto que no valoren el impacto ambiental del proyecto en su conjunto».

El PSOE pide a Nadal comparecer en el Senado tras el informe del IGME sobre el proyecto gasista en Doñana

Europa Press.- Al tiempo que los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, expresaron su contrariedad al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y han incidido en que tienen más motivos tras el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta del «riesgo de inundación en uno de los almacenes», el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado para que dé las explicaciones correspondientes.

Así lo aseguró el parlamentario autonómico andaluz del PSOE por Huelva, Jesús Ferrera, que ha remarcado que el grupo socialista respalda las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que siempre ha incidido en la necesidad de que la evaluación del proyecto se hiciera de manera conjunta y no fraccionada. En esta misma línea, el socialista indicó que quieren que comparezca el ministro para conocer «la situación real que emana de ese informe», al tiempo que subraya que, si se deja claro que «corre un riesgo» el espacio medioambiental, solicitarán la paralización inmediata y espera que el PP se sume a esta defensa de Doñana.

Así, Ferrera ha reiterado su apoyo a la postura del consejero José Fiscal, que aseguró que va a pedir «de inmediato» el informe del IGME, «una institución del propio Estado», en el que, señaló, «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización», apuntó el consejero. Según ha proseguido Ferrera, «querer hacer una evaluación por partes es una chapuza cutre» que busca «intentar hacer negocio en la joya de la corona medioambiental» que es Doñana.

Por todo ello, el parlamentario ha recordado que desde hace casi dos años la administración regional, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha mostrado «su total rechazo» a este proyecto «por la forma en la que se está desarrollando». En su opinión, «el Gobierno ha utilizado una estrategia dañina para salvar la cara de la especulación de una empresa», que quiere «convertir el entorno de Doñana en un almacén de gas». Tras remarcar todas las iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario socialista sobre esta cuestión, Ferrera ha recordado los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifestaban la necesidad de una evaluación conjunta.

Posturas contrarias de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, han remarcado que la evaluación del proyecto debe realizarse de manera conjunta y no fraccionada, por lo que han respaldado la postura de la Junta de Andalucía en este sentido. El alcalde hinojero ha demandado «claridad y transparencia» en este asunto, sobre todo con los municipios de la comarca, porque este proyecto de almacenamiento de gas «pone en riesgo un espacio emblemático y el Parque Nacional más importante de Europa«, así como ha subrayado también el riesgo para las poblaciones del entorno de Doñana.

En esta misma línea se ha manifestado Rocío Espinosa, que ha expresado su preocupación ya que «este proyecto se desarrolla, fundamentalmente, en el Almonte», a la par que ha reiterado que, en reiteradas ocasiones, incluso con iniciativas en el pleno, han mostrado desde el Ayuntamiento su rechazo. «Antes nos mostrábamos en contra pero tras el informe del IGME tenemos más motivos», ha proseguido la alcaldesa, que ha pedido al Ministerio de Energía que, si se reafirman los riesgos, paralice el proyecto. «Este proyecto es contradictorio con Doñana y el modelo económico sostenible que se impulsa desde hace 25 años en la comarca», han concluido, por lo que esperan que «se cuente con todas las garantías para la preservación de Doñana».

Nadal resalta la «alineación total» del Gobierno y los sindicatos de la minería para evitar el cierre de las térmicas

Europa Press.- Mientras UGT anuncia encuentros con el resto de partidos para evitar el cierre de las centrales de carbón, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que existe una «alineación total» entre los sindicatos de la minería y el Gobierno en evitar el cierre de las centrales térmicas en España, «sobre todo si no es por una causa justificada». En este sentido, Nadal valoró muy positivamente la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el conjunto de la industria.

A este respecto, el ministro de Energía defendió la tesis del Gobierno de que “si una central no pierde dinero, es rentable y necesaria para el sistema, se debe mantener y seguir funcionando», algo compartido por los sindicatos. Así, subrayó que pidió a los sindicatos que «trasladen esa misma postura a otros grupos parlamentarios, muchos de los cuales no quieren que se use el carbón para generar electricidad”, así como a «todos los sectores empresariales concernidos, no sólo al energético, sino también al industrial». A este respecto, advirtió que todas las empresas deben ser conscientes de que si la política energética no es correcta se producirá un aumento de los costes energéticos, que «son pérdida de puestos de trabajo industriales».

En lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el medio utilizado para indemnizar a Escal por el cierre del almacén de gas Castor, Nadal indicó que el Gobierno está estudiando las implicaciones qué tendría para el sistema gasístico. Nadal reconoció que es «complicado» ver qué efectos tiene la decisión judicial ya que valida casi la totalidad del decreto ley, aunque anula «el acto formal de un artículo en concreto».

Los sindicatos apoyan al ministro

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha manifestado su apoyo a la postura del ministro de Energía sobre el cierre de las térmicas y ha anunciado que pondrá en marcha una ronda de reuniones con partidos políticos a nivel nacional y con las autonomías afectadas «para que apuesten por el mantenimiento» del carbón en el mix eléctrico. En este sentido, el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, concretó que van a pedir reuniones a los 3 presidentes de las autonomías afectadas por el cierre de las térmicas (Asturias, Castilla y León y Aragón) para que, desde sus puestos, «presionen a los grupos políticos» contrarios a su mantenimiento.

Factura un 30% más cara

Hojas ha trasladado públicamente a Nadal «que no se sienta solo» y que «en ningún caso tiene que ceder a las presiones que está recibiendo». Hojas ha afirmado que, «sin las centrales nucleares y de carbón conectadas, la factura de la luz habría sido un 30% más cara«, por lo que ha pedido que las propuestas trasladadas desde el grupo de expertos de UGT se transformen en «un gran Pacto de Estado» en el que todos los actores diseñen «una política energética que garantice unas tarifas que no sean un factor de pérdida de competitividad».

También ha llamado a las empresas eléctricas «a que digan la verdad» sobre las emisiones. «Lo que tienen que hacer es invertir en las centrales de carbón», ha reiterado, añadiendo que » si las empresas térmicas hubieran invertido sus cuantiosos beneficios en tecnología de vanguardia, las emisiones serían mucho menores». Finalmente, Hojas ha llamado a elaborar políticas energéticas a largo plazo, «fuera de populismos y política fácil que busque votos» y advirtió de los «grandes riesgos» de deslocalización de grandes empresas si no hay una energía competitiva a precios europeos.

Nadal justifica el fin de las ayudas a la minería del carbón este año: “las decisiones se tomaron hace tiempo”

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha referido al escenario relativo a este año 2018, ejercicio que supone el cierre de las minas de carbón no competitivas, y asegura que «la Unión Europea tiene sus reglas y las decisiones se tomaron en su día», recordando que el acuerdo se tomó en el año 2010.

Respecto a la petición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, de que España debería exigir a la Comisión Europea unas condiciones más flexibles que permitan prolongar la actividad de la minería del carbón, el titular de Energía se ha mostrado prudente, pero ha desvelado que está trabajando, junto a Asturias y otras comunidades autónomas, para buscar «alternativas».

No obstante, ha recordado la «rigidez» de la normativa comunitaria en este aspecto, ya que el acuerdo relativo a los cierres «es muy claro». Gracias a ese acuerdo, ha explicado, se han podido mantener las ayudas hasta este 2018 y eso ha permitido el cierre ordenado de las minas. También ha permitido mantener las rentas a las personas que han dejado el sector. «La mayor parte del gasto público que se dedica actualmente a la minería del carbón es para prejubilaciones y jubilaciones», ha explicado.

En cuanto a la situación en la que quedan las minas deficitarias ha insistido en que «todo el mundo sabía las reglas del juego».  Respecto a la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada (Langreo), el ministro ha reiterado el criterio del Gobierno, que pasa por que sigan funcionando las centrales que son «viables y necesarias para el sistema«, e incluye en ese caso al grupo moderno de la central de Lada.

Actualmente el Gobierno impulsa un real decreto en ese sentido, para garantizar el funcionamiento de centrales que son rentables y viables. Está siendo analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), y luego pasará al Consejo de Estado. Sin embargo, Nadal ha lamentado la «soledad» del Gobierno para aprobar una medida de este tipo. El resto de grupos no le apoyan, ha señalado, incluido el PSOE. No es el caso, matiza, del Gobierno asturiano, de signo socialista.

Nadal ha explicado que si en los últimos tres años no hubiesen funcionado las centrales térmicas en España, el precio de la electricidad mayorista habría subido de una manera «enorme», algo que afectaría enormemente a las empresas electrointensivas, de las que hay varias en España. En este sentido, ha advertido del impacto en el empleo que podría tener prescindir de las centrales de carbón. «Consideramos que estas centrales tienen que mantenerse si son rentables», sentenció.

El Supremo admite a trámite el recurso de la CNMC contra Energía por las últimas funciones arrebatas por el Ministerio

Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso.

La CNMC ha decidido judicializar el enfrentamiento abierto entre el organismo regulador y el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. El organismo dio este paso después de que el Ministerio respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle estas funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En el fondo de este recurso por estas competencias entre la CNMC y el Ministerio de Energía se encuentra la pugna por la fijación de los peajes de acceso a redes eléctricas. En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador a España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Los ecologistas acusan a Nadal de bloquear la transición energética y conducir a la Unión Europea a una «dirección peligrosa»

Europa Press.- Las organizaciones ambientales consideran que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, es responsable del «bloqueo» hacia una transición energética libre de emisiones en España y advierten a la Unión Europea de ir en «una dirección peligrosa» para el futuro energético de los 28 Estados miembros.

Amigos de la Tierra lamenta que los ministros de la Unión Europea hayan decidido retrasar la transición energética que Europa necesita después de acordar las posiciones de los Gobiernos de los diferentes países sobre la Directiva de Energías Renovables, la Gobernanza de la Unión de la Energía y la Iniciativa de Diseño de Mercado. El responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, Héctor del Prado, considera que los ministros manifiestan su «poca voluntad política» y su “falta de ambición» al apostar de nuevo por un objetivo de energías renovables del 27% para 2030, una cifra que «es reducida y retrasa la transición energética» en la Unión Europea.

Además, critica que los ministros hayan acordado que «miles de millones de euros» de los contribuyentes europeos sirvan para financiar nuevas centrales de combustibles fósiles y para asegurar la extensión de la vida útil de las existentes en forma de pagos por capacidad. Asimismo, lamenta que se hayan rebajado las provisiones para lograr un sistema energético «más democratizado mediante la participación y titularidad ciudadana en las instalaciones renovables«. De Prado subraya que es una década «crucial» para mitigar el cambio climático y recuerda que las señales son «claras» para todos.

“La cifra de renovables acordada es un número ridículo y a todas luces insuficiente para ponernos en la senda del Acuerdo de París», critica De Prado, que califica de «muy negativo» el papel que están jugando España y Alemania en las negociaciones del Paquete de inviernoy asegura que ambos dejan «muy clara» su intención de «negar» a los ciudadanos los beneficios que conllevaría una transición energética «inclusiva y descentralizada«.

En esta línea, Greenpeace denuncia que el ministro Nadal mantiene su «bloqueo» a las renovables a pesar de que España es uno de los países de la Unión Europea más vulnerables al cambio climático y considera que los ministros europeos se posicionan en contra de los ciudadanos tras apoyar las subvenciones para las eléctricas, incluidas para las plantas contaminantes y peligrosas como el carbón. La ONG acusa a los ministros de debilitar las propuestas de la Comisión Europea que potenciaban que los hogares, las cooperativas y los municipios produzcan y vendan su propia energía renovable, y de ignorar las llamadas de la Eurocámara para aumentar el objetivo de renovables de la Unión Europea para 2030.

Igualmente, denuncia que Nadal trata de trasladar a Europa su política contra el autoconsumo y de apoyo al «viejo y sucio modelo energético«. En este sentido, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, critica que el Gobierno bloquea la transición hacia un modelo 100% renovable en manos de la ciudadanía y, por el contrario, apoya las centrales viejas y contaminantes como las térmicas de carbón«.

En este contexto, la asesora política energética de la Unión Europea de Greenpeace, Tara Connolly, asegura que los ministros de Energía están «listos para ofrecer subvenciones casi ilimitadas» mientras los ciudadanos europeos quedan «fuera» ya que los ministros de los Veintiocho «han destruido las propuestas que apoyan sus derechos para producir y vender energía renovable». «El Parlamento ahora debe respaldar la energía renovable en manos de la gran mayoría y no la sucia en manos de unos pocos», ha concluido.

España valora «positivamente» los avances en interconexiones y autoconsumo conseguidos en las negociaciones con los países de la Unión Europea

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha valorado «positivamente» los resultados obtenidos por España en las negociaciones entre los ministros de Energía de la Unión Europea del llamado Paquete de Invierno, logrando avances en interconexiones eléctricas y autoconsumo de energía.

En concreto, España ha defendido un objetivo ambicioso en materia de energías renovables, pero insiste en que para ello necesita que se introduzcan las herramientas necesarias como las interconexiones. En este sentido, la Unión Europea ha reforzado la consideración de las interconexiones energéticas en la normativa energética comunitaria. Así, el Ministerio destaca que se han recogido plenamente las propuestas españolas en esta materia, incluyéndose avances «muy importantes» de cara a otorgar carta de naturaleza a los compromisos europeos de alcanzar el 10% en 2020 y del 15% en el año 2030 como una de las dimensiones de la gobernanza energética.

En particular, la normativa comunitaria otorgará al objetivo de interconexiones una importancia similar a los objetivos de renovables y eficiencia energética. De esta manera, los Estados deberán marcar en sus planes nacionales de Energía y Clima una estrategia elaborada en cooperación con los Estados vecinos para progresar en las interconexiones y alcanzar en 2030 el objetivo del 15%. Además, la Comisión Europea evaluará periódicamente los progresos de los diferentes países de cara al logro de los objetivos de interconexión, lo cual será un elemento esencial para España y que, de detectarse por la Comisión avances insuficientes, la Comisión y los Estados deban cooperar para alcanzar soluciones a los problemas identificados.

Asimismo, se incluirán las interconexiones a la hora de valorar los costes que asumen los países para contribuir a los objetivos de cambio climático, reconociendo que el logro de un nivel de interconexión del 15% es clave para incrementar la penetración de renovables de forma técnica y económicamente viable. El Consejo de Energía también ha reconocido la importancia de un despliegue eficiente y efectivo de renovables que suponga el menor coste para el consumidor, lo que avala la política desarrollada por el Gobierno español mediante las subastas celebradas durante el año 2017 y que permitirán incorporar más de 8 gigavatios (GW) de nueva potencia renovable sin primas, señala el Ministerio.

Respecto al autoconsumo, el Gobierno considera «muy positivo» el tratamiento que se le ha dado en el Consejo, con una propuesta que «refleja claramente» que no debe haber discriminación ni subsidios cruzados entre consumidores y que estos deben sufragar los costes del sistema de forma equitativa, independientemente de que autoconsuman o no, subraya el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. En lo que se refiere a los precios regulados para consumidores eléctricos, se reconoce la posibilidad de los Estados miembros de contar con sistemas como el español, de precios voluntarios para el pequeño consumidor, que es dinámico y fluctúa de acuerdo con el precio del mercado.

El Consejo ratificó su objetivo de alcanzar al menos un 27% de energía renovable en el consumo final en el año 2030 y establecer importantes mecanismos de control y coordinación de las políticas de los Estados miembros, en el marco de la gobernanza de la Unión Energética, con vistas a asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. España valora «muy positivamente» el marco que se ha propuesto en estas orientaciones generales, que incluye avances importantes en la simplificación de los trámites administrativos para las instalaciones renovables, nuevos compromisos en materia de penetración de renovables en el transporte y la fijación de criterios objetivos para la evaluación del avance de los distintos Estados miembros, entre otras cuestiones.