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Nadal asegura que la luz se mantiene en precios «razonables» mientras Bogas (Endesa) cree que la sequía no provocará subidas

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Europa Press.- Mientras el consejero delegado de Endesa, José Bogas, augura que los precios de la luz no sufrirán subidas por la sequía y la falta de viento como las que se registraron en enero ya que considera que eso «fue una situación global», el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado que el precio de la electricidad se mantiene en unos niveles «razonables», a pesar de que estamos viviendo un mes de junio récord en demanda energética.

Mayor demanda eléctrica en junio

«Estamos en unos precios razonables para las circunstancias», indicó Nadal. Así, el ministro de Energía señaló que las altas temperaturas y el inicio de un verano «seco» han llevado a registrar el mes de junio con «el mayor consumo de nuestra historia». En concreto, la punta de demanda eléctrica está superando los 39.000 megavatios (MW), mientras que hace un año oscilaba entre los 32.000 y 34.000 MW, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

Nadal señaló que el precio de la electricidad está en unos niveles medios de 50 euros, que «no tienen nada que ver» con los picos de 80 ó 90 euros que se vieron en el invierno. No obstante, subrayó que se sitúa por encima de los que marcaba en 2016 por estas fechas, que eran de unos 30 euros, en «un año excepcional de meteorología».

«Fue la tormenta perfecta en el sentido positivo. Todos los elementos que ayudan a que baje el precio de la luz este año no los tenemos tanto, pero vemos una situación parecida a la de hace dos años», explicó. De esta manera, aseguró que la situación es de «estabilidad» de los precios de la electricidad en un momento «difícil» de alta demanda y reducción de la oferta a través de energía renovable y agua. «Sin embargo, no se están alterando las condiciones de mercado», añadió.

La sequía no provocará subidas

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que subidas del precio de la luz como las que se registraron el pasado mes de enero obedecieron a “una situación global», mientras que lo de ahora «es más local». Según explicó Bogas, en una situación global el gran problema fue la «tremenda demanda de gas» que había en la Unión Europea, lo que generó «una serie de condiciones extremas agravadas por la globalización», unos argumentos que no responden a los mismos que provocan que este año tenga «especialmente poca agua y viento».

En su opinión, los precios debería haber sido más bajos en abril y mayo, que se han visto alterados por la menor producción hidráulica, pero cree que no subirán de nuevo. «Estamos en un nivel de precios que debería ser más bajo, pero que esos precios se disparen y lleguen a los de enero no puede ser así, tendría que haber una circunstancia adicional para que eso ocurriera», ha explicado.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio pide a Nadal sustituir las nuevas auditorías por una declaración responsable

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Europa Press.- La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) rechaza la imposición de nuevas auditorías a las gasolineras y sugiere que, en el caso de que se decida continuar adelante con esta propuesta, se sustituya esta obligación por una declaración responsable. La asociación ha presentado alegaciones al borrador de real decreto del Ministerio de Energía acerca de la exigencia de auditorías a las gasolineras.

CEEES recuerda su estimación de que la imposición de auditorías a las estaciones de servicio puede tener un coste cercano a los 50 millones de euros que, en última instancia, acabará afectando a los consumidores finales. La asociación rechaza las auditorías y propone que, solo en el caso de que se «demuestre, explique y justifique necesario el control de los datos» de las estaciones de servicio, se sustituya la obligación que quiere implantar el Gobierno por una «declaración responsable sobre la veracidad y exactitud de los datos remitidos«. Las alegaciones se dirigen al real decreto que prepara el Ministerio de Energía para modificar el RD 1597/2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos.

En sus alegaciones, formuladas en el trámite de informe del borrador ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la confederación propone al gabinete que dirige el ministro Álvaro Nadal la «eliminación de la obligación de que un auditor independiente acredite la veracidad de la información remitida por los titulares de las instalaciones». Como muestra de su «buena voluntad» al redactar las alegaciones, CEEES asegura que otra de sus propuestas consiste en que, en caso de que Energía no acceda a eliminar la obligación de auditoría, permita al menos «que queden exentos de la obligación los sujetos que hayan declarado ventas inferiores a un millón y medio de litros para todos los productos en el ejercicio anterior».

Cada una de las auditorías que propone el Gobierno tienen un coste de alrededor de 5.000 euros, «una cantidad demasiado elevada para poder ser asumida por las maltrechas cuentas de explotación de no pocas estaciones de servicio, que han visto drásticamente reducido su volumen de ventas en los últimos años debido al descenso de la demanda y a la competencia desleal a la que se ven sometidas por parte de las gasolineras desatendidas», indica CEEES.

Nadal asegura que «el coste eléctrico sería hoy 10 veces más barato si se hubiera tenido paciencia» con las renovables

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirma que la luz sería «hasta 10 veces más barata en España si se hubiese tenido un poco de paciencia» a la hora de llevar a cabo instalaciones de renovables.

En este sentido considera que España fue líder en energía solar a costa de instalar «todo y muy caro», lo que actualmente «se ha visto repercutido en el recibo». «Hemos invertido mucho dinero en una tecnología que hoy en día nos parece obsoleta«, ha apuntado. Así, lamenta que el coste del megavatio por hora era entonces de 490 euros, mientras que en la última subasta se situó por debajo de los 40 euros, ha apuntado.

Aunque ha destacado que el coste de la energía en España «está bajando», Nadal reconoce que es «de los más caros de Europa» debido al coste adicional en renovables que arrastra el sistema. En este sentido, ha explicado que España cuenta con 10.500 millones de euros de sobrecoste por decisiones políticas del pasado que se anteponían al precio y la competitividad. «Pagamos 7.000 millones en primas a las renovables, que son las más caras del mundo porque se instalaron en una etapa en la que costaban mucho esas instalaciones«, lamentó.

Según Nadal, en España se instaló una tecnología «muy madura y cara» y «ni siquiera se subían los precios al tiempo que los costes», lo que generó un déficit que ahora se está pagando. «Nuestro país tiene una de las energías más caras por decisiones que se tomaron en el pasado sin importar los costes ni lo que iban a durar en el tiempo», ha apostillado, un lastre que España aún pagará «durante muchos años«.

Nadal no ve «mal» una revisión de los impuestos creados en 2012 a la nuclear para comprobar si son «adecuados»

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que «no está mal» que se acometa una revisión que permita establecer cómo de «adecuados» son los impuestos establecidos por el Gobierno en 2012 a la tecnología nuclear. «Hay que hacer un análisis serio. No está mal que hagamos una revisión y veamos qué adecuados son los dos impuestos que pusimos», afirmó el ministro.

Desde su punto de vista, resulta conveniente realizar un análisis económico «serio» sobre las tecnologías hidráulica y nuclear «que revele quién tiene razón» acerca de si son rentables o no lo son. «No comparto la idea de que las nucleares no son rentables», ha apuntado el ministro, para quien esto se comprueba al ver las cotizaciones en Bolsa de las empresas propietarias.  «Las nucleares son las que hay en España. Si se pudiera poner una nuclear cuando se quisiese, se podría ver la rentabilidad», inquirió Nadal, para quien al afirmar que las centrales nucleares no son rentables «se juega con la falta de conocimiento del regulador, que no tiene un mecanismo de mercado que revele cuánto de rentable es eso«.

Los dos impuestos a los que aludió el ministro se refieren a los de la Ley 5/2012, que entraron en vigor en enero de 2013 y que, entre otras cosas, condujeron a Iberdrola y a Endesa a detener la actividad de la central nuclear de Garoña. La ley contemplaba varios impuestos a las actividades del sector eléctrico con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa. De los gravámenes, dos afectan a la nuclear, que son el que se aplica específicamente a los residuos y el del 7% a la producción de electricidad. Este último impuesto será analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el Tribunal Supremo haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.

Por otro lado, Nadal ha afirmado que la energía nuclear debe mantenerse en el mix energético porque, de no ser así, el recibo de la luz se encarecería un 25%. Según ha dicho, es un coste «excesivo» para la sociedad liberarse de los residuos nucleares a cambio de encarecer el recibo de la luz en un 25%. «Sube un 25% porque esa oferta ahora es insustituible con la tecnología que tenemos hoy y con la que tendremos los próximos años».

Para Nadal, lo primero es «la decisión pública de qué mix queremos para los próximos años». «Desde mi punto de vista la energía nuclear tiene que contar», ya que, según ha explicado, no existe ninguna tecnología que consiga trabajar continuamente sin emitir CO2 y a precio de mercado. Según el ministro, su objetivo es «que no suba el precio» de la electricidad, así como cumplir los objetivos medioambientales. «El objetivo de otros sí es que suba el precio», ha apuntado Nadal, que considera que «eso es lógico» pero que no se pueden «poner de acuerdo».

Garoña acumula 115 millones en provisiones para su desmantelamiento mientras el Gobierno mantiene que decidirá atendiendo las alegaciones de «todos”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre la central nuclear de Garoña (Burgos) y que no lo hará hasta conocer las opiniones y alegaciones de «todos» los interesados en la cuestión. Por su parte, Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que opera la central nuclear, acumula provisiones de 115,15 millones de euros para el predesmantelamiento tanto de la planta burgalesa como de su 2% en Trillo.

Esta cifra aparece recogida en el último informe anual de auditoría de Nuclenor, en el que la firma EY publica un párrafo de énfasis en el que llama la atención acerca de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad. Al referirse a la actividad de predesmantelamiento, Nuclenor recuerda que el proceso puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias. Tras la emisión del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña cumpla 60 años de operación y llegue a 2031, el Ministerio tiene hasta el 8 de agosto para decidir si autoriza la continuidad de la central, momento en el que sus operadores deberán tomar una decisión al respecto.

Nuclenor declara en sus cuentas anuales de 2016 unas pérdidas de 67,15 millones de euros en 2016, lo que supone elevar un 47% los números rojos de 45,65 millones de euros del ejercicio anterior. La cifra de negocios de la sociedad ascendió a 6,5 millones de euros de euros el año pasado, frente a los 8 millones de euros de 2015. Procedió de los ingresos obtenidos por la venta de energía de la participación del 2% que tiene Nuclenor en la central nuclear de Trillo.

La sociedad presenta a cierre del año pasado un patrimonio negativo por importe de 38,35 millones de euros, un desequilibrio patrimonial que supone que se encuentra en causa de disolución. Ante esta situación, los accionistas de Nuclenor acordaron en enero una aportación adicional de 14,3 millones de euros, desembolsada en febrero. Además, en marzo el consejo de la sociedad propuso a sus accionistas la realización de una aportación adicional de 26,8 millones de euros. En todo caso, Nuclenor declara créditos concedidos a Endesa e Iberdrola cuyo saldo a cierre de 2016 asciende a 55,16 millones de euros, repartidos a partes iguales entre los dos socios.

Garoña se encuentra parada desde finales de 2012, cuando Nuclenor decidió suspender su actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. En su informe, Nuclenor señala que a 31 de diciembre de 2016 la central de Garoña continúa en la situación administrativa de cese de explotación y continúan las tareas de predesmantelamiento, cuya duración aproximada es de 3 años, aunque puede ser «reversible». Para que sea «reversible», no solo se requiere el dictamen favorable del CSN para alargar su vida útil y la autorización del Ministerio de Energía, sino también el visto bueno de Endesa e Iberdrola.

El Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre Garoña, aunque está pendiente de abrir el plazo de alegaciones a las distintas partes. Sin embargo, la postura de los dueños de Garoña no puede estar más distanciada respecto al futuro de la central nuclear. Así, mientras que Endesa quiere esperar a conocer la postura del Gobierno, Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación.

Iberdrola defiende que en las actuales condiciones el negocio nuclear no es viable. En la junta general de accionistas, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro.

En concreto, la filial que agrupa los intereses nucleares del grupo energético, Iberdrola Generación Nuclear, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones de euros desde 2013. No obstante, el ministro Nadal puso recientemente en duda que la nuclear sea un negocio en pérdidas. «Tengo la sensación de que son más rentable de lo que están diciendo, pero su obligación es decir que pierden, a ver si bajan los impuestos«, afirmó.

Sin abrir plazo de alegaciones

Por otro lado, el ministro reconoció que el Gobierno «todavía» no ha iniciado el procedimiento de audiencia pública en el que las partes interesadas puedan alegar y presentar sus comentarios sobre la cuestión. «Es una decisión que importa a mucha gente y toda la gente puede tener la oportunidad de presentar alegaciones», ha comentado Nadal, que admite que las posturas «no son coincidentes». El ministro aseveró que el Gobierno «no va a tomar una decisión» sin que se abra ese plazo, se cierre, se estudien y tomen en consideración todas esas alegaciones y sin haber escuchado «a todas las partes». 

Energía investiga si se usa publicidad engañosa para atraer a pequeños ahorradores hacia la subasta renovable como un producto financiero

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló que su Ministerio está investigando si existe publicidad engañosa que esté atrayendo a los pequeños inversores a participar en la subasta renovable ya que «no es un producto para ellos» y está «preocupado» por que se conciba el mercado energético como un producto financiero. Nadal ha insistido en que la subasta de renovables «es un producto para gente que conozca cómo funciona el mercado, con sus riesgos y volatilidades».

«No creo que para pequeños ahorradores sea muy apropiado», ha advertido el ministro. «Es un producto para gente que conozca el mercado eléctrico y su regulación», añadió. Según Nadal, la financiación de proyectos en las subastas «no es un producto de renta fija», sino «un producto industrial», aunque ha señalado que no es su competencia prohibir la participación de los pequeños actores en este proceso, sino de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España.

En este sentido, reconoció que si alguien conoce los riesgos y aún así quiere suscribir acciones de una empresa «puede hacerlo». «No es una cuestión de prohibir sino de ver si se está haciendo publicidad engañosa, nos ha preocupado ver cómo se está presentando ese producto y estamos mirando si hay algún elemento de publicidad engañosa en el mismo«, explicó.

El ministro de Energía también ha detallado que los costes y precios razonables y la «oferta de sobra» de la subasta de renovables han empujado al Ejecutivo a lanzar una segunda subasta. En cuanto a los criterios de adjudicación de la primera subasta de renovables, Nadal ha explicado que el primer criterio fue el coste, mientras que el segundo fue la empresa que trabajase más. «Si el objetivo es que España tenga más energía renovable, la que trabaje más horas y produzca más energía al mismo coste tiene que llevarse el cupo», aseveró. El tercer criterio fue el tamaño, ya que resultan más baratas las instalaciones grandes y concentradas .

Energía regulará el cierre de centrales térmicas sin el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que denuncia la falta de diálogo

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Europa Press.- Ciudadanos ha lamentado la falta de negociación por parte del Gobierno sobre la regulación del cierre de centrales térmicas de producción eléctrica y ha reclamado que se fije un Pacto de Estado de Energía previo a cualquier decisión al respecto tras el anuncio del Gobierno de que regulará el cierre de estas plantas sin el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, lo que impedirá que la norma pueda convalidarse en el Congreso de los Diputados y adquirir rango de ley.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que a su departamento le habría gustado «un edificio más amplio y más sólido» para regular el cierre de las centrales térmicas, pero «no ha sido posible». Nadal se preguntó si, ante la sobrecapacidad del sistema eléctrico, la clausura de las plantas debe responder a decisiones empresariales o a una planificación del mix en función de los objetivos nacionales. Después de mostrarse partidario de la segunda opción, advirtió de que la normativa europea es «escueta» en este asunto.

«Habrá que decidir primero el mix y luego tomar decisiones», señaló, antes indicar que ha hablado con «diferentes fuerzas parlamentarias para plantear un cambio normativo con rango de ley» para que los cierres se apliquen «de forma ordenada». «He hablado con el grupo socialista y no tiene interés por una norma por el estilo», afirmó. «Si no podemos hacer un desarrollo normativo amplio de estas características, en el que prime la política energética sobre las decisiones empresariales, sí podemos hacer una regulación sobre estas cuestiones lo más amplia posible», indicó. «Haremos lo que podamos con el rango reglamentario», afirmó Nadal.

Ciudadanos denuncia falta de diálogo

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, subrayó que el Ejecutivo no puede regular el cierre de centrales térmicas sin un pacto previo que fije la política energética del futuro. «Con Ciudadanos nadie se ha sentado a hablar del tema», ha lamentado la portavoz de Energía del grupo parlamentario de Ciudadanos, que registró en el Congreso una pregunta por escrito para reclamar al Ejecutivo información sobre sus planes en este sentido y, además, ha reclamado la comparecencia del ministro del ramo, Álvaro Nadal.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que previamente a la regulación debe existir un consenso sobre el mix energético y ha reiterado que debe haber una planificación energética fruto de un pacto y no «improvisando» para que luego «acabe reflejado en el recibo de la luz» de los ciudadanos. «Hay que decidir lo que queremos ser de mayor», incidió la diputada de la formación naranja, para recordar que esto daría «seguridad» de cara al futuro.

La compra de vehículos eléctricos se subvencionará con entre 1.100 y 15.000 euros con el nuevo Plan Movea del Gobierno

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Europa Press.- La segunda edición del Plan Movea, de incentivo a la adquisición de vehículos de energías alternativas y de puntos de recarga, aprobada por el Gobierno, contempla ayudas de entre 1.100 y 15.000 euros para la compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de autonomía extendida. El Movea 2017 se enmarca dentro de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas impulsada en 2014 y que tiene vigencia hasta 2020.

Este programa, que cuenta con un presupuesto de 14,26 millones de euros que irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, busca fomentar los vehículos impulsados con energías alternativas como tecnologías que están llamadas a formar parte de la movilidad sostenible gracias a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). El nuevo Movea contempla incentivos de diferente cuantía según el tipo de vehículos, que excluye los propulsados por gasolina y gasóleo e incluye los modelos eléctricos, los de gas licuado de petróleo, los de gas natural comprimido y licuado, los de pila de combustible de hidrógeno, las motocicletas eléctricas. También se apoyará la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en zonas de acceso público.

«El vehículo que vaya a comprarse ya incluirá en el precio final de venta al público la ayuda», explicó el ministro de Energía, Álvaro Nadal. La cuantía de las ayudas se fijará con diferentes baremos dependiendo del tipo de vehículo y del combustible. La ayuda será a partir de 500 euros para turismos y furgonetas, de 5.000 euros para microbuses y camionetas, y de 18.000 euros para autobuses y camiones. Del presupuesto de 14,3 millones de euros, 10,1 millones de euros corresponderán a vehículos eléctricos, frente a 2,2 millones de vehículos propulsados a gas natural, 1,4 millones de los propulsados por gases licuados del petróleo y 0,6 millones de infraestructuras de recarga de uso público.

El programa finalizará el 15 de octubre o hasta que se agoten los fondos disponibles. En función del tipo de vehículo se recibirá una cuantía de forma que los modelos de GLP optarán a subvenciones de entre 500 y 15.000 euros, mientras que los de gas natural podrán recibir entre 1.000 y 18.000 euros. Además, los modelos de pila de combustible de hidrógeno obtendrán subvenciones a la compra de 5.500 euros, mientras que los vehículos eléctricos, los híbridos enchufables y los de autonomía extendida recibirán entre 1.100 y 15.000 euros.

Igualmente, la horquilla de ayudas para los cuadriciclos eléctricos será de entre 1.950 y 2.350 euros, al tiempo que la de las motocicletas eléctricas oscilará entre 1.000 y 2.000 euros. Finalmente, se incentivará con 1.000 euros la puesta en marcha de un poste de carga convencional, con 2.000 euros uno de carga semirrápida y con 15.000 euros a uno de carga rápida. El Plan Movea establece un precio máximo de venta para los turismos y motocicletas, con el fin de evitar subvencionar los modelos premium. Así, los turismos de gas no podrán costar más de 25.000 euros (sin IVA), mientras que el precio máximo de los turismos eléctricos será de 32.000 euros y el de las motos eléctricas, 8.000 euros.

Las bases de este programa indican que los puntos de venta que deseen adherirse deberán aplicar un descuento adicional de al menos 1.000 euros para todos los vehículos, excepto a cuadriciclos (150 euros) y motocicletas (sin descuento), mientras que, si el vehículo es eléctrico, el centro tendrá que comprometerse a facilitar la instalación de un punto de carga. El Gobierno prevé que esta medida impulse la adquisición de 1.800 turismos y furgonetas eléctricas, así como de 230 motos eléctricas. En el caso de los modelos de gas natural la estimación se sitúa en 240 turismos y furgonetas y 100 camiones, al tiempo que se espera fomentar la adquisición de 1.300 turismos y furgonetas de GLP.

El Gobierno destina 336 millones a eficiencia energética en entidades locales y regula la subasta de renovables

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Europa Press.- El Gobierno aprobó tres decretos dirigidos a «transformar el sistema energético» actual para hacerlo «cada vez más limpio», para lo que destinó 336 millones de euros a la eficiencia, lanzó una nueva subasta de renovables y fomentará la movilidad eléctrica. El objetivo es alcanzar los compromisos de España en materia de cambio climático, con más energías renovables, un sistema más eficiente pero que, a la vez, no afecte al «bolsillo» de los consumidores.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado la aprobación de un real decreto para lograr los objetivos de eficiencia energética que contempla movilizar hasta 508 millones de euros para fomentar la mejora energética tanto en edificios públicos como para viviendas particulares. «Se trata de como tener los mismos niveles de confort pero consumiendo menos», ha dicho Nadal. En concreto, ha indicado que el real decreto incluye una convocatoria de ayudas de 336 millones de euros para corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, que son unas 7.700 entidades locales. «La mayor ayuda nunca hecha y dirigida a las entidades locales más pequeñas», destacó Nadal.

Además, el ministro aseguró que la mejor manera para combatir la actual ola de calor es «la eficiencia energética y el aislamiento» de los edificios, ya que cuando mejor aislado esté un edificio «menos variaciones de temperatura habrá«. Estas ayudas serán otorgadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Los 336 millones de euros permitirán financiar proyectos de eficiencia energética, calefacción de distrito y movilidad urbana sostenible, desde alumbrado, instalaciones de autoconsumo o edificios públicos, por ejemplo para renovar edificios, puertas o ventanas a 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes, Ceuta y Melilla.

En concreto, para lograr la ayuda los municipios deberán reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética (en edificación y en infraestructuras y servicios públicos), movilidad urbana sostenible (transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de red viaria, transporte ciclista y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias) y uso de energías renovables (para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas).

Nadal ha añadido que estas cantidades se combinarán con el Fondo Nacional para la Eficiencia Energética, por lo que en total supondrá una movilización de 508 millones de euros. «La política de eficiencia energética más grande que se ha hecho en España y la eficiencia energética es la mejor de las políticas energéticas», subrayó el ministro, que ha valorado que estas ayudas contribuirán a la reducción de emisiones de CO2, pero también beneficiarán a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en los edificios y espacios urbanos.

A este respecto, el ministro aprovechó para recordar que España, junto a Francia, han pedido a Bruselas cambios en la contabilidad de las inversiones en eficiencia energética para fomentarla, algo que depende de la comisaría europea de Asuntos Económicos y Financieros. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones apenas pueden desarrollar estas inversiones porque generarían un déficit prohibido por la legislación a pesar de que se amorticen a muy corto plazo y así lo exija la normativa comunitaria.

Además, en materia de renovables, ha defendido que el Gobierno ha logrado conciliar que un fomento de las energías más limpias beneficie también a los consumidores, frente a lo realizado «anteriormente», cuando luchar contra el cambio climático aumentando las renovables afectaba económicamente a los consumidores. Nadal ha recordado que el objetivo de España en renovables es de alcanzar un 20% de cobertura en 2020, frente a otros países, como Francia, cuyo objetivo es del 23%; Alemania, con un 18% o Reino Unido, con un 15%.

Así, ha precisado que en la actualidad España está en un 17,3% pero confía en que con la subasta de mayo y las posteriores se alcanzará una cifra del 19,5%, «muy cercana al objetivo» y ha asegurado que en el caso de España «se van cumpliendo los objetivos sin problemas». «Los demás tendrán que hacer un esfuerzo enorme para cumplir en 2020. En nuestro caso se van cumpliendo los objetivos sin problemas», ha defendido Nadal, que ha vaticinado que España será uno de los países con alto nivel de cumplimiento.

Para ello el Gobierno aprobó un decreto que regula la nueva subasta de renovables, como la que el Gobierno realizó en mayo de 3.000 megavatios (MW), que estableció un precio mínimo garantizado de 39 euros por megavatio, y estimó que la próxima subasta tendrá «precios más competitivos». Estas subastas premian la fuente de energía que a igualdad de precio genere más horas de electricidad. Y «por eso» ganó la energía eólica, según el ministro. Ahora se celebrará una nueva subasta en la Península con el objetivo de que favorezca a la energía solar fotovoltaica. «Hay capacidad de sobra para hacer una nueva subasta y completar los objetivos de cumplimiento», añadió.

Nadal recordó que en la subasta pasada las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada y los adjudicatarios ofrecieron el máximo descuento permitido. Esto supone, según ha explicado, que los proyectos adjudicados se llevarán a cabo sin necesidad de primas adicionales a los ingresos que obtienen por el mercado en el escenario de precios de referencia.

Juan Virgilio Márquez (AEE): “Con estabilidad regulatoria y seguridad jurídica participarían aún más operadores en las subastas de energías renovables” (II)

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Javier Angulo.- Apenas un mes después de la última subasta de renovables, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva subasta anunciada recientemente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: 3.000 MW destinados a las tecnologías eólica y solar fotovoltaica. Precisamente son las subastas el principal tema a abordar en esta segunda parte de la entrevista al director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez (Madrid, 1973).

La falta de diálogo con el sector fue uno de los principales reproches que se realizaron al Ministerio de Industria con el tándem José Manuel Soria-Alberto Nadal. ¿Hasta qué punto ha cambiado la situación en la nueva legislatura, con el nuevo Ministerio de Energía y la llegada de Álvaro Nadal?

Se están dando pasos en una dirección correcta, como muestra el dialogo de expertos para la formulación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es de valorar, pero siempre hemos pedido que el dialogo tiene que estar en todas las fases de ejecución de los grandes proyectos o programas que el Gobierno tiene que lanzar. Uno de esos asuntos son las subastas. Nos hubiera gustado que en la gestación o diseño de las subastas, en la fase inicial, se hubiera dialogado con todos los sectores renovables para recopilar de cada uno de ellos sus principales necesidades y mejorar su diseño. Se están dando buenos pasos, a diferencia de la etapa anterior, pero hay cuestiones que se pueden mejorar.

¿Cómo valora el sistema de subastas de renovables puesto en práctica para la subasta de mayo y que todo indica que volverá a utilizarse prácticamente igual para la anunciada subasta de otros 3.000 MW renovables?

El sistema de la última subasta, que era bastante similar al de 2016, es complejo.En otros países, casos de éxito a nivel internacional, se establecen sistemas en los que se subasta un incentivo por producción de energía; aquí se subasta un incentivo por potencia instalada. Todosistema complejo implica riesgos, en primer caso, de interpretación. Por ello, no terminamos de ver la ventaja de la neutralidad tecnológica; entendemos que habría que realizar subastas que incorporasen cupos por tecnología que saliesen de una planificación energética, del mix que el Gobierno quiere conseguir para el futuro.

Por ello, creemos que una subasta no se debería limitar a una puja cuantitativa por un incentivo sino que debería tener en consideración una serie de condicionantes que rodean al ámbito energético en este país: hay una distribución regional peculiar, con un mayor recurso eólico en el norte y mayor recurso solar en el sur; hay una industria propia, una industria eólica que hay que cuidar, con más de 200 centros de producción en 16 comunidades autónomas. Asimismo, hay una conciencia ambiental importante. La subasta podía haber sido una oportunidad para aglutinar todos estos intereses públicos para integrarlos en un mecanismo que, aún con estos parámetros, seguiría garantizando un precio muy bajo, de incentivo 0  durante este primer período regulatorio.

¿Ha habido discriminación a favor de la eólica, tal y como denuncian las organizaciones solares?

A día de hoy no puedo asegurar que se haya favorecido a alguna tecnología. Los parámetros asignados a cada tecnología no minusvaloran el rendimiento que podría aportar cada tecnología, discriminando a la solar en beneficio de otras, como se ha dicho. Así que, simplemente por el diseño de la subasta, no me atrevo a decir que se haya favorecido a la eólica, salvo en caso de descuento máximo. Es evidente que uno, cuando hace el diseño de una subasta y al margen del contexto, no piensa que la oferta que va a ir al descuento máximo va a ser mayoritaria. Puede pensar que las plantas que más prestaciones den, vayan al descuento máximo, pero no el 100% de la subasta.

Lo cierto es que las subastas están integradas en un contexto. En diseño no se beneficia a la eólica, pero claro, cuando se da que la mayor parte de la oferta va al descuento máximo, lo que priman son las horas de producción. Y si el contexto es que hay mucho proyecto, parado durante mucho tiempo, tanto eólico como fotovoltaico, y se subastan 3.000 MW, se llena con las tecnologías que más producen, en este caso la eólica. La conclusión de la subasta es que se ha quedado pequeña, que hay capacidad de aportar más megavatios renovables a descuento máximo.

En 2015, AEE reclamaba al Gobierno un calendario de subastas. Ha habido dos subastas, se anuncia otra de 3.000 MW en próximos meses. ¿Se cumplen las expectativas de la patronal?

En 2015 se hablaba de una planificación energética, con una serie de megavatios necesarios para cumplir los objetivos. La realidad es que no ha habido ese calendario de subastas, simplemente ha habido dos subastas para el cumplimiento de objetivos de renovables comprometidos con Europa. Y la próxima subasta que viene es consecuencia de que las anteriores se han quedado pequeñas.

Hay quién no duda en hablar de improvisación en esta forma de anunciar las subastas…

Desde AEE hemos pedido siempre una planificación energética a largo plazo. Permite prepararse, que las industrias hagan ofertas competitivas, busquen los mejores desarrollos tecnológicos, busquen los mejores parques… Lo que ocurre es que hay una subasta del 2016, que se llenó con el descuento máximo del 100%; hay otra este año en la que se han corregido aspectos, como un límite al descuento máximo, y también se ha vuelto a llenar; conclusión: el Gobierno ha visto que hay más oferta a descuento máximo y por eso plantea realizar otra subasta.

Respecto a la primera subasta, ¿desde AEE hay confianza en que los adjudicatarios vayan a llevar a cabo sus proyectos?

No tenemos ningún indicio que diga que los proyectos no se van a hacer. Confiamos en las empresas que han resultado adjudicatarias de la subasta. Llevamos mucho tiempo parados, con los proyectos en los que, en muchos casos los permisos ya adjudicados, perfectamente estudiados. Además, esas subastan también exigían avales, por lo que las empresas adjudicatarias saben a lo que se arriesgan si no cumplen, con los avales que se ejecutan como penalización. Eso sí, hasta que no se materialicen los proyectos no podemos decir que la subasta ha sido un éxito. Las subastas tendrán éxito siempre y cuando los proyectos se lleven a cabo.

El Gobierno confía en que con estas subastas se conseguirá alcanzar el objetivo de renovables del año 2020. Sin embargo la planificación energética indica que España necesitaría 8.500 MW renovables, de los cuales 6.400 MW eólicos. ¿Esperan que haya más subastas aparte de la que se acaba de anunciar por parte del presidente del Gobierno?

Esa planificación de 2015, de Red Eléctrica, es la que venimos utilizando porque está bien estudiada y es una referencia del sector. Teniendo en cuenta los 500 MW de la primera subasta, el cupo canario, los 2.900 MW de la subasta de mayo más los megavatios que la eólica pueda conseguir en la próxima subasta, creemos que a nivel de sector eléctrico se cumplen los objetivos. Pero insisto, el reto no es el sector eléctrico sino el resto de sectores del que un 20% de energía final consumida tiene que proceder de fuentes renovables. El objetivo se va a cumplir siempre que tengan el avance necesario para poder cumplirlo, sobre todo en lo que se refiere al transporte y calefacción.

¿Estas subastas suponen el impulso necesario para la industria eólica después de la moratoria renovable?

Esta subasta ha generado mucha esperanza en el sector. Estábamos en un momento complicado porque llevábamos mucho tiempo parados y los centros industriales ubicados en España llevan 3 años exportando el 100% de su producción, casi 3.000 millones de euros al año. Somos un sector incorporado a la mesa de sectores estratégicos con el calzado, el vino, los fabricantes de automóviles… un sector que ha sabido soportar la crisis, soportar la reforma, y reorientar su actividad para ser un player de referencia a nivel mundial, produciendo aerogeneradores para todo el mundo

Un mercado local siempre es muy bueno porque genera eficiencia en costes, los centros de producción se quedan en España. Va a generar empleos, entre 25.000 y 30.000 empleos  equivalentes en la fase de producción y de fabricación de los parques, contando empleo directo e inducido. Y en funcionamiento de los parques unos 6.000 empleos equivalentes al año, además de 3.000 millones de euros de inversión. Es una noticia estupenda, una inyección de moral, esperanza y alegría

¿Cuál  puede ser el cambio de fisonomía en el sector eólico? Hay operadores eólicos, con fuerte implantación en España, que no han acudido a la subasta. Otros han acudido al  necesitar incorporar potencia renovable a su mix empresarial de generación… ¿cómo anticipáis que va a ser la evolución del sector?

Hay que diferenciar que estos nuevos actores entran sin ninguna carga del pasado. Los fondos de inversión llegan en buena situación porque los activos tienen un nivel de eficacia y eficiencia importante y los explotan correctamente. Hay una serie de empresas, principales actores de la implantación renovable en España, que tienen una cantidad importante de activos que han sufrido la reforma energética y optan por estrategias más conservadoras. Hay otras empresas que tratan de cambiar su modelo de generación y apuestan por renovables ante la transición energética. Desde la AEE respetamos las estrategias particulares de cada empresa y creemos que hay que dar cabida a todos para que las renovables sigan generando más energía y sean cada vez más baratas.

Con mayor nivel de seguridad jurídica ¿Creéis que podría volver a participar en nuevas subastas de potencia algún operador que declinó participar en la subasta?

SI se estableciera un marco futuro en el que la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica estuviera garantizada a unos niveles como los que desde el sector estamos demandando, habría mayor penetración de muchos actores, no sólo de los que no han acudido a la subasta. La regulación en España permite al Gobierno realizar cambios cada cierto tiempo, cambios que nos preocupan mucho. Estamos hablando de que cada 6 años se puede cambiar la rentabilidad razonable, la rentabilidad regulada que por ley se garantiza al inversor. Una empresa lo tiene que tener en cuenta para su estrategia. No hay seguridad desde ese punto de vista.

No se sabe que va a pasar a partir de 2020, esperamos que el Gobierno abra una vía de diálogo con el sector para conocer sus necesidades y sus problemas. Hay que tomar decisiones que garanticen las inversiones realizadas y la sostenibilidad del sistema de tal forma que no vuelva a penalizarse a los inversores que en su momento apostaron por implantar las renovables en España. Si eso se garantizase, el avance de las renovables en España a precios todavía más competitivos sería mucho mayor. Habría más seguridad, más confianza, y en las subastas de renovables participarían aún más operadores.

 

Primera parte de la entrevista en este enlace:

Juan Virgilio Márquez (AEE): “La transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica”