La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio pide a Nadal sustituir las nuevas auditorías por una declaración responsable

Europa Press.- La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) rechaza la imposición de nuevas auditorías a las gasolineras y sugiere que, en el caso de que se decida continuar adelante con esta propuesta, se sustituya esta obligación por una declaración responsable. La asociación ha presentado alegaciones al borrador de real decreto del Ministerio de Energía acerca de la exigencia de auditorías a las gasolineras.

CEEES recuerda su estimación de que la imposición de auditorías a las estaciones de servicio puede tener un coste cercano a los 50 millones de euros que, en última instancia, acabará afectando a los consumidores finales. La asociación rechaza las auditorías y propone que, solo en el caso de que se «demuestre, explique y justifique necesario el control de los datos» de las estaciones de servicio, se sustituya la obligación que quiere implantar el Gobierno por una «declaración responsable sobre la veracidad y exactitud de los datos remitidos«. Las alegaciones se dirigen al real decreto que prepara el Ministerio de Energía para modificar el RD 1597/2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos.

En sus alegaciones, formuladas en el trámite de informe del borrador ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la confederación propone al gabinete que dirige el ministro Álvaro Nadal la «eliminación de la obligación de que un auditor independiente acredite la veracidad de la información remitida por los titulares de las instalaciones». Como muestra de su «buena voluntad» al redactar las alegaciones, CEEES asegura que otra de sus propuestas consiste en que, en caso de que Energía no acceda a eliminar la obligación de auditoría, permita al menos «que queden exentos de la obligación los sujetos que hayan declarado ventas inferiores a un millón y medio de litros para todos los productos en el ejercicio anterior».

Cada una de las auditorías que propone el Gobierno tienen un coste de alrededor de 5.000 euros, «una cantidad demasiado elevada para poder ser asumida por las maltrechas cuentas de explotación de no pocas estaciones de servicio, que han visto drásticamente reducido su volumen de ventas en los últimos años debido al descenso de la demanda y a la competencia desleal a la que se ven sometidas por parte de las gasolineras desatendidas», indica CEEES.