Entradas

Greenpeace cree que el fondo de gestión de residuos radiactivos es insuficiente y sólo financiará un 30% del coste

Redacción / Agencias.- Greenpeace advierte de que la dotación del fondo destinado a la gestión de residuos radiactivos y futuros desmantelamientos de centrales nucleares resulta «insuficiente» puesto que «sólo alcanza para financiar el 30% del coste». Según esta organización, las inversiones vinculadas al desmantelamiento de las centrales son públicas y se llevan a cabo con dinero ya recaudado pero señalan que la cifra actual es de 4.200 millones de euros «frente a los 22.200 millones de euros requeridos, según cálculos del Tribunal de Cuentas».

A esos 4.200 millones de euros, “un 19% del gasto total”, se añade que si el almacenamiento temporal de los residuos es mediante ATIs se añaden 370 millones de euros, y si es mediante ATC son 1.232 millones de euros, “lo que significa un 2% y un 5% por ciento, respectivamente, de la inversión total”. Por tanto, “a pesar de que el parque nuclear en España ya ha alcanzado el 84% de la vida útil, las ayudas disponibles ni siquiera alcanzan el 30% del total que se va a requerir”, según ha denunciado la organización.

El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha calificado el fondo como «infradotado» ya que con él «no podría afrontarse una situación crítica» y denunció a las compañías eléctricas por la existencia de este «enorme agujero que estas empresas no han pagado». En este sentido, el grupo ecologista insta al Gobierno a que «no se conceda la licencia de explotación a los reactores nucleares operativos» a medida que vayan finalizando las concesiones, entre 2021 y 2024.

Para Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, el plan vigente de residuos radiactivos es «obsoleto» a pesar de la actualización agregada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2015. Por ello propone elaborar un nuevo plan que gestione los residuos producidos hasta la finalización de las licencias de explotación en vigor. También plantea revitalizar las comarcas que, hasta ahora, eran dependientes de las nucleares por su emplazamiento. Montón ha explicado que existen unos 20 años «de colchón» en la que el propio desmantelamiento de la central y la colocación de renovables supone trabajo para el entorno. Sin embargo, advierte de que «si no se revitalizan las comarcas, tras los 20 años habrá un gran bajón».

Tasas “insuficientes” para las eléctricas

Montón reconoce que «las eléctricas sí están pagando las tasas, pero éstas son insuficientes» y por ello ha instado a modificar el modelo de recaudación por otro «más apropiado» ya que «mientras el fondo disponible no alcanza, las empresas propietarias de las centrales ingresaron por la producción nuclear 30.837 millones de euros entre 2005 y 2015. «Es imprescindible que la financiación del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos radiactivos no recaiga en los ciudadanos del futuro sino en las compañías que han obtenido los beneficios», ha insistido la responsable de nucleares de Greenpeace. A su juicio, «aún hay tiempo de hacer las cosas bien».

Por ello, desde Greenpeace consideran «imprescindible» el establecimiento de un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento que desarrolle un marco legal adecuado y, sobre todo, parta de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes. Además, señalan que para asegurar que el coste no se traslada a la ciudadanía y se asegure el principio de justicia intergeneracional y no se deje a generaciones futuras es necesario provisionar los fondos necesarios durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares.

Sobre esta situación, Greenpeace denuncia que las empresas dueñas de las centrales no tienen preparado esa cuantía necesaria para tener cubierto el cierre, a pesar de que sus beneficios son de 72.000 millones de euros. «Podría tratarse de una situación similar a la del rescate bancario, porque las eléctricas se han dedicado a invertir sus beneficios y no aguardarlos para la llegada del cierre, por lo que no podrán afrontarlo económicamente», denuncian desde la organización. En este sentido, critican la falta de control sobre este tema de los diferentes gobiernos que han ido pasando a lo largo de los años.

Impacto económico del desmantelamiento nuclear

Greenpeace insistió en que el cierre gradual de las centrales nucleares tendría «un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad«, además de suponer un «importante incentivo» para la economía española y la creación de empleo. Respecto al impacto económico ligado al cierre de las centrales nucleares españolas, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros según el estudio El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, realizado por la organización.

Según su informe, las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes «supondrían la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable». Montón precisó que los dos sectores más beneficiados serían el comercio y la hostelería, que aglutina la mayor parte de los impactos inducidos y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones. La ONG ha organizado cinco carreras populares simultáneas en las poblaciones cercanas a las centrales nucleares este domingo, con objeto de recoger apoyo ciudadano contra la industria nuclear.

El presidente del CSN explicará este miércoles en el Congreso la situación de las centrales, de Garoña y del ATC

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, rendirá cuentas ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados este miércoles, casi dos años después de su última comparecencia, en noviembre de 2014. Martí explicará el informe del CSN, que incluye el estado de funcionamiento de las centrales nucleares o la evolución de expedientes como el del almacén temporal centralizado (ATC), o la situación de cese de explotación con solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Martí no ha presentado ni explicado los informes de actividad de 2014 y 2015 aunque estos figuran en la página de Internet del regulador. El de 2014 debió haberlo expuesto en 2015, pero distintos problemas de agenda fueron posponiendo la fecha y después fueron disueltas las Cámaras al convocarse las elecciones generales de diciembre de 2015. En la pasada legislatura, los grupos parlamentarios solicitaron su comparecencia, pero Martí también argumentó problemas de agenda y la fecha que facilitó era posterior a la convocatoria de unas nuevas elecciones y, por tanto, nuevamente la legislatura estaba finiquitada.

El pasado 5 de octubre la comisión parlamentaria de Industria, Energía y Turismo reclamó su presencia para, además de exponer estos dos informes, que explique otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. El PSOE quiere que se presente para cumplir con su obligación anual de rendición de cuentas, mientras que Ciudadanos y Podemos reclaman su comparecencia tras conocer una serie de acusaciones internas realizadas por un grupo de trabajadores que afirman que en el seno del organismo hay problemas con el personal e «irregularidades en la seguridad de algunas centrales».

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Guillermo Mariscal, se mostró «totalmente» de acuerdo con las solicitudes de comparecencia, aunque disculpó su ausencia en la anterior legislatura porque entonces «tuvo el tiempo que tuvo». Si bien considera que es «preferible» su comparecencia para «no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad». Desde el PSOE, Pilar Lucio valora que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura llevó a la mayor parte de la Comisión de Industria a pedir su dimisión. Ahora, pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han ido conociendo».

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones “relevantes y alarmantes” por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian “hechos graves” en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de “dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña” o problemas de seguridad en la de Almaraz. “Es necesario que estas cosas se clarifiquen“, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, expresó también su “apoyo” a las peticiones de comparecencia.

En esta línea, la ONG Greenpeace exigió el cese del presidente de Fernando Martí por considerar que «ha perdido la confianza» y la imparcialidad que el cargo requiere. Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente y por la «política del miedo» que denuncian los técnicos. De este modo el 10 de octubre una veintena de representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Equo se concentraron ante la sede del CSN para exigir el cese del presidente del regulador.

Entra en vigor el decreto de protección ambiental en terrenos del ATC

EFE.- El 12 de octubre entró en vigor el decreto del Gobierno regional ampliando la zona de especial protección medioambiental en la Laguna de El Hito (Cuenca), que conllevará que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite aprobación ambiental previa.

El decreto de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno y publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y propone a la Comisión Europea su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

En 2002 se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de El Hito y se declaró la Reserva Natural de la Laguna de El Hito, pero ahora se amplía la ZEPA con los objetivos de mejorar la conservación del hábitat y reducir las presiones y amenazas sobre las aves de la zona y las migratorias que acuden en periodos de reproducción o invernada.

También pretende mejorar la protección de los hábitats y especies de flora y fauna de interés comunitario así como mantener y promover los aprovechamientos tradicionales agrarios bajo la perspectiva de que la agricultura y la ganadería han permitido la conservación de hábitats de muchas especies de aves, subraya el decreto.

La zona declarada de especial protección para las aves amplía la primera declaración, en El Hito, a los términos municipales conquenses de Almonacid del Marquesado, Huete, Montalbo, Saélices, Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz, y Zafra de Zácara.

La pasada semana, tras aprobarse el decreto en el Consejo de Gobierno, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, explicó que esta ampliación conlleva que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite la aprobación ambiental previa del Gobierno de Castilla-La Mancha.

«Y, por tanto, el ATC se verá afectado como cualquier inversión que se quiera hacer en la zona», indicó Martínez Arroyo.

El CSN respalda el ATI de Almaraz, aunque aún precisa del visto bueno de Industria y Medio Ambiente

EFE / Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de combustible gastado en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) que ocupará una superficie pavimentada de unos 2.649 m2, si bien su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria.

Para dar luz verde a la construcción del ATI, el Ministerio de Medio Ambiente aún debe elevar una respuesta al informe de impacto ambiental adscrito al proyecto. De ser favorable, es decir, si se considera que no afecta al medioambiente, se trasladará la misma al Ministerio de Industria que, junto al informe favorable del CSN, deberá pronunciarse. En el caso de que todos los informes respalden el proyecto del ATI, la dirección de la central nuclear de Almaraz tendrá que pedir autorización de obra al Ayuntamiento de esta localidad cacereña.

El CSN ha elevado una propuesta de informe favorable de la solicitud de autorización de ejecución y montaje del ATI para el combustible gastado en las dos unidades de la central de Almaraz. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos elaborado por ENRESA y aprobado en Consejo de Ministros en 2006 indica que para la gestión del combustible gastado se prevé la puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado (ATC), que acogerá combustible gastado y residuos de alta actividad, proyectado en Villar de Cañas (Cuenca). En caso de que no estuviera disponible el ATC en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contemplaba los ATI como solución transitoria hasta su traslado al ATC.

Necesario para principios de 2018

El combustible gastado generado en la explotación de Almaraz está almacenado bajo agua, en las piscinas de combustible gastado, situadas en los edificios de combustible. De acuerdo con la capacidad útil de las piscinas, la central precisa que dicho ATI esté operativo en el primer semestre de 2018. Esto significa, que si no tuviera donde almacenar el combustible, la planta no podría seguir generando electricidad.

El ATI estará situado a la intemperie, en el área bajo control del titular, en una parcela ubicada al norte de la propia central y al este del embalse de Arrocampo. Según describe el dictamen técnico del regulador, básicamente el ATI constará, «de una losa sísmica de hormigón armado, sobre la que podrán descansar verticalmente, sin anclajes, hasta 20 contenedores cargados con el combustible gastado y dispuestos en dos filas», según el informe. La losa estará rodeada de un muro de hormigón armado cerrado en todo su perímetro, excepto en el acceso a la losa, que tendrá como finalidad reducir la exposición a la radiación directa emitida por los contenedores. Este muro delimitará una superficie pavimentada de aproximadamente 2.649 m2.

Los componentes del contenedor se agrupan en tres elementos: el cuerpo del mismo, constituido, entre otros elementos, por virolas y un blindaje neutrónico; un sistema de cierre y el bastidor de combustible, que es el componente más cercano al contenido radiactivo que aloja el contenedor. La misión de este último es múltiple en relación a los elementos combustibles, pues dar soporte y ubicación, protección estructural, disipación de calor residual y mantenimiento de la reactividad en niveles subcríticos, según se explicó.

6 condiciones para la autorización

La autorización lleva asociadas seis condiciones, en las que se establecen los términos y límites específicos de las fuentes radiológicas; medidas de protección contra incendios; deberá cumplir la normativa estadounidense aplicable, la que aplica la Nuclear Regulatory Commission. Además, antes de que comience a ejecutarse la obra del ATI, se deberá haber hecho y auditado aspectos como la utilización de materiales de acuerdo a la norma española, tales como el uso de hormigón estructural de acuerdo con unos requisitos y comprobaciones para garantizar que se cumpla la normativa. Asimismo, se habrá de hacer estudios relativos a la interacción del suelo con la estructura, así como hacer y auditar la ruta de traslado y operaciones del combustible dentro de la losa.

Pese a que el dictamen era favorable a la solicitud de Almaraz, los técnicos consideran que el titular deberá aportar análisis de riesgos relacionados con la presencia de otras industrias, transportes o instalaciones militares que operen en la proximidad del emplazamiento así como completar la caracterización hidrogeológica en la zona, tanto en la unidad acuífera somera como de los niveles más profundos y de su interrelación, realizando ensayos de bombeo adecuados. Igualmente, deberá facilitar la integración del comportamiento de las aguas subterráneas en la zona local del ATI, con las de la isla nuclear y las del resto del emplazamiento de la central, así como confirmar la existencia de un margen entre el ATI y el nivel de agua subterránea.

El PSOE pide al presidente del CSN que explique en el Congreso el ejercicio 2015 y la situación de Garoña

Redacción / Agencias.- La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, registró en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, con el fin de que presente el informe de actividad del organismo durante 2015, así como para que dé explicaciones sobre cuestiones de seguridad nuclear. En este sentido, el grupo socialista pide al CSN información sobre el proceso de renovación y explotación de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña.

Lucio destacó el carácter de «infraestructura critica» de las centrales nucleares, y la importancia del papel del CSN en el diseño y desarrollo de medidas de prevención y de gestión de emergencias, «sobre las que consideramos imprescindible una explicación por parte de Martí». En esa línea, Lucio incidió en que de acuerdo con la legislación vigente, «el CSN rinde cuentas exclusivamente ante el Parlamento», y que está pendiente la presentación por su parte de su presidente del informe de actividad correspondiente a 2014 y 2015.

Lucio recordó que el presidente «utilizó todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja en la pasada legislatura, cosa que no hace desde diciembre de 2014 y «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«, lo que ha dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos menos el PP hayan pedido su dimisión». En cuanto a las obligaciones legales del CSN en relación con la información y la participación del público, «es preciso que explique también las razones de la escasa atención prestada al Comité Asesor para la información y la participación».

Para la diputada socialista esta actitud es «grave» dadas las causas pendientes de este organismo. En este sentido recordó la intención de seguir con el proceso de renovación de la central de Garoña, la «opacidad» con la que han realizado la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y las resoluciones parlamentarias sobre el Plan de comunicación del CSN que, según recordó, «no se ha hecho«. Del mismo modo, ha señalado «las circunstancias en las que se produjo el cese del jefe de área operativa» y la «relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares». «Pedimos que comparezca cuanto antes», ha insistido Lucio.

El ATC preocupa en Cuenca

Por su parte, el diputado socialista por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, exigirá que dé cuenta sobre cuestiones de seguridad nuclear, como la evaluación del CSN sobre la solicitud de construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca). El diputado socialista denunció que, pese a no tener la autorización, «el gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de actuar en él ignorando las reiteradas advertencias que se le han hecho». Asimismo, el parlamentario conquense ha recordado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de la ONG Transparencia Internacional, exigió al CSN que hiciera pública documentación relativa al emplazamiento.

Foro Nuclear defiende el ATC y recuerda que los reactores generan el 36,4% de la electricidad sin emisiones de CO2 en España

Redacción / Agencias.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, defendió la necesidad de que exista un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, sin pronunciarse sobre la idoneidad de Villar de Cañas (Cuenca) para su ubicación, al tiempo que recordó que la energía nuclear generó el 36,4% de la electricidad libre de emisiones de CO2 que se produjo en España en 2015, por lo subrayó que esta tecnología fue la que «más colaboró» para mitigar el cambio climático.

La patronal de la industria nuclear presentó su informe Resultados nucleares de 2015 y perspectivas para 2016 en el que asegura que la energía atómica lideró la producción eléctrica en España en 2015, aportando un 20,34% de la electricidad, seguida por el carbón con el 20,08%, la eólica con el 17,47% y el ciclo combinado con el 10,77%. Según Cornadó, los 7 reactores operativos, en 6 emplazamientos de la península, aportaron una quinta parte de la energía que se consumió en España, con una producción eléctrica de 57.188 gigavatios hora.

El presidente de la patronal de la energía atómica subrayó que la nuclear es una fuente «imprescindible en el mix eléctrico por su disponibilidad, fiabilidad y garantía de suministro», y apeló por «la continuidad de activos nucleares que están en condiciones de seguridad». Actualmente, el periodo de funcionamiento de una central nuclear no tiene un plazo fijo establecido, aunque todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, se han mostrado de acuerdo en no perpetuar los reactores más allá de los 40 años, lo que supondría que España deje de producir energía nuclear en 2028.

El presidente del Foro Nuclear defendió que «el mantenimiento del funcionamiento de las instalaciones nucleares es una estrategia realista, necesaria y acertada». En esta línea, apuntó que la ampliación en 10 años de la vida útil de las centrales españolas cubriría el consumo energético del país durante dos años y medio, además de permitir un ahorro en emisiones de CO2 de entre 450 y 550 millones de toneladas. Además, según el foro, aportaría 28.000 millones al PIB del país en una década y más de 11.000 millones en impuestos y 28.000 empleos directos e indirectos.

Seguir ejemplo de Estados Unidos

Frente al potencial cierre, Cornadó destacó que la patronal «respalda y promueve la operación a largo plazo del parque nuclear nacional, algo que ya se está haciendo en Estados Unidos, donde 81 de sus 99 reactores tienen concedidas autorizaciones para operar hasta los 60 años». En esa línea, incidió en que el reto de la industria en 2016 consiste en «ser capaces de transmitir su situación para lograr estabilidad regulatoria, seguridad jurídica, equidad fiscal, y que las decisiones en materia energética se basen en criterios técnicos y no en prejuicios».

Según datos del Foro, la industria nuclear española emplea a 28.000 personas de manera directa e indirecta, está presente en 40 países, y exporta más del 70% de sus servicios y tecnología. Por su parte, la fábrica de combustible de uranio de Juzbado (Salamanca) montó 854 elementos combustibles en 2015, y un 62% de su producción se exportó a centrales de Francia, Suecia y Bélgica. A nivel mundial, el 11,5% de la electricidad generada en 2015 fue de origen nuclear, procedente de 444 reactores operativos.

Foro Nuclear defiende el ATC

Asimismo, el presidente de la patronal nuclear indicóque la ubicación en Villar de Cañas (Cuenca) del ATC no le parece «ni bien ni mal», pero consideró necesario que exista esa instalación por sus ventajas desde el punto de vista «de la gestión, la seguridad y los costes». Respecto a que el retraso en el desarrollo del ATC esté favoreciendo la puesta en marcha de almacenes temporales individualizados (ATI) en las centrales nucleares, Cornadó apuntó que estas instalaciones «serán necesarias» igualmente aún con un ATC.

Enresa apunta a problemas financieros si las nucleares cierran a los 40 años y ve más económico construir el ATC

EFE.- El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Juan José Zaballa, calcula que si no se construye un Almacén Temporal Centralizado (ATC), los desechos se tendrán que guardar en los almacenes individualizados de cada planta nuclear (ATI), lo que es «extremadamente» más caro, alrededor del «triple«. Asimismo, Zaballa apuntó a posibles problemas financieros para desmantelar las centrales nucleares españolas en el caso de no prorrogarse su actividad más allá de los 40 años.

Enresa explica que el fondo del que dispone para las operaciones de desmantelamiento de todos los reactores asciende a aproximadamente 4.600 millones de euros. En 2028, fecha en la que la última de las centrales acaba su vida útil prevista de 40 años (Trillo, Guadalajara), el fondo sumaría 6.500 millones gracias a la generación de electricidad y recursos de estas instalaciones, una cifra que «habrá que preguntarse si es suficiente» o, por contra, si por motivos financieros es aconsejable incrementar ese periodo. La ampliación a 60 años es una de las peticiones de Unesa, la patronal de las empresas eléctricas.

Madrid acoge una conferencia internacional

«Un informe del Tribunal de Cuentas dice que no es suficiente», aseveró Zaballa, que preside esta semana una conferencia internacional de la Agencia de la Energía Atómica (OIEA) sobre la clausura de instalaciones nucleares retiradas del servicio y restauración ambiental de emplazamientos con contaminación radiactiva. Acompañado por el subdirector general de la OEIA, Juan Carlos Lentijo, el presidente de Enresa ha recordado que, si el cierre de la última nuclear española se produce en 2028, las labores de desmantelamiento no empezarán antes del 2031. Este posible escenario supondrá un «esfuerzo muy importante de financiación» y de disponibilidad de localizaciones para los residuos nucleares, agregó Zaballa.

Por ello ha explicado que «siempre hay estrategias» para sortear posibles dificultades derivadas del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad en el municipio conquense de Villar de Cañas. En este sentido, Enresa está «a la espera» del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que debe pronunciarse sobre un recurso en contra de la decisión del Gobierno regional socialista de declarar la zona del ATC de especial protección medioambiental. En el caso de que no haya un ATC, los desechos deberían almacenarse en los ATI, posibilidad «extremadamente» más cara según  Zaballa.

España prevé gestionar 188.000 m3 de residuos nucleares, más de la mitad de muy baja actividad

Europa Press / EFE.– España calcula que la cantidad estimada de residuos nucleares de baja y media actividad a gestionar en función de su parque nuclear será de 188.000 metros cúbicos (m3), de los que un 54% serán de muy baja actividad. Así consta en el Informe Nacional sobre la aplicación de la directiva europea para la gestión responsable y segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, de agosto de 2015, el primer informe nacional remitido por España a la Unión Europea en materia de residuos.

Además de las plantas atómicas, el ámbito industrial, médico y de investigación contribuyen a generar desechos radiactivos, pero en mucha menor magnitud. El documento recuerda que en España los residuos radiactivos de baja y media actividad son almacenados definitivamente en el Centro de Almacenamiento de El Cabril. El combustible nuclear gastado, salvo el de la planta de Vandellós I, clausurada en 1989 por un grave accidente, se guarda actualmente en las piscinas de los reactores y en los almacenes temporales individualizados (ATI) de Trillo, José Cabrera (en desmantelamiento) y Ascó.

Asimismo, especifica que hasta 2014 se habían generado en España un total de 57.300 m3 de residuos radiactivos, de los cuales el 70% corresponden a residuos de baja o media actividad. En este sentido, señala que la estimación de la generación futura de residuos radiactivos y combustible gastado se ha basado en que no se contempla la opción del reprocesado del combustible nuclear gastado y en un parque nuclear actual de 5 centrales nucleares con 7 reactores en operación hasta los 40 años de funcionamiento, una central nuclear parada (Garoña) y 2 reactores en desmantelamientos.

El informe también señala como hipótesis para esta estimación la previsión de puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) a principios de 2018 y de un Almacén de Espera de Contenedores (AEC) a mediados de 2017, con un periodo de operación de éste de 60 años. Asimismo, se basa en el desmantelamiento inmediato de las centrales nucleares de agua ligera a iniciar 3 años después de su parada, y con duración de 7 años. En el caso de Vandellós I, se prevé ejecutar la última fase de su desmantelamiento a partir de 2030 con una duración de 6 años.

España asegura disponer de la infraestructura «necesaria» para la gestión segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, desde el punto de vista institucional, administrativo, técnico y económico-financiero. Las mayores previsiones de generación de residuos radiactivos de baja y media actividad corresponden a Cofrentes, con 3.316 metros cúbicos; Almaraz (Cáceres), con 2.062 metros cúbicos; Ascó, 1.948; Vandellós II (1.061); Garoña (939) y Trillo (907). A ello hay que sumar un capítulo aún mayor: los desechos derivados del futuro desmantelamiento de las plantas, que rozarán los 128.000. Por otro lado, el inventario de combustible gastado refleja que el total a gestionar en el futuro ascenderá a 19.740 elementos de combustible.

En la categoría de residuos de alta actividad se incluyen básicamente los residuos procedentes del reprocesado del combustible del reactor desmantelado Vandellós I en Francia, que retornarán en breve a España. De acuerdo con el principio de Quien contamina paga, el 99% de los ingresos que alimentan el Fondo de Enresa para la gestión de los residuos proceden de las tasas que pagan los titulares de las centrales u otras instalaciones nucleares o por los generadores de residuos radiactivos fuera del ciclo del combustible nuclear.

El informe, en cuya redacción participaron el CSN, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), los titulares de las planas nucleares y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, también explica que la propia Enresa, como responsable de elaborar el inventario nacional, está revisando la metodología empleada hasta el momento para la estimación de las cantidades de residuos a gestionar, “considerando las incertidumbres asociadas” y que está previsto finalizar el ejercicio en junio de 2016, con la edición de un nuevo inventario con los datos cerrados al finalizar 2015. De hecho, el CSN está evaluando actualmente la petición de Nuclenor para la renovación de la licencia de explotación de Garoña.

El emplazamiento del ATC es “apto” según los informes del CSN, que contemplan soluciones de ingeniería para sortear algunas dificultades

Europa Press / EFE.- Los informes entregados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Transparencia Internacional reflejan dudas sobre la bondad de la ubicación del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, y proponen una panoplia de soluciones para sortear las dificultades detectadas por el organismo regulador. La difusión de los documentos, enviados a dicha ONG y publicados en la web del CSN en la pestaña «transparencia», se deriva de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente).

De hecho, en su respuesta, el CSN considera «fundamental que reciba el conjunto de documentos técnicos que justifican la propuesta de dictamen técnico» que fue aprobada por el pleno del CSN en su reunión de 27 de julio de 2015. Por ello entrega 4 informes más de los exigidos para una correcta comprensión del dictamen técnico. Dicha decisión técnica recoge limitaciones del terreno del ATC de Villar de Cañas y las condiciones y soluciones de ingeniería que se tendrían que imponer a la construcción de dicha instalación para que los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica se cumpliesen según los mejores estándares de seguridad.

En estos informes se concluye con carácter general que los terrenos son aptos para albergar el futuro ATC de residuos atómicos español, pese a que se plantean algunas dudas existentes en materia de la composición profunda de los terrenos o la posible existencia de fallas tectónicas desconocidas porque faltan datos de geología y geomorfología. Esta falta de datos en los estudios que dan lugar a «incertidumbres en aspectos relevantes que sirven de base a otras áreas de conocimiento, como geoquímica, sismicidad, hidrogeología y geotecnia». Así consta en dos informes, uno de la Universidad de Cantabria y otro de la empresa estadounidense URS, que han sido tenidos en cuenta por el CSN en la evaluación del emplazamiento de Villar de Cañas.

Así, un informe de la Universidad de Cantabria subraya que «la capacidad portante del terreno es elevada y su deformabilidad ante la aplicación de cargas es reducida», por lo que la ubicación es «idónea» para construir el ATC. El informe añade que hay que prestar «especial atención» a los detalles constructivos: no hacer sondeos excesivamente profundos si no son indispensables; cementar los sondeos en cuanto sea posible, no recurrir a voladuras para la excavación y cuidar el control del flujo de agua. En todo caso, los ingenieros no han detectado huecos de disolución de yesos y valoran ese hecho como «factor positivo», por lo que ve la solución de diseño envolvente como una precaución adicional.

Asimismo, se concluye que los ensayos realizados sobre el potencial expansivo del terreno son correctos y adecuados y que los ensayos de inundación bajo carga son «especialmente representativos del proceso». Los expertos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos valoran como un aspecto «muy positivo» la no presencia de anhidrita. En cambio, reconoce que los terrenos plantean «problemas derivados de la expansividad o de la disolución de yesos», aunque propone como la solución «más eficaz» la elección de soluciones estructurales, geotécnicas y constructivas para reducir el riesgo de modificación de los regímenes existentes de tensiones y de flujo de agua. «Las soluciones de cimentación superficial mediante losas rígidas son muy adecuadas», aconseja.

Las soluciones contrarrestan los inconvenientes

Otro de los documentos, firmado por técnicos del área de ciencias de la tierra del CSN, concluye que no se puede afirmar que el terreno sea idóneo debido a características «desfavorables» como la presencia de materiales yesíferos y arcillas en contacto con el agua. Para autorizar la obra, cree necesario medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo, limitando la activación de fenómenos de disolución y expansividad durante la excavación, construcción y operación. También exige, entre otras cuestiones, un plan de vigilancia del terreno con finalidad geotécnica e hidrogeológica, que verifique la eficacia de estas medidas.

Otro informe de evaluación del área de ingeniería mecánica del CSN determina que es aceptable la solución estructural de Enresa para afrontar los posibles riesgos (carácter expansivo de las arcillas y la activación de disolución de yesos). No obstante, pide a Enresa un análisis en detalle de todas sus actividades y un constante control para poder identificar la aparición de procesos de hinchamientos del terreno o de disolución de yesos.

Otro de los informes entregados, elaborado por la ingeniería URS España, con fecha de 29 de julio de 2015, afirma que en los trabajos de Enresa faltan datos o se minusvaloran riesgos. Se dispone de información «insuficiente» sobre la red de fracturación del subsuelo o la posible presencia de rellenos kársticos en profundidad y bajo el río Záncara. En todo caso, URS valora que hay ausencia de tectónica reciente tanto en el emplazamiento como en el entorno, pero subraya que no se puede afirmar que no hay fallas activas en el entorno inmediato y se muestra en desacuerdo con Enresa sobre el riesgo de un seísmo, ya que en su opinión «no es descartable» un terremoto de 5,5 de magnitud.

Tampoco comparte los impactos que Enresa prevé en cuanto a la disolución de minerales en el subsuelo por las aguas subterráneas. Según la estatal, el agua subterránea está en equilibrio con el medio rocoso por lo que los procesos de disolución derivados de la interacción agua roca no pueden generar riesgo de «subsidiencia apreciable», afirmación que la consultora no comparte.

En cuanto a la inundabilidad, este informe de evaluación no plantea problemas relevantes y coincide en que los cálculos de Enresa son adecuados y «suficientes para asegurar la idoneidad del emplazamiento frente al riesgo de inundación». La conclusión es que los terrenos seleccionados están «claramente considerados a salvo de inundaciones«. Respecto al estudio hidrogeológico presentado por Enresa en 2012 estima que «carece del nivel de detalle necesario para dar respuesta a un esquema conceptual de funcionamiento hidrogeológico lo suficientemente sólido que permita elaborar un modelo matemático que simule adecuadamente flujo subterráneo en el medio y pueda emplearse como herramienta predictiva».

De hecho, en materia de hidroquímica, la evaluación de URS advierte de que aunque las aguas saturadas en yeso no tienen en principio capacidad de disolución de este mineral, es probable que en el subsuelo se produzcan, de acuerdo con las simulaciones presentadas, la disolución de otros minerales, con «potenciales efectos sobre las características geotécnicas». Los extensos informes difundidos han formado parte del proceso de decisión en la evaluación del CSN sobre el emplazamiento elegido por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 para albergar el ATC en España.

Transparencia Internacional celebra la publicación de los informes del CSN sobre el ATC aunque denuncia que están «cercenados»

Europa Press / EFE.- El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, valoró de forma «positiva» que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya entregado los informes sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), reclamados por la ONG a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero lamenta que estos documentos estén «cercenados» con “páginas tachadas en negro» en algunos de ellos.

«Teníamos ciertas dudas de que nos fueran a dar los informes, así que la valoración es positiva», indicó Lizcano, que explicó que el presidente del CSN y la secretaria general se reunieron con ellos para informarles de que los iban a entregar y a publicar algunos más de los solicitados. De este modo, señaló que el regulador ha publicado 4 informes más además de los 2 que, a su juicio, «cuestionaban» el emplazamiento de Villar de Cañas (Cuenca) como lugar adecuado para albergar el ATC, donde se conservarán durante un siglo los residuos de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas.

En concreto, ha explicado que han recibido los dos informes que mostraban una «opinión desfavorable» y «para contrarrestar», otros cuatro estudios con soluciones técnicas para solventar los problemas que podría tener la instalación, aunque no estiman el coste económico de estas medidas. «Lo principal es que se ha conseguido que se publiquen estos informes porque tienen un interés social», subrayó. Transparencia Internacional publicará en su página web los informes técnicos sobre el emplazamiento del ATC.

Sin embargo, Lizcano lamenta que en los informes están «tachados todos los documentos que han servido de base» a los autores para llegar a sus conclusiones. «Ese es el mayor inconveniente que hemos visto, porque se ha cercenado la información. En el informe de la ingeniería URS España, uno de los más importantes, hay 8 páginas finales en las que debían aparecer las conclusiones, que han sido tachadas en negro, por lo que creemos que esas circunstancias faltan a la transparencia que se esperaba «, señalaron desde la ONG. También lamenta Lizcano que se haya procedido de la misma forma en el documento de los técnicos del área de Ciencias de la Tierra del CSN.

«Nosotros advertimos que ciertos informes encontraban riesgos para la instalación del ATC en Villar de Cañas», relató Lizcano, que señaló que por este motivo acudieron al CSN «para que nos diera las informaciones al respecto sobre cómo se había elegido Villar de Cañas frente a 8 candidaturas, cuando éste lugar, según informes técnicos hidrológicos aparecía en último lugar«. «En los informes que se habían realizado, y que hasta ahora no teníamos, se desaconsejaba que se ubicara en esa zona porque podía haber elementos radiactivos que perjudicaran a la población», ha señalado. Si había otros criterios, Lizcano argumenta que «queríamos saber cuáles eran, por lo que pedimos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente) que nos los remitiera».