Europa Press.– El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, considera que «España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban claramente» debido a la opinión contraria predominante entre la sociedad, a consecuencia de «muchos titulares que van a las emociones de las personas». Sin embargo, reclama abrir el «melón» del debate sobre el almacenamiento geológico profundo (AGP), para almacenar a largo plazo los residuos nucleares, porque es «una cuestión de Estado».
Gago ha lamentado la desinformación y el rechazo de este tipo de energía por «miedo», por «desconocimiento» o por los tres accidentes significativos (Three Miles Island, Chernobil y Fukushima) por los que entiende que cuente con «cierto rechazo ideológico«. Sin embargo, el presidente de la organización, que asumió su cargo el pasado marzo, ha explicado que, a mayor conocimiento de esta tecnología, hay una mayor aceptación, de modo que su objetivo es lograr un mayor entendimiento de los españoles de la energía del átomo porque asegura que tiene «muchas cosas positivas beneficiosas para la sociedad».
Para ello, una de las posibles medidas que se plantea es revisar los libros de texto para evitar posturas marcadas y contrarias a la nuclear así como fomentar la captación de talento entre los jóvenes para que se dediquen a un sector de alta cualificación y bien remunerado que permita dar el relevo a la actual generación que inició el programa nuclear en España y que «se irá jubilando«. En este marco, considera también que es crucial para el sector ser «más visible», con datos y argumentos objetivos en el «necesario debate» que debe hacer España sobre el futuro energético a medio y largo plazo y el papel de transición que puede jugar la nuclear.
Entre estos atributos se ha referido a la estabilidad que proporciona a la red de distribución porque es una «energía de base», así como al hecho de que la energía nuclear no emite gases invernadero, por lo que puede jugar un papel relevante en la lucha contra el cambio climático y para que el país pueda cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París. «Queremos poner en valor esta energía en el mix de generación energética y entendemos que su papel en el futuro es inexorable en el paso hacia las renovables que tendrá lugar a tanto en este país como en otros», ha comentado.
Otro de los aspectos más controvertidos de la energía nuclear son los residuos nucleares del combustible gastado que genera y, a este respecto, considera que es necesario poner fin al retraso en la construcción y la entrada en funcionamiento del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) porque está produciendo «un sobrecoste» que se tiene que trasladar en la tasa que los operadores de las centrales nucleares pagan a laEmpresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) por la encomienda de su gestión futura.
Al mismo tiempo, además de este retraso «con coste», ha añadido que mientras tanto las centrales están teniendo que construir almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta. Se trata, según ha explicado, de una instalación sencilla, de hormigón, que aloja los contenedores de combustible. Solo el de Ascó, según Gago, que es el director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), ha tenido un coste de unos 13 millones de euros, un importe que se integra en el balance de costes y cuyo impacto real sobre la tasa que se paga a Enresa es de un promedio de 6,9 euros por cada megawatio hora.
Respecto a la ubicación del futuro ATC asegura que «cualquiera de los emplazamientos» que se evaluaron para acogerlo cumplían los requisitos y ha defendido que el proceso fue transparente. Aunque por «motivos sentimentales» le habría gustado que el lugar elegido hubiera sido Ascó, asegura que el emplazamiento de Villar de Cañas es «igual de seguro» pero puede que sea más costoso a nivel económico«. «No tengo duda de que el emplazamiento es bueno, viable y perfectamente adecuado si el CSN lo ha avalado», ha confiado.
Por otro lado, más allá del almacenamiento para los próximos 70 o 100 años en el ATC, ha advertido de que es preciso «abrir el melón del almacenamiento a largo plazo porque, en cuestiones fundamentales para el Estado, no hay que esperar». «El debate hay que plantearlo y otros países tienen ya identificados los emplazamientos, cuentan con laboratorios subterráneos o instalaciones de demostración que son aceptados por la sociedad civil», ha subrayado. En este contexto ha puesto de ejemplo a los países escandinavos y cree que en España se debería seguir un modelo similar al proceso de participación que se ha seguido en el ATC.
El presidente de la SNE ha asegurado que «ninguna» de las condiciones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para poder volver a operar es «extraordinaria» sino «similares» a las exigidas al resto del parque atómico español. «No vemos obstáculos técnicos. Todo lo que se ha pedido a Garoña ya lo tienen o lo están implantando el resto de las centrales españolas, puesto que muchas de las condiciones son mejoras que resultaron de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima«, ha afirmado.
La planta burgalesa solicitó en 2014 un permiso para poder volver a generar electricidad hasta 2031 pero Gago considera que el CSN «le habría puesto las mismas condiciones si hubiera pedido operar hasta 2021». Ahora recaerá en la propiedad de Garoña la decisión de analizar la viabilidad de estas inversiones porque no ve obstáculo al hecho de que Garoña tenga más de los 40 años de vida. «Esa cifra es como si a usted le dicen que está programado para vivir 60 años y llega ese día, está bien y no se muere«, comparó, al tiempo que recuerda que próximamente Almaraz y Vandellós podrán pedir la renovación de su licencia.
Otro de los asuntos abordados pasa por conocer cómo le afectaría en términos nucleares y energéticos a España una hipotética secesión de Cataluña del resto de España. Así, preguntado por esta cuestión, el presidente de la SNE asegura que «lo que no ocurrirá nunca será que se pongan fronteras a la red de distribución». Asimismo, precisó que las tres centrales nucleares situadas en Cataluña, Ascó I y II y Vandellós II, aportaron en 2016 en torno al 9,5% del consumo energético nacional, es decir, que del 21,2% con que contribuyó la nuclear a la producción eléctrica de España, el 9,5% provino de las plantas catalanas.
