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El juez del caso Castor ordena a las dos acusaciones particulares actuar bajo el mismo abogado

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Europa Press / EFE.- El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón), que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas frentes a la costa castellonense, ha ordenado a las dos acusaciones particulares personadas en la causa que actúen bajo la misma dirección letrada, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El instructor determinó que sea el abogado que representa a la primera afectada que se personó en la causa la que defienda los intereses de otros dos particulares personados tras expirar el plazo de 10 días otorgado por la Audiencia de Castellón para que se pusieran de acuerdo y designaran una sola defensa. El juez elige a dicho abogado porque su cliente fue la primera que se personó en el procedimiento y para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento.

A este respecto, el auto señala que, basándose en un «criterio objetivo y estrictamente temporal se acuerda, de conformidad con el artículo 113 de la LECRIM, que ambas acusaciones particulares actúen bajo la misma representación y dirección letrada». En noviembre el instructor acordó la personación de las acusaciones particulares que lo solicitaron, pero unificadas bajo una misma dirección letrada. Las partes recurrieron esta decisión a la Audiencia Provincial, quien estimó parcialmente su petición y acordó que fueran las mismas partes quienes designaran a su representante.

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

La Junta de Andalucía considera “inviable” el almacenamiento proyectado por Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha repasado la actual situación del espacio natural de Doñana tras su ampliación y el informe de WWF que cita los peligros para este entorno y, en este sentido, recordó que el Ejecutivo autonómico se vio «obligado» por ley a conceder la autorización ambiental unificada (AAU) para el subproyecto Marismas Occidental de la iniciativa global de almacenamiento de Gas Natural Fenosa en el parque.

Aunque Fiscal haya hecho hincapié en la ausencia de «resortes» para negar la autorización a este subproyecto, sí ha recalcado que a día de hoy, y dada la situación de los demás subproyectos, el conjunto es «inviable», de lo que da prueba la reclamación patrimonial de 389 millones de euros iniciada por la empresa contra la Junta. «Llegamos hasta donde llegamos», manifestó el consejero, que incide en la negativa de autorización a Marismas Oriental, la parte «esencial» de la iniciativa en tanto que va por el interior del espacio natural, y volvió a insistir en la «radical» oposición al proyecto por parte de la Junta”.

Podemos advierte de que lucharán hasta el final contra el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana

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EFE.- Podemos Andalucía alerta del «peligro» que supone el proyecto gasístico de Gas Natural en el Parque de Doñana y advierte de que «lucharán hasta el final para que éste no continúe». La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, visitó Doñana y señaló que lucharán «hasta el final» contra el proyecto de Gas Natural Fenosa en el Parque Natural, cuyas obras son inminentes.

Doñana es «una joya de la biodiversidad, Patrimonio de la Humanidad y de todos los andaluces, que merece una protección mayor», según Rodríguez, que recordó al Gobierno andaluz y a su presidenta, Susana Díaz, la «posibilidad que tienen entre sus manos de pararlo». Además, criticó que el proyecto de Gas Natural «no cuenta con los estudios sísmicos suficientes», tras aludir al proyecto Castor, que «es similar y provocó movimientos sísmicos hasta que tuvo que ser paralizado». Para Podemos Andalucía este proyecto consiste en «convertir suelo protegido en suelo industrial». «Andalucía no puede ser el almacén de sustancias peligrosas», sentenció Rodríguez, que añadió que este proyecto de almacén de gas «no tiene ninguna contraprestación para la ciudadanía, solo riesgos y peligros».

Almonte rechaza el almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana por «no generar beneficios» mientras Podemos carga contra Felipe González

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EFE / Europa Press.- La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, criticó que el Parque Nacional de Doñana está pagando las «consecuencias y efectos» del sueldo de «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente del Gobierno Felipe González, que a su vez formó parte del consejo asesor del Parque Nacional. Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio del PSOE en el que se localiza el proyecto Marismas Occidental, mostró su rechazo al mismo por «no generar beneficios».

Se trata de la primera vez que este Consistorio, a través de su equipo de gobierno, liderado por Rocío Espinosa, se pronuncia al respecto, toda vez que ha comenzado la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados en este término municipal. Entiende, según comunicó, que el proyecto gasista «ni genera ningún beneficio para el municipio ni coincide con el modelo de desarrollo que este gobierno municipal socialista defiende, como fundamental, para Almonte y Doñana».

Este proyecto ha sido declarado de utilidad pública por el Ministerio de Industria y cuenta con la autorización de las Administraciones implicadas: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en septiembre de 2010 y la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en noviembre de 2010. Se trata del único de los cuatro proyectos que impulsa la compañía Gas Natural Fenosa que cuenta con luz verde de la Junta, que mantiene que pese a estar situado en el entorno del espacio natural no afecta a su interior.

Según el concejal de Medio Ambiente de Almonte, Isidro Medina, «el anterior equipo de gobierno municipal, del PP, guardó silencio sobre este proyecto, haciendo con ello que el Ayuntamiento de Almonte perdiera la oportunidad de realizar alegaciones y de posicionarse oficialmente en las fechas oportunas«. Como consecuencia, el nuevo equipo de gobierno socialista «se encuentra a su llegada al Ayuntamiento un proyecto con una tramitación en su fase de finalización y sin la posibilidad de realizar alegaciones de ningún tipo», ha dicho. Medina lamentó que el PP «nos imponga un proyecto que no aporta nada”.

Podemos se acuerda de González

Por su parte, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró que Doñana está pagando las «consecuencias y efectos» del sueldo de «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente del Gobierno Felipe González. «Felipe González decidió hace tiempo poner su trabajo, su influencia y su talento a sueldo de las grandes compañías, como Gas Natural, que ponen en riesgo a Doñana. Podía haber dedicado su vida a defender los derechos humanos, o a luchar por otras causas, pero no ha sido así, y ahora estamos viendo sus consecuencias directas sobre la mayor reserva de la biosfera de Europa, el Parque Nacional de Doñana», afirmó Rodríguez.

La dirigente de Podemos ha apuntado que entre el Gobierno de Rajoy y la «complacencia y lentitud» del Ejecutivo andaluz de Susana Díaz, «todos ellos influenciados por Felipe González», Doñana está pasando por «una de sus mayores crisis, tal y como vienen alertando diferentes informes, como el de la Comisión Europea». Rodríguez también ha destacado que «mientras Susana Díaz negaba que Felipe González estuviera atrapado en una puerta giratoria, conocíamos las expropiaciones en Almonte, consecuencia directa de la influencia comprada del expresidente socialista, al que Susana Díaz solo dedicó halagos y ni un solo reproche«.

«Sabemos que no es fácil encontrar soluciones para recuperar el equilibrio en el Parque Nacional de Doñana, pero la negación no es el camino», indicó la dirigente de la formación morada, para quien la actividad humana sostenible y el ecosistema deben convivir, «pero al Gobierno andaluz le falta audacia y voluntad política”. Para la líder de Podemos Andalucía, «Felipe González se ha puesto del lado del PP para apoyar proyectos que destruyen el patrimonio natural ya no solo de Andalucía, sino de la humanidad, como es Doñana, mientras que, de forma intolerable, el Gobierno andaluz permanece inmóvil y rinde su patrimonio cultural más valioso a quienes quieren expoliar nuestra tierra».

Reunión del Consejo de Participación

Tras la reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, afirmó sobre la iniciativa para la extracción, almacenamiento y gasoductos de gas natural en el entorno del espacio natural de Doñana que la postura de la Junta «no se ha movido, siempre de parte de la legalidad». Por último, el portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, hizo hincapié en que «Doñana está declarada como Patrimonio de la Humanidad y al respecto la Constitución dice que tiene que prevalecer el interés público sobre el privado y ocurre todo lo contrario».

Peritos del IGM aseguran que los seísmos estaban relacionados con la inyección de gas del almacén gasista Castor

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Europa Press.- Los peritos autores del informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Julián García y Juan José Durán, han manifestado durante su declaración como peritos en la causa por el proyecto Castor que analizaron la sismicidad y la estructura geológica de la zona y llegaron a la conclusión de que existían dos tipos de sismicidad, ambas en relación causa-efecto con la actividad de inyección de gas.

García y Durán así lo dejaron patente en el informe que solicitó al IGME el Ministerio de Industria para observar la relación entre las series sísmicas y la actividad de inyección de gas en la plataforma Castor, según indicó la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular. Los peritos hicieron estas declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye la causa abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón.

Además, apuntó esta misma fuente, los peritos han apuntado que en la literatura científica hay casos en los que se recomienda realizar estudios de peligrosidad sísmica antes del inicio de las inyecciones de gas y monitorear continuamente la sismicidad. Por ello, han declarado que, desde un punto de vista técnico, consideran que en este tipo de actividades debería incluirse un estudio de peligrosidad sísmica. Asimismo apuntan a que hubieran llegado a esta conclusión igualmente de no haberse desencadenado los acontecimientos, dado que parece conveniente hacer estos estudios para minimizar riesgos.

Los peritos también se refirieron a la continuidad de las actividades de inyección por parte de la empresa Escal a pesar de haberse registrado un seísmo de magnitud 3 el 13 de septiembre de 2013. En esta línea, han hecho referencia a que los seísmos con magnitudes de entre 2,5 y 3 representan datos muy elevados para esta actividad. Por lo tanto, apuntaron a la Asociación Arca Ibérica que las buenas prácticas aconsejan la paralización de la inyección o un replanteamiento de medidas a adoptar.

Podemos, PSOE y Ciudadanos acuerdan reclamar el desmantelamiento del almacén gasista Castor y estudiar posibles responsabilidades penales de Escal UGS

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobó una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación tras completar Enagás su sellado, y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS participada por ACS, así como realizar un peritaje para valorar los daños causados.

La iniciativa recibió 28 votos favorables y 15 en contra. La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y Ciudadanos, y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP. El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, criticó el «escándalo mayúsculo» de este proyecto «fracasado», que se fomentó «más por el interés del promotor que por el interés general» y que ha acabado por convertirse en un «pelotazo financiero» que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos. «Una prueba más del capitalismo de amiguetes», añadió el portavoz.

Por eso, exige una «solución justa» que pase por explorar las «posibilidades legales existentes» para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque «incurrió en dolo», así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos. Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando «mayor protagonismo» a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar ex ante las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

En el texto que finalmente ha sido aprobado también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda. Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Herick Campos recordó que la posición socialista es de «cierre y desmantelamiento de la infraestructura», mientras criticó que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS «sin transparencia«. El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, fue más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales «si las hubiera» respecto de este «escándalo», ocurrido «tanto en periodo socialista como popular», según recordó.

El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este «escándalo» ha sido posible por una «decisión política» que permitió que el contrato incluyera unas «cláusulas abusivas» en beneficio de la empresa. Por Compromís, la diputada Marta Sorlí denunció que «Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino (Pérez) y para los bancos que sólo ha servido para hacer temblar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar» y se felicitó de que «ahora sí» exista la posibilidad de «hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero».

Finalmente, el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó que esta propuesta es «insuficiente» porque lo que solicita para que se recupere la indemnización ya está incluido en un decreto aprobado en 2014 si se demuestran irregularidades por parte de la empresa, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de la promotora Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones.

Además, ha recordado que ya se han pedido informes al MIT y a Enagás sobre lo sucedido y, durante la pasada legislatura, se han aprobado otros cambios legislativos para exigir declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos en el futuro. Con respecto al pago de la indemnización, el diputado ha recordado que el Gobierno estaba obligado a pagar y que ha minimizado el coste financiero y ha ampliado el plazo de amortización para reducir la cifra final.

Por último, Mariscal señaló que el «dañino» decreto que incluía el «alucinante» artículo que permitía a la empresa recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto en cualquier momento lleva la firma de un «socialista» y que el Ejecutivo del PP trató de revertirlo para no tener que abonar la indemnización a Escal pero el Tribunal Supremo no se lo permitió.

Enagás concluye la hibernación del almacén Castor con un doble sellado adicional de los pozos

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Redacción / Agencias.- Enagás finalizó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento subterráneo de gas natural de Castor con un doble sellado de los pozos, lo que supone un refuerzo adicional a otras dos válvulas ya existentes en cada uno de los pozos, según anunció la compañía que, con esta medida, cumple la labor encomendada por el Gobierno a través del decreto ley 13/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista.

Enagás indica que, con los trabajos realizados, la compañía ha puesto la instalación en condiciones seguras, sin gas en plataforma, gasoducto e instalaciones de tierra. Además, lo ha hecho «sin alterar la estructura del almacenamiento y realizando las tareas necesarias para el adecuado mantenimiento y preservación de los equipos», indica. De forma adicional, Enagás está a la espera de las conclusiones de un estudio solicitado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) que permitirá “disponer de una base al Gobierno sobre la que poder tomar una decisión acerca del futuro de la instalación”. Según estimaciones, este estudio previsiblemente estará finalizado en el segundo semestre de 2016.

Desde que se inició el proceso, ya se acometieron y finalizaron distintas fases relacionadas con el almacenamiento. La primera, conocida como Fase 0, consistió en el análisis de la situación a partir del requerimiento del Gobierno, en la que se incluyeron un estudio preliminar del activo y un exhaustivo análisis de riesgos contemplando diferentes alternativas. La segunda fase consistió en la inertización, mediante una disminución controlada y programada de la presión del gas remanente en superficie, en la plataforma, en el gasoducto y en las instalaciones de tierra. La última consiste en la preservación de los equipos con el objetivo de garantizar su mantenimiento en condiciones de seguridad y operatividad.

La etapa ahora finalizada fue la del sellado de los 12 pozos y de las válvulas situadas tanto en superficie como a 150 metros de profundidad. En todos los pozos se instalaron dos piezas mecánicas de acero adicionales a las dos válvulas existentes en cada uno de ellos, de modo que el sellado de los pozos es cuádruple. Estos trabajos, según afirma Enagás, fueron realizados con el fin de cumplir con las indicaciones del real decreto ley de no inyectar ni extraer gas para no alterar la estructura del almacenamiento. En la actualidad, están en funcionamiento los servicios auxiliares necesarios para mantener la instalación en situación de seguridad y los sistemas que permiten realizar el mantenimiento básico de las instalaciones.

Enagás explica que, desde el inicio del proceso, lo prioritario para la empresa ha sido, en todo momento, «la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente». Por este motivo, realiza una vigilancia continuada de la instalación y de su perímetro. El proceso ha sido auditado y supervisado por la firma Lloyd’s, firma encargada de realizar también el análisis de riesgos previo. Con la hibernación realizada, se remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la documentación final con el certificado del auditor. El real decreto ley confirió a Enagás la labor de hibernar, mantener y elaborar los informes técnicos y, en su caso, los trabajos necesarios para el desmantelamiento de Castor, si así lo decidiera el Gobierno.

En 2013 el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona y encargó a Enagás su hibernación hasta que se contara con información suficiente para garantizar su seguridad. La promotora del almacenamiento, Escal UGS, renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros para que el almacén pasara a ser gestionado por Enagás. La indemnización a Escal UGS se vinculó al sistema gasista con cargo a la factura mensual que pagan los consumidores por los próximos 30 años.

Bruselas pide información al Gobierno sobre la indemnización a ACS por Castor

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EFE.- La Comisión Europea ha pedido información al Gobierno sobre la indemnización de 1.350,7 millones de euros otorgada a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por el cierre temporal y la hibernación del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). «Estamos en contacto con las autoridades españolas sobre esto. Nuestro análisis se está haciendo. No podemos prejuzgar el resultado en estos momentos», señaló el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso.

Se trata de un paso preliminar en el análisis de la Comisión Europea, que permitirá determinar si la indemnización supone ayudas de Estado y si se ajustan o no a la normativa comunitaria. Si no cumplieran las reglas de la Unión Europea, el Estado español podría recuperar el dinero. Castor se encuentra cerrado desde 2013 tras la oleada de seísmos registrada en la zona. Escal UGS recibió en 2014 la indemnización fijada por el Gobierno por la paralización del proyecto. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que aceptaba la renuncia a la concesión de Castor presentada por la empresa participada por ACS y fijaba el importe de la compensación.

Amplian la instrucción del caso Castor hasta los 18 meses

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EFE.- El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha declarado «causa compleja» las diligencias del caso Castor, en las que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto del almacén subterráneo de gas de Escal UGS, y amplía de 6 a 18 meses el plazo máximo de instrucción.

El pasado 19 de octubre declaró ante el juez el primero de los 18 investigados en esta causa sobre la planta situada frente a la costa de Vinaròs, cuya actividad se paralizó después del incremento de la actividad sísmica en Castellón y Tarragona.

La causa investiga la existencia de supuestas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un comunicado, la causa, en la que ya han declarado 16 de los 18 investigados, está abierta por prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

En el auto, el juez explica que el número de imputados, dieciocho, «es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia como para adoptar esta decisión» de declararla como causa compleja, solicitada por el fiscal.

Añade que la «revisión de la gestión de al menos una persona jurídica, cual es Escal UGS -propietaria de la planta-, es también motivo de declaración de complejidad, atendida la consideración de investigada de la misma y de los miembros de su consejo de administración».

El instructor de esta causa, que ya ha superado los 13.000 folios, considera además que la complejidad de los delitos investigados exigirá de la «realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis».

Esto justifica, según el instructor, la declaración del caso Castor como «causa compleja» y la ampliación del plazo máximo de instrucción de 6 a 18 meses.