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El Supremo admite un recurso de Cataluña en contra del cargo de Castor a la factura del gas

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EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del gas para 2015, al oponerse a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura del gas. Según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Supremo acordó la admisión a trámite el pasado 23 de diciembre, un año después de la aprobación de la orden ministerial.

La Generalitat aseveró que el recurso cuestiona que se considere como «costes del sistema» los gastos de mantenimiento de la infraestructura del Castor y que, por tanto, se autorice la repercusión de éstos en la tarifa que pagan los usuarios. La administración catalana considera que el coste de mantenimiento de la instalación, en su actual estado de hibernación, no puede cargarse a usuarios y consumidores dado que, entre otras razones, se trata de una infraestructura que nunca ha entrado en servicio, según el departamento de Empresa y Empleo. La cuota de mantenimiento de la instalación se eleva a unos 17 millones de euros al año.

La orden de peajes de gas establece los pagos que tienen que efectuar consumidores y productores para sufragar los costes regulados del sistema gasista, como la distribución o el transporte, así como el destino de esos fondos. Desde 2015, entre los costes regulados también figura el mantenimiento del almacenamiento de gas Castor, ubicado frente a las costas de Castellón e hibernado (cerrado temporalmente) con el objetivo de garantizar la seguridad después de registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

La Generalitat de Cataluña se ha pronunciado en diferentes ocasiones contra del pago de la indemnización prevista para los promotores del proyecto Castor, que asciende a unos 1.350 millones de euros y que se cargará en la factura del gas durante 30 años. Así, la administración catalana presentó en el primer trimestre de este año el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y ésta decidió elevarlo al Tribunal Supremo.

La Junta de Andalucía mantiene su rechazo al almacén de gas en Doñana, ya comunicado a la «cúpula» de Fenosa

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Europa Press / EFE.- El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, aseveró que la Junta mantiene su posición contraria al proyecto de extracción y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, una decisión que se le ha comunicado a la «cúpula» de Gas Natural Fenosa. «Yo he tenido alguna reunión con la cúpula de Gas Natural en España y conocen nuestra posición», apuntó Fiscal, que añadió que no se cambiará mientras el proyecto no se modifique.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio justificó la posición de la Junta en que el proyecto «no se ajusta a la norma«, pues la instalación discurre por algunas zonas de especial protección del espacio natural de Doñana, lo que lo hace «inviable». «Nos asiste la ley y la filosofía de lo que queremos hacer de Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad, y la obligación de la Junta es cuidarlo y obtener el máximo rendimiento de su existencia para los municipios del entorno», apuntó. «Eso es lo que nos mueve», remachó .

Fiscal, que indicó que en la reunión con los directivos de Gas Natural «no se profundizó mucho más», puntualizó que es diferente la renovación de algunas licencias para las prospecciones en el entorno de Doñana y algunas zonas del parque natural. «La normativa permite que se mantenga esta actividad desde hace 30 años y hay algunas instalaciones de este tipo que sí se acogen a la normativa», señaló Fiscal, que añadió: «La consejería no tiene más remedio que autorizar esas prácticas». Andalucía emitió en mayo un dictamen desfavorable respecto al proyecto de Fenosa, iniciativa que no admite atendiendo a criterios de protección del espacio y al cumplimiento de garantías medioambientales.

Industria tramita la declaración de utilidad pública del almacén gasista de Gas Natural Fenosa cerca de Doñana y WWF protesta

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EFE.- La Dirección General de Política Energética y Minas ha instruido el procedimiento de solicitud de autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública para la ejecución del proyecto de almacenamiento de gas denominado Marismas Occidental, ubicado en Almonte (Huelva), en el entorno de Doñana. En este sentido, WWF considera que la empresa Gas Natural, con la petición de utilidad pública para el proyecto Marismas Occidental, «trata de saltarse la normativa de protección del espacio natural».

En el anuncio del Ministerio de Industria se especifica que durante la tramitación del procedimiento se ha producido la subrogación de Gas Natural Almacenamientos Andalucía S.A. en la posición de Petroleum Oil & Gas España S.A., inicial promotora del proyecto. Asimismo se precisa que los interesados dispondrán de 10 días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes pudiendo dirigirse, a estos efectos, a la Dirección General de Política Energética y Minas o al Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, donde podrá ser consultado el expediente en sus dependencias. Por último, se precisa que contra el presente acto, en tanto que de mero trámite, no cabe la interposición de recurso alguno.

El proyecto Marismas Occidental es el único de los cuatro proyectos gasísticos de la compañía en la zona que cuentan, desde hace años con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Ministerio de Medio Ambiente, y con el visto bueno de la administración autonómica por estar fuera de los límites del espacio natural protegido. Para los otros tres la Junta de Andalucía informó desfavorablemente al entender que esta actividad es incompatible con el objetivo fundamental del espacio natural: la conservación de la naturaleza. Gas Natural Fenosa plantea con estos proyectos 14 pozos de extracción de gas, 20 kilómetros de nuevos gasoductos y el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos en el entorno e interior de Doñana.

Los ecologistas critican la decisión

Por su parte, el responsable de la Oficina Técnica de la organización WWF en Doñana, Juanjo Carmona, mostró el rechazo de la organización a esta petición que, entiende, debe de contar también con la oposición del Ministerio de Industria, que ya la tramita. «El interés de conservar el espacio natural es muchísimo mayor, en estos momentos, que el convertirlo en un almacén industrial de gas, máxime cuando hay alternativas a dicho proyecto», apuntó Carmona, precisando que «la prioridad del espacio es conservar la riqueza medioambiental de todos los ciudadanos y no convertirse en espacio industrial».

Por ello, desde WWF se rechaza que este proyecto de Gas Natural Fenosa pueda tener utilidad pública para «intentar, de alguna manera, saltarse la normativa de protección del espacio natural», por lo que van a alegar contra ese procedimiento y se van a oponer «firmemente» a que «Doñana se convierta en un almacén de gas natural como pretende la empresa». Carmona asegura que «si consiguen la utilidad pública, automáticamente, tendrían menos problemas a la hora de tramitar determinadas expropiaciones y actuaciones, así como se abriría la posibilidad de que el proyecto pudiera tener prevalencia sobre otros usos». Además, «si le declaran éste, irán detrás los otros tres proyectos planteados en la zona, saltándose así la negativa de la Junta», indican.

Soria: «El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer con el almacén Castor»

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EFE.- El ministro de Energía, José Manuel Soria, ha dicho hoy, cuando empiezan a declarar los imputados en la investigación sobre los movimientos sísmicos en el Delta del Ebro y su posible relación con la plataforma de almacén de gas Castor, instalada en el Golfo de Valencia, que «el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer» en este asunto.

Lo primero que hizo el Gobierno, ha aseverado Soria antes de participar en una reunión con REE, fue declarar lesiva para los intereses del Estado una de las cláusulas del Real Decreto de 2008 que autorizó el almacén y que establecía que, si en algún momento de la vida del proyecto el operador dejaba de operarlo, tenía derecho a indemnización por el valor residual del mismo, aún cuando mediara dolo o culpa.

El ministro de Industria, Energía y Turismo ha añadido que, posteriormente, en septiembre de 2013, cuando, como consecuencia de la inyección del gas colchón en el almacenamiento se detectaron movimientos sísmicos por encima de determinado nivel en la escala Richter, «se ordenó la paralización de esa inyección».

En tercer lugar, solicitamos que el operador del sistema gasista se hiciera cargo del mantenimiento de la planta mientras se recaban estudios adicionales que en estos momentos está llevando a cabo el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el fin de ver si en el futuro es viable o no esta instalación.

Por todo ello, Soria ha considerado que, desde un principio, el Gobierno de España ha tomado las decisiones que tenía que adoptar.

José Manuel Soria ha asegurado que el Ejecutivo del que forma parte «es el primer interesado en esclarecer todo tipo de circunstancias que hayan podido concurrir en torno a este proyecto»