Entradas

Un tribunal ordena parar una central nuclear recién reactivada en Japón por motivos de seguridad

Europa Press / EFE.- Un tribunal japonés emitió una orden de paralizar las operaciones de los reactores 3 y 4 de la central nuclear de Takahama, operada por Kansai Electric Power, tras ponerse de parte de los residentes locales, que temen por la seguridad de la planta, según comunicó la propia empresa. La orden tiene efecto inmediato y supone la parada del reactor número 3 de Takahama, que volvió a entrar en funcionamiento recientemente. Es la primera orden judicial emitida en Japón de detener una central nuclear en funcionamiento.

Kansai Electric también estaba trabajando para volver a poner en funcionamiento el reactor número 4 de la central, después de una paralización imprevista la semana pasada debido a un problema técnico. Y es que la industria nuclear nipona está empezando a recuperarse y a retomar su actividad después de la catástrofe de Fukushima en 2011. El país está embarcado además en la mayor reforma del mercado energético de su historia.

Kansai Electric expresó su rechazo del veredicto y anunció que apelará la orden rápidamente. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, afirmó que no cambia la postura de Tokio tras la decisión judicial respecto a la seguridad de los reactores de Takahama o en su política de promoción de la reactivación de los reactores que cumplan con los estándares de seguridad impuestos tras el accidente nuclear de Fukushima. Los reactores de Takahama, en la costa de la prefectura de Fukui, en el oeste de Japón, cumplieron en 2015 con los nuevos estándares de seguridad establecidos por el órgano regulador nuclear de Japón, la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA).

Una reactivación en la polémica

La reactivación de Takahama ha estado rodeada de polémica. Un tribunal ya prohibió el año pasado su puesta en funcionamiento tras otra demanda ciudadana, aunque la misma corte se desdijo en diciembre tras certificar que superaba los controles de la NRA. Poco después, Kansai Electric puso en funcionamiento la unidad 3 el 29 de enero y la 4 el 26 de febrero, aunque este último reactor entró tres días después en parada automática tras detectarse una sobretensión eléctrica. La unidad 4 había sufrido además días antes una fuga de refrigerante cuando se realizaban los preparativos para su puesta en marcha.

Además de las demandas mencionadas, existen otras presentadas por ciudadanos contra esta y otras centrales de Japón pendientes de resolución. Después de un apagón nuclear de dos años y de aprobar un marco regulatorio postFukushima más estricto en materia de seguridad, Japón reactivó el año pasado los reactores 1 y 2 de la central de Sendai (suroeste). Tras la orden de detener Takahama, que había sido la segunda planta del país en volver a funcionar, sólo 2 de los 43 reactores de Japón en condiciones operativas permanecerán activos. La decisión del Gobierno nipón de volver a emplear energía nuclear tras el accidente de 2011 es rechazada por la mitad de los japoneses, según las encuestas.

Las centrales nucleares españolas han implantado el 80% de las medidas postFukushima un lustro después de la catástrofe

Redacción / Agencias.- Las centrales nucleares españolas han llevado a cabo hasta ahora el 80% de las acciones y medidas para reforzar su seguridad, que se acordaron tras las pruebas de resistencia practicadas a raíz del accidente en la central de Fukushima Daiichi cuando se acerca el quinto aniversario de la tragedia, que será el 11 de marzo desde el terremoto y posterior tsunami con consecuencias devastadoras para los reactores de esa central nuclear japonesa.

Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II, los 7 reactores activos en España, han implementado acciones y medidas para reforzar su seguridad y garantizar la capacidad para soportar situaciones más allá de sus bases de diseño. El Foro Nuclear destaca que las centrales están cumpliendo con lo establecido en el Plan de Acción Nacional y que las medidas introducidas tras Fukushima junto con los programas de modernización ofrecen un «horizonte muy apropiado para que puedan operar a largo plazo», tal y como están haciendo “gran parte de los países con instalaciones nucleares”. Las principales acciones y medidas que las nucleares españolas han ejecutado pueden dividirse en dos grandes bloques.

El primero son acciones y medidas de protección frente a fenómenos naturales extremos, como inundaciones y efectos sísmicos, completadas “prácticamente” en un 100%. Por otro lado, hay medidas de refuerzo de los sistemas de prevención y mitigación, mejorando los existentes y añadiendo equipos portátiles y sistemas de refrigeración adicionales, incluso para las piscinas de combustible gastado, que puedan funcionar en caso de aislamiento eléctrico de las instalaciones. También se implantan un centro común de apoyo exterior en emergencias (CAE) y de un centro de apoyo para la gestión de emergencias en cada emplazamiento (CAGE). Muchas de estas acciones ya están completadas y otras se encuentran en la fase final de implementación, según asegura Foro Nuclear.

Por todo ello, el Foro Nuclear asegura que «las centrales nucleares españolas están sólidamente preparadas para hacer frente a los sucesos supuestos en sus bases de diseño». Además, destaca que las plantas disponen de márgenes adicionales para afrontar con garantía sucesos extremos más allá de las bases de diseño, así como sus consecuencias». Para el Foro, el cumplimiento del 80% de lo establecido por el Plan de Acción Nacional «ha redundado en un parque nuclear modernizado que cumple con los más estrictos niveles de seguridad nacionales e internacionales y constituye un activo a poner en valor por la estabilidad que aporta al sistema eléctrico, la no emisión de gases de efecto invernadero y su competitividad«.

El accidente nuclear en Fukushima ha sido el peor desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986, y sus emisiones y vertidos causaron la evacuación inmediata de más de 200.000 personas además de afectar gravemente a la pesca, la agricultura y la ganadería locales. Japón prevé levantar en 2017 la mayoría de las órdenes de evacuación en las áreas afectadas, lo que permitiría regresar a sus hogares al 70% de los residentes aún desplazados (casi 55.000). En la Unión Europea, 14 de los 28 Estados miembros tienen plantas en operación, que producen una tercera parte de la electricidad consumida en la Unión Europea. En 2015, la energía nuclear en España generó el 20,3% de la electricidad.

La AIE apunta que la seguridad en las centrales nucleares ha aumentado tras Fukushima pero debe mejorar aún

EFE.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) destacó que 5 años después del accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima la seguridad en ese tipo de plantas ha aumentado, pero es necesario que prosigan los esfuerzos para mejorarla. El informe en el que hace balance de las medidas tomadas desde esa catástrofe desencadenada por el tsunami de 2011, la AIE apunta que, «en general», la seguridad, la preparación ante situaciones de emergencia y los mecanismos de respuesta son mejores que entonces.

El análisis a los países miembros apunta que los diferentes marcos de seguridad se reforzaron con medidas para incrementar la independencia de los órganos de regulación y actualizar la normativa. También se incrementó la cooperación internacional, lo que redunda en un mayor intercambio de información, fomenta el consenso y el desarrollo de estrategias que pueden aplicarse después en cada nación. La AIE señala que uno de los principales focos de actuación tras el accidente ha sido el potencial impacto de factores de riesgo externos e internos. Se reexaminaron las amenazas y mejorado la fortaleza de los sistemas eléctricos, de los disipadores térmicos y de los equipamientos de asistencia, así como reevaluado la conducta que debe seguirse en casos de emergencia.

La AIE apuesta por trabajar en favor de la independencia de los organismos de regulación, en concreto respecto a la separación de las funciones con los vinculados con la promoción y el uso de la energía nuclear. La agencia ve esenciales también en la estrategia de seguridad la inclusión de los factores humanos y organizativos, recomienda la implicación en la toma de decisiones de los afectados, desde autoridades locales hasta la población, y aboga por la transparencia de las políticas.

La Fiscalía nipona acusa a tres exdirectivos de Fukushima por negligencia

EFE / Europa Press.- La Fiscalía nipona acusó a tres exdirectivos de Tokyo Electric Power (TEPCO), operadora de la central de Fukushima, por su papel negligente en la crisis originada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, lo que supone el primer procesamiento penal de unos responsables de la planta, concretamente de Tsunehisa Katsumata, de 75 años y presidente de la compañía en el momento del accidente, y los exvicepresidentes, Sakae Muto, de 65, e Ichiro Takekuro, de 69.

Este procesamiento llega después de que un grupo de afectados presentara una primera denuncia en 2012 contra un total de 42 autoridades y responsables de la planta que siguieron operando Fukushima Daiichi sin tomar medidas para garantizar la seguridad pese a conocer los riesgos. Los tres acusados no fueron detenidos y se espera que se declaren inocentes según diversas fuentes que además creen que el juicio no se celebrará antes de fin de año, debido a que llevará mucho tiempo recopilar todas las pruebas necesarias.

La acusación considera que el accidente en Fukushima, cuyos reactores sufrieron fusiones parciales tras perder el sistema de refrigeración, expuso a quienes residían alrededor de la planta a emisiones muy radiactivas. Además, hace responsable a los directivos de que 13 personas, incluidos trabajadores de la planta y miembros de las fuerzas armadas, resultaran heridas tras el accidente y que 44 murieran tras ser evacuadas de un hospital donde estaban ingresadas.

La operadora de la central reconoció que ha tenido noticia de la acusación de sus exdirectivos a través de los medios de comunicación pero que han decidido no hacer ningún comentario al tratarse de un caso penal que está en los tribunales. TEPCO quiso sin embargo pedir disculpas «por la molestia y la preocupación causada a los habitantes de Fukushima y al resto de la sociedad por el accidente nuclear».

En un primer momento, la fiscalía del distrito de Tokio decidió en 2013 desestimar la demanda y no presentó cargos al considerar que era muy difícil prever la escala del tsunami que golpeó la central. Los demandantes solicitaron sin embargo un análisis más exhaustivo y recurrieron a un comité de investigación judicial, un órgano raramente usado en Japón y formado por ciudadanos, que en julio les dio la razón y pasó de nuevo el caso a la fiscalía. Las emisiones y vertidos de agua contaminada producto del accidente nuclear, el peor desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986, aún mantienen desplazadas a miles de personas.

Además, la radiactividad dejó un rastro de contaminación que ha ido remitiendo con el paso del tiempo, si bien a finales de 2015 se detectó contaminación derivada del desastre en las costas de América del Norte. El número de evacuados por causa del terremoto y el tsunami superó los 420.000 en 2011, el año del accidente. A principios de 2015 esta cifra se había reducido a menos de 240.000. Durante estos cuatro años se han reconstruido más de 120.000 viviendas.

La radiación de Fukushima no tuvo impacto en la salud pública, según un informe

EFE.- La radiación emanada del accidente nuclear de Fukushima no ha tenido un impacto significativo sobre la salud de los habitantes de las zonas más próximas la planta, según un informe elaborado por expertos sanitarios nipones. La gran mayoría de estos ciudadanos recibieron dosis muy leves de radiación desde la catástrofe acaecida en 2011, y no presentan una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la radiactividad, según las conclusiones del estudio dirigido por Koichi Tanigawa, profesor de la Universidad Médica de Fukushima.

No obstante, el informe muestra un marcado incremento de las patologías psiquiátricas a raíz del accidente, así como un notable aumento de otras enfermedades entre las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras decretarse la orden de evacuación en las proximidades de la planta. El estudio se basa en datos médicos recopilados tras el accidente causado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 y hasta 2014, y fue realizado a petición del Gobierno de la prefectura nipona de Fukushima.

«Afortunadamente, podemos decir que hasta la fecha no ha habido ningún impacto apreciable de la radiactividad en la salud pública de la zona», afirmó Tanigawa, quien también destacó la necesidad de «continuar analizando la situación para observar posibles efectos a más largo plazo». Entre los residentes de Fukushima, la incidencia de enfermedades como la leucemia, del cáncer de mama, de tiroides y de otros tipos es «equivalente a la de otras zonas de Japón», señaló.

El informe incluye datos de las dosis de radiación que recibieron los habitantes de las localidades más cercanas a la planta antes, durante y después de la evacuación. Los niveles de radiactividad a los que resultaron expuestos los ciudadanos de esta zona fueron «extremadamente bajos», ya que en una amplia mayoría de los casos (el 60%) se sitúan por debajo de 1 milisevert por año, dentro de los límites considerados seguros por los organismos internacionales.

Al margen de las enfermedades vinculadas a la radiación, se observa un agudo incremento del síndrome de estrés postraumático, de la ansiedad crónica, de la depresión y de otros desórdenes mentales entre la población de Fukushima. La proporción de personas con patologías psiquiátricas se situó en un 14,6% entre los ciudadanos de esta prefectura nipona entre 2011 y 2013, muy por encima de la cifra de las otras zonas del país más afectadas por la catástrofe (6,2%) y de la media nipona (4,6%). Asimismo, el informe refleja un «deterioro preocupante» en las condiciones de salud de las 165.000 personas que fueron evacuadas a raíz del tsunami, y entre los cuales cerca de 70.000 continúan sin poder volver a sus hogares.

Fukushima completa el 10% de su desmantelamiento un lustro después del accidente

EFE.- Casi 5 años después del accidente nuclear de la central nipona de Fukushima, el complejo proceso de desmantelamiento de la planta se ha completado «en un 10%», según indicó su máximo responsable, Akira Ono. La propietaria de la central, Tokyo Electric Power (TEPCO), ha realizado «progresos visibles» en la gestión de las instalaciones nucleares desde que quedaron devastadas por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, según Ono, que también admitió que hay por delante «riesgos» y «enormes desafíos».

Tras el estallido de aquella crisis atómica que atrajo la atención de todo el planeta, se ha logrado «estabilizar la seguridad de la planta», afirmó su director, que destacó «hitos» como la retirada en 2014 de todo el combustible nuclear del reactor 4, el que resultó menos afectado por la catástrofe natural, así como el procesado de todo el agua altamente radiactiva que se acumulaba en la planta. Estos pasos, unidos a otras medidas para controlar las fugas de líquido radiactivo y a los preparativos para desmantelar las siniestradas unidades 1, 2 y 3 de la planta, hacen que Ono se muestre «medianamente satisfecho» por lo logrado hasta este punto.

Pero TEPCO afronta ahora la etapa más difícil de la lucha para dejar atrás el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986: la retirada de las barras de combustible gastado y fundido de los tres citados reactores, algo que hasta la fecha nunca se ha llevado a cabo en estas condiciones. «No tenemos un conocimiento preciso del estado de las vasijas de los reactores, así que estamos ante un reto sin precedentes», admitió Ono, quien añadió que TEPCO «trata de idear soluciones», unas que sean posibles actualmente y otras que quizá resulten viables técnicamente en un futuro.

TEPCO confía en los avances de la robótica para las tareas más delicadas, ante la imposibilidad de que las desempeñen trabajadores humanos debido a los niveles mortales de radiación dentro de las vasijas de los reactores. Autómatas manejados por control remoto y equipados con videocámaras ya se han introducido en la vasija primaria de contención del reactor 1 para analizar las condiciones ambientales y de radiación, y para localizar el combustible nuclear fundido. TEPCO, varias tecnológicas niponas y centros estatales trabajan actualmente en otros prototipos de robots especialmente diseñados para una misión similar en los reactores 2 y 3, explicó el director de la planta.

Si el proceso avanza dentro de lo previsto, hacia 2017 se comenzaría la retirada de combustible de los tres reactores, una tarea acompañada de otras medidas de seguridad como la instalación de cubiertas protectoras para evitar que se dispersen materiales radiactivos. El desmantelamiento se alargará «entre 30 y 40 años», según el director. Asimismo, TEPCO afronta otro problema de carácter más urgente: la acumulación de agua radiactiva en la planta, contaminada con isótopos nucleares tras emplearse para refrigerar los reactores. La compañía acaba de concluir la construcción de un muro de hielo subterráneo destinado a ser parte de la solución.

El coste total del proceso de desmantelamiento se estima entre 7.700 y 15.400 millones de euros, que irán a parar principalmente a la investigación y desarrollo de la tecnología necesaria, según detalló el portavoz de la empresa, Yuichi Okamura. A ello hay que añadir 44.800 millones de euros abonados hasta ahora en compensaciones a la población que fue evacuada a raíz de la catástrofe, así como los «miles de millones de euros» que ha costado al Estado japonés sustituir el uso de energía nuclear por combustibles fósiles, añadió el portavoz.

Ecologistas en Acción exige el «cierre definitivo» de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- La Asamblea Federal de Ecologistas en Acción exigió al Gobierno central que «no otorgue un nuevo permiso de explotación a Garoña y proceda a su cierre definitivo por el riesgo que supondría la puesta en marcha de la central». A juicio del colectivo ecologista, en Garoña «el riesgo de accidente es demasiado grande, dado que el estado de la central es lamentable».

Ecologistas en Acción Indica que «Garoña está aquejada de numerosos problemas de seguridad entre los que destacan: la vasija está afectada por fenómenos de corrosión, así como las penetraciones de las barras de control, que son los auténticos frenos de la central; el sistema de protección contra incendios presenta graves deficiencias; al igual que numerosos sistemas eléctricos y de control».

Además, señala que «el reactor de Garoña es idéntico al número 1 de Fukushima, por lo que presenta sus mismas deficiencias y riesgos, sobre todo en los sistemas de venteo de gases; todavía no se han realizado las modificaciones impuestas tras las pruebas de estrés que, en todo caso, no garantizan la seguridad de la central; y sería imprescindible que edificara una torre de enfriamiento para dejar de calentar el agua del Ebro en exceso».

«Un accidente en Garoña podría suponer un episodio de contaminación terrible en la zona y más allá. Garoña se encuentra muy cerca de Euskadi por lo que su contaminación superaría las fronteras de Burgos y Castilla-León y, además, se podría contaminar el río Ebro con consecuencias espantosas sobre los cultivos, las ciudades e industrias ribereñas de Castilla-León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. El litoral mediterráneo también se vería afectado. Mantener esta central en funcionamiento sería jugar con fuego«, recalcan.

Señalan que «Garoña genera en su funcionamiento unas 15 Tm de residuos de alta actividad al año, que son peligrosas durante cientos de miles de años y para los que no existe solución», por lo que afirman que «la paralización definitiva de Garoña evitaría un aumento de los residuos a gestionar». A su juicio, «la electricidad que genera Garoña no es necesaria, como muestra el hecho de que lleva parada tres años sin ningún problema de suministro, y los puestos de trabajo que genera también están garantizados por su desmantelamiento».

«La posible continuidad de Garoña abriría la puerta a la prolongación de la vida de las centrales hasta los 60 años, lo que resulta inadmisible. Además, el proceso de la posible reapertura ha supuesto un desprestigio sin precedentes del Consejo de Seguridad Nuclear. Ante estos hechos, la Asamblea resuelve pedir el cierre definitivo de la central y proceder a su desmantelamiento a la mayor brevedad», finalizan desde Ecologisas en Acción.

El 38% del personal que intervino en Fukushima recibió excesiva radiación

EFE.- Al mismo tiempo que la operadora de la accidentada central de Fukushima, Tokyo Electric Power (TEPCO), anuncia que ha completado la instalación de un muro subterráneo ubicado en la costa frente a la planta y destinado a contener los vertidos al mar de agua radiactiva, el Gobierno nipón ha desvelado que casi el 40% de los militares, bomberos y policías que participaron en las tareas de evacuación tras el accidente nuclear de Fukushima de 2011 recibió dosis de radiación superior al límite anual recomendado.

El Ejecutivo nipón publica estos datos tras recopilar los registros de exposición a la radiación de los cerca de 3.000 efectivos que contribuyeron a la evacuación de los residentes del área de exclusión de 20 kilómetros decretada en torno a la planta. Estos trabajos se llevaron a cabo entre el 12 y el 31 de marzo de 2011, justo después del terremoto y el tsunami el 11 del mismo mes que provocaron la catástrofe nuclear.

Ejército, Policía y los bomberos

Un 38% del personal de la Fuerzas de Auto Defensa (Ejército), la Agencia Nacional de Policía y los bomberos resultó expuesto a un milisievert (que equivale a 1.000 microsievert) o más, el límite anual que recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP). De ellos, una quinta parte recibió una dosis superior a 2 milisievert y un 5% recibió entre 5 y 10 milisieverts, según datos difundidos por el Gobierno.

Mientras que la dosis máxima recomendada por la ICRP es de 1 milisievert al año, en el caso de los trabajadores de instalaciones nucleares la normativa nipona fija un límite de 100 milisieverts repartidos en cinco años y con un máximo de 50 anual. No obstante, durante la crisis de Fukushima, el Gobierno decidió elevar este tope anual hasta los 250 microsieverts de forma excepcional.

Los datos se han divulgado una semana después de que el Gobierno nipón reconociera por primera vez el vínculo entre el cáncer desarrollado por un exempleado de la central y sus tareas de limpieza y reconstrucción en la planta tras la catástrofe nuclear. El hombre, de 41 años, desarrolló leucemia tras quedar expuesto a unos 15,7 microsieverts anuales por su trabajo en la limpieza y reconstrucción de la planta, y recibirá una compensación del Estado en concepto de accidente laboral.

Muro para contener los vertidos

La barrera destinada a contener los vertidos al mar de agua radiactiva, que se comenzó a instalar en 2012, es una de las medidas que TEPCO ha tomado para evitar que el agua de los acuíferos subterráneos, que se filtra dentro de los reactores y se mezcla con el líquido altamente radiactivo empleado para refrigerar las unidades, vaya a parar al Océano Pacífico. El muro tiene 780 metros de largo y penetra a una profundidad de 30 metros bajo tierra, y ha sido instalado a lo largo de toda la franja costera frente de las instalaciones nucleares de Fukushima Daiichi.

TEPCO prevé que su instalación permita reducir la cantidad de agua contaminada que va a parar al mar desde las 400 toneladas diarias hasta unas 10 toneladas, según informó la eléctrica a través de Twitter. La barrera está formada por planchas de acero que han sido enterradas y selladas con cemento para evitar las filtraciones. Su instalación se suma a otros métodos destinados a reducir la gran acumulación de líquido tóxico que se produce cada día en las instalaciones nucleares, como un sistema de bombeo de agua subterránea contaminada para procesarla y verterla al mar de forma controlada, que se puso en marcha también recientemente.

El desastre nuclear de Fukushima pudo evitarse con otro diseño, según una investigación

Europa Press.- Investigadores de las universidades del Sur de California y Utku Kânoglu de Turquía han publicado un informe exhaustivo de informes oficiales japoneses y noticias previas al desastre, cuyas conclusiones, publicadas en Philosophical Transactions A de la Royal Society, determinan que el desastre de la central nuclear de Fukushima tras el tsunami que asoló la costa este japonesa el 11 de marzo de 2011 se pudo haber evitado.

Estos investigadores encontraron que defectos de diseño, fallos de regulación y un análisis indebido del riesgo habían condenado a Fukushima. «Había problemas de diseño que llevaron al desastre y que deberían haberse tratado mucho «, dijo Costas Synolakis, de la Universidad de California. Los autores describen el desastre como una «cascada de fracasos industriales, regulatorios y de ingeniería», que llevó a una situación en la infraestructura crítica, los generadores de respaldo para mantener el enfriamiento de la planta en caso de pérdida de la alimentación principal, a sufrir daños irreparables.

En las cuatro centrales nucleares dañadas (Onagawa, Fukushima Dai-ichi, Fukushimi Dai-ni y Toka Dai-ni) 22 de los generadores diesel de respaldo de 33 existentes fueron arrasados, incluyendo 12 de 13 en Fukushima. De las 33 líneas totales de energía de reserva todos menos dos fueron borradas por el tsunami. Al no poder enfriarse, los reactores de Fukushima acabaron fundidos uno por uno. «Lo que condenó a Fukushima Dai-ichi fue la destrucción de los generadores diesel de emergencia«, escribieron los autores.

El PSOE y Greenpeace alertan del peligro que supondrá para 216 municipios el transporte de los residuos nucleares al ATC

Europa Press.- Al tiempo que Greenpeace alerta del riesgo que supondrá el Almacén Temporal Centralizado (ATC) para 216 municipios de toda España por el transporte de residuos nucleares hasta Villar de Cañas (Cuenca), la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, aseguró que es «una tremenda irresponsabilidad» que el emplazamiento del ATC en Cuenca suponga «que 40 camiones al año vayan a transportar por el país residuos radiactivos sin ninguna seguridad«.

Maestre indicó que estos camiones «pasarían por 216 municipios de todo el país y 71 de Castilla-La Mancha», criticando que «se carezca del plan de seguridad necesario para transportar los residuos». La portavoz subrayó que este hecho «consolida aún más» la posición del Gobierno regional y del PSOE «de que esta instalación no debe salir adelante», lamentando el «empeño» del Gobierno central en ubicar «porque sí» el silo «en un emplazamiento que es sumamente pernicioso e inadecuado«. «Ya se sabía que el emplazamiento carecía de idoneidad, que faltaban informes técnicos en toda la tramitación y ahora se conoce que se carece de un plan de seguridad para el transporte«, reiteró.

La socialista se preguntó «cómo es tan irresponsable el Gobierno de España empeñándose en dejar esta papeleta en Castilla-La Mancha«. «No hay plan de evacuación ni medidas», argumentó, afirmando que «esto se sabe porque hay un Gobierno que tiene la determinación de que el proyecto debe ser paralizado», en referencia al Ejecutivo autonómico. En este sentido, Maestre señaló que, además de las propuestas que su partido ha llevado a cabo en los parlamentos regional y nacional «en la línea de que se paralice el ATC», también avanzó que no se descartan iniciativas en los municipios por los que pasarían las rutas de los camiones que transportarían los residuos «sin las más mínimas medidas de seguridad».

Riesgo del transporte al ATC

Por su parte, Greenpeace alertó de los riesgos del transporte de residuos nucleares hasta el ATC de Villar de Cañas (Cuenca), si finalmente se realiza, para los 216 municipios por los que pasarían unos 40 camiones al año, con el riesgo de accidente de tráfico que ello supondría. Así lo recoge la organización en su iniciativa El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios.

La ONG alerta de que durante el transporte de estos residuos se irradiaría a las personas más próximas a los contenedores, las cuales recibirían mayores dosis en función de la distancia y el tiempo de exposición. También advierte de que pueden producirse accidentes porque es «imposible» predecir las situaciones inesperadas y recuerda los accidentes que se produjeron en Estados Unidos y en Reino Unido. Además, destaca que los contenedores no son invulnerables y apunta que a pesar de que el proyecto contempla que estos contenedores deben soportar una caída libre de 8 metros y, en caso de incendios, aguantar 800 grados centígrados durante media hora; indica que «muchos investigadores consideran que estos parámetros son escasos».

También alerta del riesgo para la economía debido a que la radiactividad deteriora el valor de las propiedades inmobiliarias y causa perjuicio al turismo. Además, subraya que el proyecto supondría un «despilfarro económico», ya que costaría 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa, frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada central, los cuales ya están construidos o en proyecto en 8 de los 9 reactores nucleares. Además, del coste de cada Almacén Temporal Individualizado (ATI) se encargaría cada central. Asimismo, destaca que es «casi imposible» la prevención de un sistema de evacuación, refugio y descontaminación en caso de accidente para la población cercana.

El documento traza las siete rutas que seguirán los residuos nucleares de camino al ATC, designadas por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). En concreto, los 40 camiones que transportarán los residuos circularán anualmente por Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, lo que supondría una media de 3 transportes cada mes, según los cálculos de Enresa. Estas rutas pueden ser consultadas en www.greenpeace.es/maparutasnucleares. También se puede consultar la situación de las centrales nucleares, del cementerio nuclear y de los puntos negros de la carretera por los que pasarán las rutas. A través del mapa, la ciudadanía puede enviar un email a los responsables de los municipios afectados para pedir una moratoria.

Por otro lado, la organización denuncia que en la actualidad el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha tramitado su informe para la autorización previa para el emplazamiento y ha iniciado la licitación de la obra civil, «sin tener aún» todos los preceptivos informes previos, lo que pone de manifiesto una «situación irregular». Por todo ello, Greenpeace pide la paralización «inmediata» del ATC mediante una moratoria que implique la paralización de los permisos, autorizaciones y licencias hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan todas las evaluaciones de peticiones de información técnica y estas decisiones se sometan a un proceso de participación pública para escoger la alternativa más apoyada.