Entradas
Soria dice que las críticas del PP de Castilla y León debían haberse quedado «en casa»
Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, rechazó las «descalificaciones» lanzadas contra él desde el Gobierno de Castilla y León, cuyo portavoz había reclamado previamente su dimisión, y recordó a sus compañeros del PP que ese tipo de críticas debían haber se quedado «en casa» y no hacerse públicas.
«Cada cual tiene que pensar por qué critica y lo que tenga que decirle a cualquier compañero del partido siempre se lo diría en casa, nunca en la plaza pública del pueblo», aseveró Soria. El ministro de Industria aseguró que «siempre» ha pensado que «las descalificaciones descalifican a quien descalifica». «No tengo nada que decir», aseguró Soria para reconocer que no había «llamado» a Herrera.
El ministro no quiso juzgar cómo puede interpretarse que su propio partido le pida la destitución, a lo que ha respondido que eso debería preguntarse «a quienes llevan a cabo ese juego». «En ese juego normalmente no entro, nunca he entrado, habría que preguntar directamente a quienes lo llevan a cabo», dijo, al tiempo que reconoció que él se siente «responsable de los resultados en Canarias», cuya partido regional preside y que ha perdido casi la mitad de sus escaños.
Además, el ministro de Industria recordó que ha «felicitado» a Herrera públicamente porque, «aunque no con mayoría absoluta en esta ocasión», Herrera ha tenido un resultado «que podemos calificar muy bueno, a un solo procurador de la mayoría absoluta«. Soria también optó por felicitar a Herrera el martes después de que Herrera le criticara en una entrevista al hablar de «la absoluta insensibilidad y arrogancia con la que el Ministerio y el ministro de Industria están tratando un tema tan sensible como es el tema de la minería del carbón».
Sáenz de Santamaría no ve «oportuno» y «justo» que el Gobierno de Herrera pida la dimisión de Soria
Servimedia.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ve «oportunas» ni «justas» las reivindicaciones del Gobierno de Castilla y León pidiendo la dimisión del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. «Declaraciones como ésa en este momento no son oportunas y tampoco las veo justas», admitió la número dos del Gobierno para asegurar que las «circunstancias» generadas tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales son «para un análisis y una reflexión serena y sosegada«.
Preguntada por las críticas desde el partido y las comunidades autónomas al Gobierno del que ella es número dos, Sáenz de Santamaría volvió a llamar al «análisis y reflexión serena». «Eso es lo que tenemos que hacer todos en el Gobierno, en el partido y en todas las instancias, analizar qué ha pasado, en qué podemos mejorar y trabajar para lograrlo», dijo. Además, Sáenz de Santamaría defendió que lo que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «a lo largo de estos años es mirar el interés de los españoles» y «la situación de España«.
«Las palabras del señor Juan Vicente Herrera, viendo todo el corte completo no iban en la dirección en la que se han interpretado, pero sí quiero decir que la mirada de estos años del presidente del Gobierno ha sido que los españoles pudieran recuperar el bienestar después de una crisis muy larga, muy dura y muy complicada«, resaltó. Se refería así a las declaraciones de Herrera en Onda Cero en las que aseguró que le diría a Rajoy que se mirara en «el espejo» para responderse si tiene que ser el candidato del PP a las generales aunque también afirmó que «tiene todas las razones, legitimidades y motivos para serlo».
La Junta de Castilla y León cree que Soria ha hecho méritos para dimitir o ser destituido
Redacción / Agencias.- El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, fue contundente al responder al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y señaló que «ha hecho méritos para dimitir o para ser cesado» en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León. De Santiago-Juárez criticó la gestión del ministro de los problemas del carbón que afectan a las cuencas mineras de la comunidad y le acusó de dejar «destrozado» al PP canario.
Así se sumó De Santiago-Juárez al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien culpó al ministro Soria de haber perdido la mayoría absoluta en Castilla y León al no haber gestionado adecuadamente el conflicto de la minería en la provincia de León y haber actuado con «arrogancia» y «absoluta insensibilidad», a lo que el propio ministro respondió que en las provincias de Soria y de Segovia el PP perdió el 50% y el 46% de los votos, respectivamente, sin ser provincias mineras. En opinión del consejero portavoz, el ministro volvió a contestar a Castilla y León de forma «soberbia y arrogante» y mostrando un «desconocimiento claro de lo que había pasado en las elecciones«.
Lo cierto es los datos aportados por el ministro Soria son erróneos ya que el PP perdió en la provincia de Soria un 33% de los votos pero esta caída no se tradujo en pérdida de escaños para las Cortes de Castilla y León pues mantendrá los tres procuradores que ya tenía. En lo que respecta a la provincia de Segovia, el PP se dejó un 31,6% de los votos y esta pérdida sí que supuso la pérdida de un procurador en favor de Podemos.
Soria habló de que en Soria y en Segovia no hay minas y que allí el resultado del PP de Castilla y León también había sido malo, a lo que el portavoz en funciones de la Junta contestó que «no tenía ni idea» de lo que había ocurrido en las elecciones autonómicas y municipales. Por ello, De Santiago-Juárez argumentó que en Soria el PP mantiene los mismos procuradores autonómicos que la anterior legislatura y en Segovia se ha perdido uno. «Donde no hay minas es en Canarias, y ahí el PP sí ha perdido el 50% de los votos», zanjó el consejero portavoz, aunque el cálculo exacto dice que perdió un 41,5% de los votos.
De Santiago-Juárez indicó que la pérdida de apoyo electoral tiene «distintos y muchos factores», pero le parece «evidente» que en la comarca leonesa de El Bierzo y en la provincia leonesa en general se produjo una «pérdida importante de procuradores». Sin embargo, De Santiago-Juárez defendió que, más allá del intercambio de opiniones sobre la responsabilidad en el resultado electoral, «lo prioritario es que se solucione el problema de la minería porque detrás de esto hay personas que lo están pasando muy mal y sufriendo mucho«.
Energía en Común
El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo está teniendo consecuencias a múltiples niveles, también desde el punto de vista del sector energético. No está siendo inocuo, puesto que está dibujando un mapa político muy complejo, dónde el abordaje pasado de los cuestiones energéticas no beneficia el enfoque futuro; es más, lo condiciona. En todo caso, la política seguida en estos cuatro años no ha sido ajena a que se produzca este resultado funesto.
Durante la campaña repasamos las propuestas en materia de energía de las principales formaciones políticas aunque no era el ámbito de gobierno adecuado el que estaba en juego en las urnas. Está claro que la resolución de la cuestión energética es algo no resuelto desde el franquismo, con su disimulo respecto al shock energético del 73: se aborda desde presupuestos intervencionistas, ocultando parte de la realidad de los decisiones políticas tomadas, sobreinversiones, sobrerretribuciones, combinado con una letal intención de “protección” al consumidor y de buenismo para todos los colectivos. Sus resultados son inverosímiles, disfuncionales desde una concepción del sistema energético y, a la vez, causantes de deterioro a las empresas, los mercados y del sector.
Así, las propuestas incluidas en los programas estaban más centradas en aspiraciones maximalistas: hacia el cambio de modelo energético, en las que se tuvo que desmentir la nacionalización de las empresas; otras con la secesión del sistema eléctrico en ciudades como Barcelona; y otras con fórmulas de inclusión de nuevos impuestos sobre las empresas energéticas, prosiguiendo con el modelo de hostigamiento, entendiendo la energía como un suministro objeto de gravamen.
El resultado ha devenido en un efecto que se aprecia en la Bolsa, ante la consumación del ascenso de las candidaturas impulsadas por Podemos: Barcelona en Comú, con Ada Colau, con algunas dudas actualmente respecto a su designación como alcaldesa de la ciudad, o con el señalamiento de Manuela Carmena como posible alcaldesa en Madrid.
En el partido del Gobierno también se han producido estragos relacionados con la energía a cuenta de las elecciones con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, atribuyendo al ministro de Industria, José Manuel Soria, parte del fracaso electoral por su política respecto al sector minero español. Una cuestión, por otra parte, cada vez más imposible de abordar sin politización. A eso se une la justificación de los malos resultados de los populares en Canarias como un efecto de los sondeos petrolíferos. Además, el conflicto en determinadas comunidades autónomas por los recortes operados en las tecnologías de régimen especial también estuvo presente durante la campaña.
El hecho es que los nuevos consistorios y comunidades autónomas se constituyen con varios transfondos relacionados con la energía, desde la pobreza energética, la evolución de la política y precios energéticos en el marco de las reformas pasadas y sus efectos latentes, el futuro de la minería nacional, los sistemas metropolitanos independientes sugeridos, el fracking y el resto de iniciativas políticas más o menos recientes. Permanezcan atentos a las pantallas.
Elecciones del 24-M y energía
Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo están siendo un excipiente, muy particular desde el punto de vista energético, que se configura como uno de los elementos recurrentes de la controversia pública.
Como consecuencia de la profusión con la que los partidos, principalmente los emergentes, se están empleando en definir, de una forma u otra, un cierto programa que perfile su oferta política, lo cierto es que les está llevando a pisar terrenos que, claramente, no pertenecen al ámbito de las competencias de las Administraciones concernidas en estos comicios. Básicamente, de forma apropiada, estaríamos confinando el debate en estas elecciones a cuestiones relativas al fomento de la eficiencia energética y el despliegue de nueva potencia renovable, en el caso de que desde la Administración central se propugnase.
Esa extralimitación, enormemente morbosa, es el resultado de un sistema político que se encuentra en un momento de excepcionalidad disfuncional. Sólo así es posible comprender, por maximalista, que en este marco se pueda elucubrar alrededor de la eventual nacionalización de las empresas energéticas o del cuestionamiento del funcionamiento de los mercados como mecanismo de asignación y gobernanza en los sectores energéticos en nuestro país, o qué se utilicen premisas falsas o incompletas sobre qué tecnologías son baratas o caras. Todo ello sin una sola réplica. ¿Cómo es posible esta desmesura?
A esto contribuye que estas elecciones aparecen como un mecanismo de evacuación del malestar ciudadano hacia el clima político: un plebiscito entre el bipartidismo y los partidos emergentes. Así, se trata de interpretar cualquier señal que emiten estas nuevas fuerzas, aunque sean formulaciones intencionales o aproximaciones puramente dogmáticas o discursivas. Así, la forma de abordar cuestiones como la pobreza energética, los precios del kilowatio o del butano evidencian posiciones económicamente muy oblicuas y con la mirada excluyente de la evolución de los precios del crudo y de los mercados internacionales.
Los expertos en comunicación política afirman que la campaña empieza el mismo día que finaliza un proceso electoral y se nombra gobierno. En este sentido narrativo, en esta legislatura, se ha tratado de meter en cintura el déficit tarifario eléctrico en términos contables, pero determinados problemas de fondo siguen coleando y larvados, fruto de la falta de definición de una política energética fuera de los maximalismos, de la distribución de beneficiados y perjudicados y de la falta de convicción liberalizadora y de mercado en España.
Si se une la debilidad institucional, la tendencia a la sobreinversión y el estallido de los escándalos políticos en torno a las burbujas sectoriales el coctel es muy peligroso. El hecho, es que la politización en torno a la cuestión de los precios de la energía (electricidad, gas, carburantes y butano) se ha acentuado, con independencia de lo ejecutado en estos sectores y sus respectivos sistemas tarifarios y de precios, incluyendo las especulaciones sobre posibles rebajas a la vista; con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide.
Exquisiteces aparte, la cuestión no es que las cuestiones energéticas que se están abordando en esta campaña pertenezcan al ámbito municipal y autonómico. Quizá, habrá que plantearse las posibilidades que entraña el modelo de pactos entre partidos al que nos avecinamos, con el discurso político predominante en nuestro país sobre la energía y lo que se puede entrever. Para nota.
El PSOE y Podemos hablan del suministro eléctrico como un «derecho» y un «servicio social»
Servimedia / Europa Press.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a establecer, cuando los socialistas lleguen al Gobierno, un «derecho mínimo» de electricidad y de gas a los que destinen más del 10% de su sueldo al recibo de la luz. Asimismo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que la luz y el agua «tienen que ser servicios sociales». En Castilla-La Mancha, la actual presidenta autonómica y candidata, María Dolores de Cospedal, promete una bajada del 25% en el impuesto autonómico de los carburantes.
En este sentido, el líder socialista afirmó que la lucha contra la pobreza va a ser «el centro de su política social y económica» y en ella estará combatir la llamada pobreza energética. Por ello, Sánchez propone la creación de unos consumidores vulnerables, a los que definió, «como pasa en todos los países de la Unión Europea», como aquellas personas que tengan que destinar más de un 10% de su sueldo al recibo de la luz, que tendrán unos «derechos mínimos» de energía y gas.
«Para todos ellos el PSOE, en cuanto llegue al Gobierno, definirá un derecho mínimo energético de suministro de luz, de gas y de electricidad porque se necesita para poder vivir con dignidad», explicó Sánchez. Esta propuesta la planteó tras criticar la medida del Gobierno que ha hecho subir en esta legislatura en un 60% la parte fija del recibo de la luz. «Consumáis luz o no, tendréis que pagar un 60% más, eso es, sobre todo para las personas con pocos recursos, demoledor», aseguró Sánchez.
Podemos carga contra las compañías
Por su parte, entre las medidas que propone Podemos, Pablo Iglesias ha citado la «desprivatización» de algunos servicios públicos. El secretario general de Podemos reivindica que la luz o el agua no sean mercancías. «Tienen que ser servicios sociales, no puede ser que esas compañías energéticas que se beneficiaron de una falsa liberalización en 1997 tengan el doble de beneficios que en Europa, que sean un oligopolio de capital extranjero, al tiempo que a los ciudadanos de este país se les corta la luz, se les corta el agua o se les corta el gas».
«Un Gobierno patriota no necesita envolverse en banderas, y entiende que la patria es la gente. Y un patriota no consiente que corten la luz, el agua o el gas, porque los ciudadanos no puedan pagar la factura«, subrayó. La ley, indicó, está para cumplirse, «y aquellas compañías que apliquen cláusulas abusivas tendrán que ser sancionadas porque ya está bien de que se sancione a los de abajo», dijo Iglesias.
Rebaja manchega de los carburantes
Como promesa de corte autonómico, la candidata del PP a la Junta de Castilla-La Mancha y actual presidenta, María Dolores de Cospedal, anunció que se pondrá en marcha una bajada en un 25% del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) y un plan para su paulatina desaparición. Así lo anunció la candidata del PP en un encuentro ante más de 250 empresarios, añadiendo que será al comienzo de esta legislatura cuando comience a funcionar esta nueva medida.
La rebaja del 25% supondrá pasar de pagar 4,8 céntimos por litro de combustible a 3,6 céntimos por litro de combustible una vez que se ponga en marcha esta medida, que se materializará en forma de ley. Una vez se aplique esta reducción y según la marcha de la economía y del precio del petróleo, el Gobierno regional trabajará para que este impuesto desaparezca paulatinamente. Además, se consensuará con todo el sector, según explicó Cospedal.
Podemos presenta sus primeras medidas en materia energética en su programa electoral del 24-M
Redacción / Agencias.- La formación que lidera Pablo Iglesias da un paso adicional para combinar populismo con desradicalización, a base de medidas tan calculadas como ambiguas en su formulación, que van desde reclamar la consideración del suministro energético como servicio público, fijando un límite máximo de gasto mensual para los hogares del 10 %, con la atracción del votante ecologista y la fijación de ecotasas a empresas.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentó hoy el programa de partido para las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo. En el ámbito energético, las medidas conocidas siguen las principales tendencias, desradicalización de su discurso económico, ambigüedad e inconcreción sobre las medidas y su viabilidad, así como su inclusión en un conjunto de medidas denominadas de rescate ciudadano.
Medidas en Electricidad y gas
Dentro de estas medidas de rescate ciudadano, Podemos manifiesta que los suministros de gas y electricidad han de recuperar el carácter de servicio público, «entendiendo como servicio público una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas».
En este sentido, pide no proceder al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos «ajenos a su voluntad» y, en particular, por «pobreza sobrevenida».
Máximo de gasto de electricidad por hogar y Fondo Autonómico contra la Pobreza Energética
Además, «se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar», que no podrá superar el 10 % de los ingresos mensuales del hogar, configurado como un máximo. «El dinero provendrá de un fondo autonómico contra la pobreza energética» y el consumidor «tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida, mientras la situación de pobreza persista».
Podemos propone, en este punto, una sanción a las compañías públicas o privadas de suministros en caso de que sus contratos contengan cláusulas abusivas o se detecte falta de transparencia en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.
Ecotasas para las empresas eléctricas
Asimismo, aplicará «ecotasas» que graven las actividades contaminantes de las empresas eléctricas. «Lo recaudado se dedicará a actividades con impacto medioambiental positivo y que sean compatibles con la lucha a medio plazo contra la pobreza energética», explica Podemos.
Podemos también creará ’impuestos verdes’ para hipermercados, hoteles e industrias contaminantes.
Energías Renovables y Guerra al «fracking»
El partido encabezado por Pablo Iglesias apuesta por «alcanzar la independencia energética usando prioritariamente energías renovables a largo plazo» y adquiere el «compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica» o ’fracking’, así como de ofrecer ayudas a los sistemas de calefacción y agua caliente renovables y de establecer «un plan ambicioso» de medidas de ahorro y eficiencia en los edificios públicos. En concreto asegura que declarará las Comunidades Autónomas dónde Gobierne como «zonas libres de fracking»
La protección del medio ambiente: «un aspecto transversal», impuestos verdes y un rescate ecológico y medioambiental
Podemos se compromete a impulsar desde las comunidades autónomas donde gobierne una nueva política tributaria con impuestos medioambientales para industrias contaminantes, hoteles y grandes zonas de venta como los hipermercados, así como para las bolsas de plástico de un solo uso.
Esta fuerza política señala en su programa electoral que la protección del medio ambiente «se convertirá en un aspecto transversal que alcanzará todas las áreas» en el caso de que gobiernen, de manera que sus políticas tendrán en cuenta «criterios de eficiencia y sostenibilidad».
Entre las prioridades en este capítulo, destaca el desarrollo de un Plan de Rescate Ecológico y Ambiental, la lucha y mitigación de los efectos contra el cambio climático, la revisión y el desarrollo de la normativa ambiental, la ordenación del territorio como «política troncal» autonómica, la generación de empleo verde y el impulso a la investigación científica y técnica sobre problemáticas ambientales y formas de producción limpias y seguras.
Podemos declara «susceptibles» de aplicación cinco ’impuestos verdes’: sobre la contaminación atmosférica cuando se superen los límites superiores a los legales, sobre «actividades de alto riesgo ambiental» como las industrias de fabricación de contaminantes, sobre «el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta» mediante el volumen de envases y embalajes generados, sobre los establecimientos turísticos y sobre las bolsas de plástico de un solo uso.
Transporte público y fomento del uso de la bicicleta
En cuanto al transporte, defiende el impulso de medios de transporte alternativos al coche particular, como el transporte público, el ferrocarril (incrementando la cuota modal de transporte de mercancías hasta alcanzar la media europea), los vehículos eléctricos y la bicicleta.
A este respecto, promete fomentar el uso de la bicicleta asegurando la intermodalidad entre las rutas peatonales y de bicis y las redes de transporte metropolitanas; incrementando la red de itinerarios peatonales, escolares y ciclistas, y elaborando un Plan Estratégico de la Bicicleta que fomentará ejes arteriales ciclistas que crucen ciudades y pueblos.