Soledad Becerril aboga por bajar el IVA para combatir la pobreza energética y revisar el bono social

La institución abogó por una «reflexión sobre las condiciones en que se presta el suministro eléctrico», debido no sólo a la crisis económica sino también al «constante incremento del precio de la electricidad, que es un bien esencial para una vida digna, acaecido en los últimos años».

Por eso, consideró necesaria una reducción del IVA para los suministros básicos de luz y gas, propuesta que Becerril trasladó al Ministerio de Hacienda durante el diseño de la reforma fiscal el año pasado, sin éxito.

Sobre el bono social, lamentó que exista una «desvinculación» entre la ayuda y el nivel de renta de las familias, lo que «genera una situación de discriminación» ya que hay determinados consumidores de baja renta sin derecho a este bono por no estar incluidos en los colectivos autorizados, mientras otros se benefician independientemente de sus ingresos.

Por eso, Becerril pidió que se redefina el concepto de consumidor vulnerable vinculándolo a criterios de renta del consumidor, al margen de que se puedan establecer también otros requisitos personales. A su vez, abogó por clarificar las facturas eléctricas y los incrementos de precio en el término fijo de la electricidad, y reclamó un refuerzo delos derechos informativos en los procesos de cambio de contador.

Además, el Defensor del Pueblo también actuó el año pasado ante el peaje al autoconsumo de electricidad, por el que se grava no sólo la electricidad que el particular vierte a la red o la que recibe, sino también la que genera para su propio consumo, y recomendó a la Secretaría de Estado de Energía no establecer estos peajes.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo señaló que el denominado «peaje de respaldo» que deberán pagar los consumidores de energía eléctrica acogidos al autoconsumo de energía eléctrica, cuya modalidad más frecuente es la instalación de placas fotovoltaicas, ocasionó numerosas quejas.

Para la institución, «no parece estar justificada la imposición de peajes al autoconsumo de energía eléctrica, cuando no hay vertido del excedente de energía no consumida a la red».

Respecto al régimen retributivo de la energía fotovoltaica, señaló que los pequeños ahorradores plantearon las consecuencias negativas de la modificación del régimen retributivo de la energía fotovoltaica, ya que realizaron sus inversiones al amparo de un sistema que ha sufrido varias modificaciones, generando una pérdida de sus expectativas económicas.

A este respecto, recordó que la situación es distinta para los inversores españoles y para algunos inversores internacionales, con la opción del recurso al arbitraje internacional como «una solución viable únicamente al alcance de los inversores de los países signatarios» del Tratado sobre la Carta de la Energía. No se dan condiciones «en igualdad», señaló.

Así, el Defensor del Pueblo dijo que recomendó a la Secretaría de Estado de Energía la adopción de las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución no reciban peor trato que los inversores internacionales, así como el establecimiento de los mecanismos convenientes «para compensar el sacrificio singular» que el cambio retributivo implicó para los inversores españoles. Esta recomendación no fue aceptada, concluyó.