Resumen de la Cumbre de Primavera celebrada entre el 8 y el 9 de marzo por la Unión Europea

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha defendido la necesidad de fijar durante la cumbre que comenzó el 8 de marzo un objetivo ’obligatorio’ en la UE del 20% de energías renovables sobre el total del consumo para el año 2020, para demostrar ’credibilidad’ en la lucha contra el cambio climático y para dar ’seguridad’ a la industria y a los inversores.

Durao Barroso subrayó que las energías renovables son indispensables para garantizar la ’sostenibilidad’ pero también la ’seguridad de suministro’, ya que ’cuanta más energía renovable tengamos menos dependeremos de los combustibles fósiles que ahora importamos’. Por ello, defendió un objetivo obligatorio ’por una cuestión de credibilidad, porque es mucho más creíble un objetivo obligatorio que uno indicativo’. Asimismo, explicó que todos los empresarios con los que ha consultado han abogado también por el establecimiento de objetivos obligatorios para poder hacer ’planes de inversión a largo plazo’.

El presidente de la Comisión rechazó la propuesta de Francia, que consiste en fijar un objetivo global de energías con bajas emisiones de dióxido de carbono que incluya las renovables pero también la nuclear. El motivo es que los Estados miembros están ’absolutamente divididos sobre lo nuclear’, por lo que si Bruselas intenta fijar objetivos en esta materia ’no habría progresos en política energética’. ’La decisión sobre lo nuclear corresponde a los Estados miembros. Sabemos que hay países, como Francia, que son muy favorables a la energía nuclear. Al mismo tiempo debemos respetar a los que no quieren desarrollar este tipo de energía’, recalcó Barroso.

También pidió a los líderes europeos que den su visto bueno al resto de objetivos propuestos por la Comisión para luchar contra el cambio climático, especialmente el recorte en un 20% de las emisiones de efecto invernadero de la UE de aquí a 2020 en relación con los niveles de 1990, cifra que se ampliaría al 30% si el resto de países industrializados se suman a un acuerdo internacional contra el cambio climático.

Barroso anunció que, tras la cumbre, empezará a trabajar en sus propuestas para repartir la carga de esta disminución entre los diferentes Estados miembros, y que las presentará en el tercer trimestre del año.

Finalmente la Unión Europea acordó establecer un objetivo vinculante para que el 20% de su consumo energético de 2020 proceda de fuentes renovables, aunque teniendo en cuenta la situación específica de cada Estado miembro, así lo anunció la canciller alemana, Angela Merkel.

La cumbre de la UE aprobó una amplia estrategia de política energética y lucha contra el cambio climático que incluye también el compromiso de reducir un 20% sus emisiones de CO2 en 2020 respecto a las de 1990 y que los biocombustibles alcancen el 10% del consumo de carburantes en 2020.

La Comisión Europea tendrá que proponer ahora la distribución de este objetivo de energías renovables entre cada uno de los Veintisiete Estados miembros de la Unión. «Algunos países tiene muy poca experiencia en renovables», explicó Merkel en la conferencia de prensa final tras la conclusión de la cumbre comunitaria. La presidenta de turno de la UE aludió, en concreto, a los nuevos países miembros y valoró la voluntad que han demostrado a pesar de su escasa tradición en este ámbito.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, prometió en la misma conferencia de prensa que Bruselas presentará las primeras propuestas sobre asignaciones nacionales para el tercer trimestre de este año, y recalcó que hubo un «acuerdo claro» a favor de una cifra vinculante en renovables. La canciller vaticinó que estas negociaciones serán muy difíciles pero insistió en que el acuerdo para establecer un objetivo obligatorio demuestra la capacidad de la UE para actuar en áreas muy relevantes.

Angela Merkel hizo hincapié en que «las renovables deben ser renovables y no otra cosa», en alusión a la propuesta de algunos países, como Francia, de tener en cuenta la presencia de energías que producen reducidas emisiones de CO2, como la nuclear. Merkel dijo que «cada país es un caso especial» debido a las peculiaridades de su modelo energético. Se mostró muy satisfecha porque los 27 hayan sido capaces, finalmente, de marcarse unos objetivos «ambiciosos y creíbles» para luchar contra el cambio climático y destacó que todos los líderes mantuvieron una actitud constructiva. Destacó, entre las decisiones adoptadas hoy, la petición a la Comisión Europea para que presente en 2008, o a más tardar en 2009, una propuesta legislativa para mejorar la eficiencia energética en el alumbrado urbano y en los estándares de las bombillas de iluminación.

Merkel señaló que esta iniciativa, que puede suponer una contribución muy relevante en la lucha contra el cambio climático, no equivale a «un activismo exagerado, sino que es una medida práctica que puede marcar la diferencia». La canciller recalcó que, aunque es necesario continuar la discusión sobre política energética en la UE, las decisiones adoptadas en este Consejo marcan una «diferencia cualitativa».

Sin embargo, la Cumbre dejó en un segundo plano el debate de la separación patrimonial entre las actividades de suministro, producción y explotación de redes de energía y aparcó la toma de decisiones concretas hasta su próxima cita de junio. Este era una de los dos temas más polémicos que iban debatir los Veintisiete, pero finalmente el trabajo se ha centrado en culminar con éxito sólo uno de ellos, la adopción de objetivos vinculantes en energías renovables.

Fuentes diplomáticas de la UE reconocieron que la oposición a la separación patrimonial de la Presidencia de turno, Alemania, pudo influir en el hecho de que no hubiera avances significativos en esta cuestión.

Finalmente, en el texto de conclusiones aprobado por los líderes europeos se reconoce que la distinción efectiva entre el suministro, la producción y la explotación de las redes es necesaria, pero no se menciona ninguna opción para llevarla a cabo. El Consejo invitó a la Comisión a presentar las propuestas correspondientes e, incluso, a desarrollar una legislación cuando sea posible.

En cuanto al fomento de la producción y el comercio de bio-carburantes, los líderes de la Unión han llegado a un ambicioso acuerdo en el que se impone a todos los países comunitarios un consumo obligatorio del 10%, dentro del total del combustible en el transporte en 2020.

El pacto de los Jefes de Estado y de Gobierno comunitarios para fijar esa cuota obligatoria impulsará la obtención de bio-combustibles dentro de la UE -en el que España ha sido pionera-, así como políticas para contrarrestar el liderazgo de Brasil. Sin embargo, las previsiones de Bruselas apuntan a que por mucho que se desarrolle la producción de esos combustibles ecológicos, la UE no será autosuficiente y a medio plazo, van a seguir las importaciones, por ejemplo de bio-etanol (obtenido de caña de azúcar) de Brasil.

Mientras que para las renovables la UE va a tener en cuenta la situación de cada país, al hablar de bio-carburantes en el transporte, se ha pensado que el 10% sea obligatorio para todos los Estados miembros por igual. La validez de este compromiso dependerá de que «la producción sea sostenible», los biocombustibles de segunda generación estén disponibles comercialmente y se hagan los ajustes legales pertinentes, según las conclusiones de la Cumbre de la UE.

El pacto sobre cuotas obligatorias de bio-carburante se produce poco más de un año después de que el actual equipo de la Comisión Europea (CE) presentara una estrategia para fomentar la utilización de esos combustibles. El Ejecutivo comunitario defendió entonces la necesidad de impulsar políticas para combatir el liderazgo de Brasil en la producción del bio-combustible e incluso un grupo de países comunitarios han llegado a pedir un impuesto aduanero para frenar las importaciones brasileñas.

Aunque Bruselas trabaja por impulsar la obtención de bio-carburante en los países menos desarrollados y en la UE, la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha reconocido que la producción doméstica no será suficiente.

El sector de los bio-combustibles será uno de los más importantes en las negociaciones comerciales que mantiene la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Por otra parte, países como Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Panamá han tenido un trato preferente en su venta de bio-carburante a la UE gracias al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).

El desarrollo del etanol en Brasil ha obstaculizado la industria del bio-carburante en estados pequeños del Caribe y por ese motivo la CE abogó por potenciar la materia agrícola para su obtención en los estados ACP (África, Caribe y Pacífico).

Asimismo, los parabienes a los biocarburantes han servido a Bruselas para argumentar que así habría una salida a los remolacheros europeos y a los productores de azúcar de los ACP afectados por la reforma radical que recortó sus precios. Entre los inconvenientes, sindicatos agrarios y algunos grupos políticos denuncian que su obtención puede elevar los precios agrícolas y por otro lado, cabe el riesgo de que se acelere la deforestación, en bosques tropicales de Brasil o Borneo, con el fin de cultivar materias primas para esos combustibles.

La UE produce 1.758.000 toneladas de bioetanol (fabricado a partir de alcohol hecho de productos azucarados, como la remolacha ó restos vinícolas, aunque también puede fabricarse con cereal) y 6.070.000 toneladas de biodiésel (a partir de girasol, soja o grasas animales), según datos de 2006.

España ha sido uno de los pioneros y en bioetanol ocupa el tercer lugar de la UE, con una capacidad productiva de 415.000 toneladas, que superan Alemania (576.000 toneladas) y Francia (499.000). En biodiesel España, con 224.000 toneladas, es el quinto productor, por detrás de Alemania, el líder (2,7 millones de toneladas), Italia, Francia y el Reino Unido.

En cuanto al difícil tema de las emisiones de CO2 la UE se plantea que la superficie forestal sea uno de los criterios para permitir a los Estados un mayor margen de emisiones de CO2, lo que fue considerado por el presidente polaco, Lech Kaczynski, una «gran victoria» para su país.

El acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE para reducir en un 20 por ciento las emisiones de CO2 en Europa recoge varios factores que se podrán tener en cuenta a la hora de dividir el esfuerzo de recorte que cada país miembro deberá afrontar en el marco del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones. Entre ellos figura el papel de los bosques en la reducción de la contaminación, el uso del suelo y el modelo de transporte predominante.

Kaczynski destacó en rueda de prensa la importancia que tiene para Polonia la mención del efecto positivo de los bosques, ya que, dada la importante masa forestal con que cuenta su país, puede permitirle un esfuerzo menor en el recorte de emisiones. Además, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado para que el 20 por ciento del consumo energético de la UE en 2020 proceda de fuentes renovables, que finalmente recogió, como deseaba Polonia, la existencia de diferencias en el punto de partida y particularidades en cada país.

Polonia y la Declaración de Berlín

Por otra parte, Kaczynski se refirió al diálogo mantenido en esta Cumbre de Primavera de la UE sobre la «Declaración de Berlín«, que los Veintisiete aprobarán en la capital alemana el 25 de marzo para conmemorar el 50 aniversario del Tratado de Roma, que dio inicio al proceso de construcción europea. En este ámbito, confesó que él fue el único líder que «habló de forma clara» sobre la necesidad de mencionar las raíces cristianas de Europa en dicho texto y reconoció que se encontró con diferencias importantes en este punto en delegaciones como la francesa.

Kaczynski insistió en que Polonia se opone a que la declaración recoja alguna mención expresa al tratado constitucional de la UE, aunque aceptaría que se incluyesen referencias a posibles reformas institucionales. El presidente polaco aseguró que la Unión puede funcionar sin un nuevo tratado y mostró su voluntad de mantener el actual reparto de votos en vez del de doble mayoría previsto en el proyecto de Constitución europea. Polonia, junto a otros países que ingresaron en la UE en 2004, defiende que el texto incluya una mención al futuro abierto de Europa y a la posibilidad de nuevas ampliaciones.