Política y estabilidad regulatoria: el caso reabierto de las renovables

La reactivación del conflicto de las renovables (y en particular en el caso eólico), a cuenta de la remisión al Consejo de Estado de la propuesta de Decreto de la Secretaria General de Energía, introduciendo un número importante de elementos discrecionales en manos del regulador, plantea nuevamente la necesidad de la estabilidad como elemento que garantice el funcionamiento de los sectores económicos. Un sector económico que toma decisiones de inversión a largo plazo, quince o veinte años, lógicamente no puede quedar a socaire (esta será la palabra que apadrinará Energía Diario) del comportamiento del regulador de turno, en su interinidad. El regulador debe conocer los mecanismos económicos, no solamente técnicos, que rigen las tomas de decisiones de los operadores en un sector determinado para ofrecer la estabilidad y seguridad jurídica adecuada para cada tipo de negocio y de actividad.

Pero es un problema que va más allá y que alcanza de pleno también a los propios objetivos políticos de un gobierno. Nunca hemos oído más insistir de una manera más firme y decidida que al presidente Zapatero el compromiso con la promoción de las energías renovables en nuestro país. Eso es evidente. Hemos abanderado y liderado esta cuestión en las recientes Cumbres Europeas, cuestión que además hay que valorar muy favorablemente.

Del mismo modo, y con motivo del primer plan de energías renovables, fue necesario, dado su escaso cumplimiento, sustituirlo por el aprobado en 2005 y reforzar todas las políticas en este ámbito, para alcanzar objetivos más ambiciosos y conseguir resultados más intensos en generación a través de estas tecnologías. Y, esta nueva actuación regulatoria también puede contraer riesgos para el actual Plan de Energías Renovables 2005-2010, como apuntan todos los expertos.

En el caso de la reforma del decreto de renovables y de las energías en régimen especial, el Ministerio de Industria corre el riesgo de que, a través de la ingeniería y el manierismo regulatorio, desarrollar mecanismos plenamente discrecionales que abocan a la arbitrariedad y a la coyuntura en cada momento (a lo peor, es que eso no lo percibe como un riesgo). En dónde está ese poder se encuentra su propia debilidad, porque es decisivo que las decisiones del regulador sean estables y los comportamientos predecibles, sobre todo a la hora de conducir la iniciativa privada a estas actividades. Confiar en que los artefactos regulatorios sofisticados que permiten fomentar una cosa y la contraria, operen en mercados en que sus operaciones son a largo plazo, como las deducciones en el impuesto sobre la renta, puede ser un error de perspectiva.

Lo que realmente tenemos que pedir a nuestras autoridades es que en este buen sentido, hagan política. Pero política de verdad, política energética: desarrollo de renovables, desarrollo del mercado eléctrico, de las redes, visión estratégica y modelos de mercado, etc… No herramientas regulatorias que contengan un filo que pueden laminar los objetivos políticos del gobierno mejor intencionado por la propia finura legal y regulatoria que despliegue. Dejemos paso a la política de verdad, la que deja cambios profundos en la sociedad, por que son nítidos, estables, indudables y conocidos por todos.

Quevedo escribió “Política de Dios, Gobierno de Cristo y dictadura de Satanás” y este titulo de nuestro clásico más político, nos puede volver a remitir a las consecuencias de las actuaciones que se están llevando a cabo en el campo de las renovables, conforme las responsabilidades políticas se propagan en cascada, como fichas de dominó sobre sus responsables ministeriales. Y que, sin existir dudas sobre el interés en desarrollar esta energía, las actuaciones a lo largo de la cadena de mando, puedan ser contraproducentes y, de la alta política, la visión estratégica y los modelos sociales y de mercado, se impongan las interpretaciones y posibles arbitrariedades en su actuación, del cortoplacismo y de los administradores políticos de cada instante.