País Vasco quiere fijar por ley una reducción energética del 25% en las instituciones de la comunidad autónoma

EFE.- El Gobierno del País Vasco aprobó el Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, en el que recoge que las instituciones de Euskadi deben reducir en un 25% su factura energética para el año 2025. La consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Arantza Tapia, detalló esta iniciativa, que no se podrá tramitar en el Parlamento autonómico por falta de tiempo ya que esta legislatura, previsiblemente, acabará en octubre.

Tras el Consejo de Gobierno, Tapia explicó que este proyecto tiene como objetivo la reducción del consumo energético, el impulso de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente mediante la implantación de instalaciones de energía renovable en edificios públicos. «Queremos ser una administración pública responsable, ejemplar y referente en cambio climático«, ha defendido la consejera, quien ha destacado que para lograr la implicación de todos los agentes en este camino es preciso impulsar «una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la administración pública».

El proyecto afecta a todas las administraciones vascas, así como a sus organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y sociedades públicas. La iniciativa persigue que todas estas instituciones alcancen una reducción del consumo de energía del 25% en 2025. Asimismo, contempla que cada una de ellas logre para ese año que al menos un 25% de sus edificios disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables. Para ello, en las licitaciones para compra de energía eléctrica se valorará especialmente el origen renovable de la misma y se podrá exigir que el 10% de la energía adquirida sea verde, siempre y cuando sea «económicamente razonable».

Un plan de actuación energética

El texto señala que todos los edificios deberán disponer de un Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años y que todas las administraciones tienen que elaborar un plan de actuación energética con un diagnóstico en el que se desglosen las fuentes de consumo y medidas de sostenibilidad energética acordes a lo dispuesto en el proyecto de ley.

En el área de movilidad, a partir de 2020 todos los vehículos que adquieran las administraciones deberán utilizar combustibles alternativos. Esta medida no afecta a departamentos que por razones de seguridad pública precisen de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por combustibles derivados del petróleo. Las administraciones municipales deberán facilitar para 2025 que exista en cada municipio un punto de recarga de vehículos eléctricos por cada 2.000 habitantes. Este punto tendrá que instalarse en los edificios de nueva construcción.

La iniciativa también contempla que se avance de manera progresiva hacia el uso de transportes públicos con combustibles alternativos. Para ello, los pliegos de adjudicación tendrán en cuenta que el 100% de la flota renovada deberá usar este tipo de combustibles a partir de 2020. Además, también se plantea que los municipios podrán prohibir o restringir el acceso a determinadas zonas de vehículos que no usen combustibles alternativos o que sobrepasen determinados niveles de emisión.