Moscas y cañonazos

Como hemos señalado ya alguna vez en Energía Diario, desde la aprobación del R.D. 1578/2008, la energía solar fotovoltaica ha sido llevada, por distintos motivos y razones regulatorias, a un tornado provocado por una batidora en que se han incorporado muchos ingredientes: primero, un régimen regulatorio endiablado (el del R.D. 661/2007) que generó una inflación sectorial importante; segundo, el cambio regulatorio, crónica de una retribución anunciada y disruptiva que llevó a que se apreciaran casos en los que había indicios de fraude o de utilización indebida de la retribución; tercero, un organismo regulador-supervisor independiente, con las ideas poco claras de cómo actuar en un programa de inspecciones, sumergida en una crisis de credibilidad y necesidad de percepción política, con una tendencia freudiana a llamar la atención y a tocar a rebato (dígase de otra forma, matar moscas a cañonazos); cuarto, un Ministerio muy preocupado por la situación de las primas y por el posible fraude existente.

Por tanto, ahora resulta que la CNE se declara incapaz de gestionar la documentación de… ¡las 26.000 plantas fotovoltaicas instaladas!, todas sometidas a la sospecha o la presunción de culpabilidad e incorporadas a un plan de inspecciones exhaustivas, que ríanse ustedes de las cuarentenas por la gripe porcina. Imagínense que algo así se le ocurre a la Agencia Tributaria y que inspecciona a todos los ciudadanos españoles: a los que tributan por si hacen trampas y los que no tributan, por si acaso tuvieran que tributar.

Por ello, el organismo que preside Maite Costa, pide al Ministerio una dotación económica adicional para la realización de este programa de inspecciones que, de un modo espectacular, quiere desplegar a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. La CNE ha identificado perfectamente un punto en que el Ministerio de Industria es especialmente sensible, está dispuesta a reclamar más recursos y, como se dice vulgarmente, “pillar cacho” de forma oportunista. Es decir, llevárselo al huerto (solar, en este caso).

Y, lo sabemos, en la misma semana que conocemos uno de los nuevos episodios de actividad internacional multitudinaria del organismo, de los gastos en los coches de los directivos, contratación de los parkings, obras, instalación de pantallas para avisar de eventos, etc…, que ya son lugar común (a la vez que Industria anunció una reducción de recursos para el organismo).

Por tanto, ¿no sería más razonable que se instrumentara un programa de inspecciones racional, selectivo, con criterio, organizado, segmentado, perfilado, muestral… como son todos, vamos? ¿Es necesario revisar totalmente la gestión administrativa de las 26.000 plantas fotovoltaicas y provocar un tráfago de 500.000 documentos como estima el propio regulador? ¿Tanta política de campanario, con artículos a toda plana para encontrarnos esto así unos medes después? ¿No era reconducible a algo más sensato antes de haber montado semejante McGuffin, semejante bluff?

En el segundo plano, está la propuesta económica que la CNE hace a Industria incluyendo el desarrollo de la Administración Electrónica y con las garantías de procedimiento administrativo para los agentes y titulares de las instalaciones. ¿No sería más lógico conocer los gastos del organismo regulador de cara a adecuar su comportamiento presupuestario a dotarse de los servicios electrónicos en lo que le afecta la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, en todas las actividades y registros que tiene encomendadas y de obligado cumplimiento en 2010? ¿No sería necesaria mayor austeridad y recentrarse en lo que toca, sobre todo en los momentos de crisis?

Y, finalmente, una duda que nos queda, ¿al final contratarán helicópteros para localizar las plantas solares móviles?