Las prospecciones petrolíferas enfrentan al Gobierno de Italia con regiones y ecologistas

EFE.- Las prospecciones petrolíferas en las costas italianas enfrentan a una decena de regiones y grupos ecologistas con el Gobierno central, un desencuentro político que deberá resolver el Tribunal Constitucional el próximo 19 de enero. Es una cuestión abierta desde el 22 diciembre, cuando la ministra italiana para el Desarrollo Económico, Federica Guidi, autorizó algunos permisos para la búsqueda de hidrocarburos a multinacionales extranjeras.

Las concesiones se hicieron a la sociedad irlandesa Petroceltic para buscar hidrocarburos durante 6 años en la costa de Tremiti (sur), y a la sociedad británica Rockhopper, a quien renovó el permiso de búsqueda de petróleo durante un año. Los permisos afectan a las islas de Tremiti y al golfo de Taranto, en la región de Apulia, a la región de Abruzzo y a la isla siciliana de Pantelleria, aunque otras regiones se sumaron a las protestas por las prospecciones.

En la zona concedida a la multinacional irlandesa Petroceltic, especializada en la exploración, extracción y transporte de petróleo y de gas, se encuentra el parque natural de Gargano. La autorización afecta un área que alcanza los 370 kilómetros cuadrados por los que Italia ingresaría 1.900 euros al año, es decir, 5,16 euros por kilómetro cuadrado, cantidad que deberá desembolsar la multinacional Petroceltic si no consigue encontrar petróleo o gas. Precisamente la escasa compensación que recibe el Estado es uno de los elementos que suscita la oposición de quienes rechazan los términos de las concesiones autorizadas.

En total 10 regiones italianas presentaron ya 6 propuestas de referéndum contra esas actividades, demandas que quedaron, en parte, satisfechas con la aprobación en diciembre de la Ley de Estabilidad presupuestaria. Entre las medidas que recoge la Ley de Estabilidad y que tranquilizó a las regiones partidarias del referéndum está la prohibición de las perforaciones para buscar petróleo a menos de 12 millas de la costa. Sin embargo, esta ley aprobada legitima también la explotación de yacimientos autorizados con anterioridad a su entrada en vigor.

En cambio, los demandantes de referéndum solicitan la abolición de la norma que permite las perforaciones ilimitadas en el tiempo, una cuestión que el presidente del Tribunal Constitucional, Alessandro Criscuolo, anunció que se verá el 19 de enero. En la reunión se estudiará la admisión de los referéndum sobre las plataformas petrolíferas y las normas de perforación para extraer hidrocarburos.

Asociaciones ecologistas como Legambiente o WWF Italia advierten de los riesgos que supone para el ecosistema submarino las perforaciones petrolíferas. «El método de extracción con pistolas de aire provoca alteraciones en el comportamiento de algunas especies marinas, sobre todo los cetáceos», explicó la presidenta Il Fondo Ambiente Italiano (FAI), Giulia Maria Crespi. Crespi sostuvo que las perforaciones pueden dañar los fondos marinos, sobre todo las zonas coralinas, además de que las extracciones petrolíferas dejan sueltas en el aire sustancias nocivas como ácido sulfhídrico o nitratos.

La ministra Guidi aseguró al diario Il Mattino que «no ha habido ni habrá ninguna perforación», aunque aseguró que se utilizará el método de pistolas de aire. Según el Instituto Noruego de Estudios Marinos en las zonas afectadas por el uso del método de pistolas de aire para extraer petróleo disminuye en hasta en un 50% la cantidad de pescado. «Todo viene por un permiso de prospección marítima concedido por el Ministerio de Medio Ambiente y ratificado por nosotros para realizar unos estudios, no perforaciones, que durarán 3 semanas y a más de 12 millas de la costa», precisó Guidi.

Crespi hizo un llamamiento al presidente de la República, Sergio Mattarella, para que intervenga a favor de las costas e islas afectadas puesto que «no sólo son un bien común de todos, sino que representan un patrimonio natural único». El primer ministro, Matteo Renzi, intervino en la cuestión al declarar su disposición a escuchar a quienes aseguran que las acciones legitimadas por su Gobierno suponen un riesgo para el medioambiente.

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