Las grandes compañías eléctricas se reparten la primera subasta para el suministro a tarifa

La primera subasta CESUR (Compra de Energía para el Suministro de Último Recurso) se llevó a cabo el martes con la participación de 25 agentes vendedores cualificados.

Según el Ministerio de Industria, esta nueva modalidad pretende ampliar el abanico de contratación a plazo con la consecuente disminución de las adquisiciones en los mercados diario e intradiario, beneficiando así a los consumidores.

El proceso se desarrolló mediante una subasta multi-ronda de tipo holandés, también conocida como de precio descendente. El cierre del mismo se produjo tras 25 rondas.

Cinco distribuidoras españolas y una portuguesa han adquirido la energía para el suministro a tarifa que se corresponde con 650 bloques de 10 MW cada uno de producto base. Es decir, más de 14.000 GWh (Gigawatios hora) que se ejercerán durante las 24 horas de todos los días del trimestre comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año.

A Endesa Distribución y a Iberdrola Distribución les corresponde un 35% a cada una; a Energias de Portugal, un 12%; a Unión Fenosa, un 11%; a Hidrocantábrico, un 4%, y a Viesgo, un 3%.

En el caso de las cinco empresas españolas, los más de 12.000 GWh que les corresponden representan más de un 30% de la demanda estimada para ese periodo para el suministro a tarifa.

Los ganadores tendrán que formalizar los contratos bilaterales en un plazo de 72 horas, una vez que la CNE ha validado los resultados confirmando que el proceso se ha desarrollado de forma competitiva, objetiva y no discriminatoria.

Está prevista la realización de subastas trimestrales, ampliándose paulatinamente tanto el periodo de entrega contratado como la sofisticación de los productos subastados. El precio resultante de las subastas servirá como referencia real para la actualización de las tarifas eliminando los riesgos asociados a la metodología usada habitualmente.

Las nuevas subastas servirán para preparar la entrada en vigor de las tarifas de último recurso; es decir, el precio máximo establecido por el Gobierno, que separará definitivamente la distribución de energía de la comercialización de último recurso (que deja de ser una actividad regulada).