La Junta de Andalucía presenta ante el Tribunal Constitucional un recurso contra las tres normas del Gobierno sobre las renovables

Fue el propio consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, el que acudió al Tribunal Constitucional para registrar el recurso andaluz, que se dirigirá contra la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético) por considerar que vulnera los artículos 9.3 y 86 de la Constitución.

Para la Junta, la Ley 15/2012, que crea nuevas figuras tributarias y grava con un tipo único del 7% los ingresos por generación eléctrica, afecta especialmente a las firmas del sector de las renovables, que ahora suman esta penalización a la supresión de los incentivos ya impuesta por el Gobierno central en enero del pasado año.

La Junta entendió que la creación del impuesto, que además podría repercutir finalmente en el consumidor, no tiene en cuenta las peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo inversor y tecnológico, y sitúa su tasa de rentabilidad en valores que impedirán a los promotores devolver la deuda financiera que asumieron en un marco retributivo muy distinto al actual.

El Gobierno andaluz subrayó que el nuevo tributo es contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la Unión Europea y vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. A su juicio, el cambio normativo por vía de urgencia crea una situación de incertidumbre en el régimen jurídico del sector, así como entre los operadores y los ciudadanos, mientras que, en cuanto a la confianza legítima, el afán recaudatorio de la medida supone la quiebra de las inversiones que las empresas realizaron al confiar en un marco regulatorio estable.

Respecto al Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, la Junta expuso que sustituye el IPC, con el que anualmente se actualizaba la retribución de los productores de energía eléctrica, por el IPC de inflación subyacente, que no contabiliza alimentos no elaborados ni productos energéticos y que suele ser más bajo (1,58% frente a 2,25% el pasado año).

Además, consideró que en sus tres primeros artículos y en su disposición adicional única, esta norma suprime la libertad de elección de las empresas relativa a la forma de retribuir la energía generada.

Según la Junta, esta decisión no responde a la «extraordinaria y urgente necesidad» que el artículo 86 de la Constitución Española exige para utilizar la figura del Real Decreto-Ley. Asimismo, señaló que tanto el cambio del sistema de retribuciones desde el 1 de enero de 2013 como su aplicación retroactiva a las instalaciones que estuvieron operando hasta la entrada en vigor de la norma vulneran los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derecho.

La tercera de las normas que se recurrirán, el Real Decreto-Ley 29/2012, según explicó la Junta, exige con efectos retroactivos nuevos criterios a proyectos que se sometieron a una tramitación distinta para ser autorizados e inscritos en el registro administrativo de instalaciones de producción de régimen especial. Esta medida, recogida en el artículo 8, también contraviene tanto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad como el principio constitucional de extraordinaria y urgente necesidad.

A juicio del Gobierno andaluz, el objetivo de paliar el déficit tarifario es una situación mantenida en el tiempo, por lo que no concurre la condición de inmediatez exigida para la utilización del Real Decreto-Ley.

El Gobierno andaluz subrayó que las medidas impuestas en las nuevas normas estatales se trasladarán a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos. Además, indicó que las principales actividades perjudicadas serán las de la energía termosolar, que concentra en Andalucía el 61%de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que también es líder.

Este será el quinto recurso promovido en lo que va de legislatura por el Ejecutivo andaluz ante el Tribunal Constitucional contra decisiones del Gobierno de la Nación. La Junta ya llevó ante el alto tribunal el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia sanitaria, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la nueva regulación estatal de horarios y rebajas comerciales y la Ley de Tasas Judiciales que entró en vigor el pasado mes de diciembre.

Las renovables valoran el recurso ante el Tribunal Constitucional

Por su pare, el sector de las energías renovables valoró el recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía contra tres normas del Gobierno central sobre las renovables y criticaron el trato «discriminatorio» del Ejecutivo central ante esta sector industrial que podría «representar un beneficio».

En concreto, el secretario general de la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), Luis Crespo, saludó la medida de la Junta de Andalucía que, a su juicio, «ha tenido un criterio razonable» al estimar que estas normativas van «más allá» de lo permitido y ante el «trato discriminatorio» del Gobierno frente a las renovables.

«Este Gobierno lo legisla todo por Decreto Ley, lo que impide la defensa de los afectados y, así, valoramos el compromiso de la Junta con las energías limpias», subrayó.

Asimismo, apuntó que el Gobierno central se dirige al 18% que suponen las primas a las renovables dentro del sistema eléctrico, «ahoga esta parte de la economía española emergente y que en el caso de Andalucía podría representar un beneficio», y, según su opinión, «deja los privilegios de las compañías eléctricas que obtienen enormes beneficios».

Si bien, indicó que «al final» esta situación la pagará «todo el país», ya que a través del Tribunal Constitucional o por arbitrajes internacionales «el Gobierno lo tendrá que restituir y ya no habrá remedio» porque «la inversión que se vaya es imposible que vuelva».

Por su parte, el presidente del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (Ctaer), Valeriano Ruiz, señaló que es «lógico» que una administración como la Junta, que «tiene que defender los intereses de los andaluces, trate de «poner freno a los disparates» que está haciendo el Gobierno central con las renovables y que «directa o indirectamente perjudica a la investigación y, por ende, a la continuidad del desarrollo de las tecnologías gracias a las cuales España es «campeona mundial» y las empresas se están salvando «aunque con grandes dificultades» de la situación de crisis.

En este sentido, destacó que «casi todas por no decir todas» las empresas se están deslocalizando pasando a otros países y otras zonas del mundo «dejando allí los beneficios de todo tipo que traer las energías renovables y por lo que hemos trabajado tanto durante mucho tiempo».

De igual manera, Ruiz como «viejo rockero» en la búsqueda de un cambio de paradigma del sistema energético saludó este recurso de la Junta porque «Andalucía que ha sido la comunidad autónoma abanderada de las energías renovables, aún con altibajos y decisiones equivocadas, no puede quedarse cruzada de brazos mientras se desmonta desde el Gobierno central todas las expectativas y realidades que con tanto esfuerzo se habían creado».

Por otro lado, apuntó que Andalucía tiene que recuperar su papel de «locomotora» de las tecnologías renovables manteniendo y profundizando los programas de promoción de estas tecnologías.

Como investigador y responsable de un centro tecnológico, Ruiz observó las repercusiones «negativas» que las últimas leyes y decretos de la Administración central tuvieron sobre el ámbito de la I+D, por lo que «una corrección sobre estas cuestiones es ya imprescindible» y, en este sentido, el recurso de la Junta de Andalucía «puede y debe» hacer reflexionar al Gobierno para cambiar su política energética y las repercusiones que esta tiene sobre la I+D.

Por último, señaló como muestra del «error» en el que está el Gobierno central que la Comisión europea está apoyando los nuevos desarrollos tecnológicos en energías renovables en España, en concreto, en energía termosolar. En este ámbito, acaban de conceder dos grandes proyectos con la coordinación del Ctaer, uno, y de la PSA, el otro, es decir de los dos centros andaluces de excelencia europea.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), Mariano Barroso, mostró su apoyo «incondicional» a la Administración andaluza ante este recurso, ya que Andalucía es «la más perjudicada».

El Gobierno está tomando medidas sin pensar las consecuencias y éstas lastrarán los beneficios que se puedan obtener», subrayó, y apuntó a la inseguridad jurídica que se crean con estos cambios de normativa.